La CIDH condena actos violentos y xenófobos en contra de personas migrantes venezolanas en Iquique, Chile


 

Comunicado de prensa 263 / 21  

 

La CIDH condena actos violentos y xenófobos en contra de personas migrantes venezolanas en Iquique, Chile

 

5 de octubre de 2021

Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los actos violentos y xenófobos, realizados por particulares, en contra de personas migrantes venezolanas en Iquique, Chile. Asimismo, manifiesta su preocupación por el desalojo de personas migrantes --en su mayoría venezolanas-- de espacios públicos en Iquique, con denuncias de actos de violencia, y sin que les fuera ofrecida previa solución para su reubicación. En ese orden, llama al Estado a proteger a las personas migrantes, investigar los hechos con la debida diligencia, adoptar medidas urgentes para reparar a las víctimas y evitar la repetición.

De acuerdo con información pública, el 24 de septiembre, la policía desalojó de manera masiva a aproximadamente 100 personas migrantes –en su mayoría venezolanas–, de la Plaza Brasil de Iquique, entre las cuales se encontraban familias con niñas y niños. Según la información disponible, hubo enfrentamientos entre la policía y las personas migrantes, algunas de las cuales resultaron golpeadas. La CIDH también toma nota de que la policía tenía orden de desalojar a las personas migrantes del espacio público, pero no la de reubicarlas en otros sitios, lo que habría resultado en que estas quedaran deambulando sin lugar a dónde ir.

Asimismo, la Comisión tomó conocimiento de actos xenófobos ocurridos también en Iquique, el 25 de septiembre, donde grupos que hacían parte de una manifestación "antimigrante" prendieron fuego a las carpas y pertenencias de familias migrantes venezolanas, sin que la policía interviniera para impedirlo. De igual forma, el mismo día, la Fiscalía de la Región de Tarapacá instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) para que realizara una investigación sobre estos actos, y dispuso medidas de protección para las víctimas. La CIDH también tomó nota de las declaraciones del Vicepresidente y Ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, en las cuales repudió los actos xenófobos en Iquique.

De igual modo, la CIDH ha tomado conocimiento del anuncio efectuado por el Gobierno el 29 de septiembre, sobre la adopción de nuevas medidas humanitarias dirigidas a las personas migrantes, tales como: la instalación de centros de primera acogida para niños, niñas, adolescentes y sus familias, en Colchane e Iquique. De manera particular, el Estado ha informado sobre la cooperación con organismos internacionales, entre ellos, UNICEF y OIM; y el reforzamiento del trabajo con la sociedad civil, a través de organizaciones como el Servicio Jesuita a Migrantes, Hogar de Cristo y World Vision.

A través de sus diferentes mecanismos de monitoreo, la Comisión viene dando seguimiento a los diversos hechos y actos de estigmatización y discriminación en perjuicio de las personas venezolanas en diferentes países de la región, entre ellos, Chile. Al respecto, de conformidad con los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, los Estados deben garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, así como implementar medidas para prevenir y combatir su estigmatización.

En particular, respecto de las personas migrantes venezolanas, en su Resolución sobre Migración Forzada de Personas Venezolanas, la Comisión llama a los Estados a implementar medidas positivas como campañas educativas y de sensibilización dirigidas a promover sociedades multiculturales, a fin de prevenir y erradicar la discriminación y xenofobia.

En este sentido, la CIDH, urge a Chile a seguir adoptando medidas para prevenir y eliminar las prácticas de xenofobia. Asimismo, el Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir las violaciones de derechos humanos, investigar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Comunicado de prensa 262 / 21  |  EN  | 

 

La CIDH presenta caso ante la Corte IDH sobre la responsabilidad internacional de Argentina por demora en acción de amparo por remuneración del juez Héctor Hugo Boleso

 

5 de octubre de 2021

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 21 de septiembre de 2021 el caso Héctor Hugo Boleso respecto de Argentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El mismo refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la demora en la decisión de una acción de amparo relativa a la remuneración de Boleso, en su momento juez laboral de la Provincia de Corrientes.

En 1991, Hugo Boleso, presentó una acción de amparo por considerar violado su derecho a la intangibilidad de su remuneración, derecho reconocido constitucionalmente. Luego de la interposición de varios recursos, pudo cobrar sus haberes 21 años después de la presentación de su reclamo. Al respecto, en el Informe de Fondo se destacó la importancia de la garantía de plazo razonable en procesos relacionados con remuneraciones de jueces y juezas, teniendo en cuenta la relación existente entre una adecuada remuneración, las condiciones de servicio y la independencia que requieren jueces y juezas para sus actuaciones.

La Comisión consideró que el Estado no dio razones suficientes para justificar un retardo de tal magnitud dentro de un proceso que, por naturaleza, debe ser expedito, máxime a la luz de la importancia que tiene el garantizar una adecuada remuneración tratándose de jueces y juezas.

Con base en dichas determinaciones, se concluyó que el Estado argentino vulneró la garantía del plazo razonable para hacer valer de manera efectiva los derechos Boleso, por lo que es responsable por la violación de los derechos a la protección judicial y a las garantías judiciales reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en su artículo 1.1.

En su Informe de Fondo la CIDH recomendó al Estado:

  1. Pagar una indemnización específica por concepto de la violación a la garantía del plazo razonable. El monto deberá tomar en cuenta las afectaciones de naturaleza patrimonial que el señor Boleso acredite fueron ocasionados como resultado de la demora en el proceso judicial.
  2. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la no repetición de la violación declarada en el informe. En particular, el Estado deberá adoptar medidas administrativas o de otra índole para asegurar que los procesos judiciales directamente relacionados con posibles controversias sobre remuneraciones a jueces y juezas, sean resueltos oportunamente y dentro de un plazo razonable; teniendo en cuenta la necesaria independencia que requieren en el ejercicio de sus labores.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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