La CIDH condena la intensificación del hostigamiento en Nicaragua

 


Comunicado de prensa 002/20

 

La CIDH condena la intensificación del hostigamiento en Nicaragua

 

6 de enero de 2021

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la intensificación de actos de hostigamiento en Nicaragua contra personas identificadas como opositoras al Gobierno, defensoras y defensores de derechos humanos, así como contra víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. En ese sentido, la CIDH urge al Estado a cesar de inmediato estos actos.

A partir de la información y los testimonios recibidos por el MESENI, la Comisión advierte la intensificación de actos de hostigamiento en contra de las personas que son identificadas como opositoras al Gobierno, defensoras de derechos humanos, así como víctimas de la represión estatal. Dichos actos se manifiestan en el despliegue de equipos policiales, de personas civiles, en las afueras de los domicilios durante todo el día. Lo anterior, con el fin de impedir la salida de estas personas o sus familiares; o bien, identificar y registrar a toda persona que entre o salga del lugar. En otros casos, serían objeto de seguimiento, detenciones, amenazas y allanamientos domiciliarios.

Adicionalmente, la CIDH recibió información que indica que el 4 de diciembre pasado en horas de la noche, Carlos Pavón y Anielka Mendoza, -familiares de Richard Pavón y Hammer García asesinados en abril de 2018- así como las lideresas de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Neyma Hernández e Ivania Álvarez, fueron citadas a comparecencia policial, sin motivo legal y sin justificación alguna. Según la información disponible, al tratar de comparecer a la citación policial, tanto ellos como sus familiares, fueron impedidos de hacerlo por los propios agentes policiales que se encontraban rodeando sus domicilios, conforme al patrón ya descrito.

La Comisión conoció también el testimonio de Karen Lacayo, familiar del privado de libertad, Edward Lacayo. Al respecto, la Sra. Lacayo denunció que ha visto seriamente afectada su subsistencia, debido al impedimento de salir de su casa en las últimas semanas por el efecto intimidante que genera la vigilancia policial permanente en su domicilio. A su vez, dicha presencia policial pone en riesgo el pequeño negocio de venta de productos de primera necesidad que tiene en su casa por el supuesto temor que genera en sus clientes. Según información pública y reportes del MESENI, estas situaciones de “encierro policial” o vigilancia, seguimiento y hostigamiento han sido experimentadas también por Miguel Mora, excarcelado y director del medio 100% Noticias; Medardo Mairena, excarcelado y activo líder campesino, a quien la Policía no le permite salir de Managua; así como por varios líderes y lideresas de Managua, Tipitapa, Diriá, Granada y Nandaime, entre otros.

En relación con los actos de represión, la CIDH tomó conocimiento de la detención de Dorlin Antonio Montenegro Muñoz, el pasado 29 de noviembre, en la localidad del Meloconcito a 10 kilómetros de Wiwilí, sin que al momento de la detención se exhibiera una orden judicial o el motivo de la misma, ni el lugar en que permanecería detenido. La familia pudo dar con el paradero de Dorlin dos días después de haber sido detenido. Adicionalmente, una vez producida la detención, las casas de dos de sus familiares fueron allanadas violentamente por la policía, sin que se haya exhibido orden judicial. La familia Montenegro ha sufrido el asesinato de cuatro de sus miembros en el año 2019, sin que hasta la fecha se conozca investigación sobre los hechos.

La Comisión también conoció testimonios sobre la detención policial de un equipo del Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH) por un lapso de 2 horas ocurridos el 8 de diciembre. Además de estar sometidos a la vigilancia policial permanente de sus instalaciones, cuando tres de sus miembros se encontraban en Somoto haciendo acompañamiento y recabando testimonios de la familia de Gerardo de Jesús Guitérrez Guitérrez, asesinado el 6 de diciembre pasado en territorio hondureño, fueron detenidos por la policía del lugar. Asimismo fueron objeto de maltrato y despojados del trabajo de recolección de información sobre el caso, para luego ser liberados y obligados a dejar Somoto con dirección a Managua, bajo amenazas de detención y acusaciones legales.

La CIDH observa que esta intensificación de actos de hostigamiento se produce en momentos en que la sociedad civil inició la campaña “Navidad sin presos políticos” en la que se demanda la liberación de todas las personas privadas de la libertad en el contexto de la crisis de derechos humanos. La Comisión insta al Estado de Nicaragua a cesar de inmediato los actos de hostigamiento y a liberar a las personas privadas de su libertad en el marco de la crisis de derechos humanos, así como a restablecer las garantías democráticas y asegurar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, frente a las violaciones a los derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Comunicado de prensa 003/20

 

La CIDH rechaza la aprobación de la norma que restringe derechos políticos en Nicaragua

 

6 de enero de 2021

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza la aprobación de la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz” por parte de la Asamblea Nacional, el pasado 21 de diciembre. Al mismo tiempo urge al Estado de Nicaragua a derogarla.

De conformidad con su artículo 1, dicha iniciativa tendría por efecto prohibir que puedan optar a cargos de elección popular las y los nicaragüenses que, a juicio de las autoridades “encabecen o financien un golpe de estado”, “fomenten actos terroristas”, “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, “se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, “exalten y aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”, entre otros.

De conformidad con el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), todas las y los ciudadanos deben gozar del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; a votar y a ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y a acceder a las funciones públicas de su país. Dichos derechos además deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad. En este sentido, preocupa a la Comisión que la ley aprobada limitaría desproporcionadamente los derechos políticos consagrados en la Convención Americana.

En especial, preocupa a la CIDH que, en las hipótesis de privación del derecho de optar a cargos de elección popular previstas en la iniciativa, se encuentren calificaciones amplias sin que se precisen procedimientos, ni autoridades competentes para su determinación. Lo anterior, junto a la falta de independencia de las ramas de los poderes públicos, especialmente del Poder Judicial y del Consejo Supremo Electoral (ampliamente documentado por la Comisión en el Capítulo IV.B de su informe anual 2018 y 2019), deriva en un grave riesgo de aplicación discrecional y arbitraria de las disposiciones contenidas en la ley, lo que, a su vez, vulneraría los derechos políticos de las personas opositoras al actual Gobierno.

Asimismo, la Comisión toma nota de que la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz, se suma a otras leyes aprobadas en el presente año por la Asamblea Nacional, las cuales, además de contener disposiciones contrarias a la CADH, serían previsiblemente destinadas a la represión de las voces disidentes en el país, a saber: la Ley sobre Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos. En conjunto, dichas normas formarían parte de una estrategia más amplia de intensificación de la represión en contra de cualquier actor o actora que se oponga a la narrativa oficial.

En consecuencia, la CIDH urge al Estado de Nicaragua a derogar esta norma y a tomar medidas urgentes para restablecer el orden constitucional, recuperar las garantías propias de un régimen democrático y evitar la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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