La CIDH Condena Ejecución de Lezmond Mitchell, único indígena en el Corredor de la Muerte Federal en Estados Unidos

 


Comunicado de prensa 229/20

 

La CIDH Condena Ejecución de Lezmond Mitchell, único indígena en el Corredor de la Muerte Federal en Estados Unidos

 

24 de septiembre de 2020

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la ejecución judicial de Lezmond M. Mitchell, ocurrida el 26 de agosto de 2020 en una prisión federal de Terre Haute, Indiana, en violación de sus derechos fundamentales y en contradicción con las recomendaciones emitidas por la Comisión en el Informe de Admisibilidad y Fondo publicado en su caso. El señor Mitchell, miembro de la Nación Navajo, era la única persona indígena en el corredor de la muerte federal.

El 2 de julio de 2017, la CIDH otorgó medidas cautelares (en inglés) a favor de Lezmond Mitchell, solicitando que Estados Unidos tome medidas para preservar su vida hasta tanto la Comisión decidiera sobre los alegatos planteados en su petición.

El 24 de agosto de 2020, la Comisión adoptó el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 211/20 en el que concluyó que Estados Unidos es responsable por la violación de los derechos de Lezmond Mitchell a la vida, a un juicio justo, a la protección contra el arresto arbitrario y al debido proceso legal, en relación con el proceso penal que culminó con la imposición de la pena de muerte. Los delitos por los que fue condenado el señor Mitchell fueron cometidos en territorio indígena e involucraron a miembros de la comunidad. La Nación Navajo y los familiares de las víctimas expresaron su oposición a la aplicación de la pena de muerte por ser contraria a sus creencias y tradiciones culturales. A pesar de ello, y de la recomendación de la oficina fiscal local de no solicitar la pena capital, el Fiscal General instruyó al Departamento de Justicia solicitar la aplicación de la pena de muerte.

La CIDH concluyó que el proceso penal que culminó con la sentencia y condena del señor Mitchell a la pena capital violó los derechos a la identidad cultural y socavó el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, además de violar el derecho del señor Mitchell a un juicio justo. En su informe, la CIDH recomendó a Estados Unidos proporcionar al señor Mitchell un recurso efectivo, incluida la revisión de su juicio y su sentencia de conformidad con las garantías de un juicio justo y del debido proceso.

La Comisión Interamericana declara que Estados Unidos, al ejecutar a Lezmond Mitchell de conformidad con el procedimiento penal que se siguió, ha cometido una violación grave e irreparable del derecho fundamental a la vida consagrado en el artículo I de la Declaración Americana. La CIDH deplora que Estados Unidos no haya cumplido con la Recomendación Nº 1 del Informe de Admisibilidad y Fondo Nº 211/20, acto que constituye una violación de las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado en virtud de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de los instrumentos conexos en su calidad de Estado miembro de la OEA.

La Comisión insta a Estados Unidos a cumplir con las medidas de no repetición recomendadas en el informe. En particular, Estados Unidos debe velar por que se respete la decisión soberana de la Nación Navajo, y de otras naciones indígenas, de no aplicar la pena de muerte por delitos cometidos por miembros de su comunidad en su territorio. La CIDH reitera su recomendación a Estados Unidos de abolir la pena de muerte a nivel federal.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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La CIDH condena actos de violencia en el desalojo y detención de manifestantes en el local de la Comisión de Derechos Humanos del estado de México.

 

23 de septiembre de 2020

Washington D.C - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el uso excesivo de la violencia en el desalojo y detención de personas manifestantes, que se encontraban en el local de la Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del estado de México (CODHEM) en Ecatepec, estado de México, en protesta por el incremento y la impunidad respecto de la violencia de género.

La CIDH ha seguido de cerca las últimas protestas en los locales de la CNDH y la CODHEM como rechazo ante el incremento de la violencia basada en género, así como la falta de investigación y sanción de las denuncias por violencia, violencia sexual, feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas. Las personas protestantes también denunciaron la inacción de los mecanismos institucionales de protección de los derechos de la mujer y que su búsqueda por justicia ha sido estigmatizada por las autoridades.

A partir de información pública, la CIDH ha tomado conocimiento del desalojo violento de las personas manifestantes - entre quienes se encontraban niñas y niños y una mujer embarazada- llevado a cabo en la madrugada del 11 de septiembre de 2020 en el local de la CODHEM, en Ecatepec, estado de México, por parte de agentes policiales adscritos a la Fiscalía de dicha entidad federativa. Según la Fiscalía estatal, producto del operativo, se detuvo a 13 personas, que ya fueron liberadas, bajo reserva de ley. Por su parte, organizaciones de derechos humanos indicaron que fueron puestas bajo custodia 15 personas adultas y 5 niñas, niños y adolescentes, de entre 5 y 15 años. Las personas detenidas denunciaron que fueron víctimas de malos tratos físicos, insultos y amenazas. Según lo informado, varias de sus pertenencias fueron sustraídas, incluyendo sus identificaciones oficiales y, en la actualidad, serían objeto de seguimientos.

Asimismo, reporteras acreditadas que cubrían la manifestación y el desalojo denunciaron públicamente que sufrieron actos de hostigamiento por parte de agentes policiales en el ejercicio de su labor periodística, y que una periodista habría sido detenida y su teléfono y material audiovisual requisados, y a la fecha no restituidos.

Por su parte el Estado informó a la CIDH que el 11 de septiembre de 2020 el Gobernador del estado de México, mediante su cuenta de twitter, reprobó las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía estatal en contra de las mujeres que se manifestaron en el local de la CODHEM e informó que había dado instrucciones a la titular del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social de Gobierno y al Secretario de Justicia y Derechos Humanos del estado de México, para apoyar a las mujeres con el objetivo salvaguardar plenamente su integridad y sus derechos. Asimismo, el Estado indicó que, en comunicado de prensa del 17 de septiembre de 2020, la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas manifestó su preocupación ante el “incremento de sucesos violentos en contra de la libre y pacífica manifestación de las ideas por parte de colectivos feministas y contra mujeres periodistas”.

La Comisión recuerda al Estado sus obligaciones de respetar y brindar una atención adecuada a las víctimas de violencia basada en género y sus familias. Asimismo, reitera el deber de México de garantizar la protesta social y el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica, que permiten visibilizar las demandas de grupos como las mujeres que sufren discriminación y que han sido tradicionalmente silenciados. En esta línea, la CIDH reitera al Estado sus obligaciones respecto de la importancia del ejercicio de la labor periodística en el marco de protestas sociales, así como la particular atención a la integridad y protección de mujeres periodistas frente a actos de acoso e intimidación, así como su investigación y esclarecimiento.

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión exhortan al Estado a que lleve a cabo una investigación diligente sobre el uso de la violencia física y la violencia de género en el operativo de desalojo en Ecatepec, así como de las denuncias de malos tratos cometidos en contra de las personas detenidas, especialmente contra niñas, niños y adolescentes. Asimismo, reiteran el deber del Estado de debida diligencia reforzado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y su posición de garante de los derechos de la niñez.

Finalmente, la Comisión insta a México a que fortalezca el contacto inicial establecido por las autoridades federales con las personas manifestantes que conforme a información pública aún se encuentran en el local de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que adopte las medidas necesarias para canalizar sus reclamos, a la luz de sus obligaciones internacionales para erradicar la violencia en contra de las mujeres y niñas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.


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