Las mujeres en los sistemas de pensiones de la región


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Notas para la igualdad 

N° 29
5 de marzo de 2019
En general, los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe reproducen y profundizan las desigualdades estructurales presentes en otros ámbitos. En los países de la región, los sistemas de pensiones están fuertemente asociados al tipo de vínculo que las personas establecen con el mercado laboral, el cual se caracteriza, a su vez, por altas tasas de informalidad, precariedad y por reproducir las desigualdades de género.

La persistente división sexual del trabajo explica que la tasa de actividad económica de las mujeres en la región se haya estancado en torno al 50%. De aquellas que logran insertarse en el mercado laboral, la mitad está en empleos de baja productividad y únicamente un 18,6% de estas se encuentran afiliadas o cotizando en un sistema de seguridad social. Estos empleos se caracterizan, además, por su inestabilidad y precariedad salarial.

En un contexto de cambios demográficos relacionados con el envejecimiento y la feminización de la población adulta mayor se agudizan los desafíos que afrontan las mujeres para el logro de su autonomía económica. 

Las mujeres constituyen la mayoría de la población adulta mayor, sin embargo, salvo excepciones, están subrepresentadas entre quienes perciben pensiones. La proporción de mujeres en edad legal de jubilación que reciben algún tipo de pensión o jubilación es menor que la de hombres. Si bien en la región se ha avanzado en su inclusión por medio de pensiones no contributivas, estas son las prestaciones de menor monto y no permiten a las mujeres superar la situación de pobreza. 
 
América Latina (promedio ponderado de 17 países): proporción de personas que reciben pensiones a partir de la edad legal de retiro por sexo, y brecha entre los montos de las prestaciones de mujeres y hombres, alrededor de 2015. ab .
(En porcentajes)
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Fuente Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2017 (LC/PUB.2018/1-P), Santiago, 2018
Nota: La brecha entre los montos corresponde a la diferencia entre el ingreso medio por prestaciones contributivas y no contributivas de las mujeres en edad legal de jubilación y de los hombres en edad legal de jubilación. Las cifras que figuran sobre los nombres de los países corresponden a la edad legal de jubilación de cada país, por sexo. Para construir el gráfico, se usó 65 años como edad de jubilación en el caso del Ecuador, donde no existe una edad de jubilación obligatoria. a Los datos corresponden a 2015, excepto en los casos de la Argentina, Guatemala, México y Venezuela (República Bolivariana de), en que corresponden a 2014. b Los datos corresponden al total nacional, excepto en el caso de la Argentina, en que corresponden a 31 aglomerados urbanos.
Además de las brechas de género asociadas al mercado laboral en los sistemas de pensiones, aún persisten formas directas de discriminación vinculadas a normas que establecen un trato desigual hacia las mujeres. Así, por ejemplo, el uso de tablas de mortalidad diferenciadas para el cálculo de las pensiones castigan la mayor longevidad de las mujeres, lo que se agrava en los países en que existe para ellas una edad de retiro menor, pues en esos casos un monto acumulado menor debe dividirse por un número de años mayor, dando como resultado una pensión inferior. Si bien en algunos países una menor edad de retiro para las mujeres se justifica como una compensación por el trabajo de cuidado que estas asumen, y en tal sentido sería una medida de acción afirmativa, esta debería ir acompañada de medidas que compensen esos años menos de aportes, como se observa, por ejemplo, en la experiencia brasileña.

El acceso de las mujeres a los actuales sistemas de pensiones no se funda en la titularidad de derechos de ciudadanía o en las contribuciones que realizan al desarrollo de los países. Así, paradójicamente, aquellas mujeres que se dedican exclusivamente al trabajo de cuidados no remunerado quedan excluidas de los sistemas de pensiones pese a que realizan una contribución importante al bienestar social de los países. 

Otra manifestación indirecta de los sesgos de género en los sistemas de pensiones se evidencia al analizar la exclusión de las trabajadoras domésticas de los regímenes generales de protección social. Lentamente esta deuda histórica de homologación de los derechos de las trabajadoras domésticas al del resto de los trabajadores ha ido saldándose en países como el Brasil, Chile, Costa Rica, el Ecuador y el Uruguay. Estas medidas, además de permitir avanzar hacia la universalización de la protección social, garantizan una mayor sostenibilidad financiera de los sistemas previsionales. 

Lograr que la dimensión de género esté presente de forma integral en el diseño de las reformas de los sistemas de pensiones constituye un desafío en la región. La inclusión de las mujeres en los sistemas de pensiones es indispensable para hacer frente a la nueva estructura de edades de la población, a la demanda y necesidad de autonomía económica y al ejercicio de sus derechos. También es un requisito para la sostenibilidad de los propios sistemas y para alcanzar la igualdad. 
Propuestas de políticas a partir de las lecciones aprendidas en la región:
  • Fortalecer la oferta pública de cuidados de calidad, resguardando mejores condiciones laborales para las trabajadoras, y fomentar la corresponsabilidad de los cuidados, desmantelando la división sexual del trabajo tanto en la esfera mercantil como en la privada.
  • Integrar una perspectiva de género en los análisis de los sistemas de pensiones, asegurando el reconocimiento del cuidado como un aporte de las mujeres a la viabilidad de los sistemas de pensiones y al resto de la protección social;
  • Impulsar pactos fiscales para financiar los sistemas de pensiones, conciliando los principios de universalidad e igualdad y no discriminación con el de sostenibilidad financiera, de manera que ninguno de ellos se encuentre subordinado al otro;
  • Adoptar medidas de acción positiva para compensar las desigualdades acumuladas previo al retiro;
  • Utilizar tasas de reemplazo escalonadas, diferenciadas por niveles de ingreso y salarios de referencia basados en las trayectorias laborales;
  • Establecer instancias de participación y diálogo social que incluyan a diversos actores sociales, como sindicatos y movimientos de mujeres, tanto para debatir eventuales procesos de reforma como para ejercer funciones de veeduría ciudadana;
  • Fortalecer los sistemas de información sobre los regímenes de pensiones para la formulación de políticas y la realización de evaluaciones de los sistemas de pensiones.
 

Sin igualdad de género, el desarrollo sostenible no es desarrollo ni es sostenible 
División de Asuntos de Género de la CEPAL 

http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero

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