Estados Unidos exige gobierno cubano rinda cuentas por haber expropiado activos de ciudadanos estadounidenses



SECRETARIO POMPEO: Buenos días con todos. Bienvenidos. Estoy aquí para anunciar una decisión importante respecto a la política de Estados Unidos hacia Cuba.
En 1996, el Congreso aprobó la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, también conocida como Libertad. Según el Título III de dicha Ley, los ciudadanos estadounidenses cuya propiedad había sido confiscada por el régimen de Castro tenían el derecho de iniciar un juicio contra aquellos que traficaban con sus propiedades.
Sin embargo, las oportunidades de justicia de esos ciudadanos han sido puestas fuera de su alcance por más de dos décadas. Hasta ahora, por más de 22 años, cada Presidente, cada Secretario de Estado, ha suspendido el Título III con la esperanza de que al hacerlo se pondría más presión al régimen cubano para una transición a la democracia.
Pero al igual que cuando trasladamos nuestra embajada a Jerusalén, la verdadera capital de Israel, o al designar a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica por lo que son, una organización terrorista, el gobierno de Trump reconoce la realidad. Vemos claramente que la represión del régimen contra su propio pueblo y su exportación obstinada de la tiranía a la región solamente han empeorado, ya que los dictadores perciben la conciliación como debilidad, no como fortaleza.
El coqueteo del gobierno del presidente Obama con la junta de los Castro no los disuadió de continuar acosando y oprimiendo a las heroicas Damas de Blanco, un grupo de mujeres dedicadas a la protesta pacífica contra las violaciones de derechos humanos del régimen.
En forma más amplia, el régimen continúa privando a su propio pueblo de las libertades fundamentales de expresión, prensa, asamblea y asociación. En efecto, según los informes de ONG, los matones cubanos hicieron más de 2.800 arrestos arbitrarios solamente en el año 2018. En el proceso que condujo a la farsa del reciente referéndum constitucional del país, en el que se consagró al Partido Comunista como el único partido político legal de Cuba, el régimen acosó, golpeó y detuvo a líderes y activistas de la oposición. Trescientas diez personas fueron arbitrariamente detenidas según información de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
El comportamiento de Cuba en el Hemisferio Occidental socava la seguridad y estabilidad de los países de la región, lo cual amenaza directamente a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. El régimen cubano durante años ha exportado sus tácticas de intimidación, represión y violencia. Han exportado esto a Venezuela con su apoyo directo al exrégimen de Maduro. En la actualidad, los servicios de inteligencia militar y seguridad estatal cubanos mantienen a Maduro en el poder.
Lamentablemente, la exportación más significativa de Cuba en estos días no son los puros ni el ron, es la opresión. La distensión con el régimen ha fracasado. El congraciarse con los dictadores cubanos siempre será una mancha negra en el largo historial de defensa de los derechos humanos de esta gran nación.
Por estas razones, estoy anunciando que el gobierno de Trump ya no suspenderá el Título III. Con vigencia a partir del 2 de mayo, el derecho de iniciar juicio bajo el Título III de la Ley Libertad se implementará en su totalidad. Ya informé al Congreso mi decisión.
La implementación del Título III en su totalidad significa una oportunidad de justicia para los cubano-americanos que por mucho tiempo han buscado compensación por la expropiación sin compensación sufrida a manos de Fidel Castro y sus lacayos. Por primera vez, los reclamantes podrán iniciar juicios contra las personas que trafican en propiedades que fue confiscadas por el régimen cubano. Cualquier persona o compañía que haga negocios en Cuba debería prestar atención a este anuncio.
Además de ser vulnerables a juicios, ellos podrían estar colaborando con los abusos del régimen contra su propio pueblo. Aquellos que estén haciendo negocios con Cuba deberían investigar plenamente si existen conexiones con propiedad robada en servicio de un experimento comunista fracasado. Quisiera animar tanto a nuestros amigos como aliados a que nos sigan en nuestra iniciativa y defiendan al pueblo cubano.
Como declaré en mi viaje a Sudamérica esta semana pasada, el gobierno de Trump ha asumido el compromiso de ayudar a expandir la ola de la democracia, el buen gobierno y la apertura que firmemente están desarrollándose por todo el Hemisferio Occidental. En mi último viaje la semana pasada, vi estos cambios positivos de primera mano y les dije a nuestros amigos y aliados que estamos con ellos; estamos al lado de lo que es correcto y lo que es justo.
Hoy estamos exigiendo que el gobierno cubano rinda cuentas por haber expropiado activos de ciudadanos estadounidenses. Estamos ayudando a aquellas personas que han sido robadas por el régimen a obtener compensación por la propiedad que legalmente les pertenece. Y estamos haciendo avanzar los derechos humanos y la democracia en nombre del pueblo cubano.
Ahora quisiera darle la palabra a la subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kim Breier, para que responda a algunas de sus preguntas esta mañana. Gracias a todos.

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