CIDH llama a EEUU a aplicar reformas estructurales en sistemas institucionales de seguridad y justicia contra la discriminación racial y el racismo

 

Comunicado de prensa 196/20

 

La CIDH llama a Estados Unidos a implementar reformas estructurales en los sistemas institucionales de seguridad y justicia para combatir la discriminación racial histórica y el racismo institucional

 

8 de agosto de 2020

Washington, D.C.- En el marco de las protestas en contra de la discriminación racial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a Estados Unidos a avanzar con reformas estructurales en sus sistemas de seguridad y justicia. La CIDH urge al Estado a que dichas reformas tomen como eje central una transformación hacia la erradicación del racismo institucional presente en la actuación de las fuerzas de seguridad, así como el funcionamiento del sistema de justicia, que tienen un impacto desproporcionado en detrimento de las personas afrodescendientes.

La Comisión observa que los factores de discriminación profundizan las desigualdades en las detenciones y las tasas de encarcelamiento, exponiendo a las personas afrodescendientes a ser más vulnerables a prácticas de perfilamiento racial, brutalidad policial, sobrerrepresentación en establecimientos carcelarios, así como los altos índices de impunidad y ausencia de responsabilidad de agentes policiales en casos de víctimas afrodescendientes. Al respecto, la Comisión recuerda que los obstáculos estructurales en el acceso y pleno goce de los derechos humanos, son un factor interseccional con la discriminación en el accionar policial y en el sistema de justicia penal.
 
De acuerdo con el  Department of Justice's Bureau of Justice Statistics, en el 2017, mientras las personas afrodescendientes constituían el 12% del total de la población nacional, representaban el 33% de la población penitenciaria condenada. En esa misma línea, según información disponible de la NAACP, en el 2015, las personas afroamericanas representaban el 12.5% de consumidores de drogas ilícitas, pero el 29% de los arrestos por delitos de drogas y el 33% de personas encarceladas en instalaciones estatales por delitos de drogas.

Conforme el US Mapping Police Violence, entre  el 2013 y 2019, las personas afrodescendientes han representado el 28% de los asesinatos a manos de la policía a pesar de ser el 13% de la población estadounidense; también registró que 598 personas habrían sido asesinadas por agentes policiales en 2020, hasta el 9 de julio.

Asimismo, la Comisión y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales (REDESCA) toman nota de información pública disponible que destaca que los hogares de personas afroamericanas en Estados Unidos perciben ingresos 60% menores  en comparación con los de familias de otro origen étnico-racial.

Estos factores, aunado con el hecho de que más del 20% de las personas afroamericanas a nivel nacional se encontraban en situación de pobreza en el año 2018 según cifras del US Census Bureau, contribuyen a que el acceso a recursos judiciales efectivos, defensa legal, entre otras garantías del debido proceso, se vean obstaculizadas si la persona no cuenta con los medios y apoyos suficientes; profundizando así la desigualdad y discriminación existente a un nivel sistémico que puede incluso tener efectos intergeneracionales.

La CIDH observa con preocupación que las actuales políticas de seguridad ciudadana, que incluyen el uso de fuerzas armadas y militarización, en relación con el endurecimiento de políticas de drogas, utilizando figuras y técnicas de contextos de conflictos armados, han impactado desproporcionadamente en las personas afroamericanas. Tales políticas encargadas de la vigilancia, control y sanción, vienen afectando los derechos humanos y las libertades fundamentales de integrantes de grupos étnico-raciales históricamente marginados, así como a personas habitantes de territorios urbanos con composición demográfica más elevada de estos grupos poblacionales.

Por consiguiente, la Comisión toma nota de la situación actual de manifestaciones sociales en más de 40 estados y el Distrito de Columbia en oposición a la discriminación histórica y la violencia racial policial contra las personas afroamericanas. Al mismo tiempo, la Comisión observa los más de 125 incidentes sobre uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales y de seguridad locales y estatales, documentados hasta el 5 de junio de 2020 en diferentes estados en el contexto de las protestas de “Black Lives Matter”, según registros del Mapping Police Violence across the USA.

La CIDH observa en avance, diferentes procesos legislativos en materia de seguridad, como la Executive Order on Safe Policing for Safe Communities e iniciativas como la  George Floyd Justice in Policing Act of 2020. Al respecto, la Comisión valora los esfuerzos hacia cambios exhaustivos e insta a que estas propuestas se extiendan al sistema de justicia que requiere de reformas profundas que busquen erradicar el racismo estructural.

En este sentido, la CIDH considera necesario implementar medidas tales como instancias independientes de vigilancia y control policial; así como un modelo policial comunitario que  garantice  la participación y monitoreo social; activar currículos de capacitación a agentes policiales, de seguridad y de justicia, centrados en la formación inicial y la educación permanente en contenidos de derechos humanos, mediación de conflictos y reducción de la violencia con perspectiva étnico-racial; disponer de servicios básicos y acciones afirmativas para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas afroamericanas; e igualmente adoptar medidas especiales para el efectivo acceso a la justicia de este grupo étnico-racial. Así como las demás recomendaciones señaladas en su informe temático Violencia policial contra afrodescendientes en Estados Unidos, de conformidad con el  principio de igualdad y no discriminación.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Comunicado de prensa 195/20

 

La CIDH manifiesta su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad en Brasil, frente a la pandemia del COVID-19

 

8 de agosto de 2020

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la situación en la que se encuentran las personas privadas de libertad en el Estado de Brasil, quienes en el contexto de la pandemia del virus del COVID-19, se enfrentaría a un especial riesgo para su vida, salud e integridad. Ello, en atención a los altísimos niveles de hacinamiento y condiciones de detención que prevalecen en las penitenciarías del país.
 
La situación de las personas privadas de libertad constituye una de las principales preocupaciones de la CIDH. Al respecto, Brasil constituye el tercer país con mayor población penitenciaria a nivel mundial. Datos oficiales reportan a diciembre de 2019, una tasa de hacinamiento del 140,74%, así como un aumento de esta población de 224.5%, entre el año 2000 y 2019. Por otra parte, la Comisión se ha referido a las deplorables condiciones de detención en cárceles brasileñas, que se caracterizan por alarmantes niveles de hacinamiento, deficiente infraestructura, atención médica negligente, completa falta de higiene, ausencia de artículos de primera necesidad, y alimentación inadecuada. Dichas condiciones crearían un ambiente propicio para la proliferación y avance del virus del COVID-19.
 
En particular, en el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIDH observa que el Estado ha adoptado diversas medidas para prevenir y tratar intramuros el virus originado por el COVID-19. Al respecto, mediante su comunicado de prensa de 31 de marzo de 2020, la Comisión saludó la Recomendación 062/2020 del Consejo Nacional de Justicia, que determina la liberación de personas privadas de libertad en el país. Dicha iniciativa llama a las autoridades judiciales a adoptar medidas para reducir la población de personas privadas de la libertad. Entre las acciones a realizar para tal fin, se encuentran la revisión de casos de prisión preventiva, y la aplicación de medidas alternativas. De igual forma, según información recibida por parte del Estado, el Departamento Penitenciario Nacional (Depen), habría realizado acciones como la elaboración de protocolos de control y prevención del virus, y el análisis técnico sobre impactos de la pandemia en el sistema penitenciario a fin de determinar opciones para crear espacios alternativos de alojamiento. Asimismo, en conjunto con el Ministerio de Salud, se habrían desarrollado manuales con orientaciones técnicas a las administraciones penitenciarias en el tratamiento de la enfermedad.
 
A pesar de lo anterior, la CIDH observa con preocupación las altas tasas de contagio y fallecimiento por el virus del COVID-19 en las penitenciarías de Brasil. En este sentido, de conformidad con información del Depen, a fines de julio se contabilizaban un total de 11.437 contagios, 3.021 casos sospechosos, y 73 muertes. Estos números pudieran resultar aún más altos, considerando que al 31 de julio se habrían realizado pruebas a únicamente 32.682 personas, lo que corresponde a menos del 0.4% del total de la población penitenciaria. Asimismo, de acuerdo con informe del Mecanismo Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura (MNPCT), publicado en junio de este año, las condiciones de detención que prevalecen en los recintos penitenciarios brasileños imposibilitarían que el Estado garantizara la salud e integridad de las personas privadas de libertad. En este sentido, por ejemplo, las unidades carcelarias en el estado de Pernambuco estarían superpobladas y contarían con un bajo número de profesionales de salud activos; similarmente, sólo un 39% de las unidades penitenciarias en São Paulo contarían con el número mínimo de profesionales de la salud requeridos. De igual forma, el estado de Acre carecería de equipo personal de protección (PPE) y materiales de higiene diseñados para las personas trabajadoras de las penitenciarías y las privadas de libertad. La situación que enfrentan las personas en las cárcles, en el contexto del COVID-19 también fue informada por organizaciones de la sociedad civil en junio pasado. Al respecto, informaron a la CIDH que las condiciones carcelarias harían imposible que el Estado cumpliera con las medidas recomendadas para el distanciamiento social, así como contar con las condiciones mínimas de salud.

Considerando lo anterior, la Comisión reitera al Estado brasileño que debe adoptar medidas para reducir el hacinamiento en las unidades de privación de libertad, tales como la evaluación del otorgamiento de medidas alternativas, especialmente respecto de quienes se encuentran en situación especial de riesgo. De igual manera, el Estado debe adecuar las condiciones de detención para evitar el contagio y dar tratamiento al COVID-19. Al respeto, la CIDH insta al Estado a seguir las directrices en la materia, emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). La adopción de estas medidas es de especial urgencia considerando que las consecuencias de la pandemia representan un mayor riesgo para la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad.

 La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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