CIDH acompaña con preocupación la situación política e institucional en Haití, y llama al diálogo con apego a los ddhh y el Estado de Derecho

 


Comunicado de prensa 38/21 FR

 

La CIDH acompaña con preocupación la situación política e institucional en Haití, y llama al diálogo con apego a los derechos humanos y el Estado de Derecho

 

23 de febrero de 2021

Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acompaña con preocupación los hechos de violencia, uso excesivo de la fuerza, intento de interrupción del orden constitucional y desestabilización de la institucionalidad democrática en el país, observados desde el 7 febrero de 2021. En este sentido, la Comisión urge al Estado a garantizar el pleno respeto de sus instituciones democráticas e independencia de sus poderes, y llama a todos los actores políticos y sociales a atenerse a los canales de diálogo institucional con apego a los principios y reglas del marco constitucional y democrático. Asimismo, el Estado debe garantizar el derecho de protesta de conformidad con los estándares internacionales. 

De acuerdo con información pública y recibida mediante sus distintos mecanismos de monitoreo, desde el 7 de febrero, la CIDH observa el aumento de las tensiones políticas y sociales, en contexto de los cuestionamientos sobre la duración del mandato presidencial. Al respecto, la CIDH ve con preocupación que dicha situación habría culminado con la detención de por lo menos 23 personas que estarían presuntamente involucradas en una tentativa fallida de golpe de Estado. Asimismo, advierte que, durante el fin de semana del 6 de febrero, un juez de la Suprema Corte se habría autonombrado presidente interino, y que, mediante Acto presidencial de 8 de febrero, se otorgó jubilación a tres jueces de la Suprema Corte. La Comisión recuerda su comunicado de prensa dela de 22 de enero de 2020, mediante el cual –en el contexto del fin del mandato de dos tercios del Senado y de 119 mandatos de miembros de la Cámara de Diputados– reiteró la necesidad de reanudar el diálogo político y preservar las instituciones democráticas. Asimismo, insta al Estado a investigar y esclarecer estos hechos, así como a adoptar medidas que garanticen la no repetición.

Por su parte, la Comisión destaca que tales actos ocurren en un contexto de protestas y violencia social elevada, así como de denuncias de uso excesivo de la fuerza. En particular, según la información recibida por la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión (RELE), el 8 de febrero dos periodistas habrían sido atacados y heridos con balas de goma cuando cubrían los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la zona de Champs-des-Mars, en Puerto Príncipe. Alvales Destiné, propietario y reportero de la emisora Actualités Locales TV, habría recibido un disparo en la mano mientras que Jeanril Méus, reportero del canal Tele Pam, habría recibido un disparo en el abdomen. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Bernard Mevs. Según pudo conocer la Relatoría, Jeanril Méus se encuentra en estado crítico y a la espera de ser intervenido quirúrgicamente. De igual forma, según información publicada en medios de comunicación, la CIDH observó que nuevas protestas ocurrieron el domingo 15 de febrero, cuando, miles de personas ocuparon las calles de la capital Puerto Príncipe. En esta ocasión, se habrían presentado disparos de armas no letales y uso de gases lacrimógenos. Estos hechos resultaron en al menos una persona fallecida y diversos reporteros heridos.

En este contexto, la CIDH y su RELE recuerdan que, es deber del Estado garantizar el ejercicio del derecho de protesta, que incluye los derechos de reunión pacífica y sin armas, de asociación y libertad de expresión. Tanto en su dimensión individual como colectiva, la protesta está dirigida a expresar públicamente opiniones, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia, o reivindicación, y a demandar el cumplimiento de derechos; y cumple un rol central para la defensa de la democracia. Por eso, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público.

La Relatoría Especial reitera que la libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir cualquier incidente. Las personas trabajadoras de prensa que cubren las protestas cumplen una función esencial al recabar y difundir información de lo que sucede en manifestaciones, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, se recuerda al Estado que debe brindar a las y los periodistas el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada sobre asuntos de elevado interés público.

Por otra parte, la CIDH advierte que tales situaciones ocurren en el marco de procesos institucionales y políticos del país, como lo es la preparación de elecciones parlamentarias y debates sobre la reforma constitucional. En este contexto, se reitera que la construcción de un canal de diálogo institucional y político resulta esencial para proteger y fortalecer las instituciones democráticas en Haití. Por ello, urge a todos los actores políticos y sociales a concertar un diálogo con apego al Estado de Derecho y a los derechos humanos. 

Ante la situación de inestabilidad política y tensión social observada desde mediados de 2018 –con momentos de inmovilidad y paralización de servicios sociales observados en el segundo semestre de 2019, con prácticas como el Peyi Lock la CIDH refuerza la necesidad de apego a las instituciones jurídicas y al marco constitucional. Tal como fue señalado mediante comunicado de prensa de 22 de enero de 2020, se resalta la relación intrínseca entre el respeto a los derechos humanos, la democracia y el desarrollo humano y económico. Asimismo, la CIDH toma nota del calendario electoral publicado el 8 de enero por el Consejo Electoral Provisional de Haití. Al respecto, la CIDH insta a que, en su caso, todos los actores involucrados utilicen medios e instrumentos de participación y reclamos autorizados por la Constitución y las leyes, respetando en todo momento, las instituciones democráticas del país. 

Por último, la CIDH reitera que mediante su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI), se continuará monitoreando los aspectos estructurales y sistemáticos de las tensiones políticas y sociales en el Estado haitiano. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

----------------

Comunicado de prensa 39/21 EN

 

La CIDH presenta caso sobre Argentina ante la Corte Interamericana

 

23 de febrero de 2021

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 3 de febrero de 2021 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Raghda Habbal e hijos, respecto de Argentina. El caso se refiere a la privación arbitraria de la nacionalidad argentina de Raghda Habbal adquirida por naturalización y de la residencia permanente de sus tres hijas e hijos, así como a las afectaciones a las garantías judiciales que se dieron en el marco de ambos procesos.

Raghda Habbal y sus hijas e hijos menores de edad, de nacionalidad siria, obtuvieron la residencia permanente argentina el 4 de julio de 1990 a través del marido de la señora Habbal, quien había obtenido un permiso de residencia. El 3 de abril de 1992 la señora Habbal obtuvo la nacionalidad argentina por naturalización, previo juramento y renuncia a su nacionalidad de origen. Sin embargo, al mes siguiente el Director Nacional de Población y Migración emitió la Resolución No. 1088 que declaró nulas las radicaciones de Raghda Habbal y sus hijas e hijos, debido a que una resolución previa había anulado la radicación de su marido. El 27 de octubre de 1994 se declaró nula mediante sentencia judicial la decisión que concedió la ciudadanía argentina por evidenciarse un accionar fraudulento para su obtención. Habbal presentó recurso de apelación y nulidad alegando que no había sido notificada del proceso de acuerdo a los requisitos legales, que no existía prueba sobre la presunta falsedad ideológica de los documentos ni su mala fe, y que el Juez Federal debió haber esperado la decisión en el proceso penal para determinar si existió fraude en el otorgamiento de la ciudadanía. Dicho recurso, así como todos los interpuestos posteriormente, fueron denegados

En su Informe de Fondo la Comisión observó que la Dirección Nacional de Migraciones no realizó ninguna consideración sobre la calidad de nacional de la señora Habbal y omitió por completo su estatus de ciudadana. La Comisión precisó que, aunque no existe constancia de que las órdenes de expulsión y detención precautoria se hubieran ejecutado, corresponde analizar si éstas fueron compatibles con la Convención Americana ya que, al no haber sido anuladas, tuvieron incidencia en la situación y derechos de tales personas. Al respecto, la Comisión concluyó que la ausencia de verificación de la condición de nacional, así como la orden de expulsión, implicaron que se profiriera una decisión incompatible con el derecho a la libertad de circulación y residencia.

Adicionalmente, la CIDH observó que la Resolución No. 1088 se profirió de oficio, sin la participación de las partes afectadas en el proceso, antes de la Resolución que afectaba sus derechos. Asimismo, concluyó que no consta que la señora Habbal haya recibido una comunicación sobre los cargos que se presentaron en su contra, que hubiera participado a fin de ser oída en el proceso, ni que se le hubiera permitido su defensa, incluyendo representación legal en un momento en el cual podía exponer que era nacional y no era permitida su expulsión, tampoco que haya existido la posibilidad de controvertir la decisión ante autoridad jerárquica. Con respecto a los niños, la CIDH estableció que, dado que no está probada su nacionalidad argentina, deben ser considerados migrantes en territorio argentino. Al respecto, observó que la Resolución No. 1088 fue emitida sin que se cumplieran las garantías mínimas que se deben brindar en este tipo de procesos de acuerdo a los estándares de la jurisprudencia interamericana. Concluyó que no consta que Raghda Habbal o su esposo, como madre y padre de tres niñas y niños, recibieran una comunicación sobre el procedimiento que se adelantaba, ni que, hayan sido escuchados en el proceso o se les permitiera contar con representación legal.

Respecto a la orden de detención contra Habbal y sus hijas e hijos, la CIDH consideró que la misma no fue motivada ya que tuvo como único fundamento la condición de migrantes irregulares que consideraba que reunían las cuatro personas involucradas en el proceso. Concluyó que la medida de detención precautoria no identificó cuál era el fin legítimo que perseguía, ni por qué era necesaria, idónea y proporcional. En el caso de la señora Habbal, la CIDH observó además que la orden no era procedente porque ella era ciudadana argentina, y en el caso de los niños estableció que no se respetó el principio de no detención migratoria de niñas y niños porque el Estado no explicó la existencia de circunstancias excepcionales y legalmente previstas, susceptibles de justificar la detención preventiva. Además, observó que las autoridades no tuvieron en cuenta que Raghda Habbal había tenido un hijo en Argentina.

Por último, la Comisión consideró que las autoridades argentinas omitieron tener en cuenta que la señora Habbal podría haber estado en una situación de apatridia debido a que le exigieron renunciar a su nacionalidad de origen para obtener la argentina y posteriormente la privaron de esta última; y concluyó además que las afectaciones a las garantías judiciales se dieron tanto en el marco del proceso administrativo que anuló las radicaciones, como en el proceso judicial que privó de la nacionalidad argentina a Raghda Habbal.

En vista de todo lo anterior, la Comisión determinó que el Estado de Argentina es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, al principio de presunción de inocencia, al principio de legalidad, los derechos de los niños y niñas, a la nacionalidad, a la libertad de circulación y residencia y a la protección judicial, dispuestos en los artículos 8.1, 8.2 b), c), d) y h), 9, 20, 22.1, 22.5, 22.6 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1.

En su Informe de Fondo la Comisión recomendó al Estado:

1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe de fondo tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción.

2. Dejar sin efecto la Resolución No. 1088 de la Dirección Nacional de Población y Migraciones que anuló la radicación de las víctimas.

3. En caso de ser el deseo de la víctima, reabrir el proceso judicial que culminó en la anulación de nacionalidad argentina de la señora Raghda Habbal y adelantarlo de conformidad con los principios del sistema interamericano expuestos en el informe y con respeto del principio de inocencia, de legalidad, los deberes de prevención de apatridia y las garantías procesales.

4. Adoptar una política de capacitación a las autoridades nacionales competentes en materia migratoria y de nacionalidad, a fin de asegurar su entrenamiento en los estándares del sistema interamericano en relación con la población migrante y los límites de las autoridades estatales al emitir órdenes de anulación de residencia, de ciudadanía, así como detención precautoria y expulsión de personas de un territorio. En especial, hacer énfasis en los límites de las autoridades cuando adoptan tales decisiones respecto a niños y niñas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Publicar un comentario

0 Comentarios