El Departamento del Tesoro sanciona a más de 40 personas y entidades en nueve países por corrupción y violaciones de derechos humanos | notitemas
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El Departamento del Tesoro sanciona a más de 40 personas y entidades en nueve países por corrupción y violaciones de derechos humanos

  Traducción cortesía del Departamento de Estado de los Estados Unidos El Departamento del Tesoro sanciona a más de 40 personas y en...

 


Traducción cortesía del Departamento de Estado de los Estados Unidos



Departamento del Tesoro de EE. UU.
9 de diciembre de 2022

Las sanciones marcan el Día de los Derechos Humanos y el Día Internacional contra la Corrupción

WASHINGTON – En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., en reconocimiento del Día Internacional contra la Corrupción y el Día de los Derechos Humanos, ha sancionado a un conjunto heterogéneo de más de 40 personas físicas y jurídicas que están relacionadas con corrupción o violaciones de derechos humanos en nueve países.

Durante el año 2022, el Departamento del Tesoro adoptó numerosas medidas para promover la rendición de cuentas de responsables de violaciones de derechos humanos y actores corruptos en todo el mundo, incluidas sanciones a decenas de personas físicas y jurídicas, en lugares como los Balcanes Occidentales, Bielorrusia, Liberia, Guatemala, la Federación Rusa, Birmania e Irán. El Departamento del Tesoro utilizó diversas herramientas y facultades —incluido el Decreto Ejecutivo 13818— que amplían e implementan la Ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global en Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act)— para demostrar el enfoque del Gobierno de EE. UU. en promover el respeto de los derechos humanos y contrarrestar la corrupción.

“Los actores corruptos y quienes violan los derechos humanos aprovechan las deficiencias en el sistema financiero internacional para perpetrar sus actividades”, expresó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “En el último año, el Departamento del Tesoro ha establecido como una de sus máximas prioridades combatir la corrupción y los abusos graves de derechos humanos, entre otras cosas, empleando las sanciones económicas y abordando las vulnerabilidades en los sistemas financieros de Estados Unidos e internacionales. Al exponer los comportamientos abusivos de estos actores, podemos contribuir a desbaratar sus actividades, desarticular sus redes y privarlos de recursos”.

Estados Unidos tiene el compromiso de adoptar medidas congruentes con sus valores y reconoce que el respeto de los derechos humanos es una condición previa para la paz global, la seguridad y la prosperidad. En el día de hoy, la OFAC también designó a dos personas y a las redes de entidades sobre las que tienen control en relación con violaciones graves de derechos humanos perpetradas en buques de pesca de altura.

Las medidas de hoy son además un elemento central de los esfuerzos de la Administración Biden-Harris orientados a implementar la Estrategia de EE. UU. para Combatir la Corrupción, la primera de su tipo, que se anunció en diciembre de 2021. El Departamento del Tesoro está abocado a implementar otros elementos de la estrategia, incluidos los esfuerzos para contrarrestar el financiamiento ilícito vinculado con la corrupción. Por ejemplo, como parte del trabajo en curso que lleva adelante el Departamento del Tesoro para implementar la Ley de Transparencia Societaria, en septiembre de 2022 la Red Contra los Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) emitió  en septiembre de 2022 una decisión definitiva relativa a los requisitos de preparación de informes sobre sobre beneficiarios finales, que ayudará a impedir que actores corruptos y otros actores delictivos usen sociedades pantalla anónimas para ocultar el lucro mal habido. Asimismo, el Tesoro está trabajando para reforzar la transparencia del sector de bienes raíces , así como fortalecer  los esfuerzos globales para contrarrestar la corrupción en el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y otros órganos, en apoyo a la Estrategia. A través de estos y otros esfuerzos, el Departamento del Tesoro se enfoca en abordar las vulnerabilidades en los sistemas financieros estadounidense e internacionales de los que se sirven los corruptos para el blanqueo de sus ganancias ilícitas.

CONSIDERACIONES DE DERECHOS HUMANOS VINCULADAS CON LA REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA (RPDC)

En el día de hoy, la OFAC designa a la Oficina General de Guardia Fronteriza del Ministerio de Seguridad del Estado (BGGB), responsable de la seguridad en la frontera de la RPDC con China y Rusia. Personas dentro de la RPDC serían sometidas a trabajo forzado, torturas y otras violaciones de derechos humanos y abusos a manos del gobierno. Debido a sus difíciles circunstancias, decenas de miles de norcoreanos han huido del país en las últimas dos décadas. El trayecto para salir de la RPDC es particularmente riesgoso debido a los intentos de los organismos de seguridad del Estado, incluida la BGGB, de frustrar los escapes a través de estrictos controles fronterizos, incluidas minas terrestres y órdenes de disparar en el acto que han provocado la muerte de numerosos norcoreanos. La BGGB ha sido designada conforme al Decreto Ejecutivo 13687 por ser un organismo, instrumento o entidad controlada del Gobierno de Corea del Norte o del Partido de los Trabajadores de Corea.

Los ciudadanos de la RPDC también suelen ser forzados a trabajar en otros países para generar divisas que se utilizan en apoyo a los programas de armas de destrucción masiva (ADM) y de misiles balísticos de la RPDC. La Resolución 2397 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada el 22 de diciembre de 2017, exige a los Estados Miembros de la ONU que hayan repatriado a los ciudadanos de la RPDC que perciban ingresos en sus jurisdicciones para el 22 de diciembre de 2019, sujeto a algunas excepciones limitadas. Las entidades extranjeras implicadas en el uso de mano de obra de la RPDC posibilitan la continuidad del trato precario que soportan estos trabajadores, que incluye vigilancia constante, ser obligados a cumplir largas jornadas de trabajo y que se confisque una parte significativa de sus salarios por el régimen. El estudio de animación gestionado por la RPDC, SEK Studio (SEK), que fue designado previamente el 10 de diciembre de 2021 conforme al Decreto Ejecutivo 13722, ha sido subcontratado por empresas extranjeras para brindar mano de obra de bajo costo y ha utilizado a sus trabajadores de animación que se encuentran en la RDPC y la RPC para cumplir con estos contratos. SEK también ha eludido sanciones dirigidas al gobierno de la RPDC utilizando sociedades pantalla.

Kim Myong Chol es un representante de SEK, con sede en París, quien ha facilitado pagos para SEK en 2022, que incluyen el cobro de saldos impagos correspondientes a contratos entre empresas europeas y SEK. Everlasting Empire Limited, Tian Fang (Hong Kong) Holdings Limited, Yancheng Three Line One Point Animation Co., Ltd., Quanzhou Yiyangjin Import and Export Trade Co., Ltd. y Fujian Nanan Import and Export Corporation han facilitado transacciones financieras en representación de SEK. Kim Myong Chol, Everlasting Empire Limited, Tian Fang (Hong Kong) Holdings Limited, Yancheng Three Line One Point Animation Co., Ltd., Quanzhou Yiyangjin Import and Export Trade Co., Ltd. y Fujian Nanan Import and Export Corporation han sido designadas conforme al Decreto Ejecutivo 13722 por haber actuado, o procurar actuar, para SEK o en representación de esta, tanto en forma directa como indirecta.

Deepak Jadhav es un director de Funsaga Pte Ltd. que reside en la India y ha celebrado un contrato con SEK para producir un proyecto de animación, al tiempo que efectúa pagos a Quanzhou Yiyangjin Import and Export Trade Co., Ltd. y Yancheng Three Line One Point Animation Co., Ltd. Un ejecutivo de SEK indicó que Deepak Jadhav envió más de USD 15.000 a Quanzhou Yiyangjin Import and Export Trade Co., Ltd. y Funsaga Pte. Ltd. envió más de USD 50.000 a SEK, y parte de los fondos fueron transferidos a Tian Fang (Hong Kong) Holdings Ltd. Kinoatis LLC ha enviado más de USD 100.000 a Fujian Nanan Import and Export Corporation, que actuó como afiliada de SEK, para el pago de un proyecto de animación. Se designa a Deepak Jadhav, Funsaga Pte Ltd. y Kinoatis LLC conforme al Decreto Ejecutivo 13722 por haber brindado asistencia sustancial, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, a SEK o en apoyo de esta.

CORRUPCIÓN EN EL SALVADOR

Conan Tonathiu Castro Ramírez (Castro Ramírez), durante su mandato como Secretario Jurídico Presidencial, obstruyó investigaciones sobre la apropiación indebida de fondos públicos en el contexto de la respuesta del gobierno a la pandemia y usó su institución con fines de lucro personal.

Oscar Rolando Castro (Castro), Ministro de Trabajo, participó en actos de corrupción y apropiación indebida de fondos públicos en beneficio propio. Como ministro, Rolando usó su posición para influir en sindicatos con el fin de que estos se plegaran a los intereses políticos del Ministerio de Trabajo y participar en actividades que lo beneficiaron a él y a sus aliados políticos para lograr la tramitación acelerada de sus credenciales. Algunos de los que aceptaron recibieron beneficios adicionales, como acceso privilegiado a viajes internacionales, mientras que quienes se negaron a alinearse con Castro sufrieron hostigamiento, represalias y se demoró la certificación de sus sindicatos.

La OFAC designa a Castro Ramírez y a Castro conforme al Decreto Ejecutivo 13818 por su carácter de personas extranjeras que son actualmente funcionarias o exfuncionarias públicas, o personas que actúan en beneficio o representación de tales funcionarios, quienes son responsables, cómplices o partícipes directos o indirectos en hechos de corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de bienes privados en beneficio propio, actos corruptos vinculados con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o sobornos.

CORRUPCIÓN EN GUATEMALA

Allan Estuardo Rodríguez Reyes (Rodríguez) utilizó su autoridad como Presidente del Congreso para otorgar licencias de construcción a cambio de beneficios económicos irregulares. Rodríguez ha usado su influencia política para conseguir acuerdos a cambio de sobornos y facilitó el pago de sobornos a terceros, que incluyen, por ejemplo, haber presuntamente ofrecido sobornos a cambio de votos en relación con una ley de estado de emergencia durante una sesión del congreso.

Jorge Estuardo Vargas Morales (Vargas) es un congresista guatemalteco y una de varias personas en el vértice de una red destinada a controlar contratos y operaciones en puertos administrados por el gobierno, con el fin de percibir un lucro para sí. Supervisa la ejecución de proyectos una vez que se adjudican los contratos y paga un porcentaje a los miembros de la junta que dan su voto favorable. A su vez, Vargas controla el empleo en el puerto mediante su influencia en los sindicatos portuarios y utiliza a tales sindicatos para conseguir poder político. Mantiene lealtades pagando sobornos a cambio de que los sindicatos impongan bloqueos y huelgas para promover objetivos políticos.

Luis Alfonso Chang Navarro (Chang) fue ministro de Energía y Minas entre 2016 y 2020; asimismo, como ministro de Energía y Minas, Chang fue titular de la junta del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala (INDE) y usó esta posición para obtener pagos irregulares. Exigió sobornos y otros favores a cambio de no revocar una licencia de explotación petrolera. El modus operandi de Chang consistía en usar su posición como ministro para “crear problemas” a las empresas y, luego, ofrecerles una solución a cambio de sobornos y otros favores ilícitos.

La OFAC designa a Rodríguez, Chang y Vargas conforme al Decreto Ejecutivo 13818 por su carácter de personas extranjeras que son actualmente funcionarias o exfuncionarias públicas, o personas que actúan en beneficio o representación de tales funcionarios, quienes son responsables, cómplices o partícipes directos o indirectos en hechos de corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de bienes privados en beneficio propio, actos corruptos vinculados con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o sobornos.

VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS HUMANOS EN GUINEA

La OFAC designa a Alpha Conde (Conde), expresidente de Guinea, quien fue destituido mediante un golpe de Estado en septiembre de 2021. Durante su presidencia, las fuerzas de seguridad cometieron actos de violencia contra partidarios de la oposición a Conde, que condujeron a un referéndum constitucional en marzo de 2020 por el cual se permitió que Conde se postulara a un tercer mandato. La violencia contra opositores siguió durante la elección presidencial guineana en octubre de 2020 y con posterioridad.

A comienzos de 2020, Conde dispuso que los ministros crearan una unidad policial destinada a responder a quienes se manifestaban contra Conde, empleando la violencia cuando fuera necesario. Los informes indican que, en 2020, el gobierno aprehendió y detuvo en forma arbitraria a miembros de la oposición. Aproximadamente en las elecciones de Guinea de octubre de 2020, las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para dispersar a partidarios de la oposición. Entre otros incidentes, las fuerzas de seguridad habrían disparado cinco balas a la multitud que se había reunido para celebrar el anuncio de la victoria de la oposición de Conde, que impactaron en dos menores, uno de los cuales falleció, y el otro recibió un disparo por la espalda mientras escapaba. Tras la elección de octubre de 2020, las fuerzas de seguridad habrían matado a más de una decena de personas, incluso a algunas con disparos efectuados desde muy corta distancia y que no representaban ningún peligro inmediato para las fuerzas de seguridad.

Conde ha sido designado conforme al Decreto Ejecutivo 13818 por su carácter de persona extranjera que es o ha sido líder o funcionario de una entidad, incluidas entidades gubernamentales, que por sí, o a través de sus miembros, ha participado en graves violaciones de derechos humanos relacionadas con su mandato.

VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS HUMANOS EN IRÁN

Irán ha experimentado protestas multitudinarias en todo el país tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, quien había sido arrestada por la Policía de la Moral iraní a mediados de septiembre de 2022 supuestamente por no usar debidamente el hiyab. Las fuerzas de seguridad iraníes han respondido con violencia a las protestas, y habrían matado a cientos de personas, incluidos niños, y arrestado a otras miles. Desde septiembre, el Departamento del Tesoro ha emitido cinco rondas de sanciones dirigidas a la Policía de la Moral, una variedad de funcionarios gubernamentales y de seguridad iraníes implicados en el uso de violencia contra manifestantes iraníes, funcionarios penitenciarios implicados en la detención de manifestantes, ejecutivos de medios de comunicación iraníes asociados con la transmisión de confesiones obtenidas mediante coacción en relación con las protestas, y funcionarios responsables de bloquear la internet en Irán para acallar la libertad de expresión en línea.

La medida de hoy está dirigida a Ali Akbar Javidan (Javidan), comandante de la Fuerza Disciplinaria de la República Islámica de Irán en la provincia iraní de Kermanshah, quien ejerce supervisión directa respecto de fuerzas que han matado a manifestantes, incluidos niños y personas ancianas. La Fuerza Disciplinaria fue designada en 2011 conforme al Decreto Ejecutivo 13553, una facultad de derechos humanos con respecto a Irán, por su responsabilidad o complicidad en violaciones graves de derechos humanos en Irán desde la controvertida elección presidencial de junio de 2009. En los últimos años, la Fuerza Disciplinaria ha usado reiteradamente la fuerza excesiva en respuesta a protestas en Irán y ha provocado la muerte de cientos de manifestantes que no estaban armados. Javidan ha efectuado declaraciones públicas en las cuales justificó la respuesta policial a las protestas en curso, al tiempo que valorizó los esfuerzos de la Fuerza Disciplinaria para reprimirlos. Javidan también propuso públicamente que se castiguen los delitos morales, incluido el supuesto uso indebido del hiyab, durante una redada que afectó a 1700 personas en julio de 2022.

Se designa a Javidan conforme al Decreto Ejecutivo 13818 por su carácter de persona extranjera que es o ha sido líder o funcionario de una entidad, incluidas entidades gubernamentales, que por sí, o a través de sus miembros, ha participado en graves violaciones de derechos humanos relacionadas con su mandato.

Ebrahim Kouchakzaei (Kouchakzaei) se desempeñó como comandante de la Fuerza Disciplinaria en Chabahar, en la provincia iraní de Sistán y Baluchistán. Kouchakzaei sería el presunto agresor en la violación sexual de una niña de 15 años ocurrida a mediados de septiembre de 2022. Según informes, el incidente, que sucedió poco después de la muerte de Mahsa Amini, propició protestas multitudinarias en toda la provincia a fines de septiembre, y dio lugar a una reacción violenta de las fuerzas de seguridad y la muerte de más de 60 personas.

Kouchakzaei ha sido designado conforme al Decreto Ejecutivo 13553 por haber actuado, o procurar actuar, para SEK o en representación de esta, tanto en forma directa como indirecta.

La OFAC también designa a Allah Karam Azizi (Azizi), director de la tristemente célebre prisión iraní de Rejaee Shahr. La prisión Rejaee Shahr alberga a presos políticos y personas que protestan contra el régimen. Las personas encarceladas allí han sufrido abusos físicos graves e manos de guardias penitenciarios. Azizi ha ordenado personalmente estos abusos; bajo el liderazgo de Azizi, la prisión de Rezaee Shahr ha seguido siendo un lugar donde prevalecen los abusos, y donde los presos sufren abusos físicos y desatención médica.

Se designa a Azizi conforme al Decreto Ejecutivo 13818 por su carácter de persona extranjera que es o ha sido líder o funcionario de una entidad, incluidas entidades gubernamentales, que por sí, o a través de sus miembros, ha participado en graves violaciones de derechos humanos relacionadas con su mandato.

CORRUPCIÓN EN MALI

Karim Keita (Keita) es hijo del ex presidente de Mali Ibrahim Boubacar Keita y es expresidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional de Mali. Keita supervisó el gasto en defensa de Mali entre febrero de 2014 y agosto de 2020, cuando las fuerzas militares derrocaron a su padre. Keita habría usado su puesto para recibir sobornos, adjudicar contratos a afiliados que luego le efectuaban pagos irregulares y apropiarse de fondos gubernamentales pagando sobreprecios en contratos de materiales. A través de su padre, Keita habría gestionado que se separara del cargo a funcionarios que no aprobaban su corrupción. Keita también habría gestionado sobornos para contribuir a la reelección de su padre. Cuando su padre fue depuesto, Keita escapó a Costa de Marfil, donde se desempeña como director ejecutivo de Konijane Strategic Marketing.

La OFAC designa a Keita conforme al Decreto Ejecutivo 13818 por su carácter de persona extranjera y actual funcionario o exfuncionario público, o persona que actúa para tales funcionarios o en su nombre, que es responsable, cómplice o partícipe directo o indirecto en hechos de corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de bienes privados en beneficio propio, actos corruptos vinculados con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o sobornos. La OFAC también designa a Konijane Strategic Marketing, con sede en Costa de Marfil, por ser de propiedad de Keita o estar bajo su control.

Por otra parte, Keita también habría coordinado el rapto, la tortura y el presunto homicidio del periodista Birama Toure (Toure), que estaba investigando la participación de Keita en actos corruptos. Varios testigos afirman haber visto a Toure en una cárcel dirigida por el servicio de inteligencia de Mali, con claros signos de haber sufrido torturas brutales. Al menos un testigo manifestó haber visto el cuerpo aparentemente sin vida de Toure cuando era retirado de la cárcel en presencia de Keita. Keita supuestamente presionó a un abogado para que no tomara el caso de Toure, mientras que otro testigo sostuvo que Toure le había dicho, en la cárcel, que había sido detenido por orden de Keita.

VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS HUMANOS EN FILIPINAS

Durante más de una década, Apollo Carreon Quiboloy (Quiboloy) participó en graves violaciones de derechos humanos, que incluyeron un patrón de violaciones sexuales perpetradas en forma sistémica y extendida, de niñas de edades tan tempranas como 11 años, como así también otros abusos físicos. En 1985, Quiboloy fundó la iglesia del Reino de Jesucristo, el Nombre sobre Todos los Nombres (The Kingdom of Jesus Christ, The Name Above Every Name, KOJC) en Filipinas. En 2021, a través de una acusación federal  se señaló la participación de Quiboloy en la trata para fines de explotación sexual de “pastoras”: mujeres jóvenes de la KOJC seleccionadas para trabajar como asistentes personales de Quiboloy. A las pastoras se les exigía prestar “servicios nocturnos”, como parte de los cuales debían tener relaciones sexuales con Quiboloy según un esquema determinado. Quiboloy tenía pastoras en varios países, como Filipinas y Estados Unidos.

Quiboloy aprovechaba su rol dentro de la KOJC para violar sexualmente a sus víctimas y someterlas a otros abusos físicos, y describía estos actos como sacrificios requeridos por la Biblia y por Dios para salvar a las víctimas. Quiboloy decía a las pastoras —que eran, en su mayoría, menores de edad cuando sufrieron los primeros abusos— que debían “ofrecer su cuerpo como un sacrificio vivo”. Una mujer informó haber perdido la cuenta de la cantidad de veces que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Quiboloy, ya que era al menos una vez por semana, incluso cuando era menor, y en todos los países a los cuales viajaban. Otra mujer informó que había sido obligada a prestar servicios nocturnos al menos 1.000 veces.

Quiboloy también sometía a las pastoras y a otros miembros de la KOJC a otras formas de abuso físico. Según informes, Quiboloy golpeaba personalmente a las víctimas y sabían dónde golpearlas para que no tuvieran marcas visibles. A veces, las pastoras y los miembros de la KOJC que hacían enfadar a Quiboloy eran enviados al “sexto superior”, un recinto cerrado con paredes que se usaba únicamente para los castigos.

Se designa a Quiboloy conforme al Decreto Ejecutivo 13818 por ser una persona extranjera que es responsable o cómplice, o partícipe directo o indirecto, en graves violaciones de derechos humanos. Como se señaló anteriormente, Quiboloy fue acusado  en noviembre de 2021. Actualmente, Quiboloy integra la lista de personas buscadas por el FBI .

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LA FEDERACIÓN RUSA

Durante años, el gobierno de la Federación Rusa ha participado en conductas antidemocráticas y violaciones de derechos humanos.

En los meses siguientes a la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia, las fuerzas rusas y sus actores interpósitos empezaron a instalar un proceso conocido como “filtración”, por medio del cual se sometía a civiles ucranianos a interrogatorios y registros, y se los obligaba a brindar datos personales, teóricamente con la finalidad de determinar si había conexiones con las fuerzas militares o gubernamentales de Ucrania. También hay señalamientos de deportaciones, desapariciones y torturas en relación con la filtración, y en zonas adyacentes al territorio donde se encuentra un centro de filtración se observan características de fosas comunes.

En el día de hoy, la OFAC sancionó a cuatro personas que estuvieron implicadas en forma directa en las operaciones de filtración de Rusia.

Los funcionarios de la Administración Presidencial de la Federación Rusa Oleg Yuryevich Nesterov (Nesterov) y Yevgeniy Radionovich Kim (Kim) estuvieron implicados en forma directa en la planificación y la implementación de puntos de filtrado en el territorio ucraniano ocupado por Rusia. Por ejemplo, Nesterov y Kim supervisaban la filtración de funcionarios de gobiernos municipales y otros civiles de Mariúpol, Ucrania, incluso a través del centro de filtración en Manhush, Ucrania. Los testigos han informado sobre alimentos insuficientes, celdas hacinadas y golpizas en el centro de filtración de Manhush. Un testigo escuchó a soldados rusos hablando sobre ejecutar a personas que habían sido sometidas a filtración en Manhush.

Nesterov también ayudó a coordinar “referéndum de adhesión” implausible que se realizó en la óblast de Zaporiyia, en Ucrania, a fines de septiembre de 2022.

La ciudadana de la Federación Rusa Marina Konstantinovna Sereda (Sereda) ha trabajado con el Ministerio de Asuntos Interiores de la denominada República Popular de Donetsk (RPD) para gestionar los puntos de filtración en el territorio ucraniano de la óblast de Donetsk, ocupado por Rusia.

Aleksey Valentinovich Muratov (Muratov), funcionario de la denominada RPD, ha coordinado operaciones de puntos de filtración con Denis Pushilin, líder de la denominada RPD. En particular, Muratov ha impulsado la contratación de equipos y tecnologías necesarios para asistir a los puntos de filtración en el territorio ucraniano de la óblast de Donetsk, ocupado por Rusia. Muratov fue designado previamente el 20 de junio de 2017, conforme al Decreto Ejecutivo 13660 por ser responsable o cómplice, o partícipe directo o indirecto, en acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad, la estabilidad, la soberanía o la integridad territorial de Ucrania y por haber actuado, o procurado actuar, para la RPD o en representación de esta, tanto en forma directa como indirecta.

Se designó hoy a Nesterov, Kim, Sereda y Muratov conforme al Decreto Ejecutivo 14024 por ser responsables o cómplices, o por haber sido partícipes o intentado ser partícipes directos o indirectos, en actividades que amenazan la paz, la seguridad, la estabilidad política o la integridad territorial de Estados Unidos, sus aliados o sus socios, para el Gobierno de la Federación Rusa, o en su nombre o beneficio, tanto en forma directa como indirecta.

Para obtener más información, consulte las evaluaciones no clasificadas del 15 de junio de 2022  y del 6 de septiembre de 2022  realizadas por el Consejo de Inteligencia Nacional sobre las operaciones de filtración de Rusia, como así también la página informativa del Departamento de Estado sobre operaciones de filtración y reubicaciones forzadas por Rusia .

El Departamento de Estado también sancionó a los ciudadanos de la Federación Rusa Ochur-Suge Terimovich Mongush y Lyudmila Nikolaevna Zaitseva, que en ambos casos estuvieron implicados en abusos de derechos humanos contra civiles en Ucrania. Según informes, Mongush participó en torturas mientras que Zaitseva estuvo implicada en el secuestro y la reubicación forzada de niños de Ucrania.

La OFAC también sancionó a la Comisión Electoral Central de la Federación Rusa (la CEC de Rusia), junto a sus 15 miembros. En septiembre de 2022, la CEC de Rusia ayudó a supervisar y monitorear la farsa de referéndums que se celebraron en zonas de Ucrania controladas por Rusia, que estuvieron plagados de incidentes de coacción e intimidación evidentes a los votantes.

Asimismo, la CEC de Rusia lleva a cabo y supervisa las elecciones federales y locales en Rusia, incluidos los referéndums. Durante años, la CEC de Rusia ha pregonado como limpias y transparentes elecciones en Rusia que estuvieron marcadas por irregularidades y acusaciones creíbles de que el Kremlin manejaba minuciosamente los resultados.

Se designa a la CEC de Rusia conforme al Decreto Ejecutivo 14024 por ser una subdivisión política, agencia o instrumento del Gobierno de la Federación Rusa.

Los 15 miembros de la CEC de Rusia alcanzados por sanciones fueron:

  • Presidenta Ella Aleksandrovna Pamfilova (Pamfilova)
  • Vicepresidente Nikolay Ivanovich Bulaev (Bulaev)
  • Secretaria Nataliya Alekseevna Budarina
  • Pavel Viktorovich Andreev
  • Igor Borisovich Borisov
  • Boris Safarovich Ebzeev
  • Elmira Abdulbarievna Khaimourzina
  • Yevgeny Ivanovich Kolyushin
  • Aleksandr Borisovich Kurdiumov
  • Nikolay Vladimirovich Levichev (Levichev)
  • Anton Igorevich Lopatin
  • Liudmila Leonidovna Markina
  • Konstantin Sergeevich Mazurevskii
  • Yevgeny Aleksandrovich Shevchenko
  • Andrey Yurievich Shutov

Los 15 miembros de la CEC de Rusia fueron designados conforme al Decreto Ejecutivo 14024 por ser o haber sido líderes, funcionarios, funcionarios ejecutivos sénior o miembros de la junta de directores del Gobierno de la Federación Rusa. Pamfilova y Levichev han sido sancionados previamente por Canadá, la Unión Europea (UE), Suiza y el Reino Unido (RU). Bulaev ha sido sancionado previamente por la UE, Suiza y el RU.

ABUSOS GRAVES DE DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN AUTÓNOMA DEL TÍBET EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

La OFAC designa a dos personas implicadas en abusos graves de derechos humanos en la Región Autónoma del Tíbet (TAR) de la República Popular China (RPC). Durante décadas, la RPC ha actuado específicamente contra los tibetanos en el marco de los programas de “trabajo de estabilidad social”. Los tibetanos han sido objeto de graves violaciones de derechos humanos en la TAR, incluidas detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y abusos físicos, como parte de los esfuerzos de la RPC por limitar gravemente las libertades religiosas.

Wu Yingjie (Wu) fue Secretario del Partido TAR entre 2016 y 2021. Durante ese lapso, Wu dio instrucciones a funcionarios gubernamentales de que participaran en “políticas de estabilidad”. La implementación de estas políticas de estabilidad implicó abusos graves de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, abusos físicos, detenciones arbitrarias y detenciones masivas en la TAR. Otros abusos perpetrados durante la gestión de Wu incluyen esterilizaciones forzadas, restricciones a las libertades religiosas y políticas y tortura de prisioneros.

Wu ha sido designado conforme al Decreto Ejecutivo 13818 por ser una persona extranjera que es responsable o cómplice, o ha sido partícipe directo o indirecto, en graves violaciones de derechos humanos.

Zhang Hongbo (Zhang) ha sido director de la Oficina de Seguridad Pública del Tíbet (Tibetan Public Security Bureau, TPSB) desde 2018 y hasta, al menos, noviembre de 2022. Zhang ha trabajado para promover los objetivos y las políticas de la RPC en la TAR como “jefe de policía del Tíbet”. Durante el mandato de Zhang, la TPSB cometió graves abusos de derechos humanos, incluso en los centros de detención administrados por la TPSB que estuvieron implicados en la tortura, el abuso físico y el asesinato de presos, incluidos aquellos arrestados por motivos religiosos y políticos. Otros abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad en el Tíbet incluyen detenciones arbitrarias, persecución por motivos religiosos y políticos y detenciones masivas en la TAR.

Zhang ha sido designado conforme al Decreto Ejecutivo 13818 por su carácter de persona extranjera que es o ha sido líder o funcionario de la TPSB, una entidad que por sí, o a través de sus miembros, ha participado en graves violaciones de derechos humanos relacionadas con su mandato.

La designación de Zhang se complementa con el anuncio por parte del Departamento de Estado de EE. UU. de su designación, a través de restricciones relativas a visado, conforme al artículo 7031(c) de la Ley de Asignaciones al Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, por su participación en violaciones graves de derechos humanos. Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 7031(c), Zhang y sus familiares directos quedan excluidos de la posibilidad de ingresar en Estados Unidos.

CONSECUENCIAS DE LAS SANCIONES
Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de las personas designadas mencionadas precedentemente que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deberán ser informados a la OFAC. Asimismo, quedan bloqueadas las entidades en las que el 50 % o un porcentaje superior pertenezca, en forma directa o indirecta, a una o más personas bloqueadas, en forma individual o grupal. A menos que lo autorice una licencia general o específica emitida por la OFAC, o que se encuentren exentas, las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas designadas o alcanzadas por otras medidas de bloqueo. Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o aporte de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o recibir cualquier contribución o aporte de fondos, bienes o servicios de tal persona.

La contundencia y la integridad de las sanciones de la OFAC no se deben solo a la capacidad de la OFAC de designar y añadir personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también a la predisposición de la OFAC a excluir a personas de la Lista SDN cuando sea congruente con la ley. El objetivo fundamental de las sanciones no es imponer castigos, sino impulsar un cambio positivo de comportamientos. Para obtener más información sobre el proceso para obtener la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897  de la OFAC. Consulte aquí información detallada sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de sanciones de la OFAC .

MAGNITSKY GLOBAL

Sobre la base de la Ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global en Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act), se dictó el Decreto Ejecutivo 13818 el 20 de diciembre de 2017, en reconocimiento de que la prevalencia de los abusos de derechos humanos y los actos de corrupción que tienen su origen, en parte o en gran medida, fuera de Estados Unidos, habían alcanzado una magnitud y gravedad tal que amenaza la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales. Los abusos de derechos humanos y la corrupción socavan los valores que forman la base esencial para sociedades estables, seguras y activas; tienen consecuencias devastadoras para las personas; debilitan a las instituciones democráticas; degradan el Estado de derecho; perpetúan los conflictos violentos; facilitan las actividades de personas peligrosas y debilitan los mercados económicos. Estados Unidos procura imponer consecuencias tangibles y significativas a quienes cometan abusos graves de derechos humanos o participen en actos de corrupción, como así también proteger al sistema financiero de Estados Unidos frente a abusos de esas mismas personas.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

El Día Internacional contra la Corrupción se ha observado anualmente el 9 de diciembre desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) el 31 de octubre de 2003, con el fin de generar conciencia sobre la importancia de las iniciativas para combatir la corrupción e impedir que este fenómeno socave las instituciones democráticas, erosione la estabilidad de los gobiernos y ralentice el desarrollo económico. Las medidas dispuestas hoy por el Departamento del Tesoro forman parte de un esfuerzo común a todas las áreas del gobierno, que incluye haber auspiciado este año la Conferencia Internacional contra la Corrupción , en conmemoración de estos eventos.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Día Internacional de los Derechos Humanos se observa anualmente el 10 de diciembre, fecha en que se conmemora la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Esa declaración enumera derechos humanos y libertades fundamentales, incluidas las libertades de expresión, religión o creencias, asociación y reunión pacífica, y el derecho a no sufrir injerencia arbitraria en la privacidad.


Para ver el texto original, ir a: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1155 

Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.

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