La CIDH y su RELE rechazan entrada en vigor de reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales en Guatemala

 

La CIDH y su RELE rechazan entrada en vigor de reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales en Guatemala

 

19 de mayo de 2021

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) rechazan la entrada en vigor del Decreto 4-2020 que reforma la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (Ley de ONG) y el Código Civil en Guatemala. La CIDH y su RELE exhortan al Estado de Guatemala a derogar dichas reformas que restringen el espacio público, contraviene los derechos de asociación, a la libertad de expresión y dificulta desproporcionadamente la participación pública y la defensa de los derechos humanos.

Según información de conocimiento público, el 12 de mayo de 2021, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala revocó un amparo provisional y dejó sin efectos diferentes recursos interpuestos en contra de la entrada en vigencia de las reformas aprobadas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo y al Código Civil guatemalteco. Dichas reformas habían sido aprobadas por el Congreso de la República mediante Decreto 4-2020 del 11 de febrero de 2020, y sancionadas por el titular del Ejecutivo el 27 de febrero de 2020.

Como ha sido señalado por la CIDH, de entrar en vigor, las reformas aprobadas afectarían gravemente la capacidad de las organizaciones de derechos humanos de cumplir con su legítima labor de defender derechos humanos en Guatemala. El Decreto 4-2020, al reformar la Ley de ONG, establece un conjunto de requisitos para la constitución, inscripción, reglamentación, funcionamiento y fiscalización aplicables a las ONG nacionales e internacionales que, además de resultar excesivos y desproporcionados, en la práctica, podrían usarse de manera discrecional o arbitraria en perjuicio de las entidades de la sociedad civil en el país.

Asimismo, preocupa a la Comisión y a su RELE, el establecimiento de definiciones rígidas y limitativas de lo que constituye una ONG; así como la posibilidad de limitar con criterios vagos y ambiguos el acceso a financiamiento extranjero por razones de "orden público" mediante la imposición de sanciones, la cancelación del registro y la apertura de procesos penales. De igual forma, observa con preocupación que, el Decreto 4-2020 reformaría el Código Civil guatemalteco, con el propósito de incorporar facultades discrecionales a cargo del Ejecutivo relacionadas con la vigilancia y fiscalización de las actividades de las ONG, incluida la facultad de disolución, por razones de "orden público".

Por su parte, mediante comunicación del 19 de mayo, el Estado indicó a la CIDH que, "el contenido del Decreto 4-2020 del Congreso de la República, pretende mejorar el desarrollo de Guatemala estableciendo mecanismos que permitan transparencia en el actuar de las Organizaciones No Gubernamentales nacionales o internacionales, lo cual no representa limitación alguna a los derechos de asociación y libertad de expresión ni dificulta desproporcionadamente la participación pública y la defensa de los derechos humanos de los guatemaltecos, ni el desempeño de las actividades que realizan las ONG". Asimismo, el Estado puntualizó que, "en el modelo de gobierno de Guatemala existen mecanismos de pesos y contra pesos, siendo uno de ellos la labor que realiza la Corte de Constitucionalidad, la cual en el marco de sus competencias resolvió sin lugar las acciones de amparo interpuestas en contra del Decreto citado".

La Comisión recuerda que, el libre y pleno goce de la libertad de asociación impone a los Estados el deber de crear las condiciones legales y fácticas a través de las cuales las personas defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y periodistas puedan ejercer libremente su labor. En ese sentido, ha señalado que, si bien la obligación de garantizar el derecho de asociación no impide reglamentar la inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus jurisdicciones, de conformidad con el derecho a asociarse libremente debe asegurarse que los requisitos legales no impidan, retrasen o limiten la creación o funcionamiento de estas organizaciones. Al respecto, se exhorta a la especial observancia de los estándares establecidos en el Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas y la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

La Comisión y su RELE reiteran el papel de la libertad de asociación como una herramienta fundamental para ejercer de forma plena y cabal la labor de las y los defensores de derechos humanos, y la necesidad de que los Estados cuenten con organismos competentes para el registro de estas organizaciones que no cuenten con un amplio margen de discrecionalidad, ni disposiciones que contengan un lenguaje vago, ambiguo y discresional que pudiera limitar arbitraria y desproporcionadamente el ejercicio del derecho de asociación. En tal sentido, la Comisión y su RELE hacen un llamado al Estado a derogar las reformas aprobadas en tanto resultarían contrarias a los estándares en la materia.

Por último, la Comisión Interamericana lamenta que la decisión de la Corte de Constitucionalidad, que posibilita la entrada en vigor de las reformas mencionadas, ocurra en un contexto tras la negativa del Congreso de tomar posesión a una de las magistradas electas para el periodo 2021-2026. Por tal motivo, reitera su urgente llamado al Estado guatemalteco a garantizar la independencia judicial, mediante el respeto al proceso de nombramiento, conforme normativa interna y obligaciones internacionales.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.



Comunicado de prensa 127/21  |  EN  

 

La CIDH presenta caso sobre Perú ante la Corte Interamericana

 

19 de mayo de 2021

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 12 de mayo de 2021 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso Humberto Cajahuanca Vásquez respecto de Perú, referido a la violación de las garantías judiciales del señor Cajahuanca en el marco de un proceso sancionatorio seguido en su contra y que determinó la remoción de su cargo como magistrado de la Corte Superior de Justicia de Huánuco.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) inició un proceso contra Cajahuanca, argumentando que éste había nombrado a un juez en suplencia de manera irregular. El CNM consideró que con la omisión en el procedimiento, la víctima "incurrió en hechos que, sin ser delito, comprometen la dignidad del cargo de Presidente de la Corte Superior desmereciendo en el concepto público, conforme lo previsto por el artículo 31 inciso 2 de la Ley 26.397". En consecuencia, dispuso su destitución y la cancelación de su nombramiento como juez, no obstante, el ordenamiento jurídico preveía una sanción menor para la misma conducta. Adicionalmente, se le inició un proceso penal en el que finalmente fue absuelto.

Frente a la decisión de su separación del cargo presentó un recurso de reconsideración que fue resuelto negativamente por el CNM bajo los mismos fundamentos de la destitución. Posteriormente, presentó un recurso de amparo constitucional que fue declarado infundado, pues consideró que el CNM actuó en estricto cumplimiento de sus funciones y respetando sus atribuciones legales. En última instancia el Tribunal Constitucional declaró improcedente el amparo y señaló que había respetado las garantías del debido proceso sin que se acreditara alguna violación de derecho constitucional.

En su Informe de Fondo la CIDH realizó un análisis de los componentes de las garantías judiciales aplicables a los procesos disciplinarios seguidos contra jueces: el principio de legalidad y favorabilidad, independencia judicial y derecho a contar con decisiones motivadas, el derecho a recurrir el fallo y a la protección judicial. La Comisión observó que la causal prevista en la norma y aplicada al señor Cajahuanca Vásquez, revistió de significativa amplitud y no hacía referencia a conductas concretas que resultan reprochables disciplinariamente. Asimismo, observó que el marco normativo no distinguía las sanciones aplicables de conformidad con el nivel de gravedad de causales previamente delimitadas, de manera que la autoridad disciplinaria cuente con elementos para asegurar que la sanción impuesta sea proporcional a la gravedad de la conducta reprochable del juez. Además, el ente disciplinario optó por aplicar la norma más desfavorable.

Por otra parte, a CIDH estimó que el diseño normativo existente en ese momento no permitía identificar claramente elementos como el dolo o la gravedad de actos contra la imagen del Poder Judicial o la dignidad de sus miembros, aspecto que otorgaba una excesiva discrecionalidad al juzgador a momento de aplicar la sanción más severa, como ocurrió en el caso. En ese mismo sentido, la Comisión consideró que el fallo sancionatorio no ofrece una motivación y se limita a indicar que las conductas del señor Cajahuanca Vásquez fueron graves y demostraron el incumplimiento de esenciales deberes.

Finalmente, en relación con el derecho a recurrir el fallo y la protección judicial, la Comisión observó que no existía un recurso administrativo o judicial para obtener una revisión integral del fallo sancionatorio por parte de autoridad jerárquica. Asimismo, del contenido de las decisiones de amparo se desprende que los órganos competentes no realizaron un examen integral tanto de aspectos de hecho como de derecho respecto de la decisión de destitución de la presunta víctima, limitando el ámbito de su competencia a cuestiones de debido proceso.

En su Informe de Fondo la CIDH recomendó al Estado:

  1. Reincorporar a Humberto Cajahuanca Vásquez, en caso de ser este su deseo, en un cargo similar al que desempeñaba en el Poder Judicial, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparable a los que le correspondería el día de hoy si no hubiera sido destituido. Si por razones fundadas no es posible la reincorporación, pagar una indemnización alternativa.
  2. Reparar integralmente las violaciones de derechos declaradas en el presente informe incluyendo el pago de una compensación por las afectaciones materiales e inmateriales.
  3. Adecuar la legislación interna, para asegurar que los procesos disciplinarios en contra de las y los operadores de justicia sean compatibles con los estándares en materia de independencia judicial establecidos en el presente informe y cumplan con todas las garantías del debido proceso y el principio de legalidad. Específicamente, se deben tomar las medidas necesarias para que los procesos garanticen el derecho a recurrir el fallo sancionatorio y la protección judicial. Asimismo, asegurarse que las causales disciplinarias aplicadas y sus sanciones, cumplan con el principio de legalidad.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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