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Procurador Jean Rodríguez: “Estos dos años han sido de cambios y avances para un Ministerio Público como manda la ley”


Resalta avances del plan de modernización institucional y destacó que con su implementación están construyendo un nuevo Ministerio Público, capaz de perseguir la delincuencia de forma más rápida y contundente.

SANTO DOMINGO.- Al presentar los logros de sus dos años de gestión durante un acto de rendición de cuentas, el procurador general de la República, Jean Rodríguez, destacó los avances logrados en el Ministerio Público en ese período y dijo que han aplicado significativas mejoras en su operatividad para perseguir la criminalidad de manera activa y procurar justicia hasta lograrla.

“Desde hace dos años estamos transformando la Procuraduría General de la República, mediante la implementación de un plan de modernización que tiene como uno de sus principales objetivos construir un Ministerio Público como manda la ley, más capacitado, más moderno y con mejores herramientas para combatir el crimen”, expresó.

El procurador Rodríguez dio a conocer un informe de gestión durante una conferencia de prensa, donde expresó “En el año 2016 encontramos un Ministerio Público con muchos logros, pero que por décadas no se había desarrollado ni crecido al mismo nivel que el resto del país, con muchas oportunidades de mejoras y ávido de transformaciones estructurales que le permitiesen adaptarse a las realidades de la actualidad”.

En ese sentido, explicó que su primer paso fue realizar un levantamiento general de cada área. “Nos trasladamos a las más de 120 dependencias del Ministerio Público a nivel nacional, realizamos una inspección y además reunimos a todos los fiscales titulares para identificar junto a ellos sus necesidades y los requerimientos que les permitirían operar de manera más eficiente y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos”, manifestó.

Durante el encuentro con la prensa que cubre la fuente judicial, en el que también participaron procuradores de cortes, directores de procuradurías especializadas, fiscales de diferentes jurisdicciones y distintas personalidades del país, el procurador explicó que en estos dos años lograron incorporar 249 nuevos fiscales al sistema.

Adelantó en ese mismo orden, que para el año 2019 tienen contemplado incorporar 267 fiscalizadores adicionales, que ya se encuentran en entrenamiento gracias a la realización de un concurso público para aspirantes a fiscalizadores, con el fin de aumentar la cantidad de fiscales, con los mejores talentos nacionales. “Con estos pasos lograremos incrementar en más de un 60% la matrícula de fiscales de carrera, en comparación al número de fiscales que teníamos al inicio de la gestión”, dijo.

Indicó que también han duplicado la cantidad de servidores capacitados, destacando que la oferta académica disponible aumentó de 100 actividades de formación en el año 2016 a 157 en el 2017 y dijo que duplicaron el número de participantes de 2,238 a 5,378, para un aumento de un 140%. Precisó que para el año 2018 tienen contemplado superar las 200 capacitaciones y los 6,000 participantes en programas de formación y capacitación continua.

Mejores estructuras y más recursos logísticos

En relación a las infraestructuras, el procurador Jean Rodríguez señaló que las encontraron en precarias condiciones y con carencias de instrumentos para que los fiscales realizaran su trabajo, por lo que dijo iniciaron de inmediato los trabajos de readecuación correspondientes en diferentes oficinas de la institución, de manera gradual.

Dijo que las más recientes reestructuraciones corresponden a 12 fiscalías comunitarias, que están siendo remozadas en el Distrito Nacional, de las cuales en el presente mes han sido entregadas cuatro totalmente reestructuradas y equipadas.

Además, dijo que distribuyeron una flotilla de 72 nuevos vehículos utilitarios, que están siendo utilizados para realizar tareas esenciales en el ámbito penal y penitenciario, además de que tienen contemplado ampliar la flotilla vehicular con 92 nuevos vehículos para seguir avanzando hasta lograr satisfacer todas las necesidades.

“Con estos cambios, desde nuestros recintos penitenciarios, ningún interno dejará de asistir a sus audiencias y ningún fiscal podrá decir que dejó de hacer una diligencia de investigación por falta de transporte. Asimismo, y como somos fieles creyentes de que justicia retardada, es justicia denegada, atrás quedarán los días de reenvíos y suspensiones interminables de audiencias por falta de traslado de los imputados al tribunal”, expuso el procurador en su discurso de rendición de cuentas.

Agregó que también han modernizado las estructuras de comunicación y tecnología para tener un Ministerio Público más moderno y acorde con los tiempos, “logrando instalar nuestro propio centro de datos, con la información en nuestras propias manos, debidamente resguardadas y protegidas, resultando esto además en un ahorro de más de medio millón de pesos mensuales del dinero del pueblo dominicano”. Detalló que además han dotado a diferentes dependencias de modernos equipos tecnológicos.

Dijo que como resultado de esa acción además han creado un nuevo Sistema de Investigación Criminal (SIC), ampliando las fuentes de información que nutren dicho sistema, lo que se convierte en ahorro de tiempo y mejores resultados en los procesos de investigación.

El procurador también ponderó la ampliación de los servicios en línea, al tiempo de señalar “que desde la comodidad de su hogar o desde su teléfono celular, se puede obtener el Certificado de No Antecedentes Penales, consultar sus Certificaciones de Firma e incluso, y este es uno de los grandes logros de la gestión digital, pagar sus multas de tránsito en la web y hasta desde un teléfono móvil, recibiendo por esa misma vía un descargo válido e inmediato”.

En adición, dijo que lanzaron el proceso de solicitud en línea de exequátur para abogados, en conjunto con el MESCYT y la Consultoría del Poder Ejecutivo. También, para facilitar los servicios a los ciudadanos dominicanos en el exterior, explicó que aumentaron de 14 a 34 el número de misiones consulares que emiten certificaciones de no antecedentes penales en el extranjero.

Nueva estructura contra el crimen

Tras manifestar que realizan cambios prácticos que se traducen en reducción de la criminalidad, el procurador resaltó la implementación de una nueva estructura contra el crimen que ha conllevado la creación de varios organismos como la Dirección de Prevención de la Criminalidad, la Dirección de Estadísticas y Análisis, y la Unidad de Investigación Criminal.

Refirió que como resultado de la implementación de esos organismos, fue creado el Plan Nacional contra la Violencia de Género, que incluye 22 acciones concretas que tienen como objetivo prevenir, generando consciencia en la población sobre la violencia de género y perseguir fomentando la denuncia, así como prestar atención eficaz a las víctimas.

El jefe del Ministerio Público dijo que el tema de la violencia de género es uno de los de mayor prioridad del Ministerio Público y resaltó que como resultado de ese plan se llevó a cabo el relanzamiento de la Línea Vida con asistencia 24 horas y se instalaron cinco nuevas unidades de atención a víctimas en diferentes lugares. Además, señaló que ha sido capacitado todo el personal del sistema, entre fiscales, médicos y policías para un mejor abordaje de los casos, logrando resultados positivos con una tendencia a la baja en los feminicidios y la violencia de género. 

Ponderó el fortalecimiento institucional, destacando que además de fiscales suficientes, debidamente capacitados y con las herramientas necesarias para hacer el trabajo, fue realizado un concurso interno para titulares de fiscalías, procuradurías regionales y procuradurías especializadas, para dirigir los trabajos del Ministerio Público con integridad, liderazgo, sentido de gerencia y, sobre todo, en el marco de lo que establece la ley.

“Con la realización de este concurso, que cumplió con todos los requisitos establecidos por la Ley y el Reglamento de Carrera, el Ministerio Público logró dos cosas importantes, la primera de ellas fue subsanar la práctica de designar fiscales titulares sin concurso, fortaleciendo así la meritocracia, y la transparencia dentro del Ministerio Público”, sostuvo.

Por igual, dijo “el segundo logro más importante del concurso fue renovar el liderazgo institucional en posiciones que ya demandaban un relevo, en cumplimiento de lo que manda la ley, porque a eso hemos venido, a hacer cumplir la ley”.

En su discurso, el procurador Rodríguez también citó los avances en la lucha contra el lavado de activos, resaltando que lograron decomisar más de 388 millones de pesos, los cuales dijo que fueron distribuidos entre diversas instituciones para ser destinados a la prevención y persecución de la criminalidad, siendo esta la cifra más alta distribuida en la historia de la institución.

Asimismo, destacó que como parte del plan de renovación implementado en el Ministerio Público también están logrando resultados positivos en el combate de los juegos de azar, resaltando la reciente incautación y destrucción de más 1,000 máquinas tragamonedas ilegales y recuperando sumas que superaron los 5 millones de pesos, asegurando que continuará con esta lucha hasta lograr un país sin una sola de estas máquinas ilegales.

También, precisó que en el combate de la trata y el tráfico ilícito de migrantes, lograron el desmantelamiento de redes dedicadas a esa actividad criminal, entre ellas, en las localidades de Sosúa y Cabarete, en Puerto Plata, que incluyó 10 allanamientos a centros vinculados a este delito, logrando cerrar 2 centros y rescatar a 70 mujeres.

En lo que respecta a la lucha contra la corrupción, el procurador general dijo que han aumentado en un 24% su personal fijo de carrera, más decenas de analistas para combatir la corrupción de manera más especializada y efectiva, obteniendo como resultado condenas contra 21 personas, entre ellas, diversos funcionarios públicos.

Durante su exposición, el magistrado Rodríguez expresó que también por primera vez, desde su promulgación hace más de 10 años, han aplicado la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión para perseguir casos de corrupción administrativa, logrando indemnizaciones a favor del Estado dominicano superiores a los 190 millones de dólares.

En este mismo contexto, dijo que abrieron investigaciones en casos de alto interés e impacto a nivel nacional, como el caso Odebrecht, en el cual hay 7 imputados bajo medidas de coerción, con más de 1,700 pruebas, contando entre ellos, un actual senador, un exministro y otros ex funcionarios públicos de alto nivel.

Además, explicó que investigan la venta irregular de los terrenos del sector Los Tres Brazos, obteniendo medidas de coerción contra los 11 imputados del caso, hasta la fecha. Lo mismo dijo ha sucedido con la investigación de las irregularidades detectadas en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), a raíz del asesinato del abogado Yuniol Ramírez, por el cual hay 8 personas bajo medidas de coerción en este caso, incluyendo al exdirector de la OMSA.

El procurador Rodríguez detalló que igual ha ocurrido con los lamentables asesinatos de la niña Carla Massiel, la adoledcente Emely Peguero y el abogado y catedrático Yunior Ramírez, en cuyos casos dijo que procuran lograr las penas máximas contra los principales acusados y los cómplices.

Respecto a la lucha contra el narcotráfico, explicó que junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas  (DNCD), han aumentado de forma significativa la incautación e incineración de drogas, pasando de menos de 15,500 kilogramos incinerados en el año 2016 a más de 19,200 en el año 2017, para un aumento de un 24% de drogas capturadas e incineradas.

En tanto que en materia penitenciaria, el magistrado Rodríguez precisó que están gestionando cambios trascendentales e históricos. Detalló que han incorporado a la institución a 369 nuevos Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario para reforzar la seguridad en los centros penitenciarios.

Destacó, igualmente, que trabajan en la implementación del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, que incluye la intervención de los 41 recintos penitenciarios existentes a nivel nacional, así como 12 cárceles preventivas ubicadas en palacios de justicia y otros lugares a nivel nacional.

De igual forma, declaró que contempla la construcción de una nueva cárcel preventiva para reemplazar la de San Luis y otra para reemplazar la Penitenciaría Nacional de La Victoria, denominada La Nueva Victoria, que será construida en Las Parras de Guerra, en la provincia Santo Domingo, con capacidad para 9,257 internos.

“Como pueden ver, este es un plan integral y completo, cuya ejecución, como ya ha sido anunciado, exigirá una inversión aproximada de 170 millones de dólares. Esta inversión se realizará utilizando fondos propios especiales de la institución que han sido captados por concepto de las indemnizaciones obtenidas por el Estado en los casos de Odebrecht y Super Tucano”, apuntó.

“La renovación institucional que estamos fomentando es positiva y de impacto, por ello, los exhortamos a que acompañen a su Ministerio Público en este proceso, para continuar luchando contra la criminalidad como nunca antes en la historia de la República Dominicana”, dijo el magistrado Rodríguez en su discurso de rendición de cuentas en un acto realizado en la sede de la Procuraduría, donde prometió seguir impulsando acciones en beneficio de toda la ciudadanía.

 
PIE DE FOTO: El procurador Jean Rodríguez dijo que procuran establecer un Ministerio Público más capacitado, más moderno y con mejores herramientas para combatir el crimen.

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Palabras de Jean Rodríguez, Procurador General de la República
“2 años de cambios y avances para un Ministerio Público como manda la ley”
29 de octubre de 2018, 11 a.m.
Auditorio de la Procuraduría General de la República

Muy buenos días amigos de la prensa y demás invitados.

Sabemos que la población está preocupada por la criminalidad. Que los casos de violencia de género, los escándalos de corrupción y la delincuencia en general son los temas que más preocupan a la ciudadanía dominicana.

Frente a esta situación, la sociedad ha estado exigiendo cada vez con más fuerza, acciones y soluciones y precisamente por ello estamos construyendo un nuevo Ministerio Público capaz de perseguir la delincuencia de forma más rápida y contundente.

En respuesta y cumpliendo nuestra promesa, desde hace más de 2 años estamos transformando la Procuraduría General de la República y este proceso tiene como uno de sus principales objetivos construir un Ministerio Público más capacitado, más moderno y con mejores herramientas para combatir la criminalidad.

El Ministerio Público que construimos es uno dinámico, moderno y activo, que persiga la criminalidad de manera efectiva y procure justicia hasta lograrla. Lograr esta transformación solo es posible si se tiene la voluntad para ejecutar los cambios necesarios, imprescindibles y urgentes que una renovación de esta magnitud exige.

Al inicio de mi gestión prometí trabajar para ustedes y para cumplir con esta promesa, he tomado medidas profundas, que han sacudido el sistema y ya podemos ver el inicio de una transformación institucional verdadera.

precisamente para eso los hemos convocado en la mañana de hoy, para explicarles, en detalle, la realidad de los cambios que, desde mi designación como Procurador General de la República, se están implementando a lo interno del Ministerio Público, así como los resultados que hemos obtenido gracias a estos esfuerzos.

Ciudadanos y ciudadanas, desde hace 2 años estamos haciendo todo lo necesario para combatir la criminalidad como nunca antes en la República Dominicana, reconociendo y agradeciendo el apoyo incondicional del Poder Ejecutivo para lograr estos objetivos

En el año 2016 encontramos un Ministerio Público con muchos logros pero que por décadas no se había desarrollado ni crecido al mismo nivel que el resto del país, con muchas oportunidades de mejora y ávido de transformaciones estructurales que le permitiesen adaptarse a las realidades de la actualidad.

Por eso, nuestro primer paso consistió en un levantamiento general de cada área. Nos trasladamos a las más de 120 dependencias del Ministerio Público a nivel nacional, realizamos una inspección y además reunimos a todos los fiscales titulares para identificar junto a ellos sus necesidades y los requerimientos que les permitirían operar de manera más eficiente y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.
Como resultado, identificamos los principales aspectos que debían ser atendidos de manera inmediata para lograr un Ministerio Público más moderno y eficaz y por ende lograr mayor seguridad jurídica y mayor seguridad ciudadana.
Lo primero que hicimos fue concentrarnos en el recurso más importante con el que cuenta el Ministerio Público dominicano: su personal, desde los fiscalizadores, procuradores fiscales, procuradores generales de Corte y procuradores adjuntos, hasta los abogados ayudantes, secretarios, mensajeros y conserjes, por citar algunos de los actores que contribuyen al funcionamiento integral del Ministerio Público, el cual a su vez contribuye con la seguridad ciudadana. 
Nuestro levantamiento inicial arrojó una realidad limitante y desmoralizadora: distorsiones salariales en posiciones idénticas, más de246 escalas salariales distintas, necesidad de personal complementario, programas de capacitación insuficientes… A modo de ejemplo, encontramos abogados que realizaban el mismo trabajo, con la misma experiencia, ganando uno 8 mil pesos, mientras el otro ganaba 25 mil.
Como en cualquier empresa con un personal desmotivado, así no hay forma de lograr una gestión exitosa. En este caso particular, la desmotivación también coloca a los colaboradores y servidores públicos en una posición vulnerable. Todos sabemos que la dignificación salarial es fundamental cuando se manejan casos que mueven intereses en conflicto y significativas sumas de dinero, así como para mantener a los mejores talentos en las filas de la institución. Por eso, para aumentar el sentido de pertenencia y disminuir la vulnerabilidad moral de nuestro personal frente a  la corrupción y evitar deserciones, comenzamos corrigiendo las distorsiones salariales que venían arrastrándose por años, reduciendo las escalas salariales de 246 escalas a tan solo 116, eliminando las injusticias y las discrepancias injustificadas, asegurando que cada posición fuera pagada adecuadamente, tomando en cuenta el mérito y la experiencia del individuo, sin favoritismos ni favores, logrando hoy tener parámetros justos y además aplicándole un aumento salarial promedio de un25% a todo el personal.
Ese, señores, es el tipo de cambio que estamos propiciando dentro del Ministerio Público.
A seguidas, identificamos que era necesario completar el déficit de fiscales que tenían muchas jurisdicciones, para así realizar una mejor distribución del trabajo y evitar las situaciones de agotamiento. En efecto, nos encontramos con fiscales que tenían que trasladarse decenas de kilómetros para servir a comunidades que carecían de Ministerio Público y que solo podían hacer esto una vez a la semana. Imagínense a una comunidad que tenga disponible un solo fiscal 4 días al mes. Así no se combate la criminalidad. 
Para cubrir esa gran necesidad y tener un Ministerio Público más cercano a la gente, ya logramos incorporar 249 nuevos fiscales al sistema y para el año 2019 contemplamos incorporar unos 267 adicionales que ya se encuentran en entrenamiento gracias al concurso público para aspirantes a fiscalizadores que lanzamos para aumentar nuestras filas con los mejores talentos nacionales.
Con estos pasos, lograremos incrementar en más de un 50% la matrícula de fiscales de carrera, en comparación al número de fiscales que teníamos al inicio de la gestión.
Pero no nos quedamos ahí. Conscientes de que la capacitación continua es esencial para garantizar la calidad de los servicios y perseguir el crimen, durante esta gestión logramos convertir a la Escuela Nacional del Ministerio Público en un Instituto de Educación Superior, con el objetivo estratégico de motivar a los fiscales a participar con mayor entusiasmo en las capacitaciones ofertadas.

También nos propusimos duplicar la cantidad de servidores que participarían en las capacitaciones. Los resultados de esta estrategia hablan por sí solos: la oferta académica disponible aumentó de 100 actividades de formación en el año 2016 a 157 en el 2017 y duplicamos el número de participantes de 2,238 a 5,378, para un aumento de un 140%. Pero eso no es todo. Ya para este año 2018 proyectamos superar las 200 capacitaciones y los 6,000 participantes en programas de formación y capacitación continua. Así como lo escuchan, de 2,238 capacitados, ahora superamos los 6,000 capacitados.

Fiscales de carrera, experimentados, más capacitados y más independientes, ese es el cambio en el Ministerio Público que todos queremos y por el que estamos trabajando.

Pero no basta tener un personal excelente, si éste no cuenta con las herramientas necesarias para combatir la criminalidad de manera efectiva. Precisamente, este fue uno de los problemas que identificamos en nuestro diagnóstico inicial. Encontramos que existía una infraestructura precaria y una carencia de instrumentos para que los fiscales realizaran su trabajo, desde recibir las denuncias y querellas e interrogar a los involucrados en los casos, hasta realizar los descensos necesarios para las investigaciones… Todas esas tareas se hacen lentas, por no decir imposibles, si no se cuenta con equipos electrónicos modernos, redes de comunicación efectivas, transporte adecuado y espacios de trabajo aptos para las labores básicas.

Como resultado, iniciamos una serie de readecuaciones a los espacios físicos de las dependencias del Ministerio Público, readecuaciones que están siendo ejecutadas gradualmente. La muestra más reciente de estos esfuerzos es el Plan de Readecuaciones de 12 de las fiscalías comunitarias del Distrito Nacional.

Creemos firmemente que el Ministerio Público debe ser un órgano cercano a la gente, que escuche cuáles son las preocupaciones de la comunidad para buscarle soluciones efectivas, siempre en el marco de lo que establezca y permita la ley.  De ahí la importancia de estas dependencias. 

Las readecuaciones que estamos realizando constituyen una necesidad imperante porque cuando el personal cuenta con las condiciones mínimas para hacer un trabajo de calidad y, a su vez, el usuario puede recibir esas atenciones en un lugar digno y decente, los resultados siempre serán mejores y nuestro país necesita y merece justicia rápida y eficiente.

En este sentido, me complace informarle a la población que ya hemos entregado las readecuaciones en las fiscalías comunitarias de Villa Juana, Capotillo, el Juzgado de Paz de la Tercera Circunscripción y Los Ríos, quedando pendientes otras en el Distrito Nacional, las cuales pretendemos entregar antes de que finalice el año.

En adición a la readecuación de los espacios de trabajo, también nos hemos dedicado a facilitarle a nuestro personal la realización de las tareas básicas de sus funciones y para ello realizamos una licitación pública destinada a ampliar la flotilla vehicular de la institución.

Como resultado, a inicios de este año distribuimos 34 camionetas de doble cabina, minibuses de 30 pasajeros y 35 microbuses de 15 pasajeros, para un total de 72 nuevos vehículos, que están siendo utilizados para realizar tareas esenciales en el ámbito penal y penitenciario.

Pero esto no es todo. Pretendemos continuar ampliando esta nueva flotilla vehicular en los próximos meses con 70 camionetas doble cabina, 20 microbuses de 15 pasajeros y 2 minibuses de 30 pasajeros, para un total de 92 nuevos vehículos adicionales. 

Hablamos de más de 160 vehículos utilitarios nuevos para el Ministerio Público durante estos 2 primeros años de gestión, algo nunca visto en la historia de la institución… y seguiremos avanzando hasta lograr satisfacer todas las necesidades.

Con estos cambios, desde nuestros recintos penitenciarios, ningún interno dejará de asistir a sus audiencias y ningún fiscal podrá decir que dejó de hacer una diligencia de investigación por falta de transporte. Asimismo, y como somos fieles creyentes de que justicia retardada, es justicia denegada, atrás quedarán los días de reenvíos y suspensiones interminables de audiencias por falta de traslado de los imputados al tribunal. Gracias a la incorporación de esta nueva flotilla de vehículos, ya no hay excusas para que un interno se pierda una audiencia por falta de transporte.

En adición a estas sustanciales mejoras, pusimos en marcha un proceso de modernización de las estructuras de comunicación y tecnología de la institución para tener un Ministerio Público más moderno y acorde con los tiempos. Antes de nuestra gestión, parte de nuestros servidores eran alquilados. Hoy en día ya tenemos nuestro propio centro de datos, con nuestra información en nuestras propias manos, debidamente resguardadas y protegidas, resultando esto además en un ahorro de más de medio millón de pesos mensuales del dinero del pueblo dominicano.

Por igual, y en respuesta a los resultados arrojados por el levantamiento de necesidades realizado al inicio de la gestión, a partir del año 2017 gestionamos y distribuimos más de 1,500 computadoras en todo el territorio nacional a distintas dependencias del Ministerio Público donde a veces el fiscal tenía que compartir su equipo con otros fiscales. Imagínense sus lugares de trabajo por un minuto, sin computadoras. Imagínense ahora la diferencia que herramientas tecnológicas adicionales pueden tener en el funcionamiento eficaz de una fiscalía que se encuentre en esas condiciones.

De la mano de la tecnología, también nos hemos dedicado a actualizar las herramientas que utilizan los miembros del Ministerio Público como fuentes de información para combatir la criminalidad. En este tenor, estamos trabajando en un nuevo sistema de registro de casos y expedientes del Ministerio Público, para eficientizar el manejo de procesos y resguardar la memoria histórica de la institución. Asimismo, hemos creado un nuevo Sistema de Investigación Criminal (SIC), ampliando las fuentes de información que nutren dicho sistema, lo que también se convierte en ahorro de tiempo y mejores resultados en los procesos de investigación.

Por igual, tenemos en proceso de desarrollo y prueba un nuevo sistema digital para los Centros de Reclusiones, con el cual tendremos mejor control de la población de privados de libertad en el país. Con esta herramienta, en lugar de tener informaciones manuales dispersas y aisladas en cada centro de corrección o recinto penitenciario, contaremos con un sistema computarizado y centralizado donde cada interno estará identificado por su huella dactilar, lo que además nos permitirá conocer de forma centralizada donde estos se encuentran en cada momento.

Estas últimas 3 acciones internas, administrativas, son poco visibles para la ciudadanía, pero marcan una diferencia inmediata en la eficiencia con la que el Ministerio Público persigue la criminalidad. 

Ese, señores, es el tipo de cambio que estamos propulsando en el Ministerio Público, cambios prácticos que se traducen en reducción de la criminalidad.

Pero igual de importante que tener el número suficiente de fiscales, debidamente capacitados y con las herramientas necesarias para hacer el trabajo, es tener titulares en las fiscalías, en las procuradurías regionales y en las procuradurías especializadas, que dirijan los trabajos del Ministerio Público con integridad, liderazgo, sentido de gerencia y, sobre todo, en el marco de lo que establece la ley.

Por ello, en julio de este año, por primera vez en la historia del Ministerio Público, convocamos el primer concurso interno para ocupar posiciones titulares dentro de la institución que cumplió con todos los requisitos establecidos por la Ley y el Reglamento de Carrera del Ministerio Público.

Con la realización de este concurso el Ministerio Público logró subsanar la práctica de designar fiscales titulares sin concurso, fortaleciendo así la meritocracia y la transparencia dentro del Ministerio Público.

Asimismo, logramos renovar el liderazgo institucional en posiciones que ya demandaban un relevo, en cumplimiento a lo que manda la ley, porque a eso hemos venido, a hacer cumplir la ley.

Ciudadanos y ciudadanas, esta renovación y transformación en el Ministerio Público dominicano ha venido a inspirar y motivar a nuestro personal a luchar como nunca antes contra la criminalidad.

Como han podido ver, estamos sentando las bases para que nuestros fiscales tengan las condiciones básicas de logística para perseguir la criminalidad en beneficio de la sociedad.

Pero todo esto no es suficiente. Debemos también conocer la criminalidad a fondo y para poder prevenirla, para poder perseguirla, necesitamos saber quién, cómo, dónde y cuándo suceden los delitos en nuestro país.

Esto solo es posible mediante la recolección de datos veraces, precisos y oportunos, cuyo procesamiento se encuentre centralizado en un solo lugar permitiendo así obtener estadísticas más confiables.


Conscientes de esta necesidad, creamos una Dirección de Estadísticas y Análisis, la cual, coordinando tres dependencias internas, recolecta y procesa los datos para el posterior análisis de los fenómenos delictivos en el país.

Desde su creación, la nueva Dirección de Estadísticas y Análisis ha logrado aumentar en un 38% el registro de casos dentro del Ministerio Público. Esto es un 38% más posibilidades de conocer la realidad completa de la criminalidad en el país y significa que estamos un 38% más preparados para prevenirla, enfrentarla y erradicarla. Nuestro objetivo es continuar fortaleciendo esta importante base de datos, a eso aspiramos y para eso estamos trabajando.

Como he dicho, a mayor cantidad de datos sobre criminalidad, mayores probabilidades de perseguirla, pero también de prevenirla.

De hecho, la prevención de la criminalidad como eje complementario de la política criminal del Estado se ha convertido en una punta de lanza durante esta gestión.

La Ley Orgánica del Ministerio Público nos designa como responsables de dirigir y formular la política de prevención de la criminalidad, rol que hemos asumido con seriedad y entusiasmo, conscientes de que a través del diseño de políticas preventivas podemos lograr la reducción de los índices de criminalidad a largo plazo y de manera sostenible. 

De esta manera, también creamos la Dirección de Prevención de la Criminalidad, y partiendo de las estadísticas recogidas en nuestras propias dependencias y procesadas en la nueva Dirección de Estadísticas y Análisis, desde esta dependencia se han ido ejecutando iniciativas de prevención en colaboración con otras instituciones públicas y privadas.

Como parte de estos esfuerzos, se identificó la necesidad de dar una respuesta integral y contundente a la problemática de la violencia de género y de los feminicidios en el país, tema que durante los últimos años ha estado en la mente de todos los dominicanos y dominicanas.

Esto implicó ser autocríticos; evaluarnos, analizar lo que estaba bien y lo que se debía mejorar, a discriminar entre lo que funcionaba y lo que no era efectivo. El resultado de este proceso de introspección nos llevó a materializar una iniciativa que presentamos a principios de noviembre del año 2017: el Plan Nacional contra la Violencia de Género, un esfuerzo enfocado en la acción, con medidas concretas y visión integral. 

Siempre me gusta aclarar que este plan no consiste en una campaña publicitaria, sino en 22 acciones integrales (dentro de las cuales una de las 22 acciones es una campaña), cuya implementación, a través de una coordinación interinstitucional eficiente, con voluntad y compromiso, busca marcar una diferencia a corto y mediano plazo; y a largo plazo, propiciar un cambio en la cultura machista que siguen manifestando algunos en nuestro país.

Las 22 acciones del Plan Nacional contra la Violencia de Género buscan cumplir con 3 objetivos primordiales:

Primero: prevenir generando consciencia en la población sobre la violencia de género;
Segundo: perseguir este delito fomentando su denuncia; y, 
Tercero: prestar atención más eficaz a las víctimas.

En menos de un año los resultados no se han hecho esperar, ya que desde la puesta en marcha del plan hemos comenzado a ver como la tendencia en los casos de violencia de género se presenta hacia la baja y durante el próximo mes de noviembre les presentaremos en detalle las acciones que hemos ejecutado y los resultados de las mismas.

Señoras y señores, el flagelo de la violencia de género no es el único que afecta a la sociedad dominicana. La criminalidad organizada, en sus diferentes manifestaciones, también requiere de nuestra atención y vigilancia constante.

Por eso, en estos 2 años de gestión hemos ejecutado acciones claves para combatirla de forma efectiva y contundente.

A estos fines, pusimos en funcionamiento la Unidad de Investigación Criminal del Ministerio Público, compuesta por técnicos especializados para investigar delitos de alta complejidad, como el narcotráfico, el lavado de activos y otros tipos de delincuencia organizada.

Precisamente en materia de lavado de activos, desde el año pasado la Procuraduría General de la República estuvo enfocada en superar con éxito el proceso de evaluación-país que nos estaría realizando el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT).

Para lograr el cumplimiento de las normas de GAFILAT, seguimos cada uno de los pasos y recomendaciones establecidas por este Grupo. Procedimos a evaluar y estandarizar nuestros procesos y a levantar las informaciones y estadísticas relevantes. También capacitamos a personal clave y fortalecimos los lazos con otras instituciones que comparten la misma vocación de lucha, entre otras acciones que han robustecido y modernizado al Ministerio Público en general, colocándolo en una posición más ventajosa para combatir el lavado de activos en el país.

Como ya ha sido publicado, gracias a estos esfuerzos individuales del Ministerio Público, y de otras instituciones claves del tren gubernamental dominicano, recientemente la República Dominicana aprobó su evaluación-país con calificaciones muy satisfactorias.

Asimismo, como resultado del trabajo efectivo del Ministerio Público en la lucha contra el lavado de activos, en este año logramos decomisar y distribuir a diversas instituciones, conforme manda la ley, más de 388 millones de pesos para ser destinados a la prevención y persecución de la criminalidad, la cifra más alta distribuida en la historia de la institución.

En lo que respecta al flagelo de los juegos de azar ilícitos en el país, entre otras tantas acciones, realizamos un exitoso operativo a nivel nacional de incautación de máquinas tragamonedas ilegales, destruyendo más de 1,000 máquinas y recuperando sumas que superaron los 5 millones de pesos, por igual, cifras nunca antes vistas y golpes contundentes contra la criminalidad, garantizándoles que continuaremos con estos operativos hasta lograr un país libre de estas máquinas ilegales.

Asimismo, en materia de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, entre otras tantas acciones, lanzamos exitosamente la campaña “No hay excusas”, junto a UNICEF; trabajando además para combatir este flagelo desde diversas mesas de coordinación interinstitucionales en varios puntos del país que son vulnerables a este tipo de criminalidad, que incluyen la Zona Colonial, Boca Chica, Puerto Plata, Sosúa y Cabarete.

En lo que respecta a la trata de personas, entre otras tantas acciones, y en el marco del CITIM, trabajamos en el lanzamiento del Plan Nacional de Acción contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Además, y en respuesta a esta problemática, inauguramos formalmente en junio de este año una casa de acogida expresamente para víctimas de estos delitos, donde éstas hoy reciben alojamiento temporal, alimentos, asistencia médica y psicológica, asesoría legal y apoyo para la reinserción laboral, bajo la administración de la Conferencia Dominicana de Religiosos y Religiosas (CONDOR).

Por otra parte, para combatir la práctica del proxenetismo, entre otras tantas acciones, ejecutamos operativos diversos, resaltando el más reciente realizado en las localidades de Sosúa y Cabarete, que incluyó 10 allanamientos a centros vinculados a este delito, logrando cerrar 2 centros y rescatar a 70 mujeres.

En lo que respecta a la lucha contra la corrupción, también hemos logrado grandes avances en estos 2 años de gestión.

Comenzamos por fortalecer la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), aumentando en un 24% su personal de carrera, más decenas de analistas para combatir la corrupción de manera más especializada y efectiva. Los resultados no se hicieron esperar y en el año 2017 logramos condenas en materia de corrupción contra 21 personas, entre ellas diversos funcionarios públicos. 

Eso no es todo. Durante este corto período de tiempo, aplicamos por primera y segunda vez desde su promulgación hace más de 10 años, la ley sobre Soborno en el Comercio y la Inversión para perseguir casos de corrupción administrativa. Diez años sin usar esta ley y en apenas 2 años ya tenemos 2 casos ejemplares y así continuaremos.

En el marco de esta ley, y aplicando las herramientas disponibles en el Código Procesal Penal dominicano, logramos indemnizaciones a favor del Estado Dominicano superiores a los 190 millones de dólares, precisamente gracias a la puesta en práctica de técnicas legales innovadoras para procesar casos de corrupción, características de sistemas de justicia modernos, enfocadas en la cooperación y la reparación del daño causado, tal cual lo hacen países más desarrollados como Estados Unidos, Brasil y Suiza.

En este mismo contexto, abrimos investigaciones en casos de alto interés e impacto a nivel nacional, como el caso Odebrecht, en el cual tenemos 7 imputados bajo medidas de coerción con más de 1,700 pruebas, contando entre ellos un actual senador, un ex ministro y otros ex funcionarios públicos de alto nivel, por mencionar algunos.

También, por más de un año hemos estado investigando el caso de la venta irregular de los terrenos del sector Los Tres Brazos, donde solicitamos y nos fueron autorizadas medidas de coerción contra los 11 imputados del caso hasta la fecha.

Lo mismo ha sucedido durante la investigación de las irregularidades detectadas en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), a raíz del asesinato del abogado Yuniol Ramírez. Actualmente tenemos 8 personas bajo medida de coerción, incluyendo al exdirector de la OMSA.

Por igual, muchos de los casos que por su trascendencia la sociedad exigía espera urgente respuesta, ya se encuentran muy avanzados o resueltos, como el caso de la alcaldía de San Cristóbal, el caso Súper Tucanos y los lamentables casos de Carla Massiel, Emely Peguero y Mateo Aquino Febrillet, hoy todos en etapa avanzada con sus responsables en prisión, convencidos de que lograremos justicia en cada uno de los casos pendientes.

En lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas, hemos aumentado de forma significativa la incautación e incineración de drogas, pasando de menos de 15,500 kilogramos incinerados en el año 2016 a más de 19,200 en el año 2017, para un aumento de un 24% en tan solo 1 año. Los números no mienten, lo prometimos y así estamos cumpliendo.

Esta es tan solo una muestra de la determinación que tiene este nuevo Ministerio Público de perseguir la criminalidad a toda costa, sin preferencias ni privilegios, sin miedos ni presiones. Nuestro compromiso es firme e inquebrantable, y así lo estamos demostrando. Los casos hablan por sí solos. Son infinitos los esfuerzos y no descansaremos.

Ahora bien, para procurar justicia se debe aplicar la ley y se debe comenzar con el ejemplo en la propia casa, actuando con transparencia y debida gestión, dando acceso a los ciudadanos a toda la información que indica la ley.

En este sentido, aprovechamos la ocasión para señalar que durante estos 2 años de gestión nuestra Oficina de Acceso a la Información Pública, luego de analizar elementos como la disponibilidad de la información, tiempos de respuesta y accesibilidad, con el apoyo de nuestra Dirección de Tecnología de la Información, se dedicó a la estandarización del portal de transparencia de la institución, haciendo el mismo más amigable al usuario, creando una interfaz de fácil manejo, con informaciones actualizadas y haciendo énfasis en las informaciones más solicitadas por los ciudadanos.

Para apoyar estos esfuerzos, se creó el Comité Administrador de los Medios Web (CAMWEB) para gestionar los medios web institucionales y ofrecer al ciudadano información oportuna y veraz, certificándonos y dando cumplimiento a la norma Nortic A2.

Gracias a estas iniciativas, logramos aumentar de manera significativa el resultado de las evaluaciones al portal de transparencia que realiza periódicamente la Dirección General de Integridad y Ética Gubernamental y de un promedio de no más de 80 puntos de cumplimiento, hemos ya logrado un cumplimiento promedio de 95 puntos.

De forma paralela, nos hemos certificado en las Normas Nortic A3, Nortic A4 y Nortic E1, sobre datos abiertos, interoperabilidad y gestión de redes sociales en los organismos gubernamentales, mejorando así la calidad de la información que utilizamos y presentamos a la ciudadanía.

Hace 2 años en informática, teníamos solo una certificación, hoy tenemos cuatro. Por ello podemos decir que somos una institución modelo en materia de transparencia que cumple con los principios que rigen la administración pública y sobre todo, que da respuestas a las exigencias de la sociedad dominicana.

Señoras y señores, como institución nos queda claro que nos debemos a ustedes, nuestros usuarios. Por eso, en materia de servicios al ciudadano, durante estos 2 años de gestión también nos hemos dedicado a aplicar importantes cambios que impacten positivamente la calidad de las interacciones que tenemos con ustedes a través de los Centros de Atención al Ciudadano ubicados en distintas partes del territorio nacional.

En este sentido, para facilitarles las cosas a los ciudadanos, nos hemos dedicado a simplificar los trámites burocráticos de los servicios que ofrecemos, acercándonos a la gente a través de la tecnología.

Para ello, creamos un nuevo portal de servicios al ciudadano a través del cual cualquier persona puede solicitar y obtener, desde la comodidad de su hogar o desde su teléfono celular, su Certificado de No Antecedentes Penales, consultar sus Certificaciones de Firma e incluso, y este es uno de los grandes logros en tecnología de la gestión, pagar sus multas de tránsito en la web y hasta desde su teléfono móvil, recibiendo por esa misma vía un descargo válido e inmediato. Atrás quedaron los días de gastar horas y largas filas para ir a la AMET, luego pasar por Banreservas a pagar la multa y luego regresar nuevamente a la AMET. Hoy todos ustedes pueden resolver esto desde sus oficinas, casa o cualquier lugar con un simple click.

En adición, lanzamos el proceso de solicitud en línea de exequátur para abogados, en conjunto con el MESCYT y la Consultoría del Poder Ejecutivo, y ya hemos logrado reducir en un 50% el tiempo de respuesta del proceso, emitiendo a la fecha más de 6 decretos en línea desde la implementación del sistema.

Por igual, y para facilitar los servicios que prestamos a los ciudadanos dominicanos en el exterior, aumentamos de 14 a 34 el número de misiones consulares que emiten certificaciones de no antecedentes penales en el extranjero.

De nuevo señores, este tipo de cambios es el que estamos propiciando, cambios para fortalecer nuestra institución y reducir la criminalidad.

No quiero terminar esta rendición de cuentas al país sobre estos 2 años de transformaciones en el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, sin antes mencionar los cambios que estamos gestionando dentro del sistema penitenciario dominicano.

Desde que llegamos a esta institución, comenzamos a ejecutar acciones para ir mejorando la seguridad y las condiciones de los privados de libertad en el país.

Como parte de las acciones administrativas tomadas, creamos la primera escala salarial dentro del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, al igual que hicimos con el personal del Ministerio Público.

También incorporamos 369 nuevos Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario, para reforzar la seguridad y el orden en los recintos penitenciarios.

Asimismo, remodelamos la cárcel preventiva de Ciudad Nueva para garantizar un internamiento digno a los privados de libertad que estuviesen recluidos temporalmente en la misma.

Además, apoyamos la implementación junto al Poder Judicial de Tribunales móviles en diversos recintos penitenciarios para agilizar procesos y descongestionar el sistema de justicia.

Por igual, les informamos anteriormente sobre los vehículos utilitarios que pusimos a disposición del sistema para facilitar el traslado de los internos a sus audiencias.

Pero todas estas medidas, aunque importantes y de impacto, no eran suficientes para resolver los principales problemas que sufre actualmente nuestro sistema penitenciario.  El más importante, por supuesto, es la situación histórica de hacinamiento que existe en nuestras cárceles, especialmente en las 19 que pertenecen al llamado “viejo modelo”, donde existe una sobrepoblación y hacinamiento de más de 12,000 privados de libertad.

Al mismo tiempo, y a pesar de los avances alcanzados por el llamado “nuevo modelo penitenciario” en materia de tratamiento, educación, rehabilitación y reinserción de los privados de libertad, identificamos que aún existen numerosas oportunidades de mejora en cada uno de estos aspectos.

Como consecuencia, y para resolver de manera definitiva estas problemáticas que por décadas han afectado a la sociedad dominicana, pusimos en marcha el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, uno de los proyectos más emblemáticos y trascendentales de esta gestión y de nuestra historia reciente.

Este Plan está compuesto por 2 grandes ejes: el primer eje se enfoca en el tratamiento de los internos, mientras que el segundo eje se concentra en la solución del hacinamiento y la sobrepoblación histórica de las cárceles. Bajo el primer eje, el Plan contempla la reestructuración completa del sistema penitenciario, con fines de unificarlo, paulatinamente, hacia un único sistema reformado, actualizado, moderno, pero sobre todo humano, enfocado en la rehabilitación y reinserción de los privados de libertad.

El segundo eje del Plan se concentra en la ampliación y construcción de estructuras modernas que acaben con el hacinamiento y la sobrepoblación existente en el sistema, a fin de que los privados de libertad cuenten con las condiciones básicas y dignas que faciliten los procesos de tratamiento e intervención que resultarán en la rehabilitación y reinserción de los internos.

Para lograr estos objetivos el Plan contempla lo siguiente:

Por un lado, la ampliación de 8 de los actuales centros de corrección y rehabilitación existentes, a saber, Puerto Plata, Elías Piña, Dajabón, Rafey Hombres, San Pedro de Macorís, Najayo Mujeres, Najayo Hombres y Najayo San Cristobalense. Con esto se logrará aumentar la capacidad instalada existente en 2,120 privados de libertad.

Por otro lado, la construcción de 2 nuevos Centros de Corrección y Rehabilitación que cumplirán con todas las normas internacionales de Derechos Humanos, así como con los estándares mínimos para el tratamiento de privados de libertad aceptados por la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocidos como las “Reglas de Nelson Mandela”.

El primero de ellos estará ubicado en el distrito municipal de Pedro Corto, en la provincia de San Juan de la Maguana, y tendrá capacidad para 960 internos.

El segundo recinto reemplazará a la cárcel de La Victoria y se denominará “La Nueva Victoria”.  Este nuevo complejo penitenciario estará ubicado en Las Parras de Guerra, en la provincia de Santo Domingo y tendrá una capacidad de 9,257 internos, de los cuales 8,592 serán hombres y 665 serán mujeres.

Asimismo, procederemos a intervenir los 41 recintos penitenciarios existentes a nivel nacional, ya sea para remodelaciones ligeras o profundas, dependiendo de la necesidad de cada centro. De esta forma, todo privado de libertad en la República Dominicana, sin importar donde esté recluido, tendrá garantizado un espacio físico decente y digno durante su internamiento. 

Igualmente, intervendremos 12 cárceles preventivas ubicadas en Palacios de Justicia y en otras dependencias a nivel nacional, a fines de ser readecuadas y humanizadas. También construiremos una nueva cárcel preventiva para reemplazar la de San Luis, en la provincia de Santo Domingo, con una capacidad de 236 personas. Este nuevo recinto vendrá a resolver la sobrepoblación de más de 150 internos que afecta diariamente a esta preventiva actualmente.

En lo que respecta a los adolescentes privados de libertad en los Centros de Atención Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley bajo la dirección de la Procuraduría, el Plan contempla la construcción de 2 nuevos centros en las provincias de Barahona y La Romana, así como la ampliación de 3 de los centros existentes (Ciudad del Niño, Santiago y Batey Bienvenido). Con esto aumentaremos la capacidad instalada de este sistema en 307 privados de libertad, cubriendo así la sobrepoblación de más de 100 internos que existe actualmente.

Como pueden ver este es un plan integral y completo, cuya ejecución, como ya ha sido anunciado, exigirá una inversión aproximada de170 millones de dólares. Esta inversión se realizará utilizando fondos propios especiales de la institución que han sido captados por concepto de las indemnizaciones obtenidas por el Estado en los casos de Odebrecht y Súper Tucanos.

Nuestro objetivo es completar este proyecto para el año 2020. Esto significa que durante los próximos 18 meses este servidor y todo el equipo de la Procuraduría General de la República estará trabajando, sin descanso, 24/7, para hacerlo realidad, mientras continuamos modernizando nuestro Ministerio Público.

Señoras y señores,

Les dije al principio de esta presentación que para lograr los resultados que queríamos era necesario tomar medidas profundas, que renovaran el sistema y promovieran una transformación institucional verdadera.

Así lo hemos hecho, convencidos de que estos son los cambios que necesitamos, los cambios que nos traerán menos crimen y más seguridad ciudadana.

La renovación institucional que estamos fomentando es positiva y de impacto. Por eso, los exhortamos a que acompañen a su Ministerio Público en sus respectivas provincias y comunidades en este proceso, que los apoyen y los alienten a continuar luchando contra la criminalidad como nunca antes en la historia de la República Dominicana, en beneficio de toda la ciudadanía.

Estoy consciente de que a muchos les preocupa la criminalidad y como pueden ver, no descanso ni descansaré hasta que logremos disminuirla. Estamos avanzando y junto a ustedes, lo lograremos.

Muchas gracias.

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