Secretario general de la CASC considera inaceptable pretensión de obligar a los empleados públicos afiliarse a la ARS Senasa

El secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, considero inaceptable por ser ilegal la disposición del Tribunal Constitucional que obligaría a los empleados públicos a afiliarse  a la ARS Senasa.
Del Río Doñé entiende que esa disposición debe ser revisada por ser violatoria a la Constitución , porque al trabajador les asiste el derecho a la autodeterminación, como en el caso de escoger la ARS de su preferencia.
Recordó además que la Ley de la Seguridad Social establece que los trabajadores tienen la libertad de escoger las ARS o las AFP de su preferencia.
En verdad que los trabajadores  a todos los niveles tenemos la libertad y la misma Ley de la Seguridad Social expresa con claridad que estos tienen la libertad para escoger las ARS o las AFP que quieran, precisó el dirigente sindical.
Refirió que las ARL es una institución única donde todos los trabajadores deben pertenecer, pero lo que son las ARS y AFP la misma Ley dice con mucha claridad que los trabajadores tienen derecho a escoger, entonces se debe revisar la disposición del Tribunal Constitucional.
El secretario general de la CASC, alega además, que dicho tribunal no puede violentar lo que son  las normas o libertad que existen el país, y sobre todo un principio claro de lo que es la Seguridad Social , de la libertad que tienen que tener todos su socios de escoger a sus ARS o AFP.
Aunque considera necesario que dicha disposición sea revisada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, el dirigente sindical insistió en que es violatoria a la Constitución porque vulnera un derecho de la clase trabajadora.
Implementarse la obligatoriedad de que todos los trabajadores pertenezcan a la ARS Senasa , viola los principios de libertad, fundamentales y que no se puede imponer por ley ninguna decisión que vulnere el concepto de libertad que son fundamentales que existen en el país.
La disposición del Tribunal Constitucional que obligaría a los empleados públicos a afiliarse a la ARS Senasa, es rechazada por representantes del ser sindical, incluyendo la Asociación Dominicana de Usuarios de la Seguridad Social (MUSS), al igual que por el dirigente de la Confederación de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos.
El presidente de ASODOMUSS, Joel Rodríguez, defiende  que casa usuario del Sistema Dominicano de la Seguridad Social tenga la facultad  de la libre elección para afiliarse  a la Administradora de Riesgos de Salud que entienda pertinente, como establece la Ley 87-01.
De su lado, Jacobo Ramos, principal dirigente de la CNTD considera  inaceptable e inadmisible que todos los empleados y trabajadores públicos y sus dependientes sean afiliados automáticamente al Senasa, porque sería contrario a la Constitución, que establece que no deben existir monopolios en el país, y menos aún en el caso de la salud pública y la seguridad social.
Entiende  que ninguna decisión judicial puede violar el principio de la libre elección que establece la misma ley, como parece hacerlo la sentencia TC/0573/18, emitida por el Tribunal Constitucional, que declara inadmisible un recurso de amparo incoado por seis administradoras de riesgos de salud para evitar ese monopolio.
Ramos considera que esa sentencia debe ser analizada y el tema nuevamente replanteado, de modo que todos los sectores involucrados lleguen a un acuerdo general que beneficie a todos, principalmente a los afiliados y que las aseguradoras de riesgos que ofrecen el servicio sean justamente tratadas.
Esta semana la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) advirtió que existen impedimentos legales y jurídicos, para traspasar a los empleados públicos y sus dependientes en forma automática al Senasa, en virtud de que esta acción fue irrevocablemente juzgada y vedada por la sentencia de amparo 132/2008, emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en el año 2008.
Según la ADARS, ante esa decisión de la Primera Sala del TSA, resulta ilegal y contradictorio al ordenamiento jurídico traspasar forzosamente a los empleados públicos al Senasa y que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) debe abstenerse de ejecutar cualquier disposición al respecto.

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