La CIDH hace un llamado a Colombia para redoblar sus esfuerzos en la implementación integral del Acuerdo Final para la Paz

Comunicado de prensa 185/20

 

La CIDH hace un llamado a Colombia para redoblar sus esfuerzos en la implementación integral del Acuerdo Final para la Paz

 

31 de julio de 2020

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cumplimiento al compromiso de monitorear la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC – EP), hace un llamado al Estado para redoblar sus esfuerzos en la implementación del mismo a fin de garantizar su adecuado cumplimiento y continuar promoviendo la consolidación de la paz en Colombia.

En el marco de la evaluación periódica que la CIDH realiza sobre la situación de derechos humanos en Colombia, desde 2016 ha venido dando seguimiento a los esfuerzos realizados por el Estado tras la firma del Acuerdo de Paz, enfocándose en los avances y los desafíos que persisten, en el entendido de que la implementación del Acuerdo va de la mano con el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en esa materia. En este sentido, la Comisión observa que a tres años de la firma del Acuerdo de Paz, se han logrado sustantivos avances en su implementación. Sin embargo, también nota la persistencia de retos importantes en la implementación de los compromisos contenidos en el Acuerdo, particularmente ante la continuidad de la violencia que se concentra en diversos territorios del país en donde la presencia de grupos armados disputan por el control territorial.

En especial, ha observado avances en el punto 1 sobre la Reforma Rural Integral contenida en el Acuerdo, como por ejemplo la continuidad en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los territorios. Al respecto, el Estado brindó información a la CIDH sobre la elaboración de una Hoja de Ruta Única que permitiría articular los diversos instrumentos de planeación para determinar el cronograma de las intervenciones públicas en los 170 municipios más afectados por la violencia. La Comisión hace un llamado al Estado a continuar con los esfuerzos desplegados para la implementación de la Reforma Rural Integral. La falta de acceso a la tierra ha sido una de las causas estructurales generadoras de violencia en Colombia, y la Reforma Rural representa una valiosa oportunidad para garantizar un acceso más equitativo a este derecho.

En relación con la participación política contenida en el punto 2 del Acuerdo, la Comisión destaca dentro de los avances observados la participación del partido político FARC en las elecciones locales de 2019, así como la ocupación de 9 de los 10 curules de ese partido político en el Congreso de la República. Al mismo tiempo, observa diversos desafíos como la continuidad de la violencia contra candidatas y candidatos políticos y ex integrantes de las FARC-EP, la falta de modificaciones a las normas que regulan la protesta social, y los retrasos en el establecimiento de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en la Cámara de Representantes.

Preocupa de igual forma a la CIDH los retos presentados en la implementación del punto 3 del Acuerdo, relacionado con el fin del conflicto armado. La Comisión ha sostenido que la violencia en Colombia es una realidad extremadamente compleja y por consiguiente no atribuible a una causa exclusiva sino el resultado de la suma de múltiples factores y causas estructurales. Sin embargo, nota con alarma que la violencia se ha enfocado en diversos territorios del país, especialmente en aquéllos que de manera histórica se han visto afectados por el conflicto armado interno, en perjuicio principalmente de líderes sociales.

De acuerdo con información suministrada por el Estado, hasta junio de 2020, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz habría acreditado a 13.511 excombatientes, de los cuales 12.773 se encuentran en proceso de reincorporación. No obstante, la CIDH nota con preocupación que durante el 2019 se habría registrado un total de 77 casos de excombatientes asesinados y que en lo transcurrido del 2020, organizaciones de la sociedad civil han relevado por lo menos 20 asesinatos de personas en proceso de reincorporación. La Comisión destaca que uno de los aspectos relevantes para la construcción de una paz sólida y duradera es la reincorporación efectiva de excombatientes de las FARC-EP a la vida económica, social y política del país. Para ello, el Estado requiere brindar las garantías de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad de quienes se encuentran en ese proceso. Al respecto, el Estado presentó información sobre las diversas medidas implementadas para reforzar la seguridad de los excombatientes, entre la que se destaca la expedición de 65 alertas tempranas para prevención de daño y detección de riesgo para excombatientes; así como la implementación de 260 esquemas de de protección, de los cuales 220 serían individuales, 13 colectivos, 26 para antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y uno para sedes de organizaciones.

De igual manera, la CIDH enfatiza su alarma por los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales, que se ha mantenido en un número alarmante. La Comisión registra los esfuerzos desplegados por el Estado para hacer frente a esta problemática a través del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT). En materia de investigación y judicialización, la CIDH conoce sobre los avances de la Unidad Especial de Investigación al interior de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional. Al respecto, el Estado informó que Fiscalía General de la Nación habría logrado avanzar hasta el 56% en el esclarecimiento de los homicidios contra personas defensoras. Ante la persistencia de la violencia, urge al Estado a reforzar las estrategias de prevención y establecer medidas de protección integrales, culturalmente adecuadas y especializadas, para garantizar que las personas defensoras puedan realizar su labor en un ambiente libre de toda forma de violencia. En ese sentido, toma nota sobre la “Política Pública Integral de Garantías para Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos” que será próximamente aprobada por parte del Estado y reitera su compromiso y disposición para brindar el apoyo técnico necesario para su implementación, a la cual dará seguimiento.

Asimismo, se han identificado desafíos en la solución al problema de las drogas ilícitas contenidos en el punto 4 del Acuerdo, particularmente en lo que refiere a la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Preocupa, que muchas de las personas líderes asesinadas desde la firma del Acuerdo de Paz, habrían estado relacionados con el impulso en la implementación del PNIS. Es indispensable que el Estado proporcione garantías de seguridad a quienes forman parte de este programa, especialmente ante los riesgos que se enfrentan por la presencia de grupos armados ilegales que operan en algunas zonas del PNIS. A su vez, organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH sobre medidas que estarían siendo implementadas por el Estado contrarias a lo contenido en el Acuerdo como, por ejemplo, acciones de erradicación forzada y el presunto abandono a la población campesina que formaría parte del Programa. No obstante, la Comisión toma nota de la inversión del Estado de 217,7 millones de dólares al PNIS que beneficiaría a 99.097 familias vinculadas al programa.

Por otra parte, la CIDH ha observado importantes avances en los mecanismos que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición(SIVJRNR) y ha sido informada que, hasta julio de 2020, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) habría adoptado más de 29.000 decisiones judiciales. Además, desde el inicio de sus operaciones, el órgano habría recibido al menos 279 informes dando a conocer información relevante sobre los hechos y conductas relacionadas con el conflicto. Al respecto, la Comisión valora que se haya ampliado el plazo de presentación de informes por parte de organizaciones de la sociedad civil ante la JEP hasta el 15 de marzo de 2021. La CIDH también observó avances en la acreditación de víctimas y destaca la aplicación del enfoque étnico en la identificación de personas afectados por el conflicto armado. Asimismo, saluda la creación de la Comisión Étnica y Racial, al interior de la JEP, mediante la cual se busca propiciar diálogos con los sistemas de justicia propios de las comunidades.

A su vez, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) también habría presentado avances como la recolección de al menos 10.755 testimonios brindados a través de los diferentes instrumentos y espacios en perspectiva de esclarecimiento, de los cuales al menos 5.243 fueron entrevistas individuales a víctimas del conflicto armado y sus familiares. En particular, la CIDH toma nota de los esfuerzos realizados por la CEV para implementar el enfoque de género de manera transversal en su actuación y garantizar la participación y escucha de las voces de las mujeres y las personas LGBTI. Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) dio a conocer el Plan Nacional de Búsqueda el cual servirá como hoja de ruta para las acciones humanitarias de búsqueda, junto a los 12 Planes Regionales de Búsqueda elaborados hasta el momento. La CIDH observa que, según la información disponible, la UBPD ha recibido al menos 5.389 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas.

En relación con el Capítulo Étnico contenido en el punto 6.2 del Acuerdo, la Comisión nota que las poblaciones indígenas y afrodescendientes estarían siendo afectadas por el recrudecimiento de la violencia en sus territorios. De igual forma, organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH que ante el contexto de la pandemia se estarían haciendo procesos de consulta virtual los cuales no considerarían como idóneos por no cumplir con los estándares propios de la consulta libre, previa e informada. La CIDH recuerda que, de acuerdo con los estándares interamericanos, los procesos de consulta en este ámbito implica que la forma en que se realizan también debe ser concertados, sin condicionamientos a las comunidades participantes. Al respecto, el Estado informó a la Comisión sobre la política “Paz con Legalidad” a través de la cual se busca extender la presencia efectiva del Estado en los territorios más vulnerables para trabajar de manera conjunta con las comunidades víctimas de violencia en acompañamiento de las autoridades en sus distintos niveles y la comunidad internacional.

La CIDH mantiene su convicción respecto a que la consolidación de la paz es un requisito indispensable para el ejercicio y respeto de los derechos humanos. En esta línea, la Comisión y el Estado colombiano firmaron el 22 de febrero de 2018, un Acuerdo de Cooperación para la aplicación y difusión de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Mediante dicho acuerdo, las partes coinciden en la necesidad de trabajar en conjunto para incrementar los esfuerzos que conduzcan a una mejor aplicación y difusión de los instrumentos internacionales rectores de los derechos humanos. Asimismo, coinciden en la importancia de que la CIDH brinde asistencia técnica en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, para que éste se desarrolle conforme a los estándares interamericanos de derechos humanos.

Consciente de los nuevos desafíos generados en el contexto actual de la pandemia por el COVID-19, la CIDH insta al Estado continuar adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la implementación adecuada de los programas relacionados con el Acuerdo de Paz. Asimismo, insta a procurar la participación de las víctimas y la aplicación de enfoques étnicos y diferencial en todo este proceso. La Comisión reitera que en ejercicio de su mandato, se encuentra a disposición el mecanismo de cooperación y asistencia técnica, para brindar al Estado y a la sociedad colombiana en su conjunto, las herramientas necesarias que permitan alcanzar soluciones a los desafíos identificados en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz como parte de su propósito de abordar efectivamente los obstáculos que enfrentan las víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia y cumplir con sus obligaciones internacionales. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

 

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