Jueza acoge solicitud de medidas de coercion del MP, dispone 18 meses a imputados caso Coral y los envia a Najayo


El imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez fue condenado a arresto domiciliario bajo la custodia del Ministerio Público

La jueza Kenya Romero impuso 18 meses de prisión preventiva en las cárceles de Najayo hombre y mujer a los vinculado a la red de corrupción desmantelada el pasado mes de abril con la Operación Coral. La medida de coerción podría ser revisada en agosto del 2021.

El imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez cumplirá su medida de coerción en arresto domiciliario y bajo la custodia de la Procuraduria General de la República y autorizó a que el manejo de la información sobre la ejecución de esta medida, sea proporcionada al tribunal control del proceso con carácter confidencial. La información sobre este imputado será confidencial y solo a contactos y convocatorias del tribunal a los actos que lo pueda merecer.

El Ministerio Público solicitó a la juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejo del caso que siguen en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora).


También, contra el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Inicialmente, la misma medida fue solicitada contra el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez. No obstante, luego que el imputado declarara en el tribunal de manera amplia y detallada sobre cómo operaba la red de corrupción que distrajo millones de pesos del erario, el Ministerio Público decidió variar la solicitud por arresto domiciliario.

La directora general de Persecución del Ministerio Público dijo que esas pruebas que han presentado, sustentan hechos que son sumamente graves.

La jueza Romero acogió en cuanto a la forma el pedido del Ministerio Público y en cuanto al fondo la solicitud de declarar el caso asunto complejo.

Los imputados deberán cumplir 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
En tanto que Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora) lo hará en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.






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Pepca: El Ministerio Público sigue ocupando bienes millonarios como parte de la Operación Coral


El procurador adjunto Wilson Camacho asegura que el Ministerio Público llegará a todos los responsables de articular esta sofisticada red de corrupción y lavado de activos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que el Ministerio Público desarrolla una serie de diligencias de investigación en la que sigue identificando bienes millonarios de todo tipo, adquiridos de forma ilícita por la red de corrupción desarticulada con la Operación Coral.

“Este caso puede sorprender a toda la sociedad porque se trata de una red de corrupción que, sin imponerse límites, se dedicó a sustraer de las arcas del Estado grandes sumas de un dinero que bien pudo ser utilizado para fortalecer el trabajo de organismos de seguridad y, sobre todo, para mejorar las condiciones laborales de los hombres y mujeres que sirven en esos cuerpos armados”, dijo Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Indicó, además, que el Ministerio Público pone todo su empeño en llegar a todos los implicados en esta red de lavado.

La complejidad del Caso Coral, derivado de la operación de investigación, lleva al Ministerio Público a solicitar 18 meses de prisión preventiva contra los encartados hasta el momento en el expediente.

La medida de coerción la conoce la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien anunció que dará a conocer su decisión este lunes.

En el expediente figuran como encartados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien dirigió durante varios años el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), en el que se instaló el mecanismo de corrupción que sustraía fondos a través de las nóminas oficiales y que extendió sus garras de corrupción a entidades como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Con Cáceres Silvestre está imputada Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), quien se valió de sus actividades religiosas para desarrollar actividades ilícitas que afectaron al Estado y a los fondos de los contribuyentes.

También, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.



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