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Un año de las protestas en Cuba: CIDH condena la persistencia de la represión contra personas manifestantes

  Un año de las protestas en Cuba: CIDH condena la persistencia de la represión contra personas manifestantes 11 de julio, 2022 Washington D...

 

Un año de las protestas en Cuba: CIDH condena la persistencia de la represión contra personas manifestantes

11 de julio, 2022
La CIDH urge al Estado a poner fin a toda acción de represión y a garantizar los derechos humanos de las personas detenidas y acusadas por participar en manifestaciones sociales.

Washington D.C - Al cumplirse un año de las protestas masivas en Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la persistencia de la represión estatal en contra de las personas que participaron o apoyaron las manifestaciones sociales. La CIDH urge al Estado a poner fin a toda acción de represión y garantizar los derechos humanos de quienes están detenidos y acusados.

El 11 de julio de 2021, miles de personas salieron a las calles, en más de 40 ciudades del país, para protestar pacíficamente para exigir el ejercicio de libertades civiles y cambios en la estructura política, además de reclamar la falta de acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Estas protestas desencadenaron reacciones inmediatas por parte del Estado, que dejaron un saldo total de 1.484 personas detenidas; de las cuales, 700 seguirían privadas de libertad. Asimismo, 624 personas habrían sido juzgadas por su participación en las protestas, de estas, 586 habrían sido condenadas, 34 estarían a la espera de su sentencia, y 4 fueron absueltas. Estos datos son reportes de la sociedad civil a julio de 2022.

La CIDH identifica que, en este contexto, se han presentado seis olas represivas por parte del Estado: 1) uso de la fuerza y campañas de intimidación y estigmatización; 2) detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, y malos tratos; 3) criminalización de manifestantes; 4) cierre de espacios democráticos; 5) continuidad de la privación de libertad, juicios sin garantías del debido proceso y elevadas condenas; 6) propuestas legislativas dirigidas a vigilar y castigar expresiones disidentes y críticas al gobierno, así como a criminalizar el actuar de organizaciones de la sociedad civil independiente.

Respecto a la primera ola represiva, la Comisión tomó nota de denuncias de decenas de personas heridas como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. De igual forma, se reportaron amenazas, hostigamientos y declaraciones oficiales estigmatizantes dirigidas a las personas manifestantes y a quienes apoyaban las protestas. En las semanas siguientes, una segunda ola incluyó cientos de detenciones arbitrarias y otras violaciones a las garantías del debido proceso, malos tratos y condiciones deplorables de detención, así como la puesta en práctica de una estrategia de vigilancia reforzada en las calles de todo el país y de monitoreo de residencias de personas activistas.

Una tercera ola se caracterizó por la criminalización de las personas que participaron en las protestas, contra quienes se presentaron acusaciones de diferentes delitos a través de procesos judiciales, y que habrían resultado en la solicitud de elevadas condenas por parte de la Fiscalía. Meses después, la Comisión fue informada sobre la puesta en marcha de una cuarta ola con el objetivo de impedir la realización de una protesta cívica prevista para el 15 de noviembre y desalentar nuevas manifestaciones sociales. Entre los actos de represión reportados, destacan: alegadas retenciones domiciliarias con vigilancia policial, detenciones arbitrarias, actos de repudio y hostigamiento, citaciones a interrogatorios en estaciones policiales, amenazas de imputación de delitos y cortes deliberados en el servicio de internet.

En febrero de 2022, la Comisión identificó una quinta ola marcada por la continuidad de la privación de libertad de más de 700 personas, entre ellas adolescentes, y consecuentes juicios sin las garantías del debido proceso. Con el fin de silenciarles, los procesos judiciales en contra de estas personas se basarían en tipos penales abiertos y cargos penales infundados y desproporcionados. Finalmente, la CIDH registró una sexta ola que se vincularía con el diseño de propuestas legislativas dirigidas a limitar, vigilar y sancionar expresiones disidentes y críticas al gobierno. En este marco, tuvieron lugar nuevas regulaciones sobre telecomunicaciones y ciberseguridad en Cuba, y se aprobó el nuevo Código Penal el 15 de mayo de 2022. Esta normativa contempla tipos penales que pudieran emplearse para criminalizar el ejercicio legítimo de las libertades de expresión, reunión y asociación.

La Comisión enmarca que los patrones de violación a los derechos humanos observados en Cuba a través de las diferentes acciones represivas en contra de las voces disidentes y de los reclamos ciudadanos se presentan como parte de un problema estructural que tiene como raíz la propia ausencia de institucionalidad democrática. En este sentido, urge a Cuba a poner fin inmediatamente a las acciones punitivas en contra de las personas que participaron o apoyaron las manifestaciones. El Estado de Cuba debe cesar los actos de hostigamiento y vigilancia, detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías del debido proceso, juicios injustos y condenas desproporcionadas.

La CIDH recuerda que el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones estatales se someta a juicios injustos o infundados a quienes de manera legítima reclaman sus derechos mediante la protesta social, y, en este sentido, le urge a garantizar que los tipos penales contemplados en su legislación no sean utilizados de forma indebida para restringir otros derechos, y a que se respeten las garantías del debido proceso de las personas detenidas y acusadas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Leer en el Sitio Web
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