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  • Cómo abordan los gobiernos la servidumbre doméstica en las residencias diplomáticas

    Reporter: juan modesto Rodriguez
    Published: domingo, 1 de julio de 2018
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    Cómo abordan los gobiernos la servidumbre doméstica en las residencias diplomáticas
    Los gobiernos enfrentan un desafío especial al abordar el asunto de la servidumbre doméstica en las residencias diplomáticas, una forma de trata de personas que implica a los trabajadores domésticos empleados por los diplomáticos y los funcionarios de organizaciones internacionales destinados en el extranjero. Si bien resulta poco frecuente que los diplomáticos mantengan a sus empleados domésticos en una situación de servidumbre involuntaria u otra forma de explotación, en aquellas ocasiones en las cuales esto sucede, abordar el problema resulta complejo y desafiante para los gobiernos de los países receptores.
    El personal de las misiones extranjeras y sus familiares pueden gozar de diversas formas de inmunidad de jurisdicción en el país de destino. En particular, los representantes de los gobiernos extranjeros que han sido acreditados por el país receptor como “agentes diplomáticos” o que tienen un rango equivalente (como por ejemplo, representante permanente ante las Naciones Unidas), al igual que sus cónyuges e hijos, gozan de inmunidad de jurisdicción en materia penal y civil y, por lo tanto, no pueden ser demandados o procesados, a menos que su gobierno renuncie primero a dicha inmunidad. Por otra parte, los diplomáticos y sus familiares inmediatos también gozan de inviolabilidad personal, lo cual implica que no pueden ser arrestados o detenidos. Sin embargo, otros representantes de gobiernos extranjeros, tales como miembros del personal administrativo y técnico de las embajadas, gozan de prerrogativas e inmunidades menos importantes. Aun así, también pueden disfrutar de inmunidad de la jurisdicción penal, civil y administrativa del Estado receptor.
    Las inmunidades típicas de los miembros de una misión diplomática se encuentran contempladas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, un tratado basado en los intereses recíprocos de todos los estados que reciben diplomáticos extranjeros y que envían sus misiones a otros países. La Convención también obliga a los diplomáticos a respetar las leyes del país de acogida y reconoce de manera implícita el privilegio arraigado que tienen los diplomáticos de poder llevar consigo a los empleados domésticos durante las misiones en el extranjero.
    Los trabajadores domésticos a menudo enfrentan situaciones que los dejan extremadamente vulnerables a la explotación por parte de sus empleadores diplomáticos. Generalmente, estos trabajadores son residentes legales del país receptor solo en virtud de la relación laboral que mantienen con el diplomático. En consecuencia, los empleados pueden llegar a soportar situaciones de explotación porque sienten que no tienen otras alternativas. Por otra parte, los empleados domésticos con frecuencia se encuentran aislados de todo tipo de interacción con la comunidad más allá de la familia diplomática, debido al desconocimiento del idioma, de las instituciones y de la cultura del país en el cual prestan servicio. En este sentido, cabe destacar la marcada disparidad que se aprecia entre el diplomático, quien es un oficial del gobierno que goza de cierta posición y el trabajador doméstico, quien generalmente tiene un origen humilde y una educación o unas habilidades lingüísticas limitadas. Además, los trabajadores domésticos generalmente son conscientes del estatus especial de los diplomáticos, y puede que crean que a sus empleadores no se les aplican las reglas de rendición de cuentas y que, por tanto, sería inútil buscar ayuda.
    Sin embargo, se está comenzando a gestar un consenso internacional que reconoce que los diplomáticos deberían rendir cuentas por la explotación de los trabajadores domésticos.
    Por ejemplo, se reconoce cada vez más que existe un límite temporal a la inmunidad de la que gozan los diplomáticos y sus familiares. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que, una vez que el diplomático abandona su cargo, este goza de una forma limitada de inmunidad que solo alcanza a “los actos oficiales” mientras esté acreditado. Y dado que el empleo de un trabajador doméstico es ampliamente reconocido como un acto no oficial, hay trabajadores domésticos que han conseguido demandar de forma exitosa a diplomáticos (y sus cónyuges) por presuntos abusos ocurridos durante el período de acreditación, luego de la pérdida del estatus diplomático de los mismos.
    Las siguientes secciones resumen algunos de los enfoques innovadores que en la actualidad aplican tanto el gobierno de Estados Unidos como otros gobiernos del mundo usando el paradigma de las “tres pes” (3P), “prevención, protección y procesamiento” para abordar la servidumbre doméstica en residencias diplomáticas.
    PREVENCIÓN
    • Requerir que los trabajadores domésticos extranjeros empleados por diplomáticos cuenten con contratos redactados en un lenguaje de fácil comprensión antes de la llegada al país receptor; los contratos deberán especificar las cuestiones relativas a la jornada de trabajo, la remuneración, vacaciones, y asistencia médica, entre otras cuestiones. Muchos gobiernos además prohíben que los empleadores retengan los documentos de identidad y de viaje de sus empleados.
    • Requerir que los trabajadores domésticos se inscriban en persona ante el gobierno de acogida (en general, en la Oficina de Protocolo del Ministerio o Secretaría de Asuntos Exteriores). Este registro permite que los trabajadores puedan encontrarse cara a cara con representantes gubernamentales del país de acogida sin la presencia del empleador para dialogar acerca de las condiciones laborales y conocer sus derechos y obligaciones. Por lo general, los trabajadores domésticos cuentan con un documento de identificación que se renueva de manera periódica y que contiene la información de contacto para recibir asistencia en caso de ser necesaria.
    • Prohibición del pago en efectivo de la remuneración del empleado en aquellos países que cuentan con sistemas bancarios eficaces y, en cambio, solicitar el depósito directo de la retribución en una cuenta bancaria a nombre del trabajador doméstico solamente o realizar el pago mediante cheque. Estas medidas sirven como pruebas objetivas en caso de una controversia salarial. Además, muchos gobiernos cuentan con legislación en materia de salario mínimo y prohíben o especifican el porcentaje máximo de deducciones relativas a los gastos de alimentación o alojamiento, limitando así las deducciones excesivas que podrían enmascarar una remuneración insuficiente.
    • Limitar la cantidad de trabajadores domésticos que cada diplomático puede emplear en un momento dado para garantizar que los empleadores puedan pagar las remuneraciones acordadas, como también prohibir a los familiares de los trabajadores domésticos que les acompañen, ya que dichos familiares podrían ser víctimas de la explotación. Los trabajadores que se encuentren acompañados por sus familiares, muy probablemente informarán en menor medida situaciones de abuso por miedo a que sus cónyuges o hijos pierdan la residencia en el país receptor.
    • Requerir que los trabajadores domésticos demuestren competencia en al menos uno de los idiomas del país de acogida antes de que se expida el visado.

    • Brindar capacitación al personal diplomático sobre el tratamiento adecuado de los trabajadores domésticos antes de las misiones en el extranjero y desarrollar políticas internas de recursos humanos en el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores para sancionar a aquellos diplomáticos que exploten a los trabajadores domésticos mientras prestan servicios en otros países.
    PROTECCIÓN
    • Presentar denuncias verosímiles de explotación de un trabajador doméstico por parte de un diplomático ante el embajador del Estado acreditador y solicitar una respuesta oportuna a tales denuncias. Algunos gobiernos receptores podrían adoptar medidas preventivas para limitar la expedición de visados para todo trabajador doméstico adicional que sea empleado por los miembros de la misión hasta que las denuncias sean atendidas de manera satisfactoria.
    • Participar de manera diplomática con los gobiernos extranjeros para alentar la conciliación y/o el pago de las sentencias judiciales definitivas en las demandas civiles, incluidas sentencias en rebeldía, contra alguno de los diplomáticos. Tal como se describió anteriormente, los diplomáticos y sus familiares han logrado ser demandados con éxito por antiguos trabajadores domésticos, luego de que concluyera su estatus diplomático.
    • Alentar a los empleadores diplomáticos que son objeto de serias denuncias realizadas por empleados domésticos a abordar al problema y, cuando corresponda, proporcionar una compensación al trabajador, incluso si no existen recursos legales de indemnización en el país del destino.

    • Establecer mecanismos alternativos de solución de controversias, como un intento de mediar en las diferencias que surjan entre los diplomáticos y sus trabajadores domésticos.

    • Establecer asociaciones entre los organismos de aplicación de la ley y las ONG en la comunidad para asegurar que los trabajadores domésticos que han sido víctimas de la trata de personas tengan acceso a vivienda y apoyo.
    PROCESAMIENTO
    • Adoptar medidas serias para que los diplomáticos rindan cuentas. Por ejemplo, si las autoridades del orden del Estado receptor informan que procesarían al diplomático por un delito grave (incluida la trata de personas) si este no gozara de inmunidad, entonces el Estado receptor podría solicitar al país del diplomático que renuncie a la inmunidad para permitir tal procesamiento. Sin embargo, si no se concediera tal renuncia, se podría de todos modos solicitar al diplomático y a su familia que abandonaran el país.
    • Referir denuncias de explotación creíbles de un trabajador doméstico por parte de un diplomático a las autoridades del orden para su investigación.
    • Proponer la inclusión de los exmiembros extranjeros de las misiones y, cuando corresponda, de sus familiares en las “notificaciones rojas” de Interpol, las cuales constituyen alertas en un sistema internacional que advierten a las autoridades de aplicación de la ley de todo el mundo que un individuo es buscado por otro país para su procesamiento, en base a una orden de arresto ya emitida.
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