CIDH|RELE rechazan registro de organizaciones sin fin de lucro ante Oficina Contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de Venezuela

 


Comunicado de prensa 108/21  

 

La CIDH y su RELE rechazan el registro de organizaciones sin fines de lucro ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de Venezuela

 

30 de abril de 2021

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) rechazan la Providencia Administrativa No. 001-2021, que exige a las organizaciones sin fines de lucro a inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT). En este sentido, exhortan al Estado de Venezuela a dejar sin efecto esta providencia administrativa y garantizar el derecho de asociación de las organizaciones no gubernamentales.

La Providencia Administrativa No. 001-2021, que fue publicada en la Gaceta Oficial número 42098 con fecha de 30 de marzo de 2021, exige a las organizaciones de la sociedad civil inscribirse en un registro de la ONCDOFT. Dicha Providencia señala como parte de los requisitos indispensables para el registro dar a conocer las organizaciones donantes para el desarrollo de sus actividades, e identificar a las personas beneficiarias de sus labores, entre las cuales pueden existir víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Al respecto, la CIDH y su RELE advierten que requerir a las organizaciones sin fines de lucro registrarse ante la ONCDOFT e informar sobre sus donantes y beneficiarios tiene el potencial de promover la estigmatización de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Ante esto, recuerdan que en el caso de organizaciones defensoras de derechos humanos, no es legítimo que la legislación contra el terrorismo se utilice para reprimir sus actividades de defensa; y también observan con preocupación que, tras la publicación de esta Providencia, autoridades del Estado emitieron pronunciamientos tildando a las organizaciones que se manifestaron en contra de esta medida de "financiadoras de acciones terroristas".

Asimismo, la CIDH y su RELE encuentran preocupante que las organizaciones sin fines de lucro deban identificar a las personas beneficiarias de sus actividades, lo que podría incrementar su situación de vulnerabilidad y el riesgo de ser víctimas de represalias.

Por otra parte, la CIDH y su RELE reiteran que el derecho a recibir financiamiento en el marco de la cooperación internacional para la defensa y promoción de los derechos humanos está protegido por la libertad de asociación. En el mismo sentido se ha pronunciado la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha señalado que es legítima la recolección de donaciones y contribuciones de organizaciones gubernamentales e intergubernamentales extranjeras por parte de individuos, grupos e instituciones dedicadas a la promoción y protección de derechos humanos para la realización de sus actividades.

La CIDH y su RELE observan que esta Providencia se inscribe dentro de un entorno intimidante contra las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, en el que predominan campañas de desprestigio, estigmatización y actos de hostigamiento como retaliación a esta actividad. En su Informe Anual de 2020, la Comisión Interamericana hizo un llamado al Estado a asegurarse que las leyes que tengan como objeto el registro de organizaciones de derechos humanos no confiera a las autoridades facultades discrecionales para autorizar la constitución y funcionamiento de las organizaciones, ni que las mismas tengan un lenguaje vago o ambiguo que pudiera limitar el ejercicio del derecho de asociación. Por tanto, se insta al Estado a dejar sin efecto dicha Providencia Administrativa, pues preocupa que estas medidas, además de reafirmar la descomposición del Estado de Derecho y la democracia, pudieran ser utilizadas para reprimir, e inclusive deslegitimar y estigmatizar, la labor que desempeñan las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Por último, la CIDH y su RELE reiteran la importancia que la labor de las personas defensoras tiene para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y el papel protagónico que representan en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. Es urgente que el Estado de Venezuela reestablezca el estado de derecho y la democracia mediante medidas dirigidas a garantizar la independencia y el equilibrio de los poderes públicos, la participación en asuntos públicos sin ningún tipo de discriminación, y el control ciudadano hacia la actuación de los distintos poderes del Estado.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.


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Comunicado de prensa 107/21  

 

La CIDH comunica la publicación del Informe 41/21 del caso 13.642 Edgar José Sánchez Duarte y familia de Colombia

 

29 de abril de 2021

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informa su decisión de aprobar el acuerdo de solución amistosa relativo al caso 13.642 Edgar José Sánchez Duarte y familia de Colombia, suscrito el 9 de diciembre de 2020 entre los representantes de la víctima y el Estado colombiano.

El 1 de febrero de 2007, la CIDH recibió una petición presentada por Graciela Sánchez Duarte y la Corporación Colectivo de Abogados Opción Jurídica, en la cual se alegaba la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la ejecución extrajudicial de Edgar Sánchez Duarte por miembros de la extinta Unidad Antisecuestro y Extorsión—UNASE, en la ciudad de Valledupar, Cesar, así como, por la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos. Los peticionarios alegaron la presunta violación al derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal, así como, la falta de garantías y protección judicial e igualdad ante la ley.

El 7 de julio de 2018, la Comisión emitió el Informe de Admisibilidad No. 81/18 sobre el caso 13.642 Edgar José Sánchez Duarte y Familia, en el cual concluyó que la petición era admisible en relación con la presunta violación de los derechos contenidos en los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 17 (protección de la familia), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El 14 de julio de 2020, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa en el cual el Estado colombiano reconoció la responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos humanos cometidas en perjuicio de Edgar Sánchez Duarte, en los términos acordados por las partes. De igual forma, el Estado se comprometió a realizar un acto público de desagravio y disculpas públicas, a brindar atención médica y psicosocial a los familiares del señor Edgar Sánchez Duarte, a otorgar un auxilio económico a favor de Edgar José Sánchez Fuentes, hijo de la víctima, con el objetivo de financiar un programa académico de nivel técnico profesional, tecnológico, universitario o de postgrado y a pagar una reparación pecuniaria a la luz del mecanismo establecido en la Ley 288 de 1996.

Al respecto, la CIDH valoró en su Informe de Solución Amistosa No. 41/2021, el cumplimiento total de los compromisos relacionados con el acto de desagravio y su difusión en la página web de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, así como en distintas redes sociales y medios de comunicación. Por su parte, consideró que las medidas relacionadas con la atención médica y psicosocial aún no habían iniciado su ejecución y que la indemnización pecuniaria deberá ser implementada con posterioridad a la emisión del informe de homologación, por lo cual las declaró pendientes de cumplimiento. En ese sentido, el acuerdo de solución amistosa fue aprobado con un nivel de cumplimiento parcial. Por lo anterior, la Comisión continuará supervisando el cumplimiento de estos extremos del acuerdo hasta su total implementación e insta al Estado a desplegar las acciones necesarias para tal fin.

La Comisión Interamericana siguió de cerca el desarrollo de la solución amistosa lograda en el presente caso y valoró los esfuerzos desplegados por ambas partes durante la negociación del acuerdo para alcanzar una solución amistosa que resultó compatible con el objeto y fin de la Convención. Por lo anterior, congratula los esfuerzos realizados por el Estado para buscar la resolución de los asuntos ante el sistema de peticiones y casos individuales, a través del mecanismo de solución amistosa, y le felicita por la implementación parcial de este ASA. Así también, felicita a la parte peticionaria por todos los esfuerzos realizados para participar en la negociación e impulso de la implementación del acuerdo.

El Informe de Solución Amistosa No. 41/21 sobre el Caso 13.642 se encuentra disponible en este enlace.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.


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