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Washington,
D.C.- Con motivo del Día Internacional de las Personas Defensoras de
los Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y las presencias de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU
Derechos Humanos) hacen un llamado a los Estados para aumentar los
esfuerzos que garanticen la protección y reconozcan la labor de quienes
defienden los derechos humanos, de manera individual y/o colectiva, por
su rol fundamental en el fortalecimiento de las democracias y por tanto,
del Estado de derecho.
Si bien el derecho a defender los derechos humanos está reconocido en la Declaración sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
aprobada un día como hoy en 1998, la CIDH y ONU Derechos Humanos han
observado el incremento de discursos estigmatizantes que buscan
deslegitimar y/o silenciar la labor de defensa de los derechos humanos
en diversos países de la región. En algunos casos, preocupa que estos
discursos provienen desde las más altas autoridades de los Estados.
Este
tipo de ataques han encontrado en la esfera digital un amplificador
para difundir una narrativa negativa sobre quiénes son y qué derechos
defienden las personas defensoras de derechos humanos. En particular, se
ha observado que estos mensajes se dirigen en contra de quienes
muestran discrepancia con las autoridades, denuncian la corrupción y la
impunidad, defienden los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, defienden el medio ambiente, o exponen la falta de acceso a una
justicia independiente, incluyendo a periodistas y personas
funcionarias estatales que publican e investigan casos de corrupción,
respectivamente.
La
falta de reconocimiento a la importancia del trabajo de personas
defensoras por las autoridades y la sociedad en general ha contribuido a
que tanto las personas como los colectivos desarrollen sus actividades
en una mayor situación de vulnerabilidad. Cuando se trata de mujeres
defensoras, la CIDH y ONU Derechos Humanos han destacado los riesgos
diferenciados y efectos desproporcionados que estos discursos ocasionan
por la discriminación basada en género, y que a su vez se ven
incrementados, según los derechos o causas que defienden, usando su
orientación sexual o identidad de género, su origen étnico y su
ubicación territorial como algo negativo.
La
CIDH y ONU Derechos Humanos hacen un llamado a los Estados para que
autoridades y el funcionariado público, desde los más altos niveles y de
cada uno de los poderes del Estado, se abstengan de realizar acciones o
pronunciamientos oficiales que afecten la legitimidad de la labor de
defensa y promoción de los derechos humanos; así como de participar en
campañas de difamación o de estigmatizar a personas defensoras y el
trabajo que éstas realizan. Los Estados tienen la responsabilidad de
vigilar también que las empresas no contribuyan con la emisión o
difusión de este tipo de mensajes, e investigar y sancionar a quienes
realizan este tipo de discursos, en especial cuando se trata de personas
funcionarias estatales toda vez que la impunidad sobre estos actos
permite su repetición.
Sumado
a esto, los Estados deben abstenerse de adoptar y aplicar legislaciones
que entorpezcan el funcionamiento de las organizaciones defensoras,
bajo pretexto de proteger su soberanía o luchar contra la delincuencia
organizada y el terrorismo. Por el contrario, es obligación de los
Estados no solamente establecer un marco legal adecuado y efectivo para
proteger la labor de defensa de derechos humanos, sino también asegurar
condiciones reales de acceso a la justicia que permitan investigar y
sancionar a los responsables de los ataques y amenazas.
Por
último, la CIDH y ONU Derechos Humanos instan a los Estados a reconocer
pública e inequívocamente el papel fundamental que las personas
defensoras de derechos humanos ejercen en la garantía de la democracia y
el Estado de derecho dentro de la sociedad, y que dicho compromiso se
refleje en todos los niveles del Estado - local, estatal, provincial y
nacional - y en los tres poderes– ejecutivo, legislativo y judicial,
partiendo desde las más altas autoridades estatales. Únicamente a través
del sólido respaldo gubernamental a la labor de quienes defienden los
derechos humanos, de manera individual y/o colectiva, los Estados podrán
progresivamente erradicar la indebida estigmatización que han sufrido
las personas defensoras y garantizar un ambiente seguro para la defensa
de los derechos humanos.
La
CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa
de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de
la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros
independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a
título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
La
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ONU Derechos Humanos) forma parte de la Secretaría de las
Naciones Unidas y su mandato está establecido en la resolución de la
Asamblea General 48/141 de 1993. ONU Derechos Humanos, encabezada por la
figura del Alto Comisionado, tiene el mandato de promover y proteger
los derechos humanos de todas las personas y en todo el mundo.
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