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  • Vayamos por el Fiscal General del Estado

    Reporter: juan modesto Rodriguez
    Published: sábado, 9 de junio de 2018
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    El rol y la figura jurídica del Fiscal General del Estado, debería ser exigido e impulsado por los organizadores y participantes de la "Marcha Verde", que han instalado un campamento frente a la sede de la Procuraduría General de la República, sería la forma viable de devolverle mayor credibilidad y eficiencia a la investigación judicial.
    Es una garantía de que se lograría en la fase investigativa las herramientas y documentaciones, sin trabas alrededor de un caso determinado.
    El Fiscal General del Estado es independiente de la voluntad y decisiones de cualquiera de los poderes en que funciona la democracia, a saber legislativo, ejecutivo y judicial, aunque su norte sea lo judicial.
    Es una forma garantista de enfrentar y reducir los actos de corrupción y la impunidad que proviene de la delincuencia política y Económica.
    Países como Venezuela, Ecuador,Argentina Colombia, Guatemala,El Salvador y Paraguay en Latino américa, así como en España, y en Estados Unidos, hace tiempo que incorporaron este rol al sistema jurídico de la nación.
    El fiscal General del Estado está en su autoridad por encima del Ministerio Fiscal. Lleva la investigación criminal y el ejercicio de la acción pública. Generalmente la máxima autoridad del ministerio puede dictar instrucciones generales, fijando los criterios de actuación de los fiscales, para el cumplimiento de sus objetivos, pero no pudiendo dar instrucciones u ordenar realizar u omitir la realización de actuaciones en casos particulares.
    Su base legal es independiente, aunque vinculante con el esquema judicial. promueve ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público.
    La duración en el cargo, es similar al de otros funcionarios elegidos,dependiendo de los países, entre cuatro,cinco o seis años.
    Es un rol parecido guardando esquemas y distancias, al Defensor del Pueblo. República Dominicana pudiera o disponer un esquema de elección del Fiscal General del Estado o ampliar esa función para la Defensoría del Pueblo, con una ley especial e independencia de la política, solo dependiendo de la sociedad y de la ley.
    Es la única forma de darnos un funcionario ministerial que no sea limitado ni obstaculizado en las investigaciones penales ,criminales ni de actos de corrupción.
    Podría ser, para darle su independencia de los poderes tradicionales del Estado, ser electo por voluntad popular, escogido de una terna de candidatos, pero es necesario para evitar las manipulaciones propias y las obstrucciones clásicas del poder político. Al ser un representante designado por el voto popular, no sería limitado por ninguno de los otros poderes.
    Un Fiscal General actúa con imparcialidad y es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial.
    La presencia de este tipo de funcionario se justifica cada vez más en que las actuaciones del Ministerio Público y en especial la Procuraduría General de la República, no satisface las expectativas de la sociedad, se ha sembrado la falta de credibilidad, la duda y se nota las carencias, la deficiencia en los resultados, por la dependencia política que caracteriza esa posición nombrada por el Poder Ejecutivo.
    La impunidad tiene su asiento precisamente en esta forma de hacer representar a la sociedad, a los intereses del país dependiendo del interés del que ejerza el Poder Ejecutivo y no necesariamente de una ley.
    Precisamente ahora en que el empoderamiento ciudadano se manifiesta de nuevo en la "Marcha Verde", reactivada luego que el procurador Jean Alain Rodríguez, anunció que de las 14 personas que estaban siendo investigadas por los US$92 millones de sobornos que pagó la empresa brasileña, solo se encontraron elementos para acusar a ocho personas y el resto quedó fuera.
    Al rechazar las actuaciones del procurador Jean Alain Rodríguez en el caso Odebrecht, es el momento de añadir, a la demanda básica del cese de la corrupción administrativa y la impunidad, que se apruebe una ley para elegir a un Fiscal General del Estado para estos fines.
    Para lograr una verdadera actuación frente a la delincuencia política, económica, los crímenes de Estado, al país le hace falta incorporar el rol del Fiscal General del Estado.
    El delito de los políticos contra los intereses de la sociedad, debe ser contenido y sancionado, y como los políticos no van a afilar hacha para sus cabezas, debe ser una demanda forzada,sostenida, sostenible, sin prisa, pero sin pausa que impulse la sociedad empoderada, hasta que el Congreso Nacional construya una ley y el esquema para que el país disponga de este importante funcionario que no debiera faltar en ninguna sociedad, en ningún país.

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