CIDH presenta informe sobre la situación de los derechos humanos en Haití

Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su informe "Situación de Derechos Humanos en Haití", el cual tiene como objeto analizar los factores que debilitan la garantía de los derechos humanos en el país, con la agudización de la inseguridad ciudadana y de la inestabilidad democrática. Este es el primer informe publicado por la Comisión desde 2008 y se espera que el mismo contribuya al complejo proceso de estabilización de las instituciones democráticas, de derechos humanos y de la situación de seguridad ciudadana en el país, condiciones esenciales a la plena vigencia de los derechos humanos. El Informe fue preparado a partir de la recopilación y procesamiento de información recibida a través de los distintos mecanismos de monitoreo de la CIDH. Además, contempla información recibida antes, durante y con posterioridad a la visita in loco a Haití, realizada del 17 al 20 de diciembre de 2019, en audiencias públicas entre 2019 y 2022, e información publicada por organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales, el Estado haitiano, entre otras fuentes. En su desarrollo, se presenta un diagnóstico que se extiende entre 2018 y junio de 2022. Incluye elementos estructurales y da cuenta de los mayores obstáculos para el efectivo goce de los derechos humanos, así como las vulneraciones y riesgos emergentes en un contexto caracterizado por graves condiciones socioeconómicas, que colocan a Haití como el país con más pobreza de las Américas. Sustantivamente, el documento describe y analiza: 1) el contexto histórico de la situación de derechos humanos; 2) la trayectoria del debilitamiento de la institucionalidad democrática entre 2018 y 2022, con los principales desafíos de la gobernanza democrática, desde la profundización de la tensión política y el vacío institucional hasta el impacto de la violencia política extrema (representada en el asesinato del presidente Jovenel Moïse), y 3) los principales factores de la inseguridad que incluyen el aumento de homicidios y secuestros, y las graves afectaciones de los derechos humanos a causa de la violencia de grupos armados y el control territorial. El informe advierte que los desafíos en relación con la gobernanza institucional responden a factores estructurales de inestabilidad política y a obstáculos de consolidación de instituciones en las últimas décadas. A partir de 2018, la CIDH observa dos ciclos interconectados que caracterizan la dinámica institucional y política actual en el país. El primer ciclo estuvo marcado por el crecimiento de las protestas sociales motivadas por el descontento económico, social y político, así como por esfuerzos de consolidación de una institucionalidad electoral en medio de procesos de contestación, y la expiración de los mandatos de 119 diputados y de dos tercios de los senadores; situación que dejó al Poder Legislativo sin quórum parlamentario para su funcionamiento. El segundo ciclo se desarrolla a partir deldel asesinato del presidente de la República, Jovenel Moïse que derivó en la agudización de la crisis política, institucional y económica en Haití. Respecto de la seguridad ciudadana, se observa que esta representa un desafío histórico y complejo: 1) retos para el fortalecimiento y la consolidación de las instituciones de seguridad; 2) falta de procesos sistematizados para la recopilación de datos; 3) presencia y conflictos entre grupos armados organizados, 4) acceso indiscriminado a las armas de fuego, e 5) impunidad respecto de la comisión de actos criminales, especialmente en aquellos que se alega participación de integrantes de las fuerzas de seguridad. El informe destaca las necesidades crecientes de protección de las poblaciones haitianas en movilidad humana, a causa de la situación de grave y generalizada vulneración de los derechos humanos en su país de origen. A la luz de los principios de solidaridad y cooperación internacionales, Haití y otros Estados de la región deben adoptar medidas para impulsar una respuesta integral, inmediata, eficaz y duradera que garantice los derechos de las personas en movilidad. La CIDH advierte que la situación de particular vulnerabilidad de las personas desplazadas internamente es compleja y tiene múltiples causas, tales como las derivadas de los efectos de los desastres naturales y la violencia extrema por grupos armados, muchas veces de manera recurrente y agravada, lo que genera movimientos sucesivos. Asimismo, el Informe recoge los principales desafíos para el goce y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país y los desafíos para la protección de la libertad de expresión, específicamente en relación con la protección de las personas periodistas y comunicadoras en el país. El informe contiene recomendaciones y hace un llamado al Estado, a todos los actores sociales y políticas a continuar y profundizar sus esfuerzos para retomar el marco constitucional para viabilizar la recuperación de las instituciones democráticas, el ambiente de seguridad, la resolución pacífica de los conflictos y el diálogo social amplio, además de emprender las acciones para alcanzar el desarrollo económico y humano. Además, se hace un llamado a la comunidad internacional, a los Estados de la región a adoptar medidas que puedan concretar los principios de solidaridad y cooperación con el enfoque de construir, apoyar y fortalecer las capacidades institucionales, las redes de la sociedad civil, y las políticas públicas para concretar los estándares de protección. Asimismo, la CIDH reitera su disponibilidad para colaborar técnicamente y seguir dialogando desde el rol y mandato que le corresponde. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

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