La CIDH presenta los proyectos de la Red Académica Especializada de Cooperación Técnica


 

Comunicado de prensa 140/21 

 

La CIDH presenta los proyectos de la Red Académica Especializada de Cooperación Técnica

 

1 de junio de 2021

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunica que como parte de la Red Académica Especializada de Cooperación Técnica (Red Académica), seleccionó diez proyectos propuestos por diferentes universidades de la región, a través de los cuales se generarán insumos para apoyar técnicamente el trabajo de Relatorías Temáticas y especializadas en sus acciones de monitoreo, promoción y protección de derechos humanos.

Estos insumos producidos por la Red Académica, anunciada el pasado 2 de marzo, servirán además para medir el nivel de cumplimiento, impacto y efectividad de las recomendaciones y decisiones de la CIDH vía el uso del SIMORE Interamericano que tiene por objeto mapear los casos exitosos, buenas prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de recomendaciones por parte de los Estados de la OEA.

Las universidades e instituciones que integran la Red Académica y están realizando los proyectos son la Facultad de Derecho de São Paulo y la Facultad de Derecho de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo de Brasil, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Nacional de Mar de Plata de la Argentina, el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad ICESI, de Cali, Colombia, el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús de la Argentina, el Centro de Investigación y de Publicación Socio Jurídico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Tecnológica Indoamérica del Ecuador, el Núcleo de Derechos Humanos del Departamento da PUC-Rio, de Brasil, el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad – IIDS de Perú, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Zulia, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y Aula Abierta de Venezuela, el Centro de Investigaciones de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa de Canadá, el Centro Académicos en Riesgo de Estados Unidos, y el Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos y Empresas del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad del Externado de Colombia.

Con estas instituciones las distintas Relatorías de país, temáticas y especiales y la Sección de Seguimiento de Recomendaciones de la CIDH estarán implementando una serie de proyectos y estudios que incluirán la creación de una cátedra para promover la labor general de la Comisión entre la comunidad académica y los estudiantes, así como la labor que realiza vía varias de sus áreas temáticas de trabajo incluidas las referentes a las mujeres, personas afrodescendientes, LGBTI y migrantes.También, realizarán una serie de cursos sobre derechos de las personas migrantes, LGBTI y afrodescendientes, las mujeres y los pueblos indígenas, así como informes temáticos que facilitarán el monitoreo de la situación de los derechos humanos en distintos países de la región.

El trabajo elaborado en el marco de la Red también contribuirá para avanzar en encontrar nuevas formas de participación de las personas con discapacidad en el diseño e implementación de las políticas públicas y en la sistematización de información y análisis del nivel de cumplimento de las recomendaciones en distintas temáticas.

Además se contribuirá a la elaboración de los Principios Interamericanos de Libertad Académica y Autonomía Universitaria, que se basarán en las normas y estándares internacionales existentes, con un enfoque en grupos de especial protección; y se propondrán un sistema de indicadores para medir el impacto de las normas, principios y recomendaciones de la CIDH en la materia, entre otros proyectos.

Con estas actividades la Comisión busca dar cumplimiento a su Plan Estratégico de la CIDH 2017-2021, en particular, al Programa 12 del Objetivo Estratégico 3 que se enfoca en la relevancia de crear una Red Académica Especializada del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos; así como al Programa 5 del Objetivo Estratégico 2 del Plan, que tiene por finalidad mejorar el alcance e impacto del trabajo de monitoreo de situaciones de derechos humanos de los países desde un enfoque temático, a través de la articulación de sus diversas funciones y mecanismos.

La Comisión agradece a las universidades participantes en la Red Especializada por las propuestas e iniciativas presentadas cruciales para apoyarla en la implementación de sus mandatos de promoción y observación de derechos humanos en la región.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Comunicado de prensa 141/21  |  EN 

 

La CIDH presenta caso sobre México ante la Corte Interamericana

 

1 de junio de 2021

Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 1 de mayo de 2021 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile y otros respecto de México; el cual se refiere a la detención ilegal y arbitraria de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, a la aplicación de la figura del arraigo y a la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se siguió en su contra.

En su Informe de Fondo, la Comisión concluyó que las víctimas, detenidas en enero de 2006 por agentes policiales en una carretera entre las ciudades de Veracruz y Ciudad de México, fueron retenidas y requisadas sin orden judicial y sin que se haya evidenciado una situación de flagrancia. Al respecto, observó que el Estado no indicó la existencia de razones o parámetros objetivos que pudieran justificar la retención y la requisa; tampoco hizo referencia a legislación que establezca la exigencia de que las autoridades policiales rindan cuentas, por escrito y ante sus superiores, sobre el detalle de las razones que dan lugar a una retención y posterior requisa cuando no existe orden judicial ni flagrancia. En vista de lo señalado, se consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y que la posterior requisa del vehículo constituyó una afectación al derecho a la vida privada. También consideró que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, la CIDH analizó la figura del arraigo a la luz de los estándares interamericanos; y estableció que su aplicación en el presente caso constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar, cuya imposición no se encuentra justificada en relación con personas no condenadas y menos aún, respecto de personas que ni siquiera están siendo procesadas penalmente; que dicha situación afectó el principio de inocencia de las víctima; y señaló que dicha figura resulta contraria a la Convención Americana, constituyendo en este caso una detención arbitraria al no tener una finalidad legítima ni cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, se consideró que la aplicación de la detención preventiva luego del arraigo resultó arbitraria debido a que ésta se sustentó en supuestos indicios de responsabilidad, en la cual incluso se habla de una presunción de responsabilidad no desvirtuada por los imputados.

Adicionalmente, la Comisión observó que el Estado no controvirtió los alegatos de la parte peticionaria respecto de la situación de aislamiento e incomunicación que sufrieron las víctimas en al menos dos ocasiones durante siete horas y media, y un día y medio, respectivamente; por lo que concluyó que tales hechos afectaron la integridad personal de las víctimas. Constató además que, a pesar de no existir sustento probatorio relacionado con las condiciones desfavorables en la casa de arraigo o en los centros penitenciarios donde estuvieron las víctimas, la sumatoria de violaciones derivadas de la privación de la libertad de manera arbitraria y con base en un proceso sin las debidas garantías judiciales afectó también su derecho a la integridad psíquica.

Finalmente, la Comisión consideró que el Estado violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.

Con base en dichas consideraciones, la CIDH concluyó que el Estado mexicano es internacionalmente responsable por la violación de los artículos 5.1 (derecho a la integridad personal), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 (derecho a la libertad personal); 8.1, 8.2, 8.2 b), 8.2 d), y 8.2 e) (derecho a las garantías judiciales); 11.2 (derecho a la vida privada); y 25.1 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.

En su Informe de Fondo la Comisión recomendó al Estado:

  1. Reparar integralmente a Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y a los derechohabientes de Gustavo Robles López, a través de medidas de compensación pecuniaria y de satisfacción, que incluyan el resarcimiento del daño material e inmaterial ocasionado como consecuencia de las violaciones declaradas en el informe.
  2. Brindar de forma gratuita, inmediata y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento de salud físico o mental a las víctimas del presente caso.
  3. Adecuar el ordenamiento jurídico interno, incluyendo las normas constitucionales y legales que mantengan la figura del arraigo, a fin de eliminar definitivamente dicha figura. Mientras ello ocurre, asegurar que operadoras y operadores de justicia, llamados a aplicar la figura de arraigo, la inapliquen mediante un debido control de convencionalidad, a la luz de los estándares establecidos en el informe.
  4. Llevar a cabo los procedimientos disciplinarios, administrativos o de otra índole que correspondan, a fin de investigar de manera diligente, imparcial y en un plazo razonable los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, con el objeto de esclarecer las múltiples irregularidades analizadas, establecer las respectivas responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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