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  • CIDH y Oficina Regional para América del Sur de ACNUDH condenan los asesinatos de líderes rurales, Brasil

    Reporter: juan modesto Rodriguez
    Published: miércoles, 26 de diciembre de 2018
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    CIDH y Oficina Regional para América del Sur de ACNUDH condenan los asesinatos de líderes rurales, Brasil


    26 de diciembre de 2018

    Washington, D.C. / Santiago, Chile – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) condenan los asesinatos de dos activistas integrantes del Movimento Sem Terra (MST) en el Estado de Paraíba, y de un líder de asentamientos rurales, en el Estado de Pará, Brasil. La CIDH y ACNUDH urgen al Estado brasileño a investigar estos hechos con debida diligencia, teniendo en cuenta la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas, y a abordar las causas estructurales de esos actos de violencia, vinculados a la lucha por el derecho a la tierra en Brasil.
    De acuerdo con información pública, José Bernardo da Silva, conocido como Orlando Bernardo, y Rodrigo Celestino, fueron asesinados la noche del sábado 8 de diciembre en el campamento del MST Dom José Maria Pires, del cual eran coordinadores, en el municipio de Alhandra, Estado de Paraíba. Según la información publicada, varios encapuchados entraron en el campamento y ametrallaron la zona donde se encontraban las víctimas. La Comisión observa que un hermano de una de las víctimas, Odilon Bernardo da Silva Filho, quien integraba el Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) también fue asesinado en 2009 después de haber recibido varias amenazas de muerte. Por su parte, un tercer hermano, Osvaldo Bernardo da Silva, coordinador del MAB, tuvo que ingresar al Programa de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos ese mismo año, debido a su situación de riesgo. Asimismo, el 15 de diciembre fue asesinado Gilson Maria Temponi, presidente de la Associação dos Agricultores Nova Aliança, de los asentamientos rurales “PDS Castanheiro”, “Arthur Faleiro” y “Avelino Ribeiro”. El líder ya había sufrido amenazas por motivo de su defensa de la regularización de tierras rurales.
    La Comisión y ACNUDH advierten que los asesinatos de los defensores José Bernardo da Silva, Rodrigo Celestino y Gilson Maria Temponi se dan en un contexto de grave violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos en Brasil, particularmente entre aquellos que defienden el derecho a la tierra y el territorio. De acuerdo con el informe anual de Global Witness, en 2017 Brasil se convirtió en el país con mayor número de asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos y socio ambientales del mundo. Asimismo, según información de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), desde el inicio del movimiento en 1985, casi mil ochocientos militantes del MST han sido asesinados.
    “Es urgente que el Estado brasileño tome medidas efectivas para prevenir actos de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos”; destacó Birgit Gerstenberg, Representante Regional de ACNUDH. “El trabajo realizado por las personas defensoras de derechos humanos es vital para las sociedades democráticas. Brasil debe fortalecer su programa de protección con miras a garantizar un ambiente seguro y libre de amenazas para su labor.”
    El 27 de julio de 2018 la CIDH condenó los asesinatos de defensores de derechos humanos vinculados al derecho al medio ambiente, a la tierra y trabajadores rurales en Brasil y señaló que los defensores de la tierra y el medio ambiente deben ejercer su labor de defensa en un ambiente propicio y libre de obstáculos para la defensa de los derechos humanos y esto no es posible en un contexto de constante peligro a sus vidas o integridad personal. Los Estados deben desarrollar políticas globales de protección a personas defensoras de derechos humanos, con enfoque especial hacia la prevención, protección e investigación de ataques en contra de las y los defensores de la tierra, de tal manera que puedan seguir desempeñando sin temor su labor.
    Frente a estos hechos de violencia, el Estado debe investigar con debida diligencia, y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Asimismo debe abordar las causas estructurales que generan esta violencia vinculadas a la lucha por el derecho a la tierra en Brasil. La CIDH y ACNUDH toman nota de la declaración del Ministerio Público Federal que condena los asesinatos, y que reitera el compromiso de la institución con la protección de los derechos humanos de las personas asentadas para lo cual realizará todos los esfuerzos desde los órganos investigativos para que las autorías de los asesinatos sea esclarecida y los responsables sancionados. “Estas investigaciones deben tener en cuenta además la actividad de defensa de los derechos de la tierra de las víctimas” dijo el Relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Comisionado Francisco Eguiguren.
    Durante su reciente visita in loco a Brasil la Comisión visitó en terreno asentamientos del MST, donde se informó sobre la criminalización de sus acciones reivindicativas por el derecho a la tierra. En susObservaciones Preliminares de la visita, la Comisión expresó su profunda preocupación por el incremento de la violencia rural y el grave problema que enfrentan decenas de miles de familias del campo que año a año son desalojadas de las tierras que habitan u ocupan. Frente a esta situación, la CIDH instó al Estado a adoptar inmediata y urgentemente todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad de defensoras y defensores del derecho a la tierra y al medio ambiente en Brasil, dando especial énfasis política y presupuestaria a la implementación de su Programa Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. “Es urgente que el Estado de Brasil fortalezca estructural y presupuestariamente el programa de protección, garantizando además una implementación efectiva en zonas rurales y zonas alejadas de los núcleos urbanos, donde además suceden la mayoría de los hechos de violencia reportados”, agregó el Comisionado Francisco Eguiguren.
    La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
    La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) tiene el mandato de promover y proteger el goce y la plena realización, para todas las personas, de todos los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y en las leyes y tratados internacionales de derechos humanos. El ACNUDH desarrolla sus labores a la luz del mandato que le ha encomendado la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48/141. Su sede global se encuentra en Ginebra, Suiza. La Oficina Regional del ACNUDH para América del Sur se encuentra en Santiago de Chile y cubre los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
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