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Proyecto de Ley de Medios de Comunicación



CONSIDERANDO PRIMERO: Que la Constitución de la República consagra al Estado Dominicano como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundamentado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo y la separación e independencia de los poderes públicos.
CONSIDERANDO SEGUNDO: Que tanto la Constitución de la República como los instrumentos internacionales que versan sobre derechos humanos, ratificados por el Estado dominicano, establecen la libertad de expresión, difusión e información, como los derechos de las personas a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, así como garantizar que todos los medios de información tengan libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley.
CONSIDERANDO TERCERO: Que el artículo 63 de la Constitución establece que la educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. Por lo que ha reconocido que los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana.
CONSIDERANDO CUARTO: Que la Carta Magna reconoce el fortalecimiento de la democracia como un deber que solo puede ser alcanzado mediante el esfuerzo conjunto de ciudadanos comprometidos con una educación cimentada en los valores constitucionales y los principios fundamentales, haciendo necesaria la colaboración mancomunada de todos los sectores sociales.
CONSIDERANDO QUINTO: Que el artículo 56 de la Constitución establece que la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente, de donde se desprende que su debida orientación no es una labor exclusiva de las familias en sentido estricto ni del Estado en tanto garante de los Derechos Fundamentales, sino que ha de constituir una labor prioritaria de toda la sociedad en su conjunto.
CONSIDERANDO SEXTO: Que la libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales, por lo que, entre otras obligaciones, las autoridades están sujetas a poner a disposición de las personas, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público; a no permitir ni aplicar censura previa, restricciones o imposición arbitraria a la circulación de los medios o la divulgación.
CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que el derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 44 de la Carta Magna, por lo que es necesario delimitar en qué consisten los derechos a la intimidad, el honor, el buen nombre y a la propia imagen y cómo pueden ser resarcidos o reparados sus titulares en caso de la violación de los mismos, para que los habitantes de la República Dominicana, conociendo sus derechos y prerrogativas, puedan utilizar las vías legítimas puestas a su disposición para lograr su protección y tutela efectiva.
CONSIDERANDO OCTAVO: Que el Código de Niños, Niñas y Adolescentes en sus Principios V, VI y VII, establece como prioritaria la protección de la integridad de niños, niñas y adolescentes y la obligación del Estado dominicano de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier índole que sean necesarias y apropiadas para garantizar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos.
CONSIDERANDO NOVENO: Que el artículo 12 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, establece el derecho a la integridad personal, el respeto a la dignidad, la inviolabilidad de la integridad física, psíquica, moral y sexual, incluyendo la preservación de la imagen, identidad, autonomía de valores, ideas, creencias, espacio y objetos personales del menor.
CONSIDERANDO DÉCIMO: Que el artículo 16 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, establece que el padre y la madre tienen el deber de manutención, alimentación, guarda, recreación, atención de salud, vigilancia y educación de los hijos y las hijas menores de edad, correspondiéndoles actuar en interés de ellos, con la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes.
CONSIDERANDO DÉCIMO PRIMERO: Que los medios de comunicación juegan un rol importante en la educación de los ciudadanos e influyen de manera significativa en su formación y en la manera en que se construye la opinión pública y el diálogo democrático, por lo que resulta trascendente su valor para la estructuración de una sociedad poseedora de los valores constitucionales de la dignidad humana, lalibertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna.
CONSIDERANDO DÉCIMO SEGUNDO: Que el mejor medio de alcanzar la protección efectiva de los derechos fundamentales, sobre la expresión y difusión del pensamiento, es legislar sobre una disposición legal fundada en la prohibición de medidas preventivas, de toda intervención y control administrativo en lo que concierne a la expresión de las ideas o a la comunicación de los hechos, y reducción al mínimo de las formalidades previas a la publicación.



CONSIDERANDO DÉCIMO TERCERO: Que a los mismos fines es necesaria una disposición legal para establecer la responsabilidad de las personas físicas o jurídicas, prensa, la radio, televisión, los medios digitales o cualquier otro medio de comunicación social, basado en una enumeración limitativa y a una definición concreta de las infracciones de comunicación, excluyéndose así toda posibilidad de represión arbitraria para la libertad de expresión.
CONSIDERANDO DÉCIMO CUARTO: Que el control del ejercicio del derecho a la expresión y difusión del pensamiento requiere ser adecuado a las tendencias modernas, así como la libertad de acceso a la información privada de relevancia pública requiere de un marco jurídico para ser ejercida en la República Dominicana, a fin de asegurar el afianzamiento del sistema democrático y la transparencia de la vida nacional.
VISTA: La Constitución de la República;
VISTA: La Declaración Universal de Derechos Humanos, del 10 de diciembre del año 1948;
VISTA: La Resolución No. 684, del 27 de octubre de 1977, que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos auspiciado por las Naciones Unidas el 27 de agosto de 1977;
VISTA: La Resolución No.739, del 25 de diciembre de 1977, que aprueba la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos;
VISTO: El decreto del Consejo Nacional CN No.2214, del 17 de abril de 1884, que sanciona el Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana;
VISTA: La Ley No.76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana;
VISTA: La Ley No.136-03, del 7 de agosto de 2003, que crea el Código para el sistema de protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes;
VISTA: La Ley No.550-14, del 19 de diciembre de 2014, que establece el Código Penal de la República Dominicana;
VISTA: La Ley No.6132, del 15 de diciembre de 1962, de Expresión y Difusión del Pensamiento;
VISTA: La Ley No.845, de 15 de julio de 1978,que modifica varios artículos del Código de Procedimiento Civil, encaminados a acortar los plazos para interponer los recursos de apelación y de oposición;
VISTA: La Ley No.72-02, del 7 de junio de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas;
VISTA: La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No.200-04, del 28 de julio de 2004;
VISTA: La Ley No.13-07, del 5 de febrero de 2007, que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo;
VISTA: La Ley No.53-07, del 23 de abril de 2007, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología;
VISTA: La sentencia del Tribunal Constitucional No. TC/0075/16, del 4 de abril del año 2016, sobre la Ley No.6132, del 15 de diciembre de 1962, de Expresión y Difusión del Pensamiento, y los artículos 368, 369, 370, 371 y 372 del Código Penal Dominicano.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES INICIALES
Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regular el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, la protección de la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, para garantizar el derecho de las personas a expresarse libremente, así como el ejercicio del derecho colectivo de buscar, recibir y difundir la información.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley son de orden público, de aplicación en todo el territorio nacional y vinculan, afectan y protegen a las personas físicas y jurídicas de conformidad con la regulación particular de cada derecho.
Artículo 3.- Principios. Con miras a la protección efectiva de los derechos y en el marco del respeto al ordenamiento jurídico en su conjunto, la presente ley se rige por los siguientes principios:
Principio de protección a la dignidad humana. El reconocimiento superior de la dignidad como principio fundamental de nuestro ordenamiento constitucional, establece que la persona constituye un fin para el Estado que vincula y legitima a todos los poderes públicos, en especial al juez, el cual debe tomar como referente este principio en un parámetro interpretativo de todas las normas del ordenamiento jurídico para garantizar la tutela judicial efectiva en favor de la persona.
Principio de responsabilidad. La actuación de las personas sujetas a esta ley debe mantenerse apegada a los criterios y al espíritu de la misma, sujeto a responder de las lesiones que causen en los bienes o derechos de las personas como consecuencia de su accionar. Así, las personas, físicas o jurídicas, privadas o públicas, sufrirán las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
Principio de razonabilidad y proporcionalidad. Las restricciones y prohibiciones deben ser proporcionales a los fines y medios del peligro que se intenta evitar, ponderándose con prudencia las consecuencias sociales de la decisión. Al aplicar las sanciones dispuestas por la presente ley, el juez considerará la gravedad del hecho cometido y tomará en cuenta que las penas de ben tener un efecto social y regenerador, no sólo para el individuo al que se le aplican sino también para la sociedad en su conjunto.
Principio de irrenunciabilidad. Los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen son irrenunciables, inalienables e imprescriptibles. La renuncia a la protección de estos derechos será nula, sin perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento a que se refiere la misma.
Libertad de expresión. Las personas tienen derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, por radio o televisión, por medio de soportes digitales o por cualquier otro procedimiento de su elección.
CAPÍTULO 11 DEFINICIONES
Artículo 4.- Definiciones. Para efectos de esta ley se entenderá por:
Agencias informativas: Son aquellas que se dedican en forma habitual a proporcionar noticias y transmitir cualquier otra información pública.
Consentimiento informado: Implica el consentimiento de uso de una imagen de manera voluntaria, libre, inequívoca. Independientemente de lo que establece la Ley No. 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Destinatario: La persona designada por el iniciador para recibir el mensaje, pero que no esté actuando a título de intermediario con respecto a ese mensaje.
Diario: Una publicación periódica, impresa o difundida por radio, televisión, cable, internet o cualquier otro medio digital, por lo menos cuatro veces por semana, con noticias, artículos de opinión, reportajes, entrevista, programas de panel, publicidad y comentarios.
Difamación: Constituye difamación la imputación pública a una persona, física o jurídica, de algo que le afecta en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar.
Director: Se considera director a la persona responsable de la supervisión de las publicaciones a las que se refiere la presente ley.
Espacios pagados: Todo comunicado, manifiesto y documentos no comerciales, que se hagan en forma de noticia, que deberán hacer constar en lugar visible este hecho mediante la frase: "Espacio pagado".
Espectáculo público: Todo acto artístico, educativo, cultural, deportivo o social, celebrado en lugares que tiendan a proporcionar esparcimiento, recreación o instrucción al público, ya sea en vivo o en exposición visual en pantallas.
Figura pública: La persona que posee notoriedad o trascendencia colectiva, sin ostentar un cargo público, y aquellas otras que alcanzan cierta publicidad por la actividad profesional que desarrollan o por difundir habitualmente hechos y acontecimientos de su vida privada.
Funcionario: Es todo aquel que desempeña una función pública, sea esta designada por una autoridad jerárquicamente superior y competente para ello, o atribuida por concurso electoral.
Iniciador: Toda persona que difunda por vía electrónica cualquier tipo de publicación o envíe mensaje, actuando por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado, para enviar o generar dicho mensaje antes de ser archivado, si este es el caso, pero que no lo haya hecho a título de intermediario con respecto a ese mensaje.
Injuria: Constituye injuria el hecho de afirmar contra otra persona, física o jurídica, una invectiva o realizar cualquier expresión afrentosa o despreciativa, siempre que no contenga la imputación de un hecho preciso.
Intermediario: Toda persona que, en relación con un determinado mensaje de datos, actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive dicho mensaje o preste algún otro servicio con respecto a él.
Locutor: Se considera locutor a la persona que se dedica a la presentación, anuncios, publicidades, a emitir información, noticias, a participar en eventos de medios masivos como la radio y la televisión.
Mensajes de datos: La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.
Periodista profesional: Se considera a la persona que se dedica profesionalmente al periodismo en cualquiera de sus formas y al que tiene por ocupación principal buscar, obtener y emitir informaciones u opiniones en periódicos, diarios, medios electrónicos, publicaciones unitarias y cualquier otro medio.
Periódico: Publicaciones, programas de comentarios, críticas y divulgación de noticias por cualquier medio con frecuencia anual, semestral, mensual, semanal o eventual.
Publicar: Es el ejercicio de hacer conocer al público en general, mediante cualquier medio, una opinión o información de cualquier índole. La comunicación meramente interpersonal o de manera personal hacia grupos considerados cerrados, no equivaldrá a publicar.
Presentaciones en vivo: Es aquel espectáculo o evento cultural, artístico, que incluye la participación de personas que llevan a cabo una representación directamente frente al público.
Publicaciones unitarias: Es toda publicación hecha por cualquier medio que comprenda libros, folletos, hojas sueltas, carteles e impresos, medios electrónicos y cualquier otro medio.
CAPÍTULO III
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 5.- Prohibición de censura previa. El ejercicio del derecho de expresión y difusión del pensamiento no está sujeto a censura previa, sino. Consecuencias ulteriores, las que están fijadas expresamente por esta ley, que serán proporcionales a la necesidad de asegurar el respeto a los derechos de intimidad, honor, buen nombre o de protección a la propia imagen y a la protección de aquellas informaciones cuyo acceso está limitado en razón de intereses públicos preponderantes, de conformidad con el artículo 1 7 de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No.200-04, del 28 de julio de 2004.
Artículo 6.- Prohibición de restricción. No se puede restringir el derecho de expresión por ninguna vía directa ni por vías o medios indirectos, tales como controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de equipos y aparatos mecánicos y electrónicos usados en la difusión masiva de información o por cualesquiera otros medios encaminados a obstaculizar o impedir la libre comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Artículo 7.- Derecho a la información. Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea de manera oral, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Artículo 8.- Acceso privilegiado de las empresas noticiosas. Las empresas noticiosas gozarán de acceso inmediato y sin discriminación alguna, a toda fuente de información pública o privada de relevancia pública, así como a todo evento de la misma naturaleza, sin que pueda imponérseles mayores restricciones que las dispuestas en la ley que regula la materia.
Párrafo.- Todos los aspectos relacionados con el acceso a la información pública o privada de relevancia pública, en especial lo relacionado con las excepciones de la libertad de acceso y los mecanismos de protección a dicho derecho, se rigen de conformidad a las disposiciones de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, del 28 de julio de 2004.
CAPÍTULO IV
DE LA DIRECCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Artículo 9.- Director. Al frente de toda publicación diaria y periódica habrá un director. En los medios radiales, televisados o electrónicos, cada programa o segmento de cualquier índole, tendrá un director. En todos los casos, el nombre del director se informará en cada edición.
Párrafo.- En las publicaciones unitarias se considerará director a la persona responsable de supervisar la publicación de la misma.
Artículo 10.- Requisitos para ser director. El director tendrá como requisitos imprescindibles, los siguientes:
Ser dominicano;
Ser mayor de edad;
Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;
Tener su domicilio en el país.
Párrafo.- En los casos de publicaciones dirigidas a un público extranjero en la República Dominicana, se eximirá al director del requisito de ser dominicano.
CAPÍTULO V
DEL EJERCICIO PERIODÍSTICO
Artículo 11.- La cláusula de conciencia. La cláusula de conciencia es un derecho constitucional de los periodistas que tiene por objeto garantizar la independencia de criterio en el desempeño de su función profesional.
Artículo 12.- Dimisión de conciencia. En virtud de la cláusula de conciencia los periodistas tienen derecho a presentar su dimisión como empleados de la empresa, de acuerdo con el Código de Trabajo, en los casos siguientes:
Cuando en el medio de comunicación con el que esté vinculado laboralmente el periodista se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica, si este cambio implica para el periodista, una situación de tal naturaleza que hiera su reputación o su moral.
Cuando se exija al periodista elaborar, firmar una información o un artículo de opinión cuyo contenido entre en contradicción con su conciencia o ética profesional o se limite su libre expresión y difusión del pensamiento.
Cuando el juez compruebe que la información suplida por el periodista al medio que la publicó no se corresponde con la publicación difamatoria o injuriosa, lo eximirá de toda responsabilidad.
Párrafo.- En el caso establecido en el numeral 3) del presente artículo, el periodista podrá reclamar la reparación de daños y perjuicios, según lo establecido en el Código Civil de la República Dominicana. El plazo para la prescripción iniciará a partir de la sentencia definitiva dictada al efecto.
Artículo 13.- Reserva de fuente de información. Los periodistas no pueden ser obligados a revelar sus fuentes de información, aún en los casos en que sean llamados a declarar como testigos ante los tribunales o ante cualquier autoridad judicial o extrajudicial.
CAPÍTULO VI
DE LOS DERECHOS DE RECTIFICACIÓN
Artículo 14.- Rectificación. Las personas tienen el derecho a solicitar a los medios de comunicación la rectificación de las publicaciones alusivas a ellas o a sus funciones que sean inexactas o agraviantes y estos tienen la obligación de darle respuesta por cualquier medio, según lo establece el artículo 15.
Párrafo 1.- Cuando la publicación provenga de un tercero, la persona tiene derecho a solicitar a los medios de comunicación que de manera gratuita se le permita en los mismos medios, lugar y condiciones de la publicación, presentar su defensa contra dicha publicación.
Párrafo 11.- El medio de comunicación estará obligado a otorgar una copia certificada por el editor de la información que originó la solicitud de rectificación.
Artículo 15.- Plazos para solicitar rectificación de publicaciones. Cuando se trate de publicaciones en diarios, la solicitud de rectificación o de respuesta será depositada, por
lo menos veinticuatro horas antes del cierre de la publicación en la que debe aparecer.
Párrafo I.- Si se tratare de una publicación periódica, para que sea publicada la solicitud de rectificación esta se depositará en el medio que hizo la publicación dentro de los tres días francos después de la publicación que se pretende rectificar.
Párrafo II.- En los diarios radiales o televisados, la solicitud se depositará por lo menos veinticuatro horas antes de la emisión en la que debe aparecer la rectificación.
Artículo 16. Rectificación de las publicaciones periódicas. En los casos en que se trate de una publicación periódica, el periódico, si decide hacer la rectificación, debe hacerla en un medio de la preferencia del afectado según los plazos y condiciones establecidos en los artículos 14 y 15, párrafo I, de la presente ley y en la próxima publicación del periódico.
Artículo 17 .- Rectificaciones o respuestas en libros. En los casos de solicitud de rectificación o de respuesta en libros, las rectificaciones y las respuestas correspondientes se publicarán como "espacio pagado" en un periódico de circulación nacional y en un plazo no mayor de los cinco días siguientes a la fecha de haber sido recibida la solicitud de rectificación o de respuesta y ser corregido en la próxima edición, según los plazos y condiciones establecidos en los artículos 14 y 15.
Artículo 18.- Publicaciones electrónicas. Cuando se trate de publicaciones electrónicas, la respuesta a la solicitud de rectificación se publicará como "espacio pagado" en un periódico de circulación nacional y en un plazo no mayor de los cinco días siguientes a la fecha de haber sido recibida la solicitud de rectificación o de respuesta, en el medio electrónico en que se hizo la publicación y en un medio electrónico de la preferencia del afectado, en un plazo no mayor de las veinticuatro horas siguientes a la fecha de haber sido recibida, según los plazos y condiciones establecidos en los artículos 14 y15.
Párrafo.- En los medios digitales la publicación deberá realizarse tres días consecutivos.
Artículo 19.- Publicaciones radiales y televisivas. Cuando se trate de publicaciones radiales y televisivas, la respuesta a la solicitud de rectificación se publicará como "espacio pagado" en un periódico de circulación nacional de la preferencia del afectado en un plazo no mayor de los cinco días siguientes a la fecha de haber sido recibida, salvo acuerdo entre las partes
Párrafo.- En los medios radiales y televisivos la publicación también deberá realizarse en tres emisiones consecutivas de dichos programas, salvo acuerdo entre las partes.
Artículo 20.- Forma de solicitud y otorgamiento. La publicación de la rectificación o de la réplica será solicitada por escrito por la persona interesada, sin más formalidades que los datos que permitan identificarla y contactarla.
Párrafo. - El director insertará la rectificación o réplica en la próxima edición de la publicación, tomando en cuenta si la solicitud fue presentada con anterioridad al cierre. Los directores deberán informar al solicitante del momento en el cual se difundirá la rectificación o la réplica. Esta regla aplica para todos los medios de comunicación.
CAPÍTULO VII
DE LAS PUBLICACIONES ORGANIZADAS
Artículo 21.- Publicaciones organizadas. Las personas físicas o jurídicas podrán libremente comunicar al público en general, de manera constante, cualquier tipo de información u opinión, a modo de actividad comercial o profesional, pudiendo asociarse o conformar empresas con estos fines.
Artículo 22.- Obligación de comunicar al público. Las personas físicas o jurídicas comunicarán al público de manera fácilmente accesible, los datos personales que permitan identificar a todas las personas que participen en una empresa de comunicación y estén involucradas en el proceso de publicación, incluyendo a los directores y editores.
Artículo 23.- Identificación de datos en los espacios pagados. En caso de espacio pagado el director debe incluir siempre los datos que permitan identificar a la persona que solicitó el espacio pagado. Solo estará obligado a proporcionar el
nombre del solicitante cuando así lo ordene una sentencia de Tribunal competente.
CAPÍTULO VIII
DEL SECRETO PROFESIONAL
Artículo 24.- Secreto profesional. Los periodistas deben reservar sus fuentes de información, aún en los casos en que sean llamados a declarar como testigos ante los tribunales o ante cualquier autoridad judicial o extra judicial.
Artículo 25.- Deber de identificación de los autores con seudónimo. El director deberá requerir la identificación a los colaboradores que utilicen un seudónimo.
Artículo 26.- Solicitud de identificación. Cuando una persona entienda que un escrito bajo un seudónimo le afecta o constituye una difamación o injuria en su contra, podrá solicitar al representante del Ministerio Público correspondiente que requiera al director la identificación del seudónimo. Dicha solicitud se realizará mediante simple carta exenta de formalidades, acompañada del escrito que entiende difamatorio.
Párrafo I.- El representante del Ministerio Público, actuante cursará la solicitud al director del medio en un plazo no mayor de dos días, a partir de la misma.
Párrafo II.- En caso de que el Ministerio Público no cumpla con esa solicitud en el plazo establecido en el párrafo I, el interesado podrá solicitar directamente la información al director del medio, acompañando la solicitud con la hecha al Ministerio Público.
Artículo 27.- Plazo al director para dar información. En cualquiera de los casos previstos en el artículo 24, el director proporcionará en un plazo no mayor de dos días, los datos que permitan identificar al autor o a los autores de las publicaciones bajo su control, incluyendo los datos relativos a dichos autores que publican con seudónimo.
Párrafo.- Si el director no entrega la información en el plazo señalado, se considerará responsable de impedir la
investigación, pudiendo comprometer su responsabilidad personal como si fuere el autor de la publicación.
CAPÍTULO IX
DE LA CONCILIACIÓN PREVIA A LA ACCIÓN
Artículo 28.- Negativa de publicar la rectificación. Se considera como una negativa a publicar la rectificación o la respuesta, el hecho de no hacer la publicación de las mismas en el plazo de tres días a partir de la fecha en que la solicitud fue recibida.
Párrafo I.- Vencidos los plazos establecidos del artículo 24 al 26 para cada caso en particular, la parte afectada notificará por acto de alguacil al responsable de la publicación para que en un plazo de dos días contados a partir de dicha notificación participe en una tentativa de conciliación previo al apoderamiento de los tribunales.
Párrafo II.- Esta solicitud se establece como una condición prejudicial, sin la cual la acción judicial que se intente contra el publicante será declarada inadmisible, aún de oficio, por el tribunal apoderado.
Artículo 29.- Tentativa de conciliación. En el plazo de dos días las partes tratarán de designar un conciliador de mutuo acuerdo. En caso de que esto no sea posible, se considerará de pleno derecho concluida la tentativa de conciliación y el afectado podrá proceder a apoderar la jurisdicción que corresponda ante la cual deberá presentar el acto de alguacil antes mencionado.
Párrafo 1.- Si las partes designan un conciliador, procederán a realizar la tentativa de conciliación en un plazo no mayor de cinco días a partir de la designación. Vencidos estos cinco días se considerará concluida la tentativa de conciliación, y en caso de no acuerdo el afectado podrá proceder a apoderar la jurisdicción que corresponda ante la cual deberá presentar el acto de alguacil antes mencionado.
Párrafo 11.- En caso de acuerdo, el publicante procederá de conformidad con el procedimiento y plazos antes establecidos en los artículos 15, 16, 17, 18 y 19.
Párrafo III.- Si el publicante no cumple con el acuerdo arribado en la conciliación en esos plazos, podrá comprometer su responsabilidad y el afectado puede proceder a apoderar la jurisdicción que corresponda ante la cual deberá presentar el acto de alguacil antes mencionado.
Artículo 30.- Publicación de rectificación. En cada caso se procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 15, 16, 17, 18 y 19.
Párrafo.- La publicación de la rectificación descarga definitivamente al medio, al director y a los autores de toda responsabilidad.
CAPÍTULO X
DE LA PRESCRIPCIÓN
Artículo 31.- Prescripción. La acción prescribirá a los treinta días transcurridos a partir del día de la publicación o de que se haya difundido la información, cuando no haya conciliación. En caso de tentativa de conciliación el plazo de treinta días se computará a partir de cuando la misma quede concluida.
Artículo 32.- Publicación bajo seudónimo. Si el director informara sobre la identidad del publicante bajo seudónimo, dentro del plazo dispuesto en el artículo 19, el plazo para la prescripción establecido en el artículo 29 correrá a partir de la entrega de la información de identidad del publicante.
Párrafo.- En caso de que el director no entregue la información de la identidad del publicante bajo seudónimo, el cómputo de la prescripción prevista en el artículo 29 iniciará a partir del vencimiento del plazo previsto en el artículo 2 5.
CAPÍTULO XI
DEL CONSEJO NACIONAL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y MEDIOS DE EXPRESIÓN
Artículo 33.- Creación. Se crea el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión como un órgano adscrito al Ministerio de Cultura.
Artículo 34.- Función. El Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión tendrá las siguientes funciones:
Contribuir al fortalecimiento de los valores familiares dominicanos, la integración y convivencia humana y el uso adecuado de la radio, la televisión y los medios de expresión, para garantizar el desarrollo armónico de la niñez y la juventud dominicana.
Garantizar el respeto a la dignidad humana consagrado en la Constitución de la República.
Velar por el uso correcto de los medios de expresión para lograr la integración social de los dominicanos, evitando influencias perturbadoras.
Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo dominicano, preservando sus costumbres, tradiciones e identidad nacional.
Aplicar los principios consagrados en la presente ley, en el ámbito de los espectáculos públicos y los medios de expresión, procurando una armoniosa interacción con las normas constitucionales que regulan la libertad de expresión, la protección al honor, la imagen, la intimidad y el buen nombre.
Velar por el uso adecuado de las normas que formulan el deber del Estado en torno a la protección de la dignidad humana y su vinculación a la educación, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
Artículo 35.- Integración del Consejo. El Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión estará integrado de la siguiente manera:
El ministro de Cultura o su representante, quien lo presidirá.
El Presidente de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA) o por otro directivo a quien el Presidente delegue su participación.
El Presidente de la Asociación Dominicana de canales de televisión de VHF y UHF (_______) o por otro directivo a quien el Presidente delegue su participación.
El Presidente de la Asociación Dominicana de medios digitales (_____) o por otro directivo a quien el Presidente delegue su participación.
El Presidente de la La Asociación Nacional de Músicos, cantantes, Bailarines, Locutores y Actores de la Republica Dominicana (AMUCABA) o por otro directivo a quien el Presidente delegue su participación.
El director ejecutivo de los Espectáculos Públicos y Medios de Expresión, quién tendrá voz en las deliberaciones, pero no voto.
Un representante del Ministerio de Cultura.
Un representante del Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (CONANI).
Un representante del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).
El director del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Procuraduría General de la República (DICAT).
Un representante del Ministerio de Educación.
El Presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) o por otro directivo a quien el Presidente delegue su participación.
El Presidente de la Asociación de Empresas de Trasmisión por Cables o por otro directivo a quien el Presidente delegue su participación.
Párrafo I.- Para la deliberación del Consejo se amerita la presencia de siete (7) de sus miembros.
Párrafo II.- Los acuerdos del Consejo se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes. En caso de empate el voto del presidente decidirá.
Párrafo III.- Los miembros del Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión no percibirán remuneración por los servicios que presten en el mismo.
Párrafo IV.- Habrá un secretario del Consejo, designado por su director ejecutivo, sin voz ni voto en sus sesiones.
Artículo 36.- Comisiones permanentes y temporales. Para la realización de las atribuciones y funciones que le asigna la presente ley, una vez integrado el Consejo Nacional de
Espectáculos Públicos y Medios de Expresión, este integrará las comisiones permanentes o temporales que resulten necesarias.
Artículo 37.- Atribuciones del Consejo. El Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión tendrá las siguientes atribuciones:
Velar por el respeto de los valores constitucionales que emanan de la dignidad humana y las buenas costumbres en el marco de las transmisiones radiofónicas, televisivas, función artística y representación pública que congregue, en cualquier lugar, a personas para presenciarlas o escucharlas.
Impulsar acciones interinstitucionales dirigidas a la promoción de los valores constitucionales mediante los espectáculos públicos y los diversos medios de comunicación, en especial radio, televisión, cine y la red del internet u otra similar.
Convocar las reuniones ordinarias del Consejo y fijar el orden del día correspondiente.
Organizar y mantener un Registro Nacional en los términos que esta ley dispone.
Decidir sobre la suspensión provisional administrativa por treinta (30) días máximo, de toda persona que haciendo uso del lenguaje mediante los medios de comunicación, utilice expresiones maliciosas, perversas, frases con doble sentido, apología del crimen o de violencia y ofensa al culto cívico de los héroes nacionales o contra cualquier persona.
Formular técnicas y procedimientos, que sirvan de base para definir políticas en materia de radio, televisión y espectáculos públicos.
Clasificar la exhibición de películas, documentales, series, telenovelas, espectáculos públicos o cualquier material audiovisual en el país. En esta clasificación debe tomarse en cuenta la edad y el horario abierto según su contenido, de acuerdo con las disposiciones del Código de Niños, Niñas y Adolescentes.
Suspender los efectos de los actos administrativos recurridos, cuando
se haya comprobado la existencia de un daño grave e irreparable.
Párrafo.- En caso de que el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión no pueda reunirse, el director ejecutivo podrá de manera provisional suspender a toda persona que haciendo uso del lenguaje, en los diferentes medios de comunicación, utilice expresiones maliciosas, perversas, frases con doble sentido, apología del crimen o de violencia y ofensa al culto cívico de los héroes nacionales o contra cualquier persona.
Artículo 38.- Competencias del Consejo. Para el cumplimiento de las atribuciones que le asigna la presente ley, el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión tendrá competencias regulatorias, sancionatorias y de control.
Párrafo I.- En el marco de sus competencias regulatorias, el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión podrá emitir resoluciones para todos aquellos sujetos de derecho que estén ligados al área de su competencia. Mediante estas resoluciones regulará las normas de contenido de cine, espectáculos públicos, emisiones radiales, televisivas, internet y todo lo que implique espectro radioeléctrico y transmisiones similares.
Párrafo II.- En el marco de sus competencias sancionatorias, el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión podrá imponer las sanciones administrativas previstas por esta ley para las infracciones a la misma, estando sujeto a los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad, así como al criterio de responsabilidad de los entes administrativos.
Párrafo III.- En el marco de sus competencias de control, el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión podrá perseguir ante los tribunales de la República las sanciones que desborden el ámbito administrativo y se desprendan de esta norma para con las personas fisicas y jurídicas sujetas a la misma.
Artículo 39.- Director ejecutivo. El Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión tendrá un director ejecutivo que formará parte del personal regular del Ministerio de Cultura. El mismo será designado por el presidente de la República y ha de ser un profesional con
en el objeto de la presente ley, con conocimientos en materia de control y supervisión, así como de reconocida integridad moral.
Artículo 40.- Funciones. El director ejecutivo del Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión tendrá las siguientes funciones:
Representar al consejo ante los órganos jurisdiccionales del Estado.
Presentar ante el consejo una rendición de cuentas trimestral respecto a la situación del mismo, tanto en lo relativo al cumplimiento de sus funciones como a los aspectos administrativos y financieros.
Suspender de manera provisional por un término máximo de siete (7) días a toda aquella persona que haciendo uso del lenguaje, por los diferentes medios de comunicación utilice expresiones maliciosas, perversas, frases con doble sentido, apología del crimen o de violencia y ofensa al culto cívico de los héroes nacionales o contra cualquier persona.
Emisión provisional de los permisos para espectáculos públicos, emisiones radiales, audiovisuales y de medios regulados por esta ley.
Velar por el cumplimiento de los acuerdos del consejo y del control de la clasificación de los espectáculos públicos.
Contribuir con la elaboración de las técnicas que sirvan como base para definir políticas en materia de radio, televisión y espectáculos públicos de cualquier índole.
Fungir como secretario del Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión.
Administrar los recursos materiales que permitan el funcionamiento óptimo de la supervisión y dirección del Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión.
Dirigir la política del personal de la institución de acuerdo a las directrices que trace el Consejo Directivo y sustituir el personal administrativo del Consejo, así como fijar la remuneración correspondiente a los mismos, con apego a la organización presupuestaria correspondiente coordinada por el ministro de Cultura.

CAPÍTULO XII
DEL REGISTRO NACIONAL
Artículo 41.- Del Registro Nacional del Consejo. El Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión tendrá un registro nacional en el que se asentarán las informaciones públicas completas respecto de las personas fisicas o jurídicas que realicen espectáculos públicos, emisiones radiales, audiovisuales y de medios regulados por la presente ley.
Artículo 42.- Clasificación. El Registro Nacional se clasificará en:
Registro de personas fisicas o jurídicas que organicen o promuevan espectáculos públicos o actividades recreativas.
Registro de artistas extranjeros que sean contratados para actuar en el país.
Registro discográfico de canciones, novelas y presentaciones cinematográficas.
Registro de locutores que se encuentren laborando en transmisiones de radio, televisión, función artística y la red de internet.
Artículo 43.- Requisitos del registro. La inscripción en el Registro Nacional significará únicamente que se ha cumplido con los requisitos de inscripción.
Artículo 44.- Notificación previa al espectáculo. El organizador del evento notificará al Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión oportunamente los detalles del evento que organiza, su naturaleza al municipio que corresponda para dar cumplimiento a las disposiciones del ordinal 7 del artículo 58 de la ley No.176-07, del 17 de julio de 2007, del Distrito Nacional y los Municipios.
CAPÍTULO XIII
DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS
Artículo 45.- Espectáculos presentados en vivo. El Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión regulará la presentación de los espectáculos en vivo según los criterios de la edad del posible espectador.
Párrafo.- Los espectáculos públicos en vivo, que por su contenido, de conformidad a la presente ley, deban ser exhibidos únicamente para adultos, deberán cumplir las siguientes condiciones:
Que el espectáculo cumpla los requisitos de contenido exigidos para esta categoría.
Que el sitio donde se presente el espectáculo sea cerrado, de modo que no permita el acceso fisico o visual de personas menores de edad.
Que sea obligatoria la presentación de la cédula de identidad al entrar, para evitar el ingreso de personas menores.
Artículo 46.- Los medios audiovisuales. La radio, la televisión, el cine y demás medios audiovisuales que constituyen una actividad de interés público, estarán sometidos a la Constitución y las leyes, así como a las normas que establezca el Consejo de conformidad a las disposiciones de la presente ley.
Artículo 47.- Colaboración de los medios audiovisuales. Los medios de transmisión audiovisual, en el marco de la libertad de empresa y el respeto a la autodeterminación ideológica de sus componentes, colaborarán diligentemente con el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión en la difusión de mensajes que contribuyan a la concientización y fortalecimiento de los valores constitucionales y las buenas costumbres de la sociedad dominicana.
Artículo 48.- Regulación para la radio. En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 37 de la presente Ley, el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión tiene la misión de propiciar que las emisoras de radio actúen apegadas a los principios y valores constitucionales, así como a los dispuestos en esta ley, y en consecuencia, verificará que las mismas ajusten sus emisiones a los parámetros siguientes:
El interés primordial en la Defensa del Honor Patrio, la promoción de los valores constitucionales de la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz y el especial interés en la Defensa del Interés Superior del Niño.
La prohibición de la incitación a la violencia, procurando la armonización de la libertad de expresión con una cultura de promoción al respeto, la decencia en la presentación pública de cualquier juicio o idea.
3) La protección de la dignidad humana en todas sus manifestaciones, con especial énfasis en la erradicación del uso de la radio para la difamación y la injuria contra las personas.
Artículo 49.- Clasificación de películas, documentales y audiovisuales. Todo programa de radio, televisión o cualquier material audiovisual que sea transmitido al público, deberá estar sujeto a la clasificación establecida por la presente Ley y demás normas emanadas del Consejo.
Párrafo I.- La difusión de películas, documentales y audiovisuales se regirán bajo la siguiente clasificación:
Clasificación A: Apto para todo público sin restricciones. (No tendrá violencia explícita, ni vocabulario y presentaciones de desnudos).
Clasificación B-11: Apto para mayores de doce años en compañía de sus padres o tutores. Horario hasta las 23:00 horas. Advertir que puede contener un poco de violencia (no sangre), besos pero no insinuaciones de relaciones íntimas; uso de sustancias controladas, ni lenguaje vulgar.
Clasificación C-14: Apto para mayores de doce años y hasta dieciocho años en compañía de un adulto. Horario hasta las 23:00 horas. Advertir que podría tener insinuaciones de relaciones íntimas, uso de sustancias controladas.
Clasificación D-18: Apto para mayores de dieciocho años. Solo a partir de las 23:00 horas. Advertir al espectador que puede contener escenas de violencia, horror, lenguaje vulgar, droga, sexo no pornográfico.
Clasificación XXX: Solo para adultos. Exclusivamente entre la una hasta las cuatro antes meridiano. Advertir sobre imágenes de sexo fuerte, prostitución, drogas, horror, violencia extrema, lenguaje vulgar, entre otros.
Párrafo II.- La clasificación de películas, documentales y audiovisuales debe ser advertida al inicio de cada proyección por los medios que fueren transmitidos.
Artículo 50.- Recursos administrativos. Las decisiones administrativas emitidas por el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión o por su director ejecutivo, podrán ser directamente recurridos por la vía administrativa.
Artículo 51.- Interposición de recurso. La interposición de un recurso en la sede administrativa no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Su uso es de carácter optativo.
Párrafo I.- Interponer un recurso directo por la vía jurisdiccional, hará perder la vía administrativa.
Párrafo II.- Si dentro del plazo señalado en el artículo 52 de la presente ley, el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión modifica, anula, revoca, cesa, enmienda o corrige el acto administrativo adoptado en beneficio del administrado, se tendrá por terminado el proceso.
Artículo 52.- Reconsideración por ante el director ejecutivo. Los actos administrativos que sean emitidos por el director ejecutivo del Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión de conformidad con el artículo 50, podrán ser objeto de recurso de reconsideración por ante la sede del director ejecutivo, en el plazo de diez días a partir de su notificación al interesado.
Párrafo.- Las decisiones del Director Ejecutivo podrán ser recurridas jerárquicamente ante el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Comunicación con apego a los plazos previstos en el artículo 53. Si el recurso no fuere resuelto en dichos plazos, se reputará denegado tácitamente.
Artículo 53.- Reconsideración por ante el Consejo. Los actos administrativos que sean emitidos por el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión, de conformidad con el artículo 50, podrán ser objeto de recurso de reconsideración por ante dicho órgano, en el plazo de diez días a partir de su notificación al interesado.
Párrafo.- Las decisiones del Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión no podrán ser recurridas jerárquicamente.
Artículo 54.- Plazo para tomar decisión. El Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión y el director ejecutivo, tendrán un plazo de cinco días para dictar decisión. Si el recurso no fuere resuelto, se reputará denegado tácitamente.
Párrafo I.- Una vez transcurrido el plazo de los cinco días para dictar decisión y el recurso no fuere resuelto, se podrá interponer las acciones de las que disponga la vía contenciosa administrativa.

CAPÍTULO XIV
DE LAS SANCIONES E INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ESPECTACULOS PÚBLICOS Y MEDIOS DE EXPRESIÓN
Artículo 55.- Facultad sancionadora. El Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión, en caso de infracciones, tendrá la facultad de imponer las sanciones correspondientes a la persona fisica o jurídica que viole lo establecido en la presente ley.
Artículo 56.- Requisito previo a la imposición de sanciones. El Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión, deberá observar lo siguiente:
Una vez determinada la causa de la sanción y la sanción a imponerse, se celebrará audiencia con el interesado en el plazo de dos (2) días hábiles y francos después de la citación al mismo.
En la audiencia, el interesado puede ofrecer pruebas, las que serán recibidas y analizadas por el Consejo en la misma audiencia.
Completada la instrucción del expediente, en la misma audiencia, el Consejo resolverá acerca de la sanción a imponer.
Artículo 57 .- Responsabilidad. Se reputan responsables de cometer infracciones tipificadas en la presente ley:
Quienes realicen actividades reguladas por las disposiciones de esta ley sin poseer el título habilitante correspondiente.
Quienes, aun contando con título habilitante correspondiente, realicen actividades en contra de lo dispuesto en la presente ley.
Quienes, estando inhabilitados por sanción del Consejo realicen actividades reguladas por las disposiciones de esta ley.
Artículo 58.- Tipificación de Infracciones.- Las infracciones establecidas en la presente ley se clasificarán en muy graves, graves y leves, según la comisión de los delitos establecidos en los artículos 86, 87, 91, 103, 104, 105, 106,217, 292, 335, 337, 337-1, 338, 367, 368, 369, 370, 371 y 372 de Código penal, salvo las excepciones establecida en la sentencia del Tribunal Constitucional No. TC/0075/16, del 4 de abril del año 2016, sobre la Ley No.6132, del 15 de diciembre de 1962, de Expresión y Difusión del Pensamiento, y los artículos 368, 369, 370, 371 y 372 del Código Penal Dominicano.
Artículo 59.- Imposición de Sanciones.- Las sanciones serán impuestas en la siguiente escala de valores:
Las faltas consideradas muy graves serán sancionadas con multas desde cincuenta salarios mínimos del sector público hasta cien salarios mínimos del sector público.
Las faltas consideradas graves serán sancionadas con multas desde cincuenta hasta setenta y cinco salarios mínimos del sector público.
Las faltas consideradas leves serán sancionadas con multas desde uno
hasta veinticinco salarios mínimos del sector público.
Párrafo 1.- La reincidencia de las infracciones consideradas como muy graves, serán sancionadas con multas desde cien hasta doscientos salarios mínimos del sector público.
Párrafo II.- El Consejo aplicará las multas correspondientes, sin perjuicio de la suspensión temporal de las transmisiones o de la cancelación de las actividades.
Párrafo III.- En el caso de faltas muy graves el Consejo tendrá la facultad de declarar la cancelación definitiva de las transmisiones.
Artículo 60.- Competencia penal. Independientemente de que las acciones que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley o sobre cualquiera de los derechos y obligaciones que ella establece, cuando se trate de infracciones penales, serán competencia de los Juzgados correspondientes, según las disposiciones del Código Procesal Penal.
Artículo 61.- Facultad supervisora y fiscalizadora del órgano competente. El Consejo, como órgano rector del sector, está investido de las mayores competencias y atribuciones para la consecución de los objetivos de la presente ley; en consecuencia, es el responsable de cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones establecidas en la misma mediante actividades de inspección, fiscalización, monitoreo, evaluación y sanción según sea necesario.
Párrafo.- Corresponde al Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión dictar los Reglamentos en materia de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la presente ley y someterlos a la aprobación del Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO XVI
INFRACCIONES IMPUTABLES A LAS PERSONAS
Artículo 62.- La verdad del hecho difamatorio o injurioso. La verdad del hecho difamatorio o injurioso, cuando se relaciona con las funciones que desempeña el organismo o persona que alega ser agraviada, podrá establecerse por todos los medios de prueba en el caso de imputaciones contra las entidades y personas del sector público.
Párrafo I.- La prueba de las imputaciones difamatorias e injuriosas podrá establecerse contra los directores o administradores de toda empresa industrial, comercial o financiera que solicite públicamente ahorros o créditos.
Párrafo II.- Cuando se demuestre la verdad del hecho difamatorio que se impute a las personas que se indican en este artículo, no habrá lugar a sanción penal alguna.
Artículo 63.- Exención de imputabilidad. La difusión por cualquier medio de informaciones u opiniones que versaren sobre hechos de interés público no será punible cuando se refiera a funcionarios públicos designados o electivos respecto a los cuales se haya probado que se han involucrado, por acción u omisión, en cuestiones que lesionen el patrimonio estatal o de relevante interés público.
Artículo 64.- Disposiciones aplicables a la difamación o injuria. Las disposiciones de los artículos 29 al 36 serán aplicables a las difamaciones o injurias cometidas contra la memoria de los muertos, cuando las mismas hayan causado un daño a la honra o a la consideración de los herederos o cónyuges supervivientes.
Artículo 65.- Imputación a la vida privada de las personas. No puede invocarse como medio de exención de responsabilidad la prueba de los hechos considerados como difamatorios o injuriosos, cuando la imputación concierne a la vida privada de una o más personas.
Artículo 66.- Hechos que no constituyen difamación e injuria. No se considerarán difamatorios ni injuriosos, ni darán lugar a persecución alguna lo siguiente:
Los protegidos por la Constitución de la República.
La opinión desfavorable de la crítica literaria, artística, científica o deportiva, excepto cuando hubiese la intención de injuriar o difamar.
La divulgación, discusión y crítica de actos y decisiones de los Poderes Públicos y de las Altas Cortes, siempre y cuando no se tratare de materia de carácter reservado confidencial.
La exposición de doctrinas o ideas que no contradigan lo dispuesto en la presente ley.
Párrafo I.- Tampoco se considerarán difamatorias ni injuriosas la repetición fiel que publiquen o transmitan los periodistas, los periódicos, las radiodifusoras, las televisoras o los noticiarios cinematográficos y otros medios de las sesiones públicas del Congreso Nacional y sus comisiones, los ayuntamientos y otros organismos oficiales, así como los discursos que en ellos se pronuncien, sus informes y memorias.
Párrafo II.- Igual consideración tendrán los escritos producidos y los discursos pronunciados ante los tribunales de justicia y del orden contencioso-administrativo cuando no hayan sido excluidos por el tribunal, al igual que la transmisión de los comunicados oficiales emitidos por las autoridades correspondientes para dar cuenta del cumplimiento de sus funciones o deberes, así como de las investigaciones oficiales que realicen;
Artículo 67.- Publicaciones de los procesos difamatorios. Queda prohibido publicar la relación de los debates sobre procesos por declaraciones de paternidad o separación de cuerpos o divorcio por la causa determinada, así como cualquier otro proceso considerado no público por la ley. Esta prohibición no se aplica a las sentencias.

CAPÍTULO XVI
DE LAS INFRACCIONES
Artículo 68.- Autores principales de las infracciones. Serán autores principales de las infracciones cometidas a través de los medios de comunicación, las personas señaladas con anterioridad en la presente ley y serán sancionados con prisión de uno a tres meses de prisión y multa de cinco a cincuenta salarios mínimos del sector público. Quedan exentas de todo tipo de responsabilidad las personas
especificadas en la sentencia del Tribunal Constitucional No. TC/0075/16, del 4 de abril del año 2016, sobre la Ley No.6132, del 15 de diciembre de 1962, de Expresión y Difusión del Pensamiento, y los artículos 368, 369, 370, 371 y 372 del Código Penal Dominicano.
Artículo 69.- Competencia Penal.- La competencia penal para conocer las violaciones a la presente ley será del tribunal penal de la jurisdicción donde se haya cometido el hecho punible considerado como difamatorio o injurioso y se juzgará como acción privada.
Párrafo.- Será competencia de la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia de la jurisdicción donde se cometió el hecho para conocer las acciones civiles principales por difamación verbal y de las acciones que se generen por injurias públicas o no públicas, verbales o por escrito, que no sean por medio de la prensa.
Artículo 70.- Prohibición de prisión preventiva. Si el inculpado tiene su domicilio o residencia en la República Dominicana, no se le podrá imponer medida cautelar de prisión preventiva.
Artículo 71.- El fallo penal. El tribunal estará en todos los casos en la obligación de fallar sobre el fondo en un plazo máximo de quince días a contar de la fecha en que la causa quede en estado de fallo. El incumplimiento por el juez de esta obligación permitirá al interesado ejercer la acción que considere de lugar en contra del juez, sin prestación de garantía.
Artículo 72.- Circunstancias atenuantes del Código Penal. Las circunstancias atenuantes del Código Penal serán aplicables en todos los casos previstos por la presente ley.

CAPÍTULO XVII

DE LAS DISPOSICIONES FINALES
Artículo 73.- Financiamiento. Los recursos para el financiamiento del Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión serán especializados en el presupuesto general del Ministerio de Cultura.
Artículo 74.- Modificación. Se modifica el numeral 7), artículo 6, de la Ley No.41-00, del 28 de junio de 2000, que crea la Secretaría de Estado de Cultura, para que en lo adelante diga: Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Medios de Expresión.
Artículo 75.- Derogaciones. Queda derogada la Ley No.6132, del 15 de diciembre de 1962, de Expresión y Difusión del Pensamiento; la Ley No. 845, de 15 de julio de 1978, que modifica varios artículos del Código de Procedimiento Civil, encaminados a acortar los plazos para interponer los recursos de apelación y de oposición, en su artículo 1), literal c), numeral 4), referente a la difamación e injuria y cualquier otra ley que le sea contraria; y el Reglamento No.824, del 25 de marzo de 1971, para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Dada en la sala de sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los…

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