La CIDH condena las violaciones a los derechos humanos denunciadas durante las elecciones en Nicaragua

 

Comunicado de prensa 300 / 21  

 

La CIDH condena las violaciones a los derechos humanos denunciadas durante las elecciones en Nicaragua

 

10 de noviembre de 2021

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las violaciones a los derechos humanos denunciadas en el contexto del cierre de las elecciones generales en Nicaragua realizadas el 7 de noviembre, e insta al Estado a cesar las detenciones arbitrarias, asedios y hostigamiento en contra de personas y organizaciones de oposición política al Gobierno y restablecer las garantías para el pleno goce de derechos civiles y políticos de las personas nicaragüenses.

Entre el 5 y 7 de noviembre, la CIDH recibió información sobre el incremento del asedio policial, actos de hostigamiento, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias, en contra de líderes y lideresas de oposición, activistas de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, en diferentes departamentos del país. Estos actos habrían sido perpetrados en su mayoría por agentes policiales, parapoliciales y simpatizantes del gobierno. Según la información recibida, por lo menos 23 personas habrían sido detenidas arbitrariamente en nueve departamentos, sin orden de captura y sin brindar información a familiares, indicándoles que debían esperar 48 horas para recibir información adicional. Además, integrantes de los ex Consejos del Poder Ciudadano (CPC) habrían visitado viviendas, llamando a votar por el partido de Gobierno, como forma de intimidación.

Asimismo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) observa con preocupación los múltiples reportes sobre restricciones a la libertad de prensa en el contexto de la jornada electoral, tales como la prohibición de acercamiento de personas reporteras a los colegios electorales; actos de hostigamiento a medios de comunicación y periodistas; la detención temporal de periodistas y la incautación de los equipos personales y de trabajo; la obligación de transmitir en cadena nacional un discurso presidencial en plena jornada electoral; la transmisión en medios oficialistas de propaganda electoral, violando las leyes internas en la materia; y la expulsión y denegación del ingreso de la prensa internacional al país para cubrir los comicios.

Con posterioridad a las elecciones, la Comisión y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) recibieron información sobre funcionarias y funcionarios públicos que habrían sido obligados a ejercer su voto a favor de Daniel Ortega, así como a enviar constancia de participación en los comicios mediante fotografías o la muestra del dedo manchado con tinta indeleble por la votación, bajo amenaza de despido. Se conoció también sobre la detención de un líder estudiantil; así como represalias en contra de personas que no habrían mostrado prueba de haber votado como el dedo manchado con tinta indeleble. En particular, a las y los estudiantes de medicina se les habría prohibido el ingreso a universidades públicas y privadas y a hospitales donde realizan sus prácticas como forma de retaliación; lo mismo habría ocurrido con el personal médico de hospitales públicos que en algunos casos, fueron despedidos.

Por otra parte, la CIDH expresa su preocupación respecto del discurso del Presidente Daniel Ortega transmitido en cadena nacional el día 8 de noviembre, en el que se refirió de forma ofensiva e intimidante a las más de 30 personas privadas de la libertad en el contexto electoral, entre las que se encuentran, líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, personas defensoras y precandidatas presidenciales, indicando que por sus acciones no deberían ser considerados nicaragüenses, y enviadas a otro país. Este tipo de declaraciones contribuyen a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, lo que, a su vez, podría ser mayor riesgo para la vida e integridad, en especial, de aquellas que permanecen bajo custodia estatal. Por lo que, autoridades del Estado deben abstenerse de realizar declaraciones que tengan como objeto deslegitimar la defensa de los derechos humanos.

La Comisión urge al Estado de Nicaragua a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en contexto electoral y desde el inicio de la crisis, a cesar los ataques en contra de opositoras y opositores, y toda acción que afecte los derechos de periodistas y a los medios de información. Asimismo, el Estado debe restablecer el goce pleno de todos los derechos civiles y políticos, así como las garantías y libertades fundamentales. En igual sentido, la CIDH y la REDESCA llaman a aplicar el principio de no discriminación e igualdad en la educación y el trabajo, recordando que la opinión política no puede ser motivo de exclusión en el acceso y disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.


Comunicado de prensa 298 / 21  

 

Culmina la 5ta edición del Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos

 

10 de noviembre de 2021

Washington, D.C. - El 5 de noviembre culminó la quinta edición del Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos, proceso de formación co-organizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH).

Con una amplia y exitosa convocatoria con más de 4 mil personas postulantes para un cupo de 100, reunió en la semana de clausura a 65 participantes provenientes de 20 países de la región que han incorporado conocimientos y herramientas para fortalecer la gestión de las políticas públicas de sus países. Se abordaron distintos temas y desafíos vigentes en las agendas de los Estados a fin de generar recursos prácticos y teóricos, útiles y que podrán ser implementados en las realidades locales.

El curso contó con una primera fase virtual de 5 meses de duración, con clases sincrónicas y especialistas, que abordaron temas como igualdad y no discriminación en las políticas públicas; acceso a la información y sistema de indicadores; participación en las políticas públicas y exigibilidad de derechos; principios específicos para la construcción de políticas públicas; e institucionalidad pública en derechos humanos.

La segunda fase correspondió a la semana de clausura donde los y las participantes presentaron sus trabajos finales que se orientaron al diseño y a las propuestas de evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Asimismo, la semana de clausura contó con un seminario virtual abierto al público titulado: "Pandemia y acceso a derechos en las Américas", en el que participaron Christian Courtis, Angelita Baeyens, Remo Carlotto, Javier Palummo con la moderación de Débora Benchoam.

Finalmente, se realizó un diálogo de los y las participantes del curso con Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva de la CIDH y Ariela Peralta, la Secretaria Ejecutiva del IPPDH como cierre de esta actividad de formación.

El Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos busca formar a actores relevantes de la región en el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. El proceso de estudio ofrecido combina la formación teórica y práctica en los campos del derecho internacional de los derechos humanos, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, las ciencias sociales y la administración pública, con presentación de experiencias prácticas de alto impacto para la garantía de derechos implementadas en los Estados de la región en los últimos años.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

El IPPDH es una instancia técnica de investigación en el campo de las políticas públicas en derechos humanos. Sus líneas estratégicas de trabajo son aprobadas por la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del MERCOSUR (RAADH), para contribuir al cumplimiento y garantía de los derechos humanos, considerados ejes centrales de la integración del MERCOSUR. Su estructura fue pensada para cumplir con sus funciones de investigación, capacitación, asesoramiento técnico en la formulación de políticas públicas, así como el apoyo en el ámbito de comunicación en derechos humanos.

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