CIDH presenta caso sobre Haití ante la Corte Interamericana

CIDH presenta caso sobre Haití ante la Corte Interamericana


27 de mayo de 2020


Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 19 de mayo de 2020 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Baptiste Willer y familiares, respecto de Haití.
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la falta de protección a los derechos del señor Baptiste Willer y su familia frente a las múltiples amenazas e intentos de homicidio de los cuales fueron objeto entre los años 2007 y 2009, la falta de debida diligencia en la investigación, y la impunidad en que se encuentran la muerte de su hermano Frédo Guirant (o Guirand), de 16 años de edad, así como las amenazas y atentados antes referidos.
Los hechos del presente caso ocurrieron en el contexto de continuas amenazas y hostigamientos a Baptiste Willer y su familia por parte de miembros de una pandilla que actuaban con impunidad. El 4 de febrero de 2007, Frédo Guirant (o Guirand) fue asesinado por los mismos sujetos que habían atentado contra la vida de su hermano Baptiste Willer unas horas antes. El señor Willer alertó a las autoridades que su vida y la de su familia corrían peligro y solicitó ayuda judicial mediante una carta dirigida a diversas autoridades, aportando información sobre la identidad de los sospechosos y el tipo de amenazas y hostigamientos de los que era víctima. También les informó que, temiendo por su seguridad y la de su familia, se había visto forzado a abandonar su residencia habitual. Luego de haber informado a las autoridades de lo ocurrido, y sin recibir ningún tipo de protección, asistencia o respuesta por parte del Estado, Baptiste Willer, su esposa e hijos menores de edad, continuaron en una situación de desplazamiento, experimentando una permanente sensación de inseguridad y fueron víctimas de continuas amenazas telefónicas y en persona, así como de atentados.
En su Informe de Fondo, la Comisión concluyó que el Estado incumplió con su deber de proteger los derechos a la vida e integridad personal de Baptiste Willer y su familia, dado que el Estado no adoptó las medidas para proteger los derechos de las víctimas, a pesar de que estaba en conocimiento de la situación de riesgo y que los hechos revestían especial seriedad. Asimismo, la CIDH estableció que, en vista de que los tres hijos del señor Willer eran menores de edad a la fecha de los hechos, existía un deber especial para el Estado de salvaguardar sus derechos. Por otra parte, teniendo en cuenta que la falta de medidas de protección por parte del Estado produjo el desplazamiento forzado de las víctimas, la Comisión también concluyó que el Estado violó el derecho a su libre circulación y residencia. Por último, la CIDH determinó que el Estado incumplió con el deber de investigar de manera diligente y en un plazo razonable el asesinato de Frédo Guirant (o Guirand), el atentado sufrido por Baptiste Willer, y las amenazas y hostigamientos que sufrieron éste último y su núcleo familiar. En vista de lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado de Haití violó los derechos consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 8.1, 19, 22.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con su artículo 1.1.
En su Informe de Fondo la Comisión recomendó al Estado: (i) reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de Fondo tanto en el aspecto material como inmaterial, incluyendo medidas de compensación económica y satisfacción; (ii) disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas; (iii) disponer las medidas necesarias para que se realice un diagnóstico efectivo sobre la situación de riesgo de Baptiste Willer y su familia directa y, de ser el caso, se adopten las medidas de protección que sean pertinentes de manera concertada con ellos; (iv) proveer las condiciones de seguridad necesarias para facilitar, si así lo desean, el retorno voluntario, digno y seguro de Baptiste Willer y su familia a su lugar de residencia habitual o su reasentamiento voluntario en otra parte del país; (v) emprender una investigación penal exhaustiva, de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan; y (vi) disponer las medidas necesarias para evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, en particular, adoptar un programa de protección para personas en situación de riesgo en razón de la delincuencia organizada.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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La CIDH alerta sobre la crisis sanitaria en la Comunidad Indígena Urbana de Cantagallo, Perú


27 de mayo de 2020

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación sobre la grave y crítica situación sanitaria en el contexto de la pandemia del COVID-19 que actualmente enfrenta la Comunidad Indígena Urbana de Cantagallo en Perú, y hace un llamado al Estado a que brinde especial atención a esta población.
Según la información recibida por la CIDH, tras la realización de pruebas rápidas tomadas el pasado 12 de mayo, el 73% de la población de indígenas shipibo-konibo que viven en el distrito de Rímac, en Lima, resultaron positivas para el COVID-19. Además, según noticias publicadas, se han registrado tres muertes en la Comunidad por las complicaciones del virus. La Comisión toma nota que la situación preexistente de vulnerabilidad que ha vivido esta población, en lo que respecta a sus derechos, económicos, sociales y culturales y otros derechos humanos, ha creado las condiciones para la propagación del COVID-19 a esos niveles elevados.
Al respecto, la CIDH destaca que la Comunidad Indígena Urbana de Cantagallo está integrada por 238 familias provenientes del pueblo indígena shipibo-konibo que se asentaron en Lima hace más de 2 décadas, luego de haber salido de sus tierras ancestrales en la región amazónica por motivos económicos y de seguridad. A raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, la Comunidad se encuentra en aislamiento social obligatorio y habría recibido muy pocos servicios sociales básicos de la Municipalidad de Lima y otras autoridades estatales. La Comunidad enfrenta la insuficiencia de los servicios de agua y saneamiento, alimentación, vivienda, acceso a medicamentos y a la alimentación.
La Comisión toma nota de las medidas de contención de la pandemia adoptadas por el Estado, al tiempo de observar con preocupación la situación económica de las familias de la Comunidad. Según la información obtenida, a la vez que los miembros de la Comunidad se han vistos privados de la venta de arte y otras actividades culturales, su principal fuente de ingresos, solamente el 30% de las familias lograron acceder a los bonos distribuidos por el Estado en el marco de la pandemia. La Comunidad tampoco habría recibido apoyo del Estado en relación a los fallecimientos que se han dado por el COVID-19.
En el marco de su monitoreo de la situación de los derechos humanos en el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIDH tiene particular preocupación por los impactos diferenciados e interseccionales que la pandemia puede generar sobre los derechos humanos de colectivos y poblaciones en especial vulnerabilidad, incluyendo de los pueblos indígenas. En ese particular, la Comisión ha advertido que la histórica discriminación hacia los pueblos indígenas se ha traducido en una vulneración estructural y sistemática de sus derechos humanos, especialmente sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En ese sentido, la CIDH recuerda su Resolución Nº. 1/20, que tiene como el objeto el respecto a los derechos humanos en el contexto de la pandemia, así como y su reciente Comunicado de Prensa que alerta sobre la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas, para llamar el Estado de Perú a garantizar los derechos de los pueblos indígenas al momento de adoptar medidas de atención, tratamiento y contención de la pandemia, así como para mitigar los impactos diferenciados que dichas medidas puedan generar. Asimismo, subraya que la necesidad de que las a favor de estos pueblos deben ser respetuosas de su cosmovisión y diversidad cultural.
Adicionalmente, la Comisión urge al Estado de Perú a que, en coordinación con las autoridades y representantes indígenas shipibo-konibo de la Comunidad Indígena Urbana de Cantagallo, tome todas las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proveer alimentación, medicamentos, servicios de agua y saneamiento, vivienda y otras necesidades para asegurar el goce de los derechos económicos, sociales y culturales y otros derechos humanos de sus habitantes, incluyendo las personas que recientemente llegaron a la comunidad. Asimismo, que aseguren medidas coordinadas y culturalmente adecuadas para hacer frente a la propagación de la pandemia, incluyendo la atención médica, las medidas para disponer de los muertos por el COVID-19, así como para facilitar los medios de protección de bioseguridad para todos los miembros de la Comunidad.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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