La CIDH expresa preocupación por acciones que debilitan la independencia judicial en Guatemala


 

Comunicado de prensa 203/21  

 

La CIDH expresa preocupación por acciones que debilitan la independencia judicial en Guatemala

 

6 de agosto de 2021

Washington D.C.- La CIDH expresa su preocupación por acciones que debilitan la independencia judicial en Guatemala y urge al Estado a priorizar y fortalecer la lucha contra la impunidad y la corrupción, mediante el respeto a un sistema de justicia independiente e imparcial.

La Comisión recibió con suma preocupación información sobre la destitución del Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, ordenada por la titular del Ministerio Público el pasado 23 de julio de 2021. De acuerdo con información pública, la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público notificó la destitución del titular de la Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), supuestamente por presentar objeción por escrito a una instrucción verbal. Según fuera informado a la CIDH, la destitución sería arbitraria e ilegal, y colocaría en entredicho el compromiso del Estado de Guatemala con la lucha contra la corrupción, debido al incumplimiento de los estándares internacionales en materia del debido proceso legal y a las causales establecidas en la normativa nacional para la destitución de funcionarios de carrera.

La Comisión nota con preocupación que la destitución del titular de la FECI ocurre en el contexto de un conjunto de acciones que tienen como efecto debilitar la independencia de las y los operadores de justicia y, por consiguiente, representan severos retrocesos en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

Al respecto, durante el 2021, se recibió información sobre la criminalización y persecución judicial contra jueces, juezas, fiscales, ex fiscales, magistradas y magistrados como forma de hostigamiento, debido al trabajo de investigación o juzgamiento de estructuras criminales vinculadas con el poder político y económico, casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado; o bien, porque en su momento apoyaron la labor de Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en el país.

Preocupa particularmente, la grave y permanente situación de criminalización de jueces y juezas con competencia de Alto Riesgo en Guatemala, entre ellos, Pablo Xitumul De Paz, Miguel Angel Gálvez Aguilar, Iris Yassmín Barrios Aguilar y Erika Lorena Aifán Dávila, todas personas beneficiarias de medidas cautelares de la Comisión Interamericana.

De igual manera, la CIDH reitera su preocupación ante la negativa del Congreso de la República de juramentar a la magistrada Gloria Porras quien fuera electa para un nuevo período en la Corte de Constitucionalidad y que no ha podido tomar posesión en el cargo.

Por su parte, mediante comunicación del 5 de agosto, el Estado guatemalteco informó a la Comisión que, a través de los procedimientos establecidos en su legislación, resguarda plenamente la estabilidad en el desempeño de los cargos, así como su independencia judicial. Indicó que el Ministerio Público cuenta con una Fiscalía de Derechos Humanos que se encuentra dividida por Unidades Fiscales, quienes conocen las diferentes causas de conformidad con la función o actividad que realiza cada una. Asimismo, señaló que ha velado por la seguridad e integridad de todas las personas Magistradas y Jueces de la República, atendiendo las medidas cautelares dictadas por CIDH, como las decretadas y/o solicitadas por los operadores de justicia.

La Comisión recuerda al Estado la obligación de proteger a las y los operadores de justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamientos, investigando a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionándolos efectivamente. Si los Estados no garantizan la seguridad de sus operadores de justicia contra toda clase de presiones externas el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectada, frustrando el acceso a la justicia.

En la Resolución 1/17 sobre Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad y la Corrupción dirigida al Estado de Guatemala, se enfatizó la relación inequívoca de la lucha contra la corrupción con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. Asimismo, en el Informe sobre Corrupción y Derechos Humanos, se manifestó que la corrupción es un complejo fenómeno que afecta el goce y ejercicio de los derechos humanos; que debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de derecho y exacerba la desigualdad.

En este contexto, la Comisión Interamericana llama a Guatemala a reafirmar la importancia que tiene la lucha contra la corrupción para combatir la impunidad mediante una justicia fortalecida, independiente e imparcial. Asimismo, resalta la importancia de establecer medidas de protección a operadores de justicia e investigadores que garanticen la capacidad de ejercer su labor, libres de amenazas, intimidaciones y otros actos en su. Finalmente, destaca la labor de personas defensoras de derechos humanos en la lucha contra la corrupción y la obligación de los Estados de garantizar las condiciones de seguridad para la realización de sus trabajos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Comunicado de prensa 204 / 21  

 

CIDH publica Directrices Básicas para la investigación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos en el Triángulo Norte

 

6 de agosto de 2021

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy las Directrices Básicas para la investigación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos en el Triángulo Norte. El objetivo central de este documento es difundir estándares y recomendaciones que derivan de los precedentes y recomendaciones emitidos por la Comisión, en sus informes de casos, temáticos o de país, así como de las resoluciones de su mecanismo de medidas cautelares; y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en materia de investigación de los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos. Todo ello dentro del amplio marco de los principios del derecho internacional de los derechos humanos.

La CIDH ha observado con preocupación los riesgos bajo los cuales las personas defensoras de derechos humanos en los países del norte de Centroamérica ejercen sus actividades, riesgos que van desde pronunciamientos estigmatizantes, hostigamientos, procesos de criminalización, hasta ataques directos contra su vida e integridad personal. Estos riesgos evidencian los continuos desafíos que representa poder ejercer de manera efectiva, libre y sin ningún tipo de amedrentamiento el derecho a defender los derechos humanos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Frente a esta situación, se destaca los altos niveles de impunidad sobre los delitos contra personas defensoras de derechos humanos en estos países.

Con el presente documento, la CIDH busca que los Estados del norte de Centroamérica refuercen, o bien implementen, un sistema de protección integral de las personas defensoras que parta del reconocimiento de la importancia que la defensa de los derechos humanos representa para la sociedad. A su vez, que los Estados adopten los principales estándares en materia de investigación de delitos contra personas defensoras, al ser la investigación el medio más eficaz para protegerlas, y eviten la criminalización de sus actividades de defensa.

En ese sentido, este documento aborda el deber de investigar desde dos perspectivas. La primera, se refiere al deber de investigar, esclarecer, enjuiciar y sancionar los delitos cometidos en contra de personas de derechos humanos. El documento resalta la necesidad de que las autoridades jurisdiccionales procuren la incorporación de un enfoque diferenciado étnico-racial, de género e interseccional en la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de los delitos contra personas defensoras. La segunda perspectiva se aborda desde la obligación de evitar y responder a la criminalización de personas defensoras de derechos humanos. En cada sección, la Comisión presenta las principales directrices para ser observadas por los Estados.

La CIDH ha destacado el rol fundamental que las personas defensoras de derechos humanos representan para la consolidación de la democracia en los países del norte de Centroamérica. Por ello, espera que las presentes Directrices contribuyan a la asimilación y adopción de los principales estándares interamericanos en la materia por parte de las diversas instituciones de los Estados para el mejoramiento de sus sistemas de investigación y en la lucha contra la impunidad como una garantía de no repetición que garantice una protección fortalecida de las personas defensoras en la defensa de los derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Panel sobre garantías a derechos de niñas, niños y adolescentes en casos de sustracción internacional

 

6 de agosto de 2021

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) invita a participar en el panel sobre garantías a derechos de niñas, niños y adolescentes en casos de sustracción internacional, el cual contará con la intervención de la Comisionada de la CIDH y Relatora para los Derechos de la Niñez, Esmeralda Arosemena entre otras personas expertas en el tema.

Fecha: 9 de agosto de 2021
Hora: 3:00 p.m. (EST)
Registro Zoom: http://bit.ly/3r25AnK
Transmisión en Vivo:
       

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