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  • Sociedad Civil recomienda medidas que ataque la corrupción desde la raíz

    Reporter: juan modesto Rodriguez
    Published: lunes, 2 de abril de 2018
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    Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista , tiene a bien remitirles  documento  sobre Posición de Transparencia Internacional (TI) ante la VIII Cumbre de las Américas “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”

    Transparencia Internacional . Documento Cumbre, incidencia y logística! 

    Posición de Transparencia Internacional (TI) ante la VIII Cumbre de las Américas
    “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”


    Transparencia Internacional considera que los gobiernos y las organizaciones de sociedad civil
    reunidas en la VIII Cumbre de las Américas deben aprovechar esta oportunidad para generar
    consensos y recomendaciones sobre las áreas estratégicas que realmente contribuyan a atacar la raíz
    de la corrupción.
    Los recientes escándalos en la región, principalmente el caso develado por la operación “Lava Jato”,
    que expuso la actividad criminal de un cártel de empresas constructoras brasileras que operaba en
    gran parte de América, entre las cuales destaca Odebrecht, confirman que las áreas estratégicas para
    combatir la corrupción son: financiamiento de partidos y campañas, compras y contrataciones
    públicas y sistema de justicia. Asimismo, los compontes transversales de cada una de estas áreas son
    el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas de calidad y la participación ciudadana
    efectiva.
    Las propuestas concretas de los capítulos de Transparencia Internacional de América Latina y el Caribe
    para la VIII Cumbre de las Américas son:

    1. Financiamiento de partidos y campañas:

    1.1. Control del Estado: a) asignar la función de control de todos los recursos públicos y
    privados en efectivo y especies de los partidos y campañas en una institución específica,
    autónoma e independiente (sin limitar la capacidad de coordinación interinstitucional); b)
    crear dentro de esa institución una unidad especializada, c) asignarle a esa unidad
    funciones de revisión, verificación y auditoria; d) dotarla con los recursos materiales,
    humanos y tecnológicos necesarios; y e) fortalecer la capacidad estatal de prevenir,
    sancionar y erradicar el financiamiento proveniente de fuentes ilegales.

    1.2. Rendición de cuentas a cargo de los partidos: a) establecer la obligación de bancarizar
    todos los ingresos de los partidos y campañas; b) establecer mecanismos obligatorios
    complementarios para garantizar el registro de todos los ingresos y egresos (incluyendo
    los recursos en especies) de los partidos y campañas (recibos certificados, declaración de
    origen de fondos, comprobantes de pago, certificados de compra o adquisición); c)
    instaurar sistemas obligatorios de administración y control interno de todos los recursos
    (unidad especializada responsable, manuales y sistemas contables); d) instituir la
    obligación de presentar informes financieros integrados y abiertos a la ciudadanía (previos
    y posteriores a las elecciones); y e) establecer o fortalecer los sistemas electrónicos
    abiertos de presentación de informes y rendición de cuentas de los partidos.

    1.3. Acceso a la información y participación ciudadana: a) establecer obligaciones y
    mecanismos para garantizar la máxima publicidad de toda la información sobre el
    financiamiento; b) establecer normas e instrumentos para garantizar el acceso y monitoreo ciudadano de toda la información sobre financiamiento; c) eliminar el secreto
    bancario y fiscal de las finanzas de los partidos y campañas; d) establecer la obligación de
    que las personas jurídicas que financien partidos y campañas brinden información a las
    autoridades y al público en general sobre las personas naturales que las controlan y
    reciben beneficios de ellas; y e) crear bases de datos abiertas con la información pública
    de todos los donantes de los partidos y campañas, es decir, personas jurídicas y las
    personas naturales que las controlan, así como personas individuales

    1.4. Limitación del gasto de campaña: a) instaurar límites de duración de campañas, b)
    establecer límites de gastos de campaña, y c) crear límites y controles específicos de los
    disparadores del gasto.

    1.5. Prohibición del uso indebido de recursos públicos: a) prohibir la publicidad de asuntos
    estatales durante la campaña; b) prohibir la contratación de bienes y servicios públicos
    durante la campaña; c) prohibir el proselitismo desde cargos públicos; d) prohibir la
    entrega de beneficios o ingreso a programas sociales durante la campaña; y e) establecer
    la separación obligatoria del cargo de aquellos funcionarios públicos que sea
    precandidatos y candidatos.

    1.6. Sanciones: a) establecer sanciones administrativas y penales efectivas, proporcionales y
    disuasivas de todas las conductas (acciones y omisiones) que transgredan las reglas
    (prohibiciones y obligaciones) del sistema de financiamiento imputables a personas
    individuales (dirigentes de partidos y funcionarios públicos) y colectivas (partidos e
    instituciones públicas); b) establecer las autoridades competentes en materia
    administrativa y penal y las reglas procesales necesarias para que el Estado en general
    garantice la aplicación efectiva de las sanciones; y c) fortalecer los mecanismos de
    protección de denunciantes especialmente para quienes denuncian financiamiento de
    fuentes ilegales.
    2. Compras y contrataciones públicas:
    2.1. Control del Estado: a) fortalecer los órganos de control gubernamental independientes
    garantizando su autonomía y dotándolos de los recursos materiales, humanos y
    tecnológicos necesarios; b) fortalecer las unidades internas de control de todas las
    instituciones que procesan compras y contrataciones públicas; c) asignar a las unidades
    internas las competencias y los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios;
    d) crear mecanismos para garantizar un control interno eficaz (asignación de cada fase a
    equipos distintos y rotación de funcionarios); e) crear un sistema de precalificación que
    establezca criterios de integridad que las empresas deben cumplir para participar en los
    proceso de compras y contrataciones; y f) establecer la obligación de comparar y analizar
    la información pública contenida en las bases de datos de financistas de partidos y las de
    contratistas estatales y publicar los resultados periódicamente

    2.2. Rendición de cuentas: a) instituir la obligación de detectar, prevenir y resolver los
    conflictos de intereses de los funcionarios involucrados en todas las fases de los procesos
    de compras y contrataciones; b) fortalecer los sistemas de declaración y evaluación
    patrimonial de los funcionarios involucrados en todas las fases de los procesos de compras
    y contrataciones; c) establecer cláusulas anticorrupción en los contratos y mecanismos efectivos para su cumplimento; d) crear o fortalecer mecanismos de apelación robustos,
    independientes y efectivos para los oferentes en cualquier fase del proceso; y e) crear o
    fortalecer mecanismos adecuados y eficientes de defensa para las instituciones públicas
    que permitan resolver las apelaciones de forma oportuna y justa.

    2.3. Acceso a la información: a) garantizar la publicidad y acceso a toda la información de las
    fases de los procesos de compras y contrataciones (desde la planificación hasta la
    evaluación) en formatos inteligibles; b) prohibir cláusulas de confidencialidad en los
    contratos, salvo excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico nacional,
    justificadas, limitadas y públicas; c) instaurar o fortalecer los sistemas electrónicos de
    compras y contrataciones públicas y garantizar su uso en todos los niveles del Estado;
    (nacional, federal, departamental o provincial y local o municipal); d) garantizar la
    publicación de las declaraciones de intereses y patrimonio de los funcionarios
    involucrados en todas las fases de los procesos de compras y contrataciones; y e)
    establecer la obligación de que las personas jurídicas que compitan en los procesos de
    compras y contrataciones brinden información a las autoridades y al público en general
    sobre las personas naturales que las controlan y reciben beneficios de ellas.

    2.4. Participación ciudadana: a) instituir mecanismos de consulta y monitoreo ciudadano
    eficientes, formales y obligatorios previa, durante y posteriormente a la celebración de
    los contratos; y b) establecer la obligación de las autoridades públicas de responder a las
    conclusiones y recomendaciones derivadas de las consultas y el monitoreo ciudadano.
    2.5. Sanciones: a) establecer sanciones administrativas y penales efectivas, proporcionales y
    disuasivas de todas las conductas (acciones y omisiones) que transgredan las reglas
    (prohibiciones y obligaciones) y malas prácticas (colusión, fraccionamiento de compras u
    obras, tráfico de influencia, acceso a información privilegiada, entre otras) en los procesos
    de compras y contrataciones imputables a personas individuales (empresario y
    funcionarios) y colectivas (empresas e instituciones); b) garantizar la aplicación efectiva
    de las sanciones mediante el fortalecimiento institucional y el perfeccionamiento del
    marco legal procesal en materia administrativa y penal.

    3. Sistemas de justicia

    3.1. Consolidar la independencia de las instituciones del sistema de justicia: a) crear procesos
    transparentes, competitivos y objetivos de selección de todos los funcionarios del sistema
    de justicia; b) establecer sanciones contra la injerencia en los procesos de selección de los
    funcionarios del sistema; c) fortalecer los sistemas de carrera judicial, fiscal y de
    defensores públicos transparentes, competitivos y objetivos; y d) asignar los recursos
    materiales, humanos y tecnológicos necesarios.

    3.2. Cooperación internacional: a) promover la ratificación de los instrumentos internacionales
    sobre cooperación internacional anticorrupción, así como facilitar su implementación,
    promoviendo los mecanismos institucionales necesarios para su eficaz actuación; b)
    mejorar los ordenamientos jurídicos, innovando y actualizando los instrumentos
    normativos nacionales e internacionales existentes, así como armonizando la legislación
    de carácter sustantivo; c) fortalecer los equipos nacionales de las entidades a cargo de la
    investigación de la corrupción, dotándoles de los suficientes recursos económicos,
    humanos y tecnológicos; d) avanzar hacia la cooperación directa, sin intermediarios, entre
    los responsables de la investigación de casos de corrupción mediante la realización de
    encuentros periódicos y el fortalecimiento de las redes especializadas de las autoridades
    competentes, así como la creación de centros de coordinación regional o equipos
    internacionales de investigación que permitan atender casos transnacionales y servir
    como repositorios de información; e) crear herramientas formales de cooperación
    internacional, tomando como referente los modelos exitosos de otras regiones del
    mundo, pero también explorar el uso de herramientas informales de comunicación e
    interacción entre las autoridades responsables de la persecución penal; y f) impulsar la
    creación y funcionamiento de registros centralizados de cuentas bancarias, de
    beneficiarios reales de personas jurídicas, así como dotar de más medios a las unidades
    de inteligencia financiera

    3.3. Acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana: a) establecer
    obligaciones y mecanismos para que la información sobre el desempeño del sistema en
    general sea de acceso público y verificable; b) instituir la obligación de detectar, prevenir
    y resolver los conflictos de intereses de los funcionarios del sistema de justicia; c)
    fortalecer los sistemas de declaración y evaluación patrimonial de los funcionarios del
    sistema; d) fortalecer los sistemas de inhabilidades de jueces y magistrados y garantizar
    su acceso público; e) establecer la obligación de publicar las declaraciones de intereses y
    de patrimonio; y f) garantizar el efectivo y eficaz monitoreo ciudadano del desempeño del
    sistema de justicia en general.

    3.4. Protección de denunciantes y testigos: a) delimitar el ámbito de aplicación de la
    protección; b) crear normas y mecanismos para la protección de los denunciantes y
    testigos; b) difundir extensamente el ámbito, las normas y mecanismos; c) establecer
    medidas específicas de asistencia y protección a los denunciantes y testigos; y d) crear
    agencias independientes con las competencias necesarias (recibir, investigar, evaluar y
    asignar medidas) y dotarlas de recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes.

    3.5. Recuperación de activos: a) armonizar y fortalecer la legislación existente para facilitar la
    eficiente cooperación y recuperación de activos; b) crear los mecanismos necesarios para
    que los países donde se encuentran los activos ilegales respondan inmediatamente a las
    solicitudes; c) desarrollar medidas y regulaciones que faciliten la congelación de activos;
    y d) establecer sanciones para las instituciones financieras que no cumplan con los
    procesos y normas de recuperación de activos.

    4. Sistema interamericano:

    El impacto de la corrupción sobre la seguridad, la calidad de vida, la limitación al desarrollo, y el
    progreso en general, nos obliga además solicitar a la Organización de los Estados Americanos (OEA)
    que el sistema interamericano incorpore en su concepción, análisis y trabajo a la corrupción y los
    incentivos perversos que genera como causales de violación de derechos humanos.

    Lima, Perú, abril de 2018.
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