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  • Ramón Emilio Concepción: Si la Procuraduría quiere saber cuáles son los senadores que se reunieron en Brasil con gente de EMBRAER solo tiene que leer la prensa

    Reporter: juan modesto Rodriguez
    Published: viernes, 24 de agosto de 2018
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    El abogado dice que si la Procuraduría se hace ¨ciega o sorda¨, en caso Súper Tucanos, no encuentra las informaciones.

     

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    La justicia dominicana no está facultada a hacer algún acuerdo con las partes cuando pueden ser decisivas para llegar a esclarecer totalmente la verdad en un proceso¨.

     

    Así lo afirmó el abogado Ramón Emilio Concepción, al referirse al acuerdo arribado entre la Procuraduría General de la República y la Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (EMBRAER) para un proceso penal abreviado, en el que admite el pago de soborno para la venta de los aviones Súper Tucanos a la República Dominicana.

     

    Tras destacar que el inconveniente que ha habido en el país, en el caso Odebrecht, también se hizo un posible un acuerdo, pero Odebrecht no ha dado la información que requería la justicia para fortalecer el proceso que está en curso, dijo que el caso de los Súper Tucanos salió en la prensa, así como los senadores, empresarios y políticos que fueron a Brasil cuando se estaban comprando los aviones.

     

    Indicó que lo que sucede es que si la Procuraduría se hace ¨ciega o sorda¨ no encuentra las informaciones, y que hay un principio antiquísimo que los abogados saben, y es que en materia criminal el testimonio es la reina de las pruebas. ¨Porque en materia criminal se puede ser criminal pero no loco, no se va a firmar un documento para decir que se va a delinquir, por eso el testimonio sigue siendo y será por siempre la reina de la prueba en materia criminal, entonces este acuerdo es valioso siempre y cuando vaya a salir toda la verdad¨.

     

    Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, por Antena 7, Concepción reiteró que la verdad ya está en la prensa, y que si la Procuraduría quiere saber cuáles fueron los senadores que se fueron a Brasil y fueron vistos en un restaurante almorzando y cenando con gente de EMBRAER, sabe dónde buscarlo.

     

    Explicó que lo que sucede es que cuando los países deciden no hacer justicia buscan todos los vericuetos que puedan para que la justicia no llegue hasta el final.

     

    Sostuvo que, si el acuerdo es favorable para esclarecer, para que sean todos los que estaban, es perfecto y que ese es un acuerdo que ya lo permite la nueva legislación procesal penal en la República Dominicana.


    Al preguntarle sobre el hecho de que se ha informado que además del pago la empresa se comprometió a detallar la forma en la que habría hecho los pagos y a los presuntos receptores, cómo puede variar esto el curso de una acusación que ya ha sido formalizada, y si esto implica que el tribunal que conoce el fondo del caso está en la obligación de acoger nuevas pruebas y hasta nuevos acusados.
    El abogado respondió que siempre es posible en un proceso criminal, en la medida que no están todos los que son en un principio, que haya lo que se llama en derecho criminal y en derecho procesal criminal: las instancias supletorias, que puede en cualquier estado del proceso, si aparece un nuevo imputado, el tribunal ponerlo en causa, siempre y cuando le respete el sagrado derecho de defensa, con la oportunidad de conocer las pruebas, de presentar los incidentes que el código permite presentar, y en los tiempos que el mismo código prevé.
    Dijo que si hay nuevos implicados, simple y sencillamente se hace una instancia supletoria, es decir, complementaria para agregar al proceso lo que se había quedado por la razón que fuere. Destaca que es una medida que está completamente cubierta en el Código Procesal Penal y permite, si salen a relucir nuevos hechos o nuevos acusados, incorporarlos al proceso.  
    Consideró, además, que en cualquier estado del proceso siempre hay un arreglo entre ambas partes, y que si la parte imputada y la parte acusadora, en este caso los imputados y el Ministerio Publico, es perfectamente posible porque lo permite también el Código Procesal Penal.

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