Vocería de los dioses - Retos claves del gobierno venidero

Vocería de los dioses
Retos claves del gobierno venidero
Juan Llado  | 27 de abril de 2020 | Acento.com.do



Con la posposición de las elecciones presidenciales y congresuales para el 5 de julio también se ha acortado drásticamente el periodo de transición. Y porque en mayo y junio todavía estaremos bregando con la crisis del Covid-19 es preciso que quienes dirigirán un nuevo gobierno se aboquen a identificar ahora los retos claves de su política pública. Sus respuestas ante las secuelas del coronavirus, la pobreza, la debacle del turismo y la corrupción definirán su rumbo inicial y la impronta moral de su gestión.
Con más de 80 proyectos de vacuna en cierne es seguro que los científicos desarrollaran la que pondrá eventual fin a la pandemia. Pero los expertos predicen que tomara entre 12 y 18 meses para tenerla lista para su uso y sin duda se tomara otros seis meses para que toda la población mundial pueda ser protegida. De ahí que, según un informe del MIT, durante un periodo de hasta dos años la vida económica y social estará reconfigurada. El informe advierte que aunque una cura se prevé para agosto de este año, aparecerán rebrotes del virus –como ha sucedido en Singapur y en China—que obligaran a mantener el distanciamiento social.
Esto tendrá serias repercusiones sobre los esfuerzos de los gobiernos en materia de reactivación económica. En adición a definir para los próximos dos años una política sanitaria que asegure la efectividad del distanciamiento habrá que instalar un régimen de funcionamiento del aparato productivo que permita un grado de normalización de la economía. (Ya el gobierno trabaja en un plan.) Los sectores que podrán volver a la total normalidad serían los menos, mientras para el resto se deberá imponer una programación de actividad limitada. Por lo menos por un año todos los sectores económicos deberán observar las normas sanitarias con estricto apego. 
Si a eso añadimos la seguridad de que las remesas, el turismo, la inversión extranjera y las exportaciones habrán de reducir severamente sus respectivos aportes de divisas, no cabe duda de que tendremos un periodo de “vacas flacas” que podría exceder un año. Los más altos precios del oro y los más bajos del petróleo proveerán algo de alivio, pero la negativa repercusión sobre las recaudaciones fiscales obligará al gobierno a recurrir al endeudamiento externo aun si impone un drástico plan de austeridad. Las agencias multilaterales proveerán fondos con manejables condicionalidades, pero nuestro endeudamiento externo crecerá inexorablemente. Ya el Banco Central ha tomado US$150 millones del Banco Mundial y solicitado un préstamo de US650 millones al FMI.
Por supuesto, el plan de austeridad requerirá de una reformulación presupuestaria para lo que resta del año y probablemente el próximo. Eso viene aparejado con la necesidad del reclamado Pacto Fiscal, el cual sería deseable aprobar para que rija a partir del 2022. Puesto que erradicar la pobreza es una tarea de largo plazo, será en ese Pacto donde residan las mejores esperanzas de un avance importante en las condiciones de vida de la población pobre. Al margen de sus previsiones relativas al aumento de las recaudaciones (con justicia impositiva) y sobre la calidad del gasto, el Covid-19 ofrece una realista oportunidad para que el asistencialismo oficial evolucione hacia un ingreso básico para 1.6 millones de familias cuyo bienestar permanece castrado por la pobreza.
Con cero o magro crecimiento económico y un aumento previsible del desempleo, el ingreso básico de los pobres (IBP) debe ser una prestación moral indeclinable. Su diseño debe ser guiado por principios de responsabilidad y libertad. Para esas familias lo ideal sería transformar la prestación alimentaria del Programa de Solidaridad (Prosoli), los subsidios del bono gas y el bono luz, la alimentación escolar y los servicios de salud pública en una sola transferencia monetaria. Pero eso requeriría un monitoreo imposiblemente complejo para garantizar que ese dinero se emplearía en la adquisición de esos bienes y servicios básicos. Lo recomendable sería entonces consolidar administrativamente esas prestaciones y añadir un componente monetario que le permita al beneficiario su uso con plena libertad.
La meta posible sería la de llevar a RD$15,000 mensuales el valor de las prestaciones, añadiendo un requisito de cumplimiento al bono monetario ligado al rendimiento escolar de los hijos o cualquier otro logro socialmente deseable. (La Canasta Básica Familiar la calculó el Banco Central en RD$31, 506 para febrero de este año, mientras la del quintil más pobre se situaba en RD$14,200.) En todo caso, el IBP deberá perseguir la meta de convertir a la sociedad dominicana en una socialdemocracia donde los pobres realmente usufructúen sus derechos constitucionales
Por su lado, el turismo se restablecerá paulatina y seguramente. Pero para alcanzar su total normalización las empresas del sector tendrán que, como principales protagonistas de la recuperación, emplearse a fondo y contar con un prudente respaldo oficial. Por suerte, los propietarios de un 95% del inventario de habitaciones hoteleras son empresas extranjeras de nuestros principales mercados emisores y ellas pondrán todo su diligente empeño en rentabilizar nuevamente sus inversiones. Aun cuando ya son múltiples las iniciativas de líneas aéreas y de cruceros y de cadenas hoteleras multinacionales para poder operar con el virus, vencer la reticencia de los turistas potenciales tomará meses y no será hasta finales de año que se conseguirá repuntar vigorosamente (asumiendo un repunte previo de las economías de los mercados emisores). El dato de que en el 2019 el MITUR aprobó nuevos proyectos hoteleros con más de 192,000 habitaciones es muy alentador.
En el combate a la corrupción, finalmente, un nuevo gobierno estará retado a adoptar medidas convincentes que respondan a las aspiraciones generadas por fenómenos tales como la Marcha Verde y las manifestaciones de los jóvenes en la Plaza de la Bandera. Han surgido suficientes voces autorizadas que, como respuesta, han reclamado el nombramiento de un Procurador General independiente en cualquier nuevo gobierno (y el candidato presidencial del PRM así lo ha prometido). Sin embargo, será necesario también acompañar ese nombramiento de preparativos para una modificación constitucional que rediseñe las instancias estatales de control y recomponga el Consejo Nacional de la Magistratura.
La selección del nuevo Procurador independiente será una delicada decisión. La persona escogida no debe ser alguien que, con múltiples persecuciones y espíritu de retaliación, empantane al gobierno en ríspidos conflictos políticos o amenace el clima de convivencia y la estabilidad política. Pero tampoco puede ser un blandengue que cometa las negligencias penales de sus antecesores y/o tema enfrentar intereses creados de cualquier índole. La persona debe entender que su actuación contra cualquier asomo de corrupción administrativa marcará la moral de la gestión gubernamental y, en consecuencia, deberá tener el coraje de enfrentarla sin titubeos.
Resulta muy prometedor que el PRM haya prometido un profesional independiente sin ninguna vinculación partidaria. Pero la recomendación de que se le pida a las Naciones Unidas que se encargue de investigar y perseguir el caso de Odebrecht y Puna Catalina sigue teniendo una contundente validez. Si bien el acuerdo de homologación que suscribió el Ministerio Publico con esa empresa la pone exenta de futuras persecuciones (con excepción de Punta Catalina), el juez Ortega dictaminó que los delitos de corrupción no prescriben, lo cual da pie a que se persigan por lo menos los involucrados nacionales.
Con Naciones Unidas como timonel de la investigación es seguro que la madeja de intereses políticos a enfrentar seria idóneamente manejada, generando una credibilidad muy superior a la que tendría un manejo del patio. Lo otro es que con ese aval se estaría en mucho mejor posición de reclamar indemnizaciones a Odebrecht que podrían ascender a cientos de millones de dólares. Y a juzgar por lo sucedido en Guatemala sentaría un ejemplo de disuasión que encumbraría a nuestra clase política en el requerido Olimpo de moralidad pública.
Son muchas las voces que auguran una nueva cultura u orden social como resultado del interregno del COVID-19. Si nuestros partidos políticos obtemperan a la recomendación de usar los dos próximos meses para meditar sobre los claves retos aquí repasados es probable que agradeceremos a la pandemia un residuo político bienhechor. 

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