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  • Proteger a las víctimas del juicio arbitrario y de una victimización adicional

    Reporter: juan modesto Rodriguez
    Published: martes, 17 de julio de 2018
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    Departamento de Estado de Estados Unidos
    Oficina para el control y la lucha contra la trata de personas
    Washington, D.C.
    Junio, 2018
    Proteger a las víctimas del juicio arbitrario y de una victimización adicional
    Desde hace años que el Informe sobre Trata de Personas ha detallado la importancia de proteger a las víctimas de la trata de personas durante el proceso de aplicación de la ley. Un principio básico en el enfoque centralizado en la víctima es que las víctimas de la trata no deben responsabilizadas penalmente por su participación en actividades ilegales que sean el resultado directo de su victimización.
    En el centro de la trata de personas está el empleo de la fuerza, el fraude o la coerción para explotar a la persona. Los traficantes utilizan el control que ejercen sobre las víctimas para forzarlas a llevar a cabo actividades que son una ganancia para los traficantes. Los traficantes con frecuencia obligan a las víctimas a participar en actividades delictivas como la prostitución, el carterismo o tráfico y cultivo de drogas.
    Las autoridades encargadas de aplicar la ley con frecuencia fallan en revisar e identificar a las víctimas de la trata de personas cuando detienen o arrestan a sospechosos de delito. Esto puede resultar en una nueva victimización porque las víctimas son castigadas por participar en delitos que sus traficantes los obligaron a realizar.
    Para más injusticia, los antecedentes penales pueden tener un efecto profundamente negativo sobre las víctimas para el resto de sus vidas; por ejemplo una sobreviviente del tráfico sexual que no puede alquilar un apartamento debido a sus anteriores arrestos por prostitución; o un individuo obligado por una pandilla criminal a robar o vender drogas que no puede conseguir un trabajo debido al resultado de sus antecedentes penales. Incluso si la víctima de la trata nunca enfrenta acusaciones, o si las acusaciones son reducidas, los antecedentes del arresto y el estigma quedan, afectando a las víctimas donde vivan, a sus oportunidades de empleo y a la manera en que otros los perciben.
    Aunque el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo) no se refiere específicamente a la no tipificación como delincuentes de las víctimas de la trata, el artículo 2(b) establece que uno de los propósitos del Protocolo es “proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente     sus derechos humanos”. Además, el Grupo de trabajo sobre trata de personas, que asesora a la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional recomendó lo siguiente en 2009:
    A fin de asegurar que no se sancione ni enjuicie a las víctimas de la trata de personas, los Estados parte deberían: a) Establecer procedimientos apropiados para identificar y apoyar a las víctimas de la trata de personas; b) Estudiar, de conformidad con su legislación nacional, la posibilidad de no sancionar ni enjuiciar a las víctimas de la trata de personas por los actos ilegales cometidos como consecuencia directa de su situación de víctimas de la trata de personas o por haberse visto obligadas a cometer esos actos ilegales..…”
    En la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata (TVPA)  de Estados Unidos, el Congreso determinó que:
    “Las víctimas de formas graves de trata no deben ser encarceladas inapropiadamente, multadas o de otra manera penalizadas solamente por los actos ilegales cometidos como resultado directo de ser tratadas, como el uso de documentos falsos, el ingreso al país sin documentación, o trabajar sin documentación”.
    El Consejo de Europa y la UE han aprobado instrumentos que reconocen el principio de la no penalización. El artículo 8 de la Directiva de 2011 de la UE sobre la prevención y lucha contra la trata de personas determina:
    “Los Estados miembros adoptarán, de conformidad con los principios básicos de sus respectivos ordenamientos jurídicos, las medidas necesarias para garantizar que las autoridades nacionales competentes puedan optar por no enjuiciar ni imponer penas a las víctimas de la trata de seres humanos por su participación en actividades ilícitas que se hayan visto obligadas a cometer como consecuencia directa de haber sido objeto de cualquiera de los actos contemplados en el artículo 2”.
    La adición no vinculante de 2013 al Plan de acción de la OSCE contra la trata de personas determina en la Sección IV, párrafo 2.6, en el rubro sobre el acceso a la justicia y remedios apropiados:
    “Adopción de las medidas oportunas para asegurarse de que, si procede, no se sancione a las víctimas identificadas de la trata por haber participado en actividades ilícitas en la medida en que se las haya obligado a ello”.
    La Convención contra la trata de personas, especialmente mujeres y niños de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) determina en el capítulo IV, artículo 14(7):
    “Cada Parte debe, según sus leyes, reglamentos y políticas internos, y en casos apropiados, considerar no responsabilizar penal o administrativamente a las víctimas de la trata de personas por los actos ilegales cometidos por ellas, si tales actos estuvieran directamente relacionados a los actos de la trata”.
    Identificar efectivamente a las víctimas de la trata, incluyendo entre estas a aquellas que pudieran haber cometido actos ilegales, es la clave para un enfoque centrado en la víctima. Es más posible que las víctimas de la trata vayan a denunciar su victimización si tienen confianza que hacerlo no causará su arresto o enjuiciamiento. A su vez, esto permitiría a un gobierno cumplir mejor con su obligación de dar protección y ayuda a las víctimas, tanto como para investigar y enjuiciar los casos de trata. La identificación temprana de las víctimas de la trata es esencial para evitar una mayor victimización y los ayuda a iniciar su recuperación lo más pronto posible.
    ANULACIÓN (VACATUR)
    En 2010, Nueva York se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en promulgar una ley que permita a los sobrevivientes de la trata anular sus acusaciones por el delito de prostitución. En 2013 la ley en Florida fue incluso más allá al permitir la extinción de “cualquier condena por un delito cometido siendo . . . una víctima de la trata de personas”. Para marzo de 2018, 39 estados tenían leyes de anulación permitiendo a los sobrevivientes pedir una orden a la corte para anular o extinguir las condenas penales dictadas contra ellos como resultado de su situación de trata.
    La anulación, vacatur, es el reconocimiento formal de la “la inocencia de hecho”. Las leyes de anulación deben aplicarse tanto a adultos como niños, dado que cualquiera que haya sido obligado, engañado o coaccionado a realizar actividades criminales no se debe considerar como el haber consentido a tal actividad. Los estados también deben asegurarse que esas leyes cubran condenas que abarcan una amplia variedad de delitos no violentos que las víctimas son obligadas a cometer.
    Esas leyes no solamente permiten a las víctimas corregir injusticias pasadas, sino que también por ello ayudan a las víctimas a recuperar y reconstruir sus vidas. La anulación favorece la posibilidad de que un sobreviviente encuentre trabajo, reduce su vulnerabilidad económica y el riesgo de caer otra vez en la trata. A falta de una ley de anulación las víctimas de la trata están condenadas a ser perpetuamente consideradas como excriminales, algo que de muchas maneras dificulta sus esfuerzos para reconstruir sus vidas.
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