CIDH otorga medidas cautelares a Julius Jones, en el corredor de la muerte de Oklahoma, EEUU, con fecha de ejecución el 18 de noviembre de 2021 | notitemas
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CIDH otorga medidas cautelares a Julius Jones, en el corredor de la muerte de Oklahoma, EEUU, con fecha de ejecución el 18 de noviembre de 2021

Comunicado de prensa 307/ 21   |   EN     CIDH otorga medidas cautelares a Julius Jones, en el corredor de la muerte de Oklahoma, Estados Un...


Comunicado de prensa 307/ 21  |  EN 

 

CIDH otorga medidas cautelares a Julius Jones, en el corredor de la muerte de Oklahoma, Estados Unidos, con fecha de ejecución el 18 de noviembre de 2021

 

17 de Noviembre de 2021

La CIDH solicitó a EUA proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de Julius Jones y abstenerse de ejecutar la pena de muerte en su contra hasta que la Comisión tenga oportunidad de pronunciarse sobre su petición.

 

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 17 de noviembre de 2021 la Resolución 90/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a Julius Jones, quien se encuentra en el corredor de la muerte de Oklahoma, Estados Unidos con fecha de ejecución de la pena para mañana 18 de noviembre, tras considerar que se encuentra en una situación grave y urgente de daño irreparable a sus derechos. 

La solicitud indica que Julius Jones fue procesado y condenado en un caso por homicidio, sin adecuada defensa legal, sin pruebas contundentes en su contra y sobre la base de prejuicios raciales por parte del jurado y en el sistema judicial. Las solicitantes también presentaron una petición ante el sistema de Peticiones y Casos de la CIDH, en la cual alega violaciones a diversos artículos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en relación con el derecho a un juicio justo, debido proceso e igualdad ante la ley. 

Según la solicitud, en el estado de Oklahoma, el método de ejecución de la pena de muerte es la inyección letal con diferentes drogas, incluida la midazolam, que causa sufrimiento innecesario a las personas, lo que podría constituir tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

La ejecución de Julius Jones está fijada para el 18 de noviembre de 2021, por lo que la Comisión considera que la inmediatez del daño no admite demora. En consecuencia, en el presente asunto se ordenan medidas cautelares sin haber solicitado previamente información pertinente a los Estados Unidos (según la excepción prevista en el artículo 25.5 de su Reglamento). 

Después de analizar los alegatos de hecho y de derecho de las partes, la CIDH consideró que la ejecución es inminente, dada la fecha prevista, sin recursos disponibles a nivel interno. Ante la posibilidad de que la pena de muerte haya sido impuesta sin el respeto estricto de los derechos a un juicio justo, a las garantías del debido proceso, de igualdad ante la ley y no discriminación, la Comisión no tendrá la oportunidad de tomar una decisión en el fondo de la petición y cualquier decisión posterior perdería su efectividad. 

Además, la CIDH observa altos riesgos de que Julius Jones sea ejecutado con métodos que podrían causarle un sufrimiento innecesario, aunado a que ha estado en el corredor de la muerte por más de 22 años. Considerando todo lo anterior, se consideró que la situación del beneficiario reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad establecidos en el artículo 25 de su Reglamento. Lo anterior, tanto en la dimensión cautelar como tutelar del mecanismo de medidas cautelares. 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 25 de su Reglamento, la CIDH solicitó a los Estados Unidos de América que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de Julius Jones y se abstenga de ejecutar la pena de muerte en su contra hasta que la Comisión tenga oportunidad de pronunciarse sobre su petición. 

El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre la petición presentada por las solicitantes ante la CIDH o sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Declaración Americana o en otros instrumentos aplicables.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Comunicado de prensa 308 / 21

La CIDH y RELE urgen al Estado de El Salvador no aprobar el anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros

 

17 de noviembre de 2021

Si se aprueba la Ley de Agentes Extranjeros podría afectar gravemente la labor clave para la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa de: personas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación

 

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) urgen al Estado salvadoreño a abstenerse de aprobar el anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros, cuya implementación podría afectar gravemente la labor de personas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que contribuyen a la defensa a los derechos humanos y la libertad de prensa. 

Conforme información de la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial presentó, el 9 de noviembre, el anteproyecto de "Ley de Agentes Extranjeros" que establece la obligación de registrarse como "agente extranjero" a todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades que "respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directamente o indirectamente, por un mandante extranjero". Según información de fuente pública, el 16 de noviembre la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea General emitió dictamen a favor de dicho anteproyecto.

La iniciativa legal prohíbe a los "agentes extranjeros" realizar actividades que tengan "fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público, o que pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país", entre otras. Asimismo, establece obligaciones sobre el registro, la forma de utilización de los recursos y la comunicación de las actividades. Preocupa en particular a la CIDH que el eventual incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en responsabilidad penal y administrativa, además del cese de las actividades y la cancelación de la personería jurídica. El proyecto también determina la aplicación de un impuesto del 40% sobre cualquier transacción financiera o donación proveniente del extranjero que no esté entre las excepciones expresamente previstas.

Según lo establecido expresamente en el proyecto de ley, dicha norma, que entraría en vigor ocho días luego de su publicación, tiene como fin "promover la transparencia sobre la influencia extranjera dentro de El Salvador" de modo que "los ciudadanos conozcan los agentes extranjeros destinados a influir en la opinión pública", además de resguardar la seguridad, soberanía nacional, y la estabilidad social y política del país

Al respecto, la Comisión y la RELE consideran que, de ser aprobada, la iniciativa podría restringir el funcionamiento legítimo y las actividades de individuos y organizaciones de la sociedad civil que actúan en la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente, quienes en ocasiones reciben recursos de cooperación internacional para su desarrollo. Además, observan que la norma exige, en un lapso corto de tiempo, la observancia de requisitos administrativos y de tributación potencialmente arbitrarios o desproporcionados, también posibilitando la aplicación de penalidades graves a las personas naturales y jurídicas que no se adecuen a estas disposiciones; por lo que también tendría efectos en el ejercicio de la libertad de asociación y de expresión.

Al respecto, la Comisión ha señalado que los Estados deben promover y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos de cooperación financieros, tanto nacionales como extranjeros, así como abstenerse de restringir sus medios de financiación; entendiendo que las limitaciones a la financiación extranjera en muchos casos pueden constituir un impedimento para que las personas defensoras puedan desempeñar sus funciones cabalmente, toda vez que dependen necesariamente de estos recursos por falta de fondos en sus países. 

Asimismo, la CIDH y su Relatoría entienden que resulta inadmisible la imposición de presiones económicas o políticas con el fin de influenciar o limitar las expresiones de personas o medios de comunicación consideradas críticas o contrarias a las voces oficiales o los intereses gubernamentales; y recuerdan que las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar discursos legítimos son incompatibles con los estándares interamericanos sobre libertad de expresión.

Las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación cumplen un rol central en sociedades democráticas y el proceso de fortalecimiento del Estado de Derecho por lo que se llama al Estado de El Salvador a que se abstenga de aprobar tal iniciativa legislativa, o en su caso adecúe el proyecto a los estándares interamericanos de derechos humanos 

En relación con la información recibida sobre la celeridad que seguiría el trámite legislativo, la CIDH y su Relatoría Especial consideran de particular relevancia que cualquier legislación que impacte en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales cumpla con estándares democráticos de deliberación pública amplia, pluralidad, publicidad y transparencia que legitimen el trámite parlamentario. 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.


 

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