La CIDH llama a México a prevenir y sancionar hechos de violencia en próximo proceso electoral

 


Comunicado de prensa 138/21  

 

La CIDH llama a México a prevenir y sancionar hechos de violencia en próximo proceso electoral

 

27 de mayo de 2021

Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa que, en el marco de las próximas elecciones a realizarse en junio de 2021 en México, han ocurrido hechos de violencia en contra de actores políticos en el país, incluyendo a personas precandidatas y candidatas políticas. En este sentido, la CIDH llama al Estado mexicano a prevenir la violencia garantizando medidas de protección y seguridad en el contexto del proceso electoral, así como a adelantar las investigaciones pertinentes con el objetivo de asegurar los derechos políticos.

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo 6 de junio de 2021, más de 19.000 cargos del ámbito federal, estatal y municipal serán elegidos en los comicios más grandes de la historia de México, que incluyen la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como la elección de diversos cargos estatales y municipales de las 32 entidades federativas.

A partir de información pública y datos oficiales, la Comisión ha observado la ocurrencia de preocupantes hechos de violencia ejercida en contra de personas precandidatas y candidatas, así como respecto de otras personas dirigentes o militantes de distintos movimientos o afiliaciones políticas. Entre el 4 de marzo y 21 de mayo de 2021, el Mecanismo de Protección a Candidatos registró 398 denuncias de amenazas o agresiones (226 hombres y 172 mujeres), incluyendo 13 asesinatos en contra de personas candidatas, particularmente respecto de aquellas aspirantes a cargos municipales y locales.

Por otro lado, a partir de información pública, la CIDH ha tomado conocimiento que, desde el inicio del proceso preelectoral en septiembre de 2020 y hasta el 26 de mayo de 2021, al menos 88 actores políticos habrían sido fallecido como consecuencia de la violencia, de los cuales 34 eran personas precandidatas y candidatas.

Según información pública, las agresiones se habrían presentado a través de amenazas telefónicas y redes sociales en los que se conmina a las personas a renunciar a sus candidaturas bajo el riesgo de afectaciones a su vida e integridad o a la de sus familiares, así como secuestros. Asimismo, se han denunciado actos de presunta intimidación, malos tratos físicos y verbales, así como actos disruptivos con el objetivo de interrumpir reuniones proselitistas en lugares públicos. Por otra parte, la Comisión observa que el INE ha registrado 54 quejas relacionadas con casos de violencia política contra mujeres por razones de género, particularmente en el ámbito municipal. La CIDH también observa la existencia de denuncias por presunta usurpación de candidaturas reservadas a personas indígenas y afromexicanas que habrían sido ocupadas por personas que no pertenecen a dichos grupos étnicos y raciales.

Por su parte, el Estado señaló que por medio del Mecanismo de Protección a Candidatos, se han otorgado medidas de protección a 65 candidatos, 40 de ellos cuentan con la protección de policías estatales, 17 de la Guardia Nacional y ocho de otras autoridades. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que existe instrucción del titular del Ejecutivo de proteger a los candidatos que se encuentran amenazados por el crimen organizado o por el crimen de cuello blanco, sin importar del partido que sean.

La Convención Americana garantiza el derecho de votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal y secreto, y que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Por lo tanto, la ocurrencia de ataques en contra de actores políticos, en el marco de un proceso electoral, además de las vulneraciones a los derechos a la vida e integridad, también afecta los derechos electorales de las personas electoras y candidatas.

En esta línea, los órganos del sistema interamericano han puntualizado la obligación de garantizar la plena igualdad y no discriminación respecto de grupos en situación de vulnerabilidad en contextos electorales. En el caso de los pueblos indígenas, el sistema interamericano ha reconocido su derecho a la participación política plena y efectiva, a través de sus representantes elegidos. Adicionalmente, la Convención Belem do Pará reconoce que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de sus derechos, entre ellos, sus derechos políticos. Por lo tanto, la CIDH reitera al Estado su deber de prevenir, sancionar y erradicar la discriminación, la violencia y el acoso políticos en contra de las mujeres en el marco de procesos electorales.

En este sentido, la CIDH manifiesta su rechazo por estos hechos de violencia, y llama al Estado mexicano a continuar garantizando, a través de su Mecanismo de Protección de Candidatos y otros medios pertinentes, las medidas de protección y seguridad para asegurar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad de las personas candidatas a elección de cargos de los distintos órdenes de gobierno y otros actores políticos, sin distinción alguna, con miras a asegurar que los derechos a elegir y ser elegido puedan ser ejercidos libres de violencia. Asimismo, la Comisión llama al Estado a iniciar las investigaciones, y continuar las que ya están en curso, de modo diligente sobre todos los hechos de violencia reportados.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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