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Ante las expulsiones de mujeres Haitianas embarazadas en República Dominicana CIDH pide garantizarles protección y acceso a servicios de salud | EN

 

MIREX presenta posición del Gobierno dominicano en relación a comunicado de la CIDH

Comunicado de prensa 320 / 21  |  EN  

 

CIDH expresa preocupación por las mujeres embarazadas expulsadas en República Dominicana y llama al Estado a garantizar el acceso a mecanismos de protección y servicios de salud reproductiva

 

1 de diciembre de 2021


Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por las denuncias de expulsiones de mujeres embarazadas, principalmente de origen o ascendencia haitiana, desde República Dominicana. En ese sentido, urge al Estado a respetar el principio de no devolución y asegurar la protección efectiva de la población en movilidad humana; particularmente acceso a servicios de salud, independiente de la situación migratoria.

La Comisión recibe con preocupación las denuncias de organizaciones de sociedad civil que dan cuenta que las autoridades migratorias estarían realizando operativos de control migratorio en los hospitales que reportan mayor afluencia de mujeres embarazadas migrantes, principalmente de origen o ascendencia haitiana, que tendrían por finalidad expulsarlas sin realizar consideraciones sobre sus necesidades de protección humanitaria; ello, atendiendo al contexto de crisis institucional, violencia estructural y violaciones a derechos humanos en Haití.
En igual sentido, el Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana expresó su preocupación por las detenciones y deportaciones, principalmente de mujeres embarazadas que buscaban o recibían atención en centros de salud y hospitales, quienes fueron detenidas y deportadas. La CIDH observa que las expulsiones exponen a las mujeres embarazadas a graves vulneraciones de su derecho a salud, especialmente de  la salud reproductiva.

Aunado a ello, según información de sociedad civil difundida en redes sociales, una mujer haitiana habría sido obligada a abandonar el hospital en el que se encontraba recibiendo asistencia médica posterior al parto, dejando a su bebé en el lugar, para ser trasladada a la frontera en Belladère. De acuerdo con información al alcance de la CIDH, habría estado detenida por cuatro días en la ciudad de Haina, previo a ser reunificada con su familia y bebé. Ello, pese a que la Ley General de Migración No. 285-04 establece que la detención nunca será utilizada en casos de mujeres embarazadas o lactantes.

Dichas acciones se enmarcan en un contexto institucional más amplio. El 28 de septiembre el Consejo Nacional de Migración habría adoptado una interpretación de la normativa migratoria en República Dominicana que evita el ingreso de toda persona extranjera que implique una carga irrazonable para las finanzas públicas; incluyendo a las mujeres que se encuentren en estado de comprobada gestación igual o posterior a los seis meses. Adicionalmente, la CIDH nota el anuncio hecho  por el Consejo Nacional de Migración el 2 de noviembre sobre la realización de una nueva auditoría a un total de 220 mil personas regularizadas conforme al Plan Nacional de Regularización. Estas  decisiones administrativas podrían generar efectos excluyentes para la población migrante y obstáculos adicionales para el acceso a derechos y servicios esenciales, como la salud y la integridad personal.

En ese sentido, la Comisión recuerda que las personas migrantes tienen derecho a recibir la misma atención médica que las personas nacionales, incluyendo la salud sexual y reproductiva. Por tanto, los Estados no deben impedir el acceso a servicios de salud por razón de la situación migratoria o la falta de documentos de identidad. Aunado a ello, destacó que todas las personas migrantes tienen derecho a la confidencialidad en el marco del acceso a los servicios de salud y atención médica. Lo anterior, conlleva la prohibición de notificar e intercambiar información relacionada con la situación migratoria de las pacientes o sus progenitoras y progenitoress con las autoridades migratorias, así como conducir operativos de control migratorio en hospitales o sus cercanías.


En igual sentido, en la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos se recomienda a los Estados abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia del COVID-19, tales como acciones de control migratorio o represión en las cercanías de hospitales o albergues, así como el intercambio de información de servicios médico hospitalarios con autoridades migratorias con carácter represivo.

Asimismo, la CIDH urge al Estado a implementar como guía para sus políticas y acciones los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, específicamente a no expulsar, devolver, extraditar, trasladar de manera informal o entregar, poner en las fronteras de otro país, sea o no de su nacionalidad, a ninguna persona donde su vida o libertad peligren. El Sistema Interamericano considera que conforme al artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derehcos Humanos, el principio de no devolución  debe aplicarse a toda persona que pese a no ser refugiada o asilada,  no puede ser devuelta al territorio de otro país en donde su vida o libertad peligre o  existan razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura u otros malos tratos. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 25/18 destacó que la no devolución es una garantía de diversos derechos humanos inderogables; ello, debido a que su fin es preservar la vida, la libertad o la integridad de la persona.

Finalmente, la CIDH identifica que el principio de igualdad y no discriminación debe ser implementado a través de medidas positivas para revertir o modificar las situaciones discriminatorias existentes. Para ello, el Estado debe incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque de interseccionalidad en todas las medidas relativas a las personas en contextos de movilidad humana, de modo que permita atender las situaciones y necesidades de cada grupo de población, incluyendo factores como género, edad, diversidades, discapacidad, origen étnico-racial, y clase. En la misma línea, en la Opinión Consultiva 18/2003 la Corte IDH destacó la necesidad de implementar medidas que respeten el vínculo indisoluble entre no discriminación y protección efectiva para garantizar la protección de las personas en contextos de movilidad humana.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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MIREX presenta posición del Gobierno dominicano

Santo Domingo, República Dominicana.- El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), emitió un comunicado en el cual informa la posición del Gobierno dominicano en relación a la postura presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A continuación se comparte el documento íntegro:

 

COMUNICADO

El deterioro institucional de Haití, sobre todo a partir de 2019, ha agravado una situación excepcional y extraordinaria de ingreso masivo de migrantes haitianos hacia República Dominicana, entre ellos, mujeres embarazadas en procura de los servicios gratuitos de salud pública que su gobierno no les provee.

 

En 2018, se registraron 14,693 partos de madres haitianas en hospitales públicos dominicanos. En 2019, con el aumento de la inestabilidad en ese país, los partos casi se duplicaron a 27,984. En 2020, aumentaron 30,322 y entre enero y septiembre de 2021 se han registrado 24,376 en la red de hospitales públicos. Esto implica que mientras en 2018, el 12.5% de los partos de la totalidad dela red pública fueron de madres haitianas, esta proporción aumentó a 23% en 2019, a 27.2% en 2020 y a 30% en los primeros nueve meses del 2021.

 

Lamentablemente, Haití vive una situación de precaria gobernabilidad y violencia extrema que motiva a muchos de sus ciudadanos a buscar servicios básicos fuera de ese país. Esta incapacidad del Estado haitiano para suplir las necesidades de su ciudadanía es una corresponsabilidad de la comunidad internacional, ya que Haití se encuentra bajo mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 2004. Ese fracaso de la comunidad internacional en Haití ha dejado a República Dominicana en la inadmisible situación de suplir por sí sola la ausencia de servicios públicos del país vecino.

 

Ese es el contexto en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA emite su injusto e inoportuno comunicado sobre las embarazadas haitianas en condición migratoria irregular en República Dominicana.

 

El Gobierno dominicano respeta irrestrictamente el principio de no devolución (non-refoulement) en elsentido de no deportar a individuos que corren el peligro de ser sometidos a torturas, tratos crueles, persecución política u otras violaciones graves a sus derechos humanos, en razón de su raza, credo, opinión política, nacionalidad, etc.

 

Sin embargo, consideramos que dicho principio no aplica en el presente caso ya que no se trata de perseguidos políticos, miembros de una minoría étnica o religiosa, ni un grupo político particular. En Haití lo que se vive es una situación de pobreza, desigualdad e inseguridad generalizadas, de la cual República Dominicana no tiene responsabilidad alguna.

Se toma nota de la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos y de los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, entre otros instrumentos citados por la CIDH en su comunicado, los cuales no consideramos aplican en las circunstancias actuales.

Es menester señalar que la normativa internacional sobre los migrantes vulnerables aplica para situaciones ordinarias de migración, en las cuales un Estado no puede discriminar o menoscabar los derechos de un grupo de migrantes frente a sus nacionales. De lo que se trata en este caso, es de una presión masiva y excepcional a los servicios públicos de salud dominicanosfrente a lacarencia de estos servicios en Haití. El Estado dominicano tiene el derecho y el deber de controlar esta situación para evitar el colapso de los servicios de salud sexual y reproductiva en nuestra red pública de hospitales.

 

Las normas internacionales sobre migrantes no responden al estado de emergencia migratoria que asedia a nuestro país, la región y el mundo hoy día. En efecto, el hemisferio se encuentra sumido en una crisis nunca vista, donde decenas y decenas de miles de migrantes se movilizan por Centroamérica y Norteamérica. La mayoría de los Estados de paso y de destino de la región se ha visto obligada a tomar medidas para deportar a esta abrumadora cantidad de migrantes.

 

Este es un problema hemisférico y global que requiere soluciones creativas y novedosas, desde una perspectiva multilateral, con el aporte de los Estados y los organismos internacionales. No es el momento de recriminar a los Estados que responden a esta situación en función de su actual infraestructura de servicios, cuya primera responsabilidad son sus ciudadanos.

Invitamos a la CIDH a consultar con el Estado de manera oportuna las situaciones particulares de las que tenga conocimiento y que puedan generarle dudas para, a través de los canales oficiales, suministrar las informaciones necesarias y así evitar descontextualizaciones ante la opinión pública, reputando como veraces situaciones no verificadas.

Respecto a la denuncia sobre un caso en el que una mujer haitiana fue supuestamente deportada después de dar a luz y separada de su bebé, el Gobierno dominicano afirma que, después de investigar, no existe evidencia de que esto haya ocurrido. Hasta el día de hoy se han registrado cuatro casos de mujeres que han entrado en labores de parto al momento de ser trasladadas al centro para migrantes ubicado en Haina.

 

 

En esos casos, todas fueron enviadas al hospital en ambulancia y luego de haber recibido el alta médica, la Dirección General de Migración (DGM) las trasladó de regreso en ambulancia a recintos de acogida, donde se les ha provisto alimentos, vestimenta, refugio y productos de higiene personal para la madre y los neonatos.

En todo caso, la DGM mantiene un protocolo para los migrantes vulnerables, como es el caso de las mujeres embarazadas, en el que se garantiza la seguridad, la integridad y la salud de las personas. En primer lugar, la Dirección General de Migración cuenta con un servicio de ambulancia las 24 horas del día para el traslado de las embarazadas a un centro hospitalario de ser necesario. Asimismo, se habilitó un presupuesto especial para pagar los gastos de emergencia requeridos. En caso de que una embarazada sea ingresada en un centro de salud, las autoridades no penetran al hospital, solo el personal médico que asume el caso.

Cabe destacar que este protocolo integra la incorporación de un equipo conformado por mujeres en los operativos para garantizar la integridad física de las pacientes, e impide tajantemente la deportación durante las labores de parto. La repatriación solo ocurre cuando es médicamente seguro para la madre y la criatura. Para atender los casos de las embarazadas próxima a dar a luz, se cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de la Niñez (CONANI).

El Gobierno dominicano reafirma su compromiso con el derecho internacional general y americano y, en particular, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás tratados en la materia ratificados por el país.

Sin embargo, ante la incapacidad del Gobierno haitiano para resolver las necesidades básicas de su población y la inexcusable ausencia de la comunidad internacional en ese sentido, República Dominicana manifiesta su más enérgico rechazo a la irresponsable pretensión de colocar la solución de los problemas haitianos sobre los hombros dominicanos. Nunca habrá una solución dominicana a la situación haitiana.  

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