La CIDH presenta casos sobre Honduras y Colombia ante la Corte Interamericana

 


Comunicado de prensa 241/20

 

La CIDH presenta caso sobre Honduras ante la Corte Interamericana

 

1 de octubre de 2020

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 20 de agosto de 2020 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Herminio Deras García y familia, respecto de Honduras. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución extrajudicial de Deras García, maestro, dirigente del Partido Comunista de Honduras y asesor de varios sindicatos de la costa norte del país, así como a las amenazas, detenciones ilegales y actos de tortura en contra de sus familiares. Estos hechos se llevaron a cabo en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras durante la década de 1980.

Entre los años 1977 y 1982 el señor Deras y varios de sus familiares fueron objeto de actos de allanamiento, detenciones, golpes y amenazas cometidos en muchos casos por agentes públicos; debido a su participación en actividades políticas y en organizaciones sindicales. A pesar de haber denunciado estos hechos, no se realizó ninguna investigación. En la madrugada del 29 de enero de 1983 Herminio Deras fue detenido por miembros del Batallón 3-16 durante una inspección de tránsito y posteriormente ejecutado en su vehículo. El 30 de julio de 1998 el Ministerio Público presentó una denuncia contra los miembros de dicho Batallón por la muerte del Herminio Deras. El 23 de mayo de 2005 el agente militar Marco Tulio Regalado fue condenado en segunda instancia a doce años de prisión por el delito de asesinato y el 27 de febrero de 2009 el Juzgado de Ejecución dictó orden de captura. La CIDH no cuenta con información sobre la captura del Tulio Regalado.

En su Informe de Fondo la Comisión determinó que lo sucedido en el presente caso constituyó una ejecución extrajudicial, en violación al derecho a la vida de Herminio Deras García. La CIDH observó además que dicha ejecución se dio en el marco de la “doctrina de seguridad nacional”, lo cual implicó la adopción de una práctica de graves violaciones de derechos humanos, y que la condición de líder sindical y dirigente político del Partido Comunista se circunscribe al tipo de perfil considerado como objetivo del gobierno de la época. La CIDH consideró asimismo que la ejecución extrajudicial, al haber sido cometida con un claro móvil de represalia por sus actividades como líder político y sindical, vulneró también sus derechos a la libertad de expresión y de asociación.

Por otra parte, la Comisión observó, con base en la información que no fue controvertida por el Estado, que agentes militares allanaron sin ninguna orden judicial los domicilios de 1) Herminio Deras; 2) los padres del Deras; y 3) dos domicilios de sus familiares en la ciudad de El Progreso.  Asimismo, agentes militares detuvieron a 1) Irma Isabel Deras luego de haber sido allanado su domicilio; 2) Otilia Flores y Elba Flores luego de haber sido allanado su domicilio; 3) Luis Rolando Deras; y 4) varios familiares del señor Deras en junio de 1984. La CIDH notó que las detenciones se efectuaron sin una orden judicial y sin que pueda afirmarse la existencia de una situación de flagrancia. Por el contrario, la Comisión toma nota de que éstas se realizaron luego de haberse efectuado un allanamiento arbitrario en diversos domicilios de los familiares del señor Deras. Asimismo, en el marco de estos hechos, observó que algunos de los familiares eran niñas y niños. Además, de acuerdo con la información aportada por la peticionaria y no desvirtuada por el Estado, en el contexto de los anteriores hechos, varios familiares fueron objetos de golpes y maltratos por agentes militares. En vista de lo anterior, la CIDH concluyó que el Estado de Honduras violó los derechos a la integridad personal, libertad personal, vida privada, y los derechos de niñas y niños, en perjuicio de familiares del señor Deras.

La Comisión concluyó que la salida del país del hermano del Deras y la imposibilidad de regresar a Honduras de la hermana, se debieron a la falta de investigación y ausencia de medidas efectivas de protección respecto de los hechos de violencia, amenazas y hostigamientos contra la familia. Con base en ello, consideró que el Estado es responsable por la violación del derecho de circulación y de residencia, en perjuicio de Héctor y Alba Luz Deras.

Por último, la CIDH concluyó que el proceso penal no fue llevado a cabo con la debida diligencia ni en un plazo razonable y que la responsabilidad penal del agente Marco Tulio Regalado fue establecida en el marco de un proceso con diversas omisiones e irregularidades, sin que la familia de la víctima hubiera contado con un esclarecimiento total de los hechos ni la determinación de todas las responsabilidades. Por este motivo, la Comisión consideró que a la fecha se mantiene una situación de impunidad por lo que el Estado vulneró los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, así como el derecho a la integridad personal, en perjuicio de los familiares del señor Deras.

En su Informe de Fondo la Comisión recomendó al Estado:

  1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de Fondo, incluyendo una justa compensación por el daño material e inmaterial, así como medidas de satisfacción debidamente concertadas con los familiares.
  2. Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para los familiares de Herminio Deras García. Estas medidas deben implementarse en caso de ser voluntad de las víctimas y de manera concertada con ellas y sus representantes.
  3. Realizar una investigación completa y efectiva de las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de Fondo. Ello debe implicar 1) que se desplieguen todos los esfuerzos necesarios para lograr la captura de Marco Tulio Regalado a fin de que cumpla la condena impuesta; y 2) que se investiguen todas las demás responsabilidades en la justicia penal ordinaria.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.


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Comunicado de prensa 244/20

 

La CIDH presenta caso sobre Colombia ante la Corte Interamericana

 

2 de octubre de 2020

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 8 de agosto de 2020 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso Pedro Julio Movilla Galarcio y Familiares, respecto de Colombia. El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla, líder sindical, militante del partido político de izquierda PCC-ML, y activista social colombiano, ocurrida el 13 de mayo de 1993.

En su Informe de Fondo la Comisión determinó la existencia de múltiples elementos indiciarios, circunstanciales y de contexto para atribuir la desaparición de la víctima al Estado. La Comisión resaltó que, a la época de los hechos, existió un contexto de persecución específico contra las personas con el perfil político y social del señor Movilla. En particular, la CIDH consideró que confluían al menos tres contextos relevantes a efectos del caso: el contexto relativo a la identificación de sindicalistas dentro de la noción de enemigo interno en los manuales estatales de inteligencia y contraguerrilla; la violencia política en Colombia, que derivó en alarmantes cifras de ejecuciones y desapariciones de personas vinculadas con ciertos partidos políticos con las características del PCC-ML; y la alta incidencia de desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado en Colombia.

Asimismo, la CIDH corroboró la existencia de otros elementos que apuntaban a la persecución sufrida por él y su familia, tales como seguimientos, avistamiento de vehículos desconocidos estacionados fuera de su casa, las advertencias, por parte de desconocidos en la calle, a la víctima para que se preocupara por su seguridad, entre otros. Sumado a ello, la Comisión tomo en consideración la existencia de actividades de inteligencia por parte de cuerpos de seguridad del Estado respecto del señor Movilla, las cuales lo identificaban con detalles tanto de su labor sindical como de su militancia política, así como una supuesta vinculación con un grupo guerrillero, todo lo cual lo colocaba en posición de ser blanco de los cuerpos de seguridad del Estado en la época de los hechos.

Frente a los anteriores aspectos que sugieren la participación de agentes estatales en la desaparición de la víctima, la Comisión observó que, frente a la noticia de la desaparición, existió un rechazo apresurado del habeas corpus presentado para dar con su paradero, con fundamento en la formalidad de no haber identificado el lugar de la detención, cuestión que se tradujo en una negativa a establecer la detención y destino de la víctima. La CIDH entendió que las siguientes acciones practicadas para la ubicación física de la víctima solo se realizaron 15 años después, lo que permite afirmar que la omisión en buscar diligentemente a la víctima contribuyó con el encubrimiento de su detención y destino o paradero. De igual manera, la Comisión notó que el Estado no logró explicar la naturaleza de los seguimientos y anotaciones de inteligencia de Pedro Julio Movilla Galarcio y la relación de las mismas con su desaparición, contribuyendo a la incertidumbre y encubrimiento de lo sucedido. A la fecha, no se conoce su destino o paradero.

Por lo anterior, y como resultado de los múltiples indicios valorados a la luz de los contextos descritos, la CIDH concluyó que el Estado es responsable internacionalmente por la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla Galarcio, y por tanto, por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal establecidos en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 y 2. Asimismo, tomando en cuenta que, a la fecha de entrada en vigor de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas para Colombia, la desaparición forzada continuaba cometiéndose, la CIDH concluyó que el Estado también violó el artículo I a) de dicho instrumento.

En su Informe de Fondo la Comisión estableció además que la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla Galarcio respondió a su supuesta vinculación con una organización subversiva, lo que fue derivado, sin que existiera condena penal en firme, del liderazgo social de la víctima y su pertenencia a organizaciones sindicales y políticas de ideología de izquierda. Para la Comisión, esta correlación establecida por los órganos de inteligencia militar se enmarca en el contexto en el que se produjeron los hechos y responde a una lógica selectiva de las operaciones de seguridad nacional que criminalizó la participación de Pedro Julio Movilla Galarcio en organizaciones sindicales y políticas. Teniendo en cuenta el móvil y carácter selectivo de la desaparición forzada, la CIDH también concluyó que el Estado vulneró el derecho a la libertad de asociación establecido en el artículo 16 de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 y 2.

Asimismo, la Comisión encontró que el Estado tampoco cumplió con sus obligaciones de debida diligencia en la investigación de la desaparición del señor Movilla. Además de la falta de efectividad del recurso de habeas corpus para determinar lo ocurrido, la CIDH tomó en cuenta que durante la investigación las diligencias se realizaron de forma tardía, y el Estado no desplegó sus máximos esfuerzos para identificar el carácter selectivo de la desaparición y su relación tanto con las actividades sindicales y políticas de Pedro Julio Movilla Galarcio, como con las anotaciones de inteligencia. Además, la investigación fue impulsada separadamente por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y Fiscalía General, y si bien los avances de las mismas fueron comunicados entre sí, la Comisión constató una fragmentación de las diligencias, llevando a la repetición de muchas de ellas en ambos procesos, con un impacto en la dilación de las investigaciones. Sumado a lo anterior, la participación de los familiares en la investigación fue limitada, siendo rechazados por varios años sus intentos de constituirse como parte civil en el proceso. La CIDH notó que, a pesar del transcurso de más de 25 años, la investigación penal aún permanece en etapa preliminar, incurriendo en una demora irrazonable.

En vista de lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado violó los derechos establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1, y el artículo I b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas a partir de la entrada en vigencia de este instrumento para el Estado.

Finalmente, la CIDH consideró que la desaparición de Movilla, la incertidumbre sobre su paradero o destino, así como la ausencia de una investigación completa y efectiva en relación con los hechos, ocasionaron sufrimiento y angustia en sus familiares, en violación del derecho a la integridad psíquica y moral establecido en el artículo 5 de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1.

En su Informe de Fondo la Comisión recomendó al Estado:

1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de Fondo, tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción.

2. Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de los familiares de Pedro Julio Movilla Galarcio, de ser su voluntad y de manera concertada.

3. Investigar el destino o paradero de Pedro Julio Movilla Galarcio y, de ser el caso, adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares los restos mortales.

4. Concluir la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de Fondo.

5. Disponer mecanismos de no repetición que incluyan: i) la derogación de los reglamentos y manuales militares indicados en el Informe de Fondo y otros que puedan identificarse, ii) la instrucción explícita del alto mando militar y policial a todas las instancias jerárquicas de la imposibilidad de la aplicación de los reglamentos y manuales militares indicados por su incompatibilidad con la Convención Americana; y iii) asegurar la discontinuidad de las prácticas instaladas por el uso de dichos reglamentos y manuales y la noción de “enemigo interno” a través de la incorporación del presente caso en las capacitaciones relativas a derechos humanos que se dirigen al personal policial, militar y órganos de inteligencia.

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