Determinación del Secretario de Estado sobre atrocidades en Xinjiang

 Determinación del Secretario de Estado sobre atrocidades en Xinjiang


Departamento de Estado de los Estados Unidos
Oficina de la Portavoz
Para su divulgación inmediata
Declaración del Secretario Michael R. Pompeo
19 de enero de 2021

 

Estados Unidos de América ha tenido un rol de liderazgo mundial en los esfuerzos orientados a que los autores de las violaciones de derechos humanos más aberrantes respondan por sus acciones. Desde los juicios de Núremberg o la adopción de la Convención sobre el Genocidio de 1948 hasta la declaración sobre el genocidio perpetrado recientemente por ISIS contra yazidíes, cristianos y otras minorías religiosas en Irak y Siria, los estadounidenses han dado voz a quienes han sido silenciados por el mal, y han apoyado a quienes están vivos y reclaman verdad, Estado de derecho y justicia. No lo hacemos porque nos obligue algún tribunal internacional, órgano multilateral ni factor político interno. Lo hacemos porque es lo correcto.

En los últimos cuatro años, este gobierno ha puesto al descubierto la naturaleza del Partido Comunista Chino y lo ha llamado por lo que es: un régimen marxista-leninista que ejerce poder sobre el pueblo chino, que soporta un largo sufrimiento, mediante tácticas de adoctrinamiento y fuerza bruta. Hemos prestado particular atención al trato que presta el PCC al pueblo uigur, una minoría musulmana que reside principalmente en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang en China Occidental. Si bien el PCC ha demostrado siempre una fuerte hostilidad hacia todas las personas de fe, hemos observado con creciente alarma el trato cada vez más represivo que el Partido ofrece a los uigures y otras minorías étnicas y religiosas.

La exhaustiva documentación que realizamos de las acciones de la RPC en Xinjiang confirma que al menos desde marzo de 2017, las autoridades locales han intensificado de manera drástica la campaña de represión, que ya llevaba décadas, contra musulmanes uigures y miembros de otras minorías étnicas y religiosas, incluidos los kazajos étnicos y los kirguises étnicos. Sus políticas, prácticas y abusos moralmente deleznables e indiscriminados tienen por fin discriminar y vigilar de manera sistemática a los uigures étnicos como un grupo demográfico y étnico singular, limitar su libertad de viajar, emigrar y asistir a escuelas, y negarles otros derechos humanos fundamentales de reunión, expresión y culto. Las autoridades de la RPC han realizado esterilizaciones y abortos forzados a mujeres uigures, las han obligado a casarse con hombres no uigures y han separado a niños y niñas uigures de sus familias.

Los apparatchiks del partido han negado a los observadores internacionales el acceso irrestricto a Xinjiang y han rechazado informes creíbles sobre el agravamiento de la situación en el terreno. Al mismo tiempo, han intentado difundir relatos poco plausibles de uigures felices que participan en proyectos educativos, contra el terrorismo, para el empoderamiento femenino o de mitigación de la pobreza. A su vez, están transmitiendo mensajes mucho más nefastos a su propia población, en los cuales se refieren a los uigures como “tumores malignos” y comparan su fe con una “plaga contagiosa”, al tiempo que exhortan al Partido a asestar un golpe contundente, indicándoles que “no podrán erradicar una por una las malas hierbas que se ocultan entre los cultivos, sino que tendrán que fumigar con productos químicos para matarlas a todas”.

Desde que las fuerzas Aliadas dieron a conocer los horrores de los campos de concentración nazis, la premisa “Nunca más” se ha convertido en el clamor del mundo civilizado contra estos horrores. El simple hecho de que esta atrocidad se cometa de un modo distinto al que hemos observado en el pasado no hace que deje de ser un acto atroz. Por consiguiente, hoy formulo las siguientes determinaciones:

  1. Tras un examen minucioso de los hechos que se conocen, he determinado que desde al menos marzo de 2017 la República Popular China (RPC), bajo la dirección del Partido Comunista Chino (PCC), ha cometido crímenes de lesa humanidad contra el número predominante de uigures musulmanes y otros miembros de minorías étnicas y religiosas en Xinjiang. Estos delitos son continuos e incluyen: el encarcelamiento arbitrario u otras privaciones graves de la libertad física de más de un millón de civiles, esterilización forzada, la tortura de una gran proporción de las personas detenidas arbitrariamente, el trabajo forzado y la imposición de restricciones draconianas a la libertad de religión o credo, la libertad de expresión y la libertad de circulación. Los Tribunales de Núremberg al final de la Segunda Guerra Mundial juzgaron a los responsables de crímenes de lesa humanidad, los mismos delitos que se están cometiendo en Xinjiang.
  2. Asimismo, luego de un examen atento de los hechos que se conocen, he determinado que la RPC, bajo la dirección y el control del PCC, ha cometido genocidio contra el número predominante de uigures musulmanes y otras minorías étnicas y religiosas en Xinjiang. Creo que este genocidio no ha cesado y que estamos presenciando un intento sistemático por parte del partido-Estado chino de destruir a los uigures. Las autoridades que gobiernan el segundo país con mayor poder económico, militar y político del planeta han dejado en claro que están implicadas en la asimilación forzada y la eventual eliminación de una minoría étnica y religiosa vulnerable, al mismo tiempo que posicionan a su país como un líder global e intentan redefinir el sistema internacional a su imagen y semejanza.

Estados Unidos insta a la RPC a liberar de inmediato a todas las personas detenidas de manera arbitraria y a abolir su sistema de confinamiento, campamentos de detención, arresto domiciliario y trabajo forzado; poner fin a medidas coercitivas de control de la población, incluidas las esterilizaciones forzadas, el aborto forzado, el control de natalidad forzado y la separación de niños y niñas de sus familias; terminar con todas las formas de tortura y abuso en los lugares de detención; terminar con la persecución de uigures y otros miembros de minorías religiosas y étnicas en Xinjiang y otras partes de China, y ofrecer a los uigures y otras minorías perseguidas la libertad de viajar y emigrar.

Asimismo, pedimos a todos los órganos multilaterales y jurídicos pertinentes que apoyen a Estados Unidos en su esfuerzo por promover la rendición de cuentas de quienes son responsables de estas atrocidades. He dado instrucciones al Departamento de Estado de EE.UU. de que siga investigando y recabando información relevante acerca de las atrocidades que siguen ocurriendo en Xinjiang, y que ponga esta prueba a disposición de las autoridades pertinentes y la comunidad internacional en la medida en que lo permita la ley. Estados Unidos, por su parte, ha denunciado la situación y ha tomado medidas, al implementar una variedad de sanciones contra altos dirigentes del PCC y empresas de gestión estatal que financian la arquitectura de represión en todo Xinjiang.

Estados Unidos ha trabajado denodadamente para sacar a la luz lo que el Partido Comunista y el secretario general Xi Jinping desean mantener oculto a través de maniobras de confusión, propaganda y coerción. Las atrocidades causadas por Pekín en Xinjiang representan una afrenta extrema a los uigures, al pueblo de China y a todos los pueblos civilizados del mundo. No guardaremos silencio. Si se permite que el Partido Comunista Chino cometa genocidios y crímenes de lesa humanidad contra su propia población, entonces cabría preguntarse qué acciones se atreverían a tomar contra el mundo libre en un futuro no tan remoto.


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