Debate que nos hace falta

 Debate que nos hace falta .....

 

Ilustración de fuente externa.

Cuando asumió el poder por primera vez en el período 1996-2000, el presidente Leonel Fernández encantó a los dominicanos con la idea de "capitalizar" las empresas que conformaban el patrimonio nacional.

Se nos dijo, era una forma idónea de lograr eficiencia y calidad en los servicios que se ofrecen a la población. De CORDE, existían unas 24 empresas de unas 30 que tuvo originalmente esa corporación ya en 1999. Hoy, sólo dos de ellas siguen arrendadas y reportando algunos beneficios: Molinos Dominicanos y la Tabacalera.

La capitalización, se hizo bajo el amparo de la Ley General de Reforma de la Empresa Pública (la número 141-97). Incluyó a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA). 

Era Antonio Isa Conde, entonces presidente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), entidad responsable de conducir todo el proceso de capitalización, el cual fue el sacerdote para defender la tesis de que ante las dificultades para el crédito a las empresas del pueblo, sobre todo la CDE, el camino que tenía (el país) era capitalizar".

Desde el año 1997 los dominicanos hemos sido testigos de cómo los presidentes de la República han tomado la decisión unilateral, de despojar al pueblo dominicano de sus propiedades y pasársela al dominio del sector privado, bajo figuras jurídicas y modalidades inventadas, pero que conducen a un solo camino, que el pueblo se quede sin propiedades. 

Se supone que el marco de actuación de un jefe de Estado es la Constitución de la República y en base a ellas, leyes que normen las actuaciones de los funcionarios. Muchas leyes se construyen perversamente, aprovechando la ignorancia o indiferencia del pueblo, como argumento para justificar hasta hechos impropios. 

Es así como basándose en una Ley 141-97, de fecha 24 de junio de 1997, se prevé la creación de un Fondo Patrimonial para el Desarrollo, en el cual será colocada toda la propiedad accionaria del Estado de la empresa capitalizada y/o los recursos generados por cualquiera otra de las modalidades establecidas en dicha ley, así como los beneficios y dividendos que éstos produzcan, no objetos de reinversión. En la práctica, en los hechos, ha sido asi?.Los hechos y resultados,son los que hablan.

Los resultados al día de hoy  nos indican que esta decisión de Fernández terminó en un fraude en contra del patrimonio del pueblo dominicano. 

Con asombro observamos que en este momento, en el gobierno del PRM se prepara la "segunda fase" de ese mismo proceso, esta vez con el nombre de Alianza Público-Privada, pero que en el fondo, parece lo mismo que los objetivos del  Fondo Patrimonial Para el Desarrollo, ya que el pueblo dominicano se quedó sin las riquezas y los puestos de trabajo que podían generarse y que implicaban las empresas de CORDE y el CEA entre otros recursos. 

Leonel Fernández que agotó tres períodos gubernamentales, y pretende regresar a la presidencia de la República aún no le ha explicado a este pueblo las razones -y resultados- de esa decisión, y lo único que tenemos como resultado es el vil -despojo del patrimonio público- que ha ido a parar a manos privadas. Está pendiente de "debate" acerca de " sí Leonel Fernández no era el propietario del patrimonio público, porque decidió su traspaso al sector privado?. 

Hay muchas preguntas pendientes que Leonel Fernández debería responder y aún no lo hace, entre ellas, las razones del "peaje sombra" en la carretera Santo Domingo- Samaná donde hay que pagarle a una empresa extranjera la diferencia de los vehículos que no pasen por allí a pagar el peaje. Asimismo porque se negocio con la minera canadiense Barrick Gold un contrato para extraer el oro mediante el cual el país sólo recibe 3 dólares, sí la onza de oro no sobrepasa de los $900 dólares. De quién es el oro de la minera canadiense o del pueblo dominicano?. Qué derecho tenía Leonel Fernández a entregar de manera tan entreguista nuestro oro? 

Tienen los presidentes dominicanos derecho a quitarle al pueblo dominicano su patrimonio para pasárselo al sector privado y a los intereses extranjeros?. Ese debate aún está pendiente y ojalá que se realice. 

El formato de permitir la participación del sector privado en las propiedades públicas sólo ha dado como resultado el despojo. El resultado que está a la vista es que hay una actitud en la clase política dominicana de querer reducir el tamaño del Estado, sus responsabilidades sociales y su papel solidario. No estamos listo para vivir en un ambiente de privatización total sin la protección del Estado cómo han pretendido algunos de nuestros gobernantes. 

Igual pregunta hay que hacer si ahora con el presidente Luis Abinader y su proyecto de Alianza Público-Privada. Quién es el propietario del patrimonio público?. Tienen los presidentes derecho a despojar al pueblo dominicano de sus bienes para pasárselo a sector privado?. Ese debate deberemos realizarlo. 

Es de suponer que la decisión de pasarle a sector privado propiedades públicas se debe debatir en el Congreso Nacional, donde suponemos que estamos representados, y este papel no puede ser sustituido por un decreto ni por una comisión. Con razón hay comentaristas que ya plantean que estamos frente a una segunda ola de privatizaciones del patrimonio público en esto que en el gobierno de Abinader le llaman Alianza público-privada.

El problema es, que el Pueblo Dominicano de hoy, no es el mismo del 1997-2000.

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