CIDH y RELE se preocupan por incumplimiento del Ministerio de Defensa Nacional con orden de inspección en archivos de la Fuerza Armada de El Salvador

 


Comunicado de prensa 247/20

 

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiestan grave preocupación por la negativa del Ministerio de la Defensa Nacional a cumplir con la orden judicial de realizar inspección en los archivos de la Fuerza Armada de El Salvador

 

8 de octubre de 2020

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifiestan su grave preocupación por la negativa del Ministerio de la Defensa Nacional a cumplir con orden judicial de realizar una inspección con intervención judicial en archivos de la Fuerza Armada de El Salvador en el proceso relativo a la Masacre de El Mozote y lugares aledaños. La CIDH y su Relatoría Especial instan al Estado salvadoreño a cumplir con su obligación de ordenar, sistematizar y poner a disposición la documentación y archivo vinculados con las graves violaciones a los derechos humanos bajo investigación como garantía del derecho a la verdad y justicia.

Según información de conocimiento público, el 21 de septiembre, un funcionario del Ministerio de la Defensa Nacional habría ha impedido la realización de una inspección judicial ordenada por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, en los archivos del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada salvadoreña. La diligencia integraría un conjunto de inspecciones a archivos militares determinadas por este juzgado en el marco del proceso judicial relativo a la Masacre de El Mozote y lugares aledaños.

De acuerdo con el Ejecutivo en pronunciamiento transmitido en cadena nacional el día 24 de septiembre, la negativa para cumplir dicha determinación judicial se justificaría por diferentes razones – entre ellas el riesgo de revelar información que tendría valor estratégico para el Estado y debido a que el juez de San Francisco Gotera no tendría jurisdicción sobre la Fuerza Armada. Asimismo, el Ejecutivo afirmó que los archivos en cuestión no existen porque estos habrían sido destruidos en el pasado. Por otra parte, indicó que se desclasificarán los documentos encontrados en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y en los cuarteles que presuntamente participaron en la Masacre de El Mozote y lugares aledaños y se entregarán a la Fiscalía General de la República.

Al respecto, la CIDH y su RELE condenaron la obstrucción realizada a la inspección judicial del 21 de septiembre y recordaron que la Corte Interamericana ordenó al Estado salvadoreño adoptar las medidas pertinentes y adecuadas para garantizar a las personas operadoras de justicia, así como a la sociedad salvadoreña, el acceso público, técnico y sistematizado a los archivos que contengan información útil y relevante para la investigación en causas seguidas por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.

La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reafirmado que, en causas de esa naturaleza, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades encargadas de la investigación o de proceso pendientes. En particular, las instituciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) han señalado que la decisión sobre la existencia de la documentación o de calificarla como secreta y de negar su entrega jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión del hecho ilícito. Asimismo, la CIDH recuerda que, en el marco de la visita in loco a El Salvador en diciembre de 2019, recomendó al Estado reconstruir los archivos de las fuerzas de seguridad que actuaron durante el conflicto armado interno y que hubiesen sido destruidos así como los documentos que no se produjeron cuando legalmente debían producirse.

Si bien la CIDH y su RELE toman nota del anuncio del Ejecutivo de desclasificar documentos militares vinculados a la masacre de El Mozote y sitios aledaños, llaman al Estado de El Salvador a garantizar a las personas que se desempeñan como operadores de justicia el acceso a toda información que pueda contribuir al conocimiento de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos investigadas, así como a realizar esfuerzos en la reconstrucción de los archivos que hayan sido destruidos. Adicionalmente, la Comisión y su Relatoría Especial instan al Estado a investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, la conducta de los funcionarios que obstaculizaron la investigación en cuestión y, luego de un debido proceso, aplicar, de ser el caso, las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes.

Finalmente, la CIDH y su RELE condenan las situaciones de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos y a la prensa durante la diligencia de inspección judicial a los archivos militares, las cuales habrían sido promovidas por veteranos militares, según información pública.

La Comisión y su Relatoría Especial hacen un reconocimiento a la labor de las personas defensoras de derechos humanos, operadoras de justicia y a la prensa en la promoción y respeto a los derechos humanos y, en particular, al derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad salvadoreña en su conjunto. En ese sentido, exhortan al Estado a garantizar que las personas defensoras y periodistas puedan realizar su labor, libres de cualquier forma de intimidación.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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