La CIDH otorga medidas cautelares a favor de Gustavo Adolfo Mendoza Beteta y familia en Nicaragua

 


Comunicado de prensa 114/21  

 

La CIDH otorga medidas cautelares a favor de Gustavo Adolfo Mendoza Beteta y familia en Nicaragua

 

4 de mayo de 2021

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 30 de abril de 2021 la Resolución 37/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Gustavo Adolfo Mendoza Beteta, quien estaría privado de libertad en la cárcel Jorge Navarro (conocido como "La Modelo") y su núcleo familiar, compuesto por María del Rosario Beteta Castañeda, Domingo Mendoza y Marbely Leal López. La Comisión consideró que la situación reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.

Según la solicitud, a raíz de la labor de oposición al actual gobierno de Nicaragua, el beneficiario Mendoza Beteta se encontraría privado de libertad en condiciones inadecuadas y siendo objeto de amenazas y actos de violencia por parte de agentes estatales. En este contexto, su familia también sería blanco de hostigamientos. En particular, la CIDH observó que supuestamente se encuentra en una celda pequeña que comparte con otras 20 personas, sin las condiciones mínimas de higiene, pues no habría baño, agua de pozo, luz solar o ventilación, estaría durmiendo en el piso y recibiendo comida cruda. Asimismo, se advierte que habría sido sujeto a agresiones y amenazas por parte de agentes penitenciarios y otras autoridades estatales, aportándose ejemplos de golpes recibidos, así como de hechos de violencia y amenazas, incluso de "ser desaparecido".

Al respecto, aunque no corresponde determinar por el mecanismo de medidas cautelares la legalidad de la condena penal del propuesto beneficiario o aun si él resulta ser efectivamente un "preso político" – pues lo anterior implicaría necesariamente valorar la arbitrariedad de su detención y procesamiento–, la Comisión indicó que, sobre la base de la información aportada por los solicitantes, puede concluirse con suficiente razonabilidad que existe cierta animosidad en contra del beneficiario, lo que a su vez puede incidir en el agravamiento de su situación de riesgo; y si bien valora lo señalado por el Estado en cuanto a las circunstancias de la privación de libertad y posterior procesamiento, advierte que, más allá de sostener que los alegatos de los solicitantes carecen de suficiente credibilidad, el Estado no aportó mayores elementos para desvirtuarlos.

Igualmente, se observó que la situación de riesgo alegada en contra de Mendoza Beteta se extendería a su núcleo familiar. Según lo aportado por la parte solicitante, la madre y el padre alegaron ser vigilados por agentes estatales que en las afueras de la casa que habitan. Asimismo, Marbely Leal López seguiría hostigada en las oportunidades que visitaría a Mendoza Beteta en la cárcel. En ese marco, la Comisión entiende que, pese incluso a estar involucrados presuntamente agentes estatales, el Estado no ha desplegado ninguna medida de protección a favor del núcleo familiar el propuesto beneficiario o informado sobre acciones de investigación pertinentes.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Gustavo Adolfo Mendoza Beteta y su núcleo familiar. En particular, el Estado deberá tanto asegurar que sus agentes respeten los derechos de las personas beneficiarias, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros; b) adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de Mendoza Beteta se adecúen a los estándares internacionales aplicables; c) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen un prejuzgamiento a una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.



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Comunicado de prensa 113/21  |  EN  |  

 

IPPDH y CIDH anuncian listado de las 100 personas seleccionadas para el Curso internacional 2021

 

4 de mayo de 2021

Washington D.C. - El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunican la lista de las 100 personas que fueron seleccionadas para la V edición del Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos.

La selección fue realizada con base en los criterios que se mencionan en la convocatoria, luego de una exhaustiva revisión de cada una de las 4136 postulaciones, recibidas que requirió un importante esfuerzo, atendiendo la cantidad y calidad de las postulaciones.

Se recibieron postulaciones de 45 países de América Latina y el Caribe, Europa y África. Las personas seleccionadas son funcionarias y funcionarios del sector público responsables del diseño, dirección, ejecución y evaluación de políticas públicas y miembros de organizaciones y movimientos sociales, académicos de los Estados miembros del MERCOSUR y de la OEA. Asimismo, entre los criterios de selección se buscó garantizar diversidad de representación geográfica, disciplinaria, de géneros, de pertenencia institucional, y se valoró en forma especial el desempeño de funciones de decisión y/o incidencia en políticas públicas.

Agradecemos todas las personas que se postularon a la V Edición del Curso Internacional. La CIDH y el IPPDH consideran este nuevo récord de postulaciones una reafirmación del interés y compromiso vigente en la región con los derechos humanos.

Cronograma:

  • Primera fase del 11 de mayo al 31 de agosto de 2021
  • Especialización sobre el SIDH (optativa): agosto de 2021
  • Segunda fase (semana de clausura): octubre 2021

El Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos busca formar a actores relevantes de la región en el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. A partir de una perspectiva que reconozca los avances y desafíos en la región, se ofrece una aproximación a las experiencias y a los retos que la implementación del enfoque de derechos humanos supone para la institucionalidad estatal. Esta instancia de capacitación combinará la formación teórica y práctica en los campos del derecho internacional de los derechos humanos, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, las ciencias sociales, y la administración pública, con presentación de experiencias prácticas de alto impacto para la garantía de derechos implementadas en los Estados de la región en los últimos años.

El IPPDH es una instancia técnica de investigación en el campo de las políticas públicas en derechos humanos. Sus líneas estratégicas de trabajo son aprobadas por la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del MERCOSUR (RAADH), para contribuir al cumplimiento y garantía de los derechos humanos, considerados ejes centrales de la integración del MERCOSUR. Su estructura fue pensada para cumplir con sus funciones de investigación, capacitación, asesoramiento técnico en la formulación de políticas públicas, así como la promoción de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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