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CIDH rechaza la cancelación de 25 personerías jurídicas de organizaciones, que profundiza el cierre de espacios democráticos en Nicaragua

  CIDH rechaza la cancelación de 25 personerías jurídicas de organizaciones, que profundiza el cierre de espacios democráticos en Nicaragua ...

 


CIDH rechaza la cancelación de 25 personerías jurídicas de organizaciones, que profundiza el cierre de espacios democráticos en Nicaragua


26 de abril, 2022

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza la cancelación de la personería jurídica de otras 25 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua. En total, más de 160 organizaciones fueron afectadas con la cancelación de sus respectivas personerías, en el marco del continuo y acelerado cierre del espacio cívico y democrático en el país.

La CIDH recuerda que la libertad de asociación, reconocida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana, es un derecho fundamental vinculado a todo sistema democrático. Este derecho se caracteriza por garantizar que las personas creen y participen en entidades u organizaciones con el objetivo de actuar colectivamente en la consecución de los más diversos fines. Por lo que, cualquier restricción al ejercicio de este derecho debe estar previsto en la ley, perseguir un fin legítimo y, en definitiva, resultar necesarias y proporcionales en toda sociedad democrática.

El 20 de abril, según información pública, la Asamblea Legislativa ordenó la cancelación de la personería jurídica de 25 organizaciones de la sociedad civil por el alegado incumplimiento de la Ley no. 147 sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y la Ley no. 977 contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La CIDH advierte con preocupación la cancelación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), una de las últimas organizaciones que operaban formalmente en Nicaragua en la recepción de denuncias y la representación jurídica de decenas de víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto de la crisis. Las personas que integran la CPDH son beneficiarias de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde 2019 por las amenazas y otros riesgos a su vida e integridad personal como consecuencia de su labor en defensa de los derechos humanos.

Además, entre las organizaciones afectadas están: la Fundación Luisa Mercado, presidida por el exvicepresidente Sergio Ramírez; la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Sutiaba y; la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI), instancia que desde hace más de treinta años integra más de una decena de otras organizaciones encargadas de la promoción y protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes en Nicaragua. Con estas, serían más de 160 las organizaciones de la sociedad civil con personerías jurídicas canceladas por orden del poder legislativo, como parte de la estrategia de cierre de espacios democráticos de participación que lidera el Ejecutivo.

Preocupa a la CIDH que las medidas adoptadas por la Asamblea Legislativa se encuentren basadas en leyes que otorgan un amplio margen de discrecionalidad al legislador para ser aplicadas en contra de la sociedad civil organizada. Particularmente, advierte que el cierre masivo de organizaciones decretado durante el presente año, además de coartar completamente la legítima labor de defensa de los derechos humanos que realizan en el país, tiene graves efectos para la población dejándola expuesta a mayor vulnerabilidad en cuanto a la protección y defensa de sus derechos. Recordando, que estos hechos ocurren en un contexto en el que los poderes están alineados con el Ejecutivo, con lo cual no existen límites para el ejercicio del poder ni para impedir arbitrariedades.

La CIDH urge a Nicaragua a restablecer las garantías y libertades democráticas y a cesar todo tipo de persecución judicial, administrativa o de cualquier otra índole contra las personas y organizaciones que ejercen actividades legítimas y de relevancia democrática.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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