CIDH reafirma ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación en el año 2020 en RD

 



La CIDH presentó su Informe Anual 2020 en el que analiza las situaciones libertad de expresión y difusión del pensamiento en los países de la región y en el caso de la República Dominicane en el año 2020 resalta los " Ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación".

En el informe indica que  " La Relatoría documentó diversas agresiones físicas y verbales, además de amenazas e intimidaciones contra reporteros de distintos medios, varias de las cuales se dieron en el contexto electoral que vivió el país en 2020".

 Así, por ejemplo, en el marco de elecciones municipales, el 12 de marzo el reportero gráfico Samuel Pichardo habría sido agredido a pedradas por José Rafael Inoa, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, cuando tomaba imágenes de un camión del que supuestamente se descargaban alimentos del Plan Social en la vivienda del dirigente, en la ciudad de San Francico de Macorís. En las imágenes difundidas por diversos medios de comunicación, se podría observar a José Rafael Inoa intentando impedir que el periodista registre el hecho.

El 14 de marzo, Faustino Reyes Díaz, corresponsal de Listín Diario y Grupo Telemicro, denunció que fue agredido por miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuando realizaba su trabajo en el municipio de Neyba, en las vísperas de las elecciones municipales. Según el periodista, le habrían intentado arrebatar el celular con el que se encontraba filmando en el espacio público, pero posteriormente fue auxiliado por vecinos y agentes de la Policía1887. Asimismo, el 26 de marzo, el Colegio Dominicano de Periodistas denunció que Faustino Reyes fue víctima de amenazas con armas por parte de “policías vestidos de negro” que patrullaban la zona de su residencia en Los Alcarrizos, y se habrían presentado violentamente a su puerta a exigirle que saliera porque “el comandante quería hablar con él”, a lo que el comunicador se negó1888. Según informó Faustino Reyes, el hecho habría ocurrido en la noche del 25 de marzo, minutos después de que el presidente diera un discurso sobre las contingencias de la pandemia por COVID-19. El Colegio Dominicano de Periodistas repudió la amenaza en su contra y pidió al director de la Policía Nacional protección para la vida del periodista. El periodista volvió ser hostigado y agredido el 5 de abril de 2020 por la noche, cuando agentes del Ejército Nacional lo detuvieron y esposaron durante dos horas en el municipio de Neyba, cuando grababa y tomaba fotos en las calles durante el toque de queda establecido por el Gobierno como medida de contingencia a la pandemia1889. Según la información disponible, el comunicador habría sido burlado y maltratado físicamente, como así también desprovisto de su celular, de donde le borraron todo el material de trabajo audiovisual que guardaba. El Colegio Dominicano de Periodistas condenó lo sucedido y destacó que la detención de Faustino Reyes Díaz desconocía el decreto presidencial 135-20, que exime a los trabajadores de la prensa de todo el país de las restricciones de circulación por toque de queda.

Esta Oficina tuvo conocimiento de que, en los primeros meses de la pandemia y supuestamente en virtud de las restricciones por el toque de queda, el periodista Miguel Eduardo Taveras Bejaran de Santiago de Los Caballeros, habría sido detenido por la Policía, quien lo esposó, lo introdujo en el vehículo, lo despojó de su cámara y lo llevó al destacamento en calidad de detenido. Ello, a pesar de haberse identificado como periodista y estar amparado en el decreto presidencial que les permite circular aunque rija el toque de queda,indica la CIDH.

Asimismo, el periodista Robert Vargas, director fundador del portal digital Ciudad Oriental, habría recibido intimidaciones por parte de un miembro de la seguridad del alcalde del municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Según denunció el reportero en su propio medio de comunicación, el 24 de abril un hombre del círculo más próximo de la seguridad del jefe municipal se le habría aproximado en forma agresiva, minutos antes de que la juramentación en su cargo, despojándose del “tapabocas” y advirtiéndole de modo amenazante “a partir de hoy Manuel Jiménez es el alcalde”

La Oficina también recibió información sobre las amenazas que habría recibido el periodista de Noticias Telemicro, Sandy Familia en el marco de un acto de la Asociación de Cafetaleros en apoyo al candidato del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo. Según la información disponible, miembros del Partido Revolucionario Moderno, de oposición, se habrían presentado a provocar disturbios en el acto y, cuando el periodista procedió a grabar los hechos, comenzaron a agredirlo física y verbalmente, calificándolo de “periodista del gobierno” e intentaron arrebatarle la cámara, que fue dañada en el forcejeo.

Entre otros hechos preocupantes, en septiembre funcionarios de la Dirección General de Aduanas (DGA) habrían amenazado a los periodistas José Rivas y Mary Yerlin Paula con accionar legalmente en su contra si en un plazo de 24 horas no retiraban del portal digital Coberturatvonline.net, que dirigen, un artículo que los señalaba como integrantes de un grupo de funcionarios sometidos a la justicia, que afectaría su imagen1893. Según la información disponible, los comunicadores habrían recibido el 4 de septiembre un “acto de advertencia y puesta en mora”, a nombre del director de la DGA. El Colegio Dominicano de Periodistas llamó la atención del Presidente para que “instruya a sus funcionario que el derecho a investigar, buscar y difundir información veraz y objetiva es un derecho Constitucional del periodista, máxime cuando se trata de entidades y funcionarios públicos, que deben y tienen que ser tolerantes con las críticas en sus contras.

Es de especial preocupación de la Oficina la información acerca del señalamiento de la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, contra los periodistas Luis Eduardo -Huchi- Lora Iglesia y Altagracia Salazar, acusándolos de “enemigos de los programas sociales del Gobierno”. En un audio que se habría viralizado por mensajería instantánea --y cuya autoría luego fue reconocida-- la funcionaria ordenó atacar a través de las redes sociales a los periodistas por sus críticas al organismo, en especial por el cuestionamiento que habían hecho sobre la decisión de licitar electrodomésticos y enseres para el hogar, a solo unos días de las elecciones municipales. “Lo importante es, no es que escriban aquí, lo importante es que escriban afuera, que chequeen las redes, en todos los lados. Chequeen donde los hacedores de noticias, por ejemplo, busquen a Huchi Lora, Altagracia Salazar, Orlando Jorge Mera, búsquelos y cáiganles encima, que ese es un estúpido, aprovechando un artículo que no es”, se puede escuchar en el audio que circuló en redes sociales1895. Posteriormente, el periodista Eduardo Lora Iglesia manifestó que no se trató de una “imprudencia” sino que “es el modus operandi del gobierno. Enemigos de la libertad de expresión y del derecho de los ciudadanos a la libre información”

En 2020, los periodistas y medios de comunicación alertaron sobre obstáculos para cumplir su trabajo por parte del Gobierno nacional. Según la información disponible, se estaría limitando el acceso de la prensa a los despachos de los altos funcionarios en el Palacio Nacional, eludiendo información relevante de forma oportuna e incluso omitiendo información sobre eventos o reuniones de interés público1897. En el marco del Día Mundial por la Libertad de Prensa, el Colegio Dominicano de Periodistas remarcó que en la cobertura del COVID-19 varios periodistas del interior vieron vulnerado el libre ejercicio profesional. Asimismo, en octubre, convocados por la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO y el Colegio Dominicano de Periodistas, un grupo de comunicadores reflexionó sobre la especial relevancia del acceso a la información en el contexto de la pandemia. En este marco, señalaron que demanda del despliegue de mejores estrategias de transparencia activa por parte de las instituciones públicas, así como de un uso más eficiente y sistemático, por parte de la prensa y la ciudadanía, de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

Responsabilidades ulteriores

El 24 de enero de 2020 comenzó el juicio contra Marino Zapete, reportero de medios audiovisuales y quien trabaja actualmente en el canal Teleradio América, en el marco de un proceso penal por difamación impulsada por Maybeth Rodríguez, hermana del procurador general Jean Rodríguez Sánchez1899. La denuncia penal fue iniciada luego de que, en septiembre de 2019, el periodista diera a conocer en su programa noticioso “El Jarabe” sobre presuntos actos de corrupción cometidos por los hermanos en el marco de proyectos de infraestructura pública. De acuerdo a información proporcionada por el Comité para la Protección de Periodistas, luego de la emisión del programa en cuestión, el procurador general habría llamado al propietario de Teleradio América, amenazándolo con presentar una acción judicial contra el canal televisivo. Un mes después, el periodista fue despedido del canal, después de negarse a retractarse.

 En el marco de la audiencia celebrada el 24 de enero, la defensa de Marino Zapete recusó al juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, alegando que no sería imparcial en el asunto al haber rechazado la mayoría de pruebas presentadas en favor del periodista sin notificárselo1900. La solicitud fue acogida por la Corte de Apelación, designando al juez Teófilo Andújar para conocer en el caso1901. 1178. La Relatoría saluda la decisión tomada el 18 de septiembre de 2020 por la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, que declaró extinguido el proceso por supuesta difamación e injuria contra el periodista y ordenó Maybeth Rodríguez el pago de las costas del proceso.

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