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Washington
D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenan los
hechos de violencia registrados en las recientes manifestaciones en el
Perú. Al respecto, llaman a las instituciones del Estado y a los
diferentes sectores sociales a sostener un diálogo serio, amplio e
inclusivo, con perspectiva intercultural, crucial para la
gobernabilidad, la preservación de la institucionalidad democrática y la
garantía de los derechos humanos.
Desde
el 9 de diciembre, se ha registrado en todo el país el incremento de la
violencia en las manifestaciones que buscan el cierre del Congreso,
nuevas elecciones generales, la reforma constitucional y protestar
contra la detención de Pedro Castillo. Las acciones violentas han
resultado en el fallecimiento de David Atequipa Quispe, de 15 años, de
Beckhan R. Quispe Garfias, de 18 y de una tercera persona cuya identidad
se encuentra pendiente de verificación. Según datos de la Defensoría
del Pueblo, también han resultado más de 30 personas heridas, entre
manifestantes, periodistas y policías; y 11 personas habrían sido
detenidas, de las cuales 5 aún permanecerían bajo arresto. Por su parte,
la sociedad civil reporta que Lima, Andahuaylas y Huacho son las
ciudades con mayor desarrollo de conflictividad; alegando el uso
indiscriminado de gases lacrimógenos e, inclusive, el uso de perdigones
de metal en contra de manifestantes.
De
igual forma, se han documentado agresiones contra la prensa en el
ejercicio de la cobertura periodística de las protestas. Se habrían
registrado al menos 11 episodios de ataques que incluyen agresiones
verbales y físicas, hostigamientos e impedimento de cobertura, un total
de 21 periodistas habrían sido víctimas en un escenario de intensos
discursos estigmatizantes contra el periodismo. Si bien la información
disponible señala que la mayoría de las agresiones serian atribuibles a
personas manifestantes, se tiene conocimiento de que al menos 2
periodistas habrían sido agredidos por agentes policiales.
La
Comisión, también ha sido informada sobre el uso de la modalidad de
corte de ruta en al menos dos puntos de las protestas indicándose que
hasta el momento dicha modalidad ha facilitado el paso con
intermitencia. A su vez, de acuerdo con información pública disponible,
también se han presentado afectaciones en la infraestructura pública, en
particular de la Fiscalía en algunas localidades; la prestación de
servicios públicos, incluyendo el cierre del aeropuerto de Andahuaylas
por ataques a sus instalaciones. En esta línea, las autoridades de
Andahuaylas anunciaron la suspensión del servicio presencial de atención
al público en sedes institucionales y de las labores educativas.
La
CIDH y su RELE recuerdan al Estado su deber de asegurar el cumplimiento
de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza basado en
los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad con
miras a reducir la letalidad policial; al tiempo de resaltar que la
limitación del derecho a la protesta con base en un presunto carácter no
pacífico debe estar dirigida específicamente a personas que cometan
actos de violencia. Al respecto, instan a que se conduzcan
investigaciones exhaustivas y de forma diligente por todo tipo de
violencia cometido en el marco de las protestas.
Además,
urgen a que se proteja la labor de las personas periodistas, pues la
falta de garantías a la prensa perjudica la vigencia de un diálogo
social amplio, toda vez que obstaculiza que la ciudadanía en general
acceda a informaciones y opiniones sobre las demandas de las personas
manifestantes; conozca sobre el actuar del Estado de Derecho y limita la
denuncia sobre posibles violaciones de derechos humanos.
En
cuanto a la situación del ex-presidente Pedro Castillo, su detención y
las investigaciones preliminares que adelanta el Ministerio Público,
llaman al Estado a asegurar, de forma oportuna, las garantías del debido
proceso y toda la asistencia especializada requerida. Al mismo tiempo,
se toma nota de los mensajes emitidos por la Presidenta, Dina Boluarte,
haciendo un llamado fraterno a la calma, a la tranquilidad y la paz
social, así como un anuncio a la iniciativa para lograr un acuerdo con
el Congreso para adelantar las elecciones generales para el mes de abril
de 2024.
Por
último, la Comisión Interamericana y su RELE llaman a que las personas
que ejercen funciones públicas, el periodismo y los liderazgos políticos
-incluyendo a quienes convocan a las protestas- participen en el debate
democrático con base en hechos verificables, constatándolos
razonablemente y asegurando que sus expresiones no inciten a la
violencia, la intolerancia o la discriminación. Además, instan al Estado
a promover diálogos amplios, serios e inclusivos que apunten a generar
espacios de consenso y preservar el fortalecimiento democrático e
institucional, en la justicia y el respeto por los derechos humanos.
Para eso, se coloca a disposición del Estado para brindar todo tipo de
cooperación y asistencia técnica.
La
CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa
de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de
la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros
independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a
título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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