El Ministerio Público llevará ante los tribunales a todo aquel contra el que tenga pruebas irrefutables de su participación en la red investigada en Operación Falcón

 

Tribunal aplaza la audiencia para el lunes contra los imputados en la estructura criminal que, hasta el momento, llevó al arresto de al menos 25 personas

SANTIAGO (República Dominicana).-El Ministerio Público tiene bajo investigación a muchas personas como parte de la Operación Falcón, aunque solo procederá, como en todos sus casos, a judicializar a los imputados contra los que tengan pruebas irrefutables, aseguró este viernes la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.

“Ustedes saben que este Ministerio Público tiene por política que hasta que no hace una imputación, por lo menos preliminar, en una medida de coerción, no hace referencia a ninguna persona (investigada)”, dijo Reynoso.

“La garantía y la seguridad que le podemos dar a la sociedad, y a toda aquella persona inclusive investigada, es que el Ministerio Público va a imputar solo a aquellas personas contra quienes tiene pruebas para hacer una imputación blindada, que es lo que hemos hecho hasta ahora”, añadió.

La titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público recordó que en el proceso de investigación que llevó a la Operación Falcón los equipos de fiscales llevan alrededor de un año trabajando. “Es una investigación, como hemos dicho, compleja, sobre hechos graves, de una estructura criminal que tenía una organización y un funcionamiento muy típico de las mafias, hemos dicho específicamente de la mafia italiana”, añadió.

Reynoso respondió preguntas de los periodistas tras salir de la audiencia en la que la jueza Iris Borges, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, decidió aplazar para el lunes el conocimiento de la medida de coerción contra los involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico.

“Nueva vez, el tribunal ha dispuesto un aplazamiento, para el próximo lunes, a las 10:00 de la mañana, a pedido de varias de las defensa”, dijo el fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, al explicar, además, que se produjo el cambio de abogado en uno de los imputados.

El fiscal Bonilla Hiraldo reiteró que el Ministerio “está completo y listo” para el conocimiento de la medida de coerción contra los integrantes de la red de lavado asociada a una organización criminal que introdujo miles de kilos de cocaína a Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

Explicó además que el tribunal rechazó el pedimento de algunas de las defensas que solicitaron copias impresas de los documentos que respaldan la solicitud de prisión del Ministerio Público contra los imputados y que ya les fueron notificadas y entregadas de forma digital, lo cual les permite, a su vez, imprimirlas.

Hasta el momento están arrestados por el caso Juan Carlos Mosquea Eduardo, Enerio Rafael Sandoval Valdez, María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa), Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Juan Bautista Carpio Reynoso y el domínico-venezolano Julio César Jiménez Talavera.

También, contra José Alejandro de la Cruz Morales Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldy Read Ruiz.

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) persiguen, con el apoyo de todos los órganos de seguridad del Estado, a Erick Randhiel Mosquea Polanco (Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite) y a su hermano sus hermanos Harington José Mosquea Núñez y Claritza Andreina Mosquea Eduardo, así como a Alberto De Jesús Polanco (El Prieto y/o Many).

Al mismo tiempo, el Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil (Santiago), Héctor Darío Féliz Féliz (Pedernales) y Faustina Guerrero Cabrera (El Seibo), implicados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la la Operación Falcón, la cual se deriva de una amplia investigación que contó con la colaboración decidida de autoridades internacionales que luchan contra el crimen organizado.

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Pepca: Exdirector de Corde cambió por un solar rural un millón de metros cuadrados en los que se encuentra el sector Los Tres Brazos

 

El fiscal José Miguel Marmolejos destacó la fortaleza de la acusación y las pruebas aportadas al proceso

SANTO DOMINGO (República Dominicana).– El fiscal José Miguel Marmolejos sostuvo la tarde de este viernes que Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), vendió ilegalmente un millón de metros cuadrados en los que se encuentra localizado el sector Los Tres Brazos.

El Ministerio Público continuó leyendo este viernes la acusación contra Almánzar y los demás acusados del caso  en la audiencia preliminar que se desarrolla en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró.

“En lo que leímos en el día de hoy pudimos ver, por ejemplo, cómo el imputado Leoncio Almánzar vendió ilegalmente un millón de metros cuadrados que conforman el sector de Los Tres Brazos a cambio de aceptar como pago un solar, encima, hipotecado, en una zona rural”, dijo el fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al tiempo que definió la acción como “una cosa que es totalmente espantosa”.

“Y así, a medida que vamos leyendo la acusación, nosotros vamos viendo cómo se van distribuyendo cada uno de los delitos cometidos por los imputados. Y nosotros entendemos que con las pruebas que ha aportado el Ministerio Público no quedará otra alternativa que no sea condenar a los imputados (en la etapa de juicio de fondo)”, agregó.

A la salida del tribunal, el fiscal Marmolejos dijo a periodistas de varios medios de comunicación que en la audiencia de este viernes continuaron presentando los cargos establecidos por el Ministerio Público en contra de los imputados.

El representante del órgano acusador precisó que la acusación tiene más de 500 páginas, de las cuales han leído 200.

La pasada semana, tras varios aplazamientos, el Ministerio Público reinició la lectura de la acusación y siguió este viernes, procediendo el juez Rodríguez Consoró en horas de la tarde con su aplazamiento hasta el próximo lunes, 27 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.

En el expediente por la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, de Santo Domingo Este, además del exdirector de Corde, figuran como imputados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.

De igual manera, son procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., y los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.

Además, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.

El Ministerio Público también acusa a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.

Los fiscales han establecido durante la audiencia preliminar que los imputados desfalcaron y estafaron al Estado dominicano.

La acusación señala que los citados funcionarios se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado dominicano, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.

El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.

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