La CIDH rechaza la Ley de Agentes Extranjeros en Nicaragua y llama al Estado de Nicaragua a su derogación

 


Comunicado de prensa 43/21

 

La CIDH rechaza la Ley de Agentes Extranjeros en Nicaragua y llama al Estado de Nicaragua a su derogación

 

26 de febrero de 2021

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros en Nicaragua así como las afectaciones a varias organizaciones de la sociedad civil. La CIDH reitera que el contenido de la ley es inconvencional y llama a las autoridades estatales a su derogación.

La CIDH recibió información que indica que el Ministerio de Gobernación de Nicaragua, estaría tomando medidas para la implementación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Entre ellas, el 29 de enero, emitió el Acuerdo Ministerial 03-2021 , el cual reafirma el contenido contrario a los estándares internacionales de derechos humanos de la ley, tal como han sido señalados en comunicados 246 y 249, de octubre de 2020. Particularmente, la referida implementación administrativa dispone sanciones desproporcionadas, como la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones identificadas como agentes extranjeros, y establece multas que pueden llegar hasta casi 500 mil dólares. Del mismo modo, se disponen mecanismos específicos de criminalización que habilitan a la autoridad administrativa para requerir la intervención de los órganos de persecución penal por la presunción de la comisión de delitos contra la "seguridad del Estado".

La Comisión observa con preocupación que, ante la implementación de la nueva normativa, varias organizaciones civiles del país han expresado que no se someterán al referido registro y regulación, pues rechazan ser identificadas como "agentes extranjeros". Tal es el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y de PEN Nicaragua, que anunciaron en febrero que, suspenden indefinidamente sus actividades en el país. Otras organizaciones expresaron que continuarán funcionando sin registrarse, asumiendo las sanciones que se deriven de esta conducta. Del mismo modo, la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua (CPDH) señalaron recientemente a la CIDH que sus fueron sido seriamente obstaculizados por las propias autoridades del Ministerio de Gobernación, mediante la exigencia de nuevos requisitos o documentos no contemplados en la normativa.

La CIDH ha señalado que bajo la excusa de calificación de "agente extranjero" a cualquier entidad física o jurídica que sea beneficiaria o mantenga vínculos de cooperación internacional, dicha ley pretende silenciar a las personas y organizaciones identificadas como opositoras y evitar cualquier ejercicio de libertades públicas, como la de expresión, asociación, la de participar en la dirección de los asuntos públicos, derecho de protesta y derecho a defender derechos, entre otros. Asimismo, el contexto de falta de independencia y actuar arbitrario e ilegal de los órganos administrativos y judiciales en el país, hace prever el uso de esta normativa con el objetivo de producir un efecto inhibitorio del debate público y de la participación democrática, especialmente cuando se inicia el año en que se producirán en el país elecciones de alcance nacional para decidir las más altas investiduras del Estado.

Asimismo, la CIDH sostuvo que, el ejercicio de las libertades públicas, entre las cuales está la libertad de expresión, es especialmente crítico en períodos electorales, en que la sociedad debe tener acceso a información que exprese diversos puntos de vista sobre los asuntos públicos.

Esta Ley se implementa junto con otras recientemente aprobadas que son materia de preocupación de la CIDH por estar destinadas a los mismos fines de generar un efecto de amedrentamiento que limita la libertad de expresión contrarios a los estándares interamericanos en derechos humanos: Ley Especial de CiberdelitosLey de Defensa de los Derechos del Pueblo y Reforma al Código Procesal Penal.

La Comisión hace un especial llamado al Estado de Nicaragua, a derogar esta normativa, así como a dejar sin efecto las leyes que impiden el ejercicio de las libertades públicas, que obstaculizan el debate democrático y que impiden el funcionamiento regular de las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Comunicado de prensa 44/20 

 

CIDH condena la muerte de 79 personas en cárceles de Ecuador

 

26 de febrero de 2021

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta y condena los hechos de violencia ocurridos en cuatro centros de privación de libertad ubicados en las provincias de Azuay, Cotopaxi y Guayas de Ecuador, que ocasionaron que al menos 79 personas privadas de libertad perdieran la vida. La Comisión Interamericana urge al Estado a investigar las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, a identificar y sancionar a los responsables. El Estado ecuatoriano debe adoptar las medidas necesarias para que este tipo de hechos no vuelva a ocurrir.

De acuerdo con información oficial, el 23 de febrero de 2021 tuvieron lugar diversos enfrentamientos entre personas detenidas pertenecientes a grupos rivales, que ocurrieron de manera simultánea en los Centros de Rehabilitación Social de No. 1 de Azuay, No. 1 de Cotopaxi, No. 1 de Guayas y No. 4 de Guayas. Según lo expresado por el Director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), dichos enfrentamientos se habrían iniciado durante la mañana, y a consecuencia de los mismos, se habría activado una alerta máxima en otros centros de privación de libertad, y se habría dispuesto la intervención de alrededor de 800 funcionarios policiales enviados para fortalecer la seguridad en los centros y servidores de Seguridad Penitenciaria, específicamente del Grupo GEA. Lo anterior, de acuerdo con lo informado por el SNAI, habría logrado prevenir la ocurrencia de hechos violentos en otros centros de privación de libertad.

Sumado a ello, según información oficial, en la noche del 24 de febrero servidores policiales efectuaron un operativo de requisa en el que decomisaron, artículos prohibidos, armas de fuego y de fabricación artesanal. De igual forma, el 25 de febrero, el Ministerio de Gobierno dispuso a las Gobernaciones activar Comités de Seguridad, especialmente en Azuay, Cotopaxi y Guayas.

La CIDH toma nota que las autoridades estatales y funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentran investigando estos hechos para aclarar los delitos cometidos. Al respecto, la Comisión enfatiza que los Estados tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran ser responsables.

Por su parte, la CIDH advierte que mediante comunicación del día 23 de febrero enviada al Presidente de Ecuador, la Defensoría del Pueblo indicó que la violencia intracarcelaria se ha profundizado desde el año 2018, con un aumento progresivo de muertes violentas. Lo anterior, principalmente a causa de la falta de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas vinculadas con las personas privadas de libertad.

En este contexto, la CIDH reitera el deber jurídico ineludible que tiene el Estado de Ecuador como garante de los derechos de las personas privadas de libertad, de realizar acciones concretas para garantizar su vida e integridad personal. Como parte de esta obligación, el Estado debe adoptar aquellas medidas orientadas a prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en los centros de privación de libertad, tales como desarmar a las personas detenidas, imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros artículos prohibidos, investigar y sancionar los actos de violencia en instalaciones penitenciarias, y prevenir el accionar de organizaciones delictivas con presencia en las cárceles.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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