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  • Adocco espera del caso de terrenos de Los Tres Brazos se pueda obtener una sentencia que sirva de ejemplo

    Reporter: juan modesto Rodriguez
    Published: miércoles, 8 de agosto de 2018
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    Julio César de la Rosa Tiburcio asegura que la falta de consecuencias ha profundizado el sentimiento de impunidad en la República Dominicana.
     
    El coordinador de Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, afirmó con el caso de los terrenos de Los Tres Brazos se está frente a un caso de corrupción donde el Estado nueva vez se ha visto perjudicado, y espera que finalmente haya consecuencias, ya que asegura, que es precisamente la falta de consecuencias la que ha profundizado el sentimiento de impunidad en la República Dominicana.
    De la Rosa Tiburcio ve necesario que de este caso se pueda obtener una sentencia que sirva de ejemplo, para evitar de esa forma, que se produzcan situaciones similares en lo adelante.
    El jurista explicó que la imposición de la medida de coerción dictada por el juez de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas a los imputados de ese caso, significa que se encontraron elementos suficientes para imponer tales medidas.
    Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, por Antena 7, el coordinador de Adocco dijo que el hecho de no haber puesto en libertad pura y simple a algunos de esos imputados significa que tienen, de una forma u otra, vinculación que pudiera ser más adelante producto de una presentación de acusación por parte del Ministerio Público, en la que esos imputados tengan que responder en un juicio de fondo.
     Al preguntarle sobre ¿cuáles son los elementos de mayor gravedad que puedan extraerse de las acusaciones enumeradas por el procurador Jean Alain Rodríguez en la alocución pública sobre este caso?
    De la Rosa Tiburcio considera que el hecho primero de haberse cedido un inmueble, que, aunque la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), que había quedado al resguardo de los inmuebles pertenecientes a las empresas cerradas y liquidadas bajo su dirección, podían realizar transferencias como en efecto habían realizado anteriormente.
    ¿Cuál es el elemento novedoso en este caso?, se preguntó, tras precisar, que  ha sido la aparición de un decreto que  declaraba de utilidad pública estos terrenos, lo que significa, que le quitaba la potestad a CORDE para poder negociarlos.
    Sigue explicando, que, de negociar los terrenos, tendría el Estado que hacer el trámite para la venta de bienes propietarios del Estado Dominicano, que es la aprobación de esos contratos por parte del Congreso Nacional.
    ¨En consecuencia las atribuciones de responsabilidad que se le imputan a la Registradora de Títulos es el hecho de que ella debía  que tener conocimiento de que existía un decreto del Poder Ejecutivo que declaraba de utilidad pública, y que, en consecuencia el trámite que se realizaba, y por lo cual se realizaron algunas transferencias, o sea, que se les otorgó títulos a algunos de los residentes en Los Tres Brazos, debió haber sido aprobado por el Congreso… y al no ocurrir eso, hubo una violación. Es por ello que, tanto el director general de CORDE, destituido e imputado, como los propietarios de las empresas que obtuvieron este contrato, comprometieron su responsabilidad”.
    El catedrático cree que el caso más emblemático, independientemente del precio de [vaca muerta], como señala el Procurador General de la República, a que fueron vendidos esos terrenos, lo que hace más interesante en términos del peso jurídico, es el hecho de haber violado el trámite legal que le correspondía, que era la aprobación por parte del Congreso.
    Destacó que no sería posible llegar a un acuerdo entre el Ministerio Público y las empresas involucradas en el proceso sino se hizo previamente, porque la empresa al someterse a un proceso de compra de unos terrenos, sin conocer o sin dar los pasos que la ley establece, pagó mal y hay un adagio jurídico que dice que ¨el que paga mal paga dos veces”.
    Dijo que eso significa que si una persona compra un bien y no se sometió a la rigurosidad de la ley, entonces ha sido afectado.
    En ese sentido, precisa que se había podido producir un reclamo por parte de la empresa adquiriente contra aquel que le vendió lo indebido, alega ignorancia. ¨Un funcionario público que está administrando un bien debe de conocer todo lo que hay alrededor de ese bien, que es precisamente lo que se le ha imputado¨.
    Agrega que si esas empresas quisieran continuar con el proceso de titulación sería un asunto de las autoridades, porque con la declaratoria de utilidad pública de esos terrenos el Estado lo que pudiera hacer es someterlos al mismo proceso que han sometido a una serie de personas que detentan terrenos del Estado, a través del programa de titulación de tierras.

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