Fuertes debates institucionales entre la CIDH y la OEA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudia un severo atentado contra su autonomía e independencia, como órgano principal de la Organización de los Estados Americanos


Washington, DC - Ante la decisión del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de abstenerse de avanzar en el proceso de renovación del mandato de su Secretario Ejecutivo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) manifiesta su protesta más enérgica. También, como su alarma por un severo atentado contra su independencia y autonomía.

En ejercicio de sus facultades, el 27 de julio de 2016, la CIDH seleccionó a Paulo Abrão, luego de un extenso proceso, para el cargo de Secretario Ejecutivo y, de acuerdo con los términos del artículo 11 de su Reglamento, presentó su nombre al Secretario General, Luis Almagro, quien confirmó la selección y lo nombró para el cargo, habiendo tomado posesión el 16 de agosto de ese mismo año.

En ejercicio de las mismas facultades, la Comisión Interamericana, durante el período de sesiones celebrado en México del 8 al 9 de enero de 2020, decidió por unanimidad renovar el mandato de su Secretario Ejecutivo para el período 2020-2024, el cual se hizo público a través de la Comunicado de Prensa de la CIDH del 9 de enero de 2020. Para el trámite administrativo de contratación, el mismo 9 de enero, se notificó al Secretario General mediante nota oficial "según el artículo 11, numeral 3, del Reglamento de la Comisión". Entre las razones que motivaron la decisión de la Comisión Interamericana de renovar el mandato del actual Secretario Ejecutivo y ratificar su confianza en él, estuvo la necesidad de contar con un Secretario Ejecutivo que cumpla con las condiciones, y tenga las capacidades para consolidar un proceso. de transformación y modernización del trabajo de la Comisión. Asimismo, quien posee la capacidad necesaria para liderar el proceso de culminación de su Plan Estratégico 2017-2021, así como la construcción de su nuevo plan de futuro, bajo la visión de la Comisión para la protección de los derechos humanos en la región.

El 15 de agosto de 2020, último día del contrato del Secretario Ejecutivo, el Secretario General de la OEA comunicó a la CIDH, sin consulta previa, su determinación de abstenerse “de avanzar en el proceso de designación del Secretario Ejecutivo” de la CIDH . Lo que, en la práctica, se traduce en la negativa a prorrogar el contrato de trabajo, trámite necesario para dar continuidad administrativa al mandato del Secretario Ejecutivo. La Comisión, así, anuncia a la comunidad internacional que esta decisión unilateral del Secretario General constituye un abierto desprecio a la independencia y autonomía de la CIDH, que busca la separación de facto del Secretario Ejecutivo, y anula la decisión renovadora adoptada ocho meses antes. por la CIDH. Continúa llamando la atención de la CIDH que durante ese período no recibió ningún cuestionamiento del Secretario General sobre el procedimiento de renovación.

La Comisión tomó nota de que en esta comunicación, recibida el último día del primer mandato del Secretario Ejecutivo, el Secretario General citó dos informes como base para su decisión: un dictamen elaborado por la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la OEA , sobre las facultades del Secretario General sobre el proceso de designación del Secretario Ejecutivo y el procedimiento para la preparación de propuestas de la CIDH; y otro, de la Defensoría del Pueblo de la OEA, advirtiendo sobre el carácter confidencial de su contenido.

Al respecto, la CIDH observa con extrema preocupación la interpretación de las normas realizadas en el informe legal en el que el Secretario General basa su decisión, según la cual el Reglamento de la CIDH es una mera interpretación no vinculante del Estatuto de la CIDH y la Carta de la OEA. Por lo tanto, el Secretario General no estaría obligado a cumplir con ninguna de sus disposiciones. Esta interpretación también ignora la norma y la práctica actuales que se han mantenido de manera constante desde 2000. Y eso se aplicó tanto en 2012 como en 2016 para la selección y nombramiento de los dos últimos Secretarios Ejecutivos y también para la última renovación del Relator Especial Edson Lanza en 2017 y de la Relatora Especial sobre ESCER, Soledad García, en 2020. Asimismo, la interpretación de las normas a que se refiere el Secretario General es contraria a la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que la CIDH “Como órgano del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, tiene plena autonomía e independencia en el ejercicio de su mandato de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

En efecto, al interpretar que la Comisión Interamericana no sería el organismo autorizado para la selección y renovación del Secretario Ejecutivo, la opinión jurídica desconoce dos aspectos centrales. Que la Carta de la OEA creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como Órgano Principal de la Organización, con el mismo rango de Secretaría General, autónoma e independiente. Y que el Estatuto de la CIDH, aprobado por la Asamblea General, encomienda a la Comisión Interamericana que adopte su propio Reglamento. Por este mandato, la CIDH ha adoptado diversos Reglamentos, los cuales son obligatorios de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto en su artículo transitorio 25. El informe también omite señalar que, como salvaguarda de la autonomía de la CIDH, el Estatuto establece que Para que el Secretario General proceda a la destitución del Secretario Ejecutivo de la Comisión, primero debe consultar su decisión con la Comisión e informarle de las razones en las que se basa.

Dado que la facultad de nombrar y remover de sus funciones a su personal en cargos de confianza es fundamental para que la Comisión pueda cumplir con su mandato de monitorear y promover los derechos humanos en el hemisferio, normas sobre las cuales se construyó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. responder a la necesidad de salvaguardar sus competencias y autonomía institucional. Esto es de tal manera que los actores externos no pueden determinar quién desempeñará estos cargos y mucho menos el momento de la destitución de dicho personal.

A lo largo de los 61 años de historia de la defensa de los derechos humanos, la autonomía e independencia de la Comisión Interamericana ha sido fortalecida y defendida a toda costa como uno de los pilares centrales de la legitimidad por parte de los Estados Miembros, la sociedad civil y las víctimas de derechos humanos. violaciones de derechos. De hecho, desde el año 2000, la Comisión había logrado avances significativos en relación a su mayor autonomía administrativa, en el proceso de diálogo y coordinación con los sucesivos Secretarios Generales, incluido el propio Secretario Almagro, quien, en 2016, confirmó la selección del actual Secretario Ejecutivo. Funcionario y lo designó para el cargo por cuatro años, de conformidad con el Reglamento de la CIDH. Esta no es la primera vez que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se enfrenta a estos ataques. Sin embargo, los importantes avances en materia de estándares interamericanos no se habrían logrado si la Comisión no hubiera ejercido plenamente su autonomía e independencia.

La CIDH, gracias a su reforzada autonomía e independencia, realiza su trabajo de manera imparcial, libre de toda influencia política, y es un ejemplo y un referente para el mundo. La interpretación jurídica que utilizó la CIDH para decidir por unanimidad la renovación del Secretario Ejecutivo se fundamenta en el marco jurídico interamericano y en los precedentes vigentes, así como en el compromiso de la Secretaría General de “lograr una mayor autonomía técnica y administrativa de la Comisión , ”Establecido en la Directiva D-1/2000.

Cabe recordar que en el pasado, esta discusión ya se planteó y resolvió en diálogo con todos los actores relevantes del hemisferio, incluido el Secretario General, en términos del Reglamento de la CIDH. La CIDH espera que esta grave situación se supere a través del diálogo.

Respecto al informe confidencial de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de la Secretaría en 2019, notificado a la Comisión el 10 de agosto de 2020, a la CIDH, como principal órgano de la OEA encargado de la promoción y protección de los Derechos Humanos en el continente americano , le concede la máxima importancia y, en tal sentido, solicita que sea procesado con los más altos estándares de debido proceso, deber de investigación y debida diligencia.

La CIDH informa que a lo largo del año 2019 ha prestado la máxima atención al tema y ha monitoreado cada una de las situaciones y las medidas que se han adoptado para atenderlas. Al mismo tiempo, la Comisión está genuinamente asombrada de que a pesar de lidiar con situaciones referidas al 2019, la Defensoría del Pueblo esperó hasta 5 días antes del vencimiento del contrato de la Secretaria Ejecutiva, para transmitirlo. Tanto la Comisión como su Secretaria Ejecutiva, con la debida diligencia y seriedad, brindaron a la Ombudsman amplia información y recibieron abiertamente sugerencias sobre las situaciones planteadas por ella, la gran mayoría de las cuales fueron implementadas, según consta en un detallado informe presentado al Secretario General. el 14 de agosto. Al mismo tiempo, la Comisión reitera su plena voluntad de colaborar con la Secretaría General para abordar las nuevas situaciones que han sido puestas en conocimiento sólo en este momento y las tramitará para reafirmar la prioridad otorgada a las necesidades de el equipo de la Secretaría Ejecutiva; en particular, el bienestar, la estabilidad y el desarrollo profesional de todo el personal. La CIDH también destaca su firme posición sobre la necesidad de atender todas y cada una de las situaciones planteadas, tomar en cuenta y verificar todos los puntos que forman parte de dicho documento, con pleno respeto a las garantías del debido proceso y al principio del presunción de inocencia, así como considerar la implementación de todas las medidas que se han tomado dentro de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH a lo largo de 2019 y que fueron debidamente informadas a la Secretaría General a través de un informe elaborado por el Secretario Ejecutivo. Sin embargo, la CIDH reitera que el Secretario Ejecutivo es un funcionario de confianza.

En este sentido, resulta inadmisible que un informe institucional confidencial de la Defensoría del Pueblo o la información de que se está iniciando una investigación administrativa puedan servir como base para una decisión sobre el proceso administrativo de renovación de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, en claro violación de estándares reiterados por el Sistema. La CIDH recuerda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son aplicables a todos los procesos, incluidos los administrativos; en particular, el principio de presunción de inocencia e imparcialidad de la autoridad competente, para que todas las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos frente a cualquier tipo de acto que les pueda afectar, sea de carácter administrativo o disciplinario.

En esta ocasión, la CIDH destaca, apoya, reconoce y agradece la labor realizada por el Secretario Abrão en los últimos cuatro años, en quien ratifica su confianza y reitera su decisión unánime de renovar su mandato. Por lo tanto, solicitando al Secretario General que continúe el proceso administrativo de extensión contractual del mandato del Secretario Ejecutivo. En efecto, gracias a su liderazgo, la Comisión ha podido fortalecer el acceso a una justicia interamericana más efectiva y accesible para las víctimas de violaciones de derechos humanos en las Américas, el monitoreo integrado y oportuno y el fortalecimiento de las acciones de cooperación técnica. Los resultados pueden ir acompañados de informes de avance sobre la implementación del Plan Estratégico 2017-2021 y otros saldos: ampliación de la estructura 2017; saldo para el año de 2017; saldo del año 2018; informes de los mecanismos especiales de seguimiento en 2018; resultados de las medidas cautelares en 2018; etapas del programa para superar el atraso procesal de 2019; balance del año de 2019; saldo de SACROI COVID-19; e informe de balance parcial de 2020.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza todo tipo de injerencia en el ejercicio de su mandato y, en particular, en su facultad de elegir, renovar y destituir a sus funcionarios en cargos de confianza. La CIDH también hace un llamado al pleno cumplimiento del compromiso de Cancún de duplicar el presupuesto aprobado por la Asamblea General para no retroceder en las capacidades de protección y defensa de los derechos humanos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión hace su más enérgico llamado a la defensa y respeto de estas atribuciones que son fundamentales para el desempeño de su mandato, preservada de cualquier presión o injerencia mediante la cual se pretenda limitar el alcance de las tareas de defensa, fiscalización y control. promover los derechos humanos en el hemisferio de manera independiente y autónoma.

Finalmente, la CIDH reitera su voto de confianza para la renovación del mandato del Secretario Ejecutivo, manifestando su voluntad de dialogar con el Secretario General y todos los órganos de la OEA, para llegar a una solución que respete la autonomía e independencia del Comisión.

Órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH deriva su mandato de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover el respeto y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en esta materia. La Comisión está compuesta por siete miembros independientes que son elegidos a título individual por la Asamblea General de la OEA y que no representan a sus países de origen o residencia.

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