CIDH condena violencia en Cauca e insta a Colombia a reforzar desarrollo de políticas que cambien las causas estructurales de la violencia en el país, otorga medidas cautelares a favor de familias indígenas tsotsiles

 

Comunicado de prensa 103/21  

 

La CIDH condena la violencia en el Cauca e insta a Colombia a reforzar el desarrollo de políticas públicas que transformen las causas estructurales de la violencia en el país

 


27 de abril de 2021

Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la violencia en el Cauca, especialmente, por el desplazamiento forzado de la población y por el asesinato de personas con liderazgo social. La CIDH exhorta al Estado de Colombia a redoblar sus esfuerzos para desarrollar políticas públicas que aborden las causas estructurales de la violencia en el país y que garanticen el accionar de las personas con liderazgo social con enfoque étnico diferenciado, así como fortalecer las medidas de atención a las personas desplazadas.

La Comisión ha venido monitoreando las vulneraciones a los derechos humanos vinculadas con la violencia en el país y en dicho marco ha tomado nota de la información de la Defensoría del Pueblo de Colombia donde se señala que, como consecuencia de las confrontaciones entre grupos armados ilícitos, el 26 de marzo más de 2 mil personas fueron desplazadas desde el corregimiento del Plateado hacia la zona urbana de Argelia, Puerto Rico y El Mango. El 17 de abril, como resultado de los enfrentamientos entre grupos armados ilícitos y entre éstos y el Ejército Nacional de Colombia, aproximadamente 250 personas fueron desplazadas en esta región. En conexión con estos hechos, al menos 9 personas civiles habrían resultado gravemente heridas por la explosión de una mina antipersonal. En estos enfrentamientos también habrían fallecido un miembro del Ejército Nacional de Colombia y varios integrantes de los grupos armados ilícitos, además de varias personas heridas. Entre el 24 y 25 de abril, se repitieron estos enfrentamientos en el municipio de Timbiquí, donde al menos 5 mil personas se encuentran en riesgo de desplazamiento.

La CIDH ha registrado los datos publicados por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) donde se señala que, durante el primer trimestre del año, en el departamento de Cauca 497 personas han sufrido el confinamiento forzado en sus viviendas y comunidades, así como 5.527 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado. De ellas, 4.700 en el municipio de Argelia; las situaciones restantes se han registrado en Guapi y Timbiquí.

Por otra parte, la Comisión observa con especial preocupación la violencia contra personas que ejercen el liderazgo social y, en este marco, condena el asesinato de Sandra Liliana Peña, Autoridad Indígena y Gobernadora del Resguardo de La Laguna, sucedido el 20 de abril en el corregimiento de Pescador, vereda El Porvenir de Caldono, Cauca, así como las amenazas contra otras personas con liderazgo y autoridades indígenas en esta región. Desde la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016, habrían sido asesinadas 271 personas con liderazgo social en el departamento del Cauca, el 51% de estos homicidios fueron contra de personas indígenas, el 26% contra personas campesinas con liderazgo social, y 11% contra líderes y lideresas afrodescendientes. Asimismo, la mayoría de líderes y lideresas habrían estado vinculados al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Este aspecto, sumado a que el 5,57% de las familias inscriptas en el PNIS, es decir 5.516 de las 99.097, tiene en marcha un proyecto productivo, es motivo de especial preocupación para la CIDH, debido al impacto de este programa en la construcción de alternativas a las economías ilícitas.

La CIDH urge a Colombia a redoblar sus esfuerzos para el desarrollo e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos destinadas a transformar las causas estructurales de la violencia, así como a implementar integralmente el Acuerdo de Paz, en el entendido de que este representa la posibilidad de avanzar en una agenda de políticas públicas destinadas a la transformación de las causas que subyacen en la violencia en el país.

Adicionalmente, la Comisión reitera el deber estatal de prevenir los hechos que motivan el desplazamiento interno y el confinamiento de personas. Lo anterior, mediante la adopción e implementación de medidas generales de prevención de carácter jurídico, político, administrativo y cultural, entre otras, que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos, así como la adopción e implementación de medidas específicas en los casos en los que es evidente que determinadas personas enfrentan un riesgo real e inmediato de ser víctimas de hechos cuya consecuencia será su desplazamiento y/o confinamiento, incluyendo actos de violencia. Finalmente, la Comisión Interamericana reitera su plena predisposición para contribuir en este proceso y pone a disposición del Estado y la sociedad civil sus herramientas de cooperación técnica.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Comunicado de prensa 104/21 

 

La CIDH otorga medidas cautelares a favor de familias indígenas tsotsiles de doce comunidades identificadas de Aldama, Chiapas en México

 

27 de abril de 2021

 

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 23 de abril de 2021 la Resolución 35/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de las familias indígenas tsotsiles que viven en las siguientes doce comunidades: (1) Coco´, (2) Tabac, (3) Xuxch´en, (4) San Pedro Cotzilnam, (5) Chayomte, (6) Juxtón, (7) Tselejpotobtic, (8) Yetón, (9) Chivit, (10) Sepelton, (11) Yoctontik y (12) Cabecera Aldama que viven en el Municipio de Aldama, Chiapas. La Comisión consideró que la situación reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.

La solicitud alegó que las familias indígenas en las comunidades de Aldama se encontraban en una situación de riesgo producto de agresiones, hostigamientos y amenazas por la presencia de personas armadas en la zona, lo que habría causado desplazamiento de las mismas en diversos momentos, en el contexto de un conflicto territorial en la zona. La CIDH valoró las acciones adoptadas por el Estado para atender la situación alegada; sin embargo, tras el monitoreo del asunto, advirtió que las agresiones armadas siguieron presentándose, incluso pese a contarse con un Acuerdo de No Agresión; así también las consideraciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos quienes, en diversas oportunidades, exhortaron al Estado a garantizar los derechos de los habitantes de la zona.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al Estado de México que: a) adopte las medidas de seguridad necesarias, y culturalmente pertinentes, para proteger la vida e integridad personal de las familias beneficiarias; específicamente, para garantizar la seguridad al interior de sus comunidades, y durante sus desplazamientos, con miras a prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia armada por parte de terceros; b) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.

El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen un prejuzgamiento a una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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