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  • Persecución política-periodística y complicidad del Poder Judicial en “el braguetazo”

    Reporter: juan modesto Rodriguez
    Published: martes, 26 de junio de 2018
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    Artículo del periodista Salvador Holguín


    Persecución política-periodística y complicidad del Poder Judicial en “el braguetazo”

    Por el periodista Salvador Holguín 

    Diciendo “Lo que otros callan”


    Cuando el país y mis seguidores se enteraron que la presidenta de la Cámara de Diputados y hermana del presidente Danilo, Yomaira Medina, me había demandado por supuesta difamación e injuria, reaccionaron sorprendidos, debido a que hacía casi dos años que un comunicador de origen dominicano se despachó revelando en los medios de comunicación y las redes sociales el supuesto romance de Yomaira y el jefe de la Policía de entonces, Nelson Peguero Paredes, para ser más específico el 27 de octubre del 2015, y a mí me demandó el 17 de enero del 2017 por yo referirme al tema ya viejo y de manejo público, pero que se había convertido en viral. Me referí diciendo: “Cómo es posible presidente que usted permita que quieran vincular a su hermana Yomaira con asuntos de braguetazo, manteniendo ese jefe de Policía ahí, que dicen en los corrillos que fue ella que lo puso como director de esa institución, una mujer integra, honesta e impoluta”. Sería bueno que algún jurista del más alto conocimiento del Derecho nos explique o identifique dónde en ese comentario hay una acusación por ende difamación e injuria.

    Desde la primera audiencia en que la diputada Yomaira Medina asistió vimos cosas raras, como por ejemplo; dijo que yo no había ido al tribunal a pesar de que me vio en la puerta de la 8va sala al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, después jamás volvió, pasaron tres audiencias y ella no hacía acto de presencia, pero más extraño aun para mí era que siendo yo una figura de los medios y ella presidenta del primer poder del Estado y nos encontrábamos envuelto en una litis, los medios no asistían cuando la señora Medina no se presentaba. Una fuente de la prensa se acercó y me dijo: “Colega, tranquilo que en esta batalla usted estará peleando solo, ningún comunicador lo va a defender, porque le han comprado los medios de comunicación, una parte lo está dirigiendo el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, con los recursos del Estado, y los demás los está coordinando la misma presidenta de la Cámara de Diputados, reuniéndose con los periodista personalmente ofreciendo anuncios y otros los ejecuta en efectivo, y los de las redes sociales están a cargo de la directora del Plan Social, Iris Guaba, pagándolos con la nómina de la institución”. Esas informaciones las puse en dudas en principio, pero lamentablemente tuve que aceptarlas, al yo mismo confirmarlas cuando enviaba las notas y artículos sobre mis posiciones del proceso y no eran publicadas, mientras que las de la legisladora sí salían divulgadas con lo que ella quería proyectar en beneficio propio.

    Primera vez en mi vida que estoy siendo juzgado en un tribunal de la República Dominicana, no había tenido el placer de probar la parcialidad, complicidad y deterioro de nuestra justicia, ya que siempre he mantenido una conducta y trayectoria intachable en este país, gracias  a Dios y a la formación que me dio mi señora madre doña Altagracia Espinal Peralta, que me inculcó valores los cuales no me han permitido fallarle a ella, ni tampoco a la sociedad que ha depositado sus esperanzas en hombres y periodistas como nosotros, que a pesar de los golpes y persecuciones para intentar callarnos no han podido conseguirlo ni lo conseguirán porque seguimos firmes en defensa del pueblo dominicano en especial de aquellos que no tienen voz. Cuando iniciaron los debates en las audiencias la gente me decía “Salvador ese es el pleito del huevo y la piedra”, yo le decía que sí, que a pesar de saberlo quería probarme a mí mismo, para ver si aguantaba todo ese poderío con el que Yomaira Medina se ensañó contra mi persona, y de paso confirmar si era verdad lo que se decía de que la mayoría de los jueces dominicanos son morados y que actúan por presión del poder, para muestra de esto, “el braguetazo”, que a juzgar por el termino no tiene que ver nada con la condena, cito lo establecido por la Real Academia Española: “Boda entre un hombre pobre y una mujer rica; generalmente, cuando el hombre tiene intención de mejorar económica o socialmente”. Para edificar a las personas es bueno precisar que sólo puede haber difamación e injuria si hay una acusación directa o ataque en contra del buen nombre de una persona, aberración que no he cometido.

    En mi condición de periodista de más de 20 años de experiencia, cuando hice referencia al “braguetazo” únicamente me hacía eco de una información que la produjo un comunicador en New York en el 2015, al enterarme del cuestionamiento a la intachable dama Yomaira Medina Sánchez, que corría por el mundo y comentada por todos los dominicanos, en mi programa Hilando Fino sólo me limité a cuestionar ese señalamiento vertido por ese medio de comunicación, y en ningún momento procedí a hacer una imputación directa ni cosa parecida, sino que me referí de forma tangencial señalando que cómo era posible que se permitiera vincular a la presidenta de la Cámara baja con asuntos de “braguetazo”, que es muy diferente a acusar o atacar el honor de una persona. Hago estas aclaraciones porque independientemente de cómo concluya este caso, quedará para la historia, y de los tribunales del país persistir en el error, creará jurisprudencia, siendo este veredicto un referente que cambió el curso de la historia judicial de nuestra nación, y sé que después que hayamos agotado todas las instancias nacionales e internacionales, vendrán muchos debates sobre esta sentencia conforme al poder más no al Derecho, como está establecido en las leyes y la Constitución de la República, y es bueno dejar constancia.

    En consecuencia, nadie puede ratificar la figura de la difamación e injuria, a partir del significado que tiene esa palabra en español, veamos lo que significa cada expresión. Injuria es un hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, honor, credibilidad, etc., especialmente cuando es injusto. Difamación es una información negativa que se dice en público o se escribe de una persona en contra de su buen nombre, su fama y su honor, especialmente cuando es falsa. En cuanto a lo que mi caso concierne no se puede establecer insulto u ofensa, ni atentar contra el honor y buen nombre debido a que nunca acusé, por ende no di información negativa en público y tampoco la escribí, en ese sentido, tanto la decisión en primera instancia que dictaminó la “ jueza”, Suinda Brito, como la de la Corte de Apelación encabezada por el “juez” Ramón Horacio, deja al desnudo de forma muy evidente que el sistema judicial recibe mandato expreso del Poder Ejecutivo, lo que desdice de que vivimos en un Estado democrático y de Derecho, donde los poderes públicos deben actuar con independencia. De modo que, no se trata ahora de percepción sino de realidad.

    Para confirmar la perversidad y complicidad del poder político corruptor en componenda con estos mal llamados jueces, vamos a traer a colación los casos más sonoros que se han dado en la República Dominicana, donde han sido condenados los periodistas y comunicadores, pero si habiendo cometido el hecho, es decir que, si hicieron acusaciones, y aun así las condenas fueron inferiores; Vincho Catillo quien fue condenado a pagar RD$1 millón por difamación contra Hernani Salazar acusándolo de estar vinculado al narcotráfico. Marcos Martínez, procesado por falsificación de documentos, tras acusar a la entonces primera dama Margarita Cedeño de Fernández de poseer 46 millones de euros en una cuenta de un banco danés y sólo fue condenado al pago de RD$1 millón. Dany Alcántara, condenado al pago de RD$1 millón por difamación contra el periodista Domingo Páez. Julio Martínez Pozo sentenciado al pago de una indemnización RD$2 millones por difamación e injuria contra Ricardo Ripoll García del movimiento cívico Somos Pueblo. Entre otros casos más, a diferencia de la sentencia que dictó en mi contra “la magistrada” Suinda, de la Octava Sala del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva que me condenó al pago de 7 millones de pesos más las costas del proceso, y lo impresionante fue escuchar a la “jueza” expresar en sus motivaciones al evacuar la sentencia decir que cometí el error de no citar la fuente y que por eso se veía en la obligación de condenarme. Por lo visto a esta jueza hay que mandarla a estudiar Derecho de nuevo conforme a lo que establece nuestra Carta Magna en su Artículo 49.- Libertad de expresión e información: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. (2) Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley; (3) El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley.”

    En la Corte de Apelación durante la audiencia nosotros le revelamos a los magistrados que según una fuente nuestra que nos suministró la información, esa sentencia se habría hecho en el despacho de la presidenta de la Cámara de Diputados y aun así no se motivaron a preguntarle a la demandante la veracidad de esa impactante revelación y mucho menos permitieron que presentáramos el video como medio de prueba que depositamos en el tribunal, que devela quién realmente fue que delató lo del “braguetazo”, esa es la razón por la que digo que fui a los tribunales a buscar justicia y me encontré con un matadero judicial.

    Es cuestionable y pone en tela de juicio que la Corte de Apelación estimara que violé la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, atribuyéndome conductas que atentan contra el honor y la consideración de la hermana del presidente Danilo, Yomaira Medina, siendo esto falso de toda falsedad, puesto que no hubo acusación ni señalamiento a esa dama y eso es confirmado por todos los que han tenido la oportunidad de ver el video por el que me demandó la congresista Medina, dicen que no hubo difamación ni injuria, y muchos menos ataque al honor y su buen nombre, razón por la que Yomaira se valió del poder que ostenta y del de su hermano Danilo, para imponer una decisión favorable a su ego, porque según ella con la condena demuestra su inocencia y honorabilidad, y es todo lo contrario, cuando en ningún momento la he acusado ni señalado, y quien realmente si lo hizo lo dejó fuera del expediente, es ahí que no cuadra la defensa de su honor e integridad como mujer, si fuera cierto debió demandar primero al comunicador de New York, y de cascada o testigo a mí, ahí se confirma que no hay crimen perfecto, esos 7 millones lo que nos deja a todos son muchas interrogantes y dudas que el tiempo se encargará de esclarecer…

    Por todo lo antes expuesto nos vemos precisados a seguir recurriendo a todas las instancias hasta encontrar jueces que no se vendan por dinero y por promesas de cargos en el Poder Judicial, que no actúen por presión del poder sino más bien conforme al Derecho establecido en la Constitución y las leyes dominicanas. Esa sentencia es improcedente y carente de fundamento legal porque no tiene asidero jurídico y obedece a un capricho e inquina personal de Yomaira contra mi persona y una persecución política para tratar de acallarme y que no siga denunciando las atrocidades del Congreso y el Gobierno del cual ella forma parte, lo que conspira contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento de los periodistas del país. Eso lo confirma el hecho de que no demandó a quien fue que realmente lo dijo, pensando que con una condena demuestra su honestidad como mujer, y lo que provoca es un efecto contrario.

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