CIDH condena acciones estatales que tienen como efecto poner fin a la participación de la oposición en las próximas elecciones en Nicaragua


 

Comunicado de prensa 209/21  

 

CIDH condena el conjunto de acciones estatales que tienen como efecto poner fin a la participación de la oposición en las próximas elecciones en Nicaragua

 

11 de agosto de 2021

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el conjunto sistemático de acciones estatales realizadas en los últimos meses que han tenido como finalidad impedir la participación de la oposición en las elecciones generales a realizarse en Nicaragua en noviembre de este año, así como la persistencia de violaciones a los derechos humanos en este contexto. La CIDH urge a cesar la represión contra personas opositoras al gobierno, y a tomar las medidas para garantizar las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en el país.

Entre las acciones estatales realizadas en los últimos meses que tienen como finalidad impedir la participación de la oposición, la CIDH, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) destaca: la detención y criminalización de líderes y lideresas, incluyendo personas pre candidatas presidenciales mediante la aprobación y utilización de leyes penales con contenido ambiguo y/o que restringen arbitrariamente los derechos políticos de la población nicaragüense; y, en general, la profundización de un estado policial que mantiene suspendidos los derechos y las libertades públicas.

La CIDH condenó la detención arbitraria de 31 personas ocurrida en los últimos 2 meses, entre las que se encuentran Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, quienes fueron detenidas y están privadas de libertad, una vez que anunciaron públicamente su intención de candidatarse a la presidencia, con lo cual fueron impedidas de continuar y formalizar su participación en el proceso electoral.

En este contexto de cierre de las vías de participación de la oposición en las elecciones, el 2 de agosto de 2021, fecha de cierre del plazo para la presentación y registro de personas candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República de Nicaragua, el actual titular del ejecutivo anunció junto con la vicepresidenta la formalización de su candidatura para un cuarto periodo consecutivo al frente del Poder Ejecutivo

Además, el 3 de agosto, la CIDH condenó la detención domiciliaria, restricción migratoria e inhibición para postularse a cargos públicos de Berenice Quezada, candidata opositora a la vicepresidencia por la Alianza Ciudadanos Por la Libertad, hecho ocurrido al día siguiente de haber anunciado su candidatura. El 5 de agosto, el Ministerio Público informó que la acusación presentada en contra de Berenice Quezada se basa en presuntos hechos que encuadran en el tipo penal de "provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas". Asimismo, indicó que el proceso se llevaría a cabo estando ella en libertad.

La CIDH también ha expresado su preocupación por la cancelación arbitraria de la personería jurídica de dos partidos de oposición, entre ellos, el Partido Restauración Democrática (PRD), el cual estaba colaborando con la Coalición Nacional para la selección de una candidata opositora.

Adicionalmente, el 6 de agosto, el Consejo Supremo Electoral determinó la cancelación de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad, lo que eliminaría la candidatura del único aspirante de la oposición que había logrado registrarse formalmente para la próxima elección presidencial. En su decisión, el CSE también solicitó la cancelación de la cédula de identidad nicaragüense de la presidenta del partido, Kitty Monterrey. El 8 de agosto, el Ministerio de Gobernación confirmó la cancelación de la nacionalidad nicaragüense, así como de la cédula de identidad, el certificado de nacimiento y la anulación de pasaporte de la presidenta del partido, quien ostenta otra nacionalidad y, a la fecha, permanecería oculta ante el temor de ser detenida y/o deportada.

Al respecto, la CIDH condena enérgicamente la resolución del CSE, misma que habría sido adoptada en contravención con la Constitución nicaragüense y con fundamento en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Como ha sido señalado por la CIDH, dichas normas restringen arbitrariamente la competencia electoral, el ejercicio de los derechos políticos, y otros derechos como la libertad de expresión y asociación.

La CIDH ha destacado que la persecución penal en contra de personas opositoras y precandidatas a la presidencia presentan varios elementos que violan el derecho a la libertad personal, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, y otras garantías del debido proceso. En virtud de ello, tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han ordenado al Estado nicaragüense la adopción de medidas cautelares y provisionales para la protección de la vida e integridad de algunas de las personas detenidas. A la fecha, el Estado no ha cumplido con las medidas ordenadas, ni con la liberación de las personas detenidas.

Estos hechos confirman el quebrantamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, con base en la concentración del poder en el Ejecutivo y con el progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas en el país, hechos que la Comisión ha venido señalando y condenando de forma sostenida en los últimos años, así como la situación de impunidad estructural de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de abril de 2018.

La Comisión reitera su llamado al Estado a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas o con ocasión de las mismas. Asimismo insta al Estado a cumplir con las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH, así como dejar sin efecto toda normativa que limite arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas, y habilitar la inscripción de las candidaturas correspondientes; además, restablecer un ambiente de libertades y respeto a los derechos políticos. Ello, con el fin de asegurar la realización de elecciones libres, justas y transparentes, de acuerdo con las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en 2017, y las resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización de los Estado Americanos. Finalmente, la CIDH urge a Nicaragua a poner fin a la impunidad, y a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática por medio del inicio de procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la grave crisis que experimenta el país.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

----------------------------------------

Comunicado de prensa 210 / 21  

 

La CIDH amplía medidas cautelares a favor de Francis Valdivia Machado y su núcleo familiar en Nicaragua

 

11 de agosto de 2021

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 7 de agosto de 2021 la Resolución 60/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Francis Valdivia Machado y su núcleo familiar, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Según fue indicado por la representación, Francis Valdivia Machado, como presidenta de la Asociación Madres de Abril (AMA), y su núcleo familiar vienen siendo objeto de seguimientos, intimidaciones y agresiones de parte de agentes policiales, y personas afines, en el actual contexto que enfrenta el país.

Anteriormente, mediante resoluciones 4/2020 y 51/2020, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Elizabeth Velásquez, Josefa Esterlina Meza, Tamara Patricia Morazán Martínez y Lizeth de los Ángeles Dávila Orozco, también integrantes de la AMA en Nicaragua.

En el asunto particular, la Comisión observó que los hechos alegados reflejaban una especial animadversión hacia la señora Francis Valdivia, lo que estaría relacionado a sus labores al interior de la AMA. Asimismo, la Comisión advirtió con especial preocupación que la señora Francis Valdivia no solo había sido objeto de hostigamientos o intimidaciones, sino de agresiones en su contra de manera reciente. Si bien el Estado emitió respuesta a la solicitud de información, la Comisión observó que la información proporcionada no permitía analizar de qué manera vendría adoptando medidas para mitigar la situación alegada de la señora Valdivia y su núcleo familiar.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicitó al Estado de Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de Francis Valdivia Machado y su núcleo familiar. En particular, el Estado debe asegurar que los derechos de los beneficiarios sean respetados de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros; b) concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; y c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición.

El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen un prejuzgamiento a una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Publicar un comentario

0 Comentarios