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  • Mina Romero,SJM: Academia de Ciencias indica conservación del agua está muy por encima de cualquier otro aprovechamiento

    Reporter: juan modesto Rodriguez
    Published: martes, 13 de febrero de 2018
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    Rueda de prensa Minera San Juan
    Declaración de la Academia de Ciencias con motivo de la aprobación del Ministerio de Energía y Minas, del proyecto minero a favor de la empresa Gold Quest, en San Juan de la Maguana
    El Ministerio de Energía y Minas, ha hecho público, a través de su Ministro, Sr. Antonio Isa Conde, que esa instancia estatal ha aprobado el proyecto minero Romero, en favor de la empresa Gold Quest a desarrollarse en el ámbito de la provincia San Juan de la Maguana.
    Para sustentar su aprobación, la institución estatal ha puesto de relieve los siguientes argumentos;
    «Que el proyecto cumple con todos los requisitos de ley, que dejará al Estado dominicano, beneficios por US$224,000,000.00 millones de dólares durante una vida útil de siete (7) años de operación, además de generar unos supuestos ochocientos (800) empleos nuevos, y con ejercicios de criterios sostenibles con adecuada remediación»
    En tal sentido, la Academia de Ciencias quiere manifestar su preocupación ante el anuncio realizado por el Ministerio de Energía y Minas, aprobando el permiso de exploración para que la empresa de capital canadiense (Gold Quest) perfile la explotación de oro en el ámbito de la Provincia San Juan de la Maguana.
    Particularmente, para la Academia de Ciencias, constituye una gran preocupación, que existiendo en proceso un marco jurídico para regular la minería, el cual está siendo sometido al conocimiento de diversos actores de la sociedad, de repente, al margen de esto, se esté aprobando un proyecto minero. La pregunta es, ¿Con cuál instrumento jurídico se regulará ese permiso otorgado a la empresa Gold Quest? Todo esto revela, a luz de los hechos, una contradicción y un apresuramiento fuera de toda lógica.
    Este proyecto, cuenta con un amplio rechazo social, manifiesto por los diversos sectores de la provincia San Juan de la Maguana y comunidades aledañas, por tanto, contrario a lo que indica la lógica, se ha obviado totalmente, con esta aprobación, la opinión de la gente, que por demás, será la directamente afectada por este emprendimiento. No se conoce de una vista pública abierta y democrática, que incorpore el parecer de la gente, no solo la de San Juan de la Maguana, sino la de todo el territorio nacional, que ha hecho suyo el problema.
    No cabe duda que este proyecto tendrá una repercusión directa en la cuenca y nacimiento del río San Juan, afluente del único río que baña el Valle de San Juan y sus actividades agrícolas, industriales y para consumo humano. El agua es un recurso fundamental en la vida del ser humano, por ello, la constitución en su artículo 15, expresa lo siguiente:
    «Artículo 15.- Recursos hídricos. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación».
    En virtud de lo anterior, la conservación del agua está muy por encima de cualquier otro aprovechamiento, sobre todo, si como desde el propio Ministerio de Energía y Minas, se ha dicho, que el tiempo de explotación es de apenas siete (7) años, en cuyo período el estado recibiría unos US$224,000,000.00 millones de dólares de beneficios. La pregunta es, ¿Es esto rentable en término de costo-beneficio? ¿Vale la pena afectar el recurso agua a cambio de un valor o monto económico, que desde el punto de vista del Estado se puede considerar insignificante?
    A todas luces, por la propia información suplida por el Ministerio de Energía y Minas, este es un proyecto inviable, tanto en términos ambientales, como económico, por tanto, no se puede aceptar inversión a cualquier precio; en el sentido de obtener una cantidad que desde el estado se considere pírrica, si afectan recursos vitales para el desenvolvimiento humano, como el agua.
    La Convención RAMSAR, que promueve a escala globlal, la conservación y protección de los humedales, y de la que, República Dominicana es parte contratante, ha publicado los siguientes datos:
    o El agua dulce es un recurso sumamente escaso.
    o Con una población cada vez más creciente, hace más crítica la situación.
    o La tendencia es que se generen grandes conflictos a diversas escalas por el uso de este recurso.
    o Todos los días, cada uno de nosotros necesita entre 20 y 50 litros de agua limpia (libre de contaminantes) para tomar, cocinar, asearse.
    o En la actualidad, hay 884 millones de personas que viven sin agua potable.
    o En el 2025, se estima 1800 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez absoluta de agua.
    Por tanto, el manejo adecuado del agua y de los espacios ecosistémicos que la generan, es un problema clave a nivel mundial, constituye una cuestión de vida o muerte, para una enorme cantidad de personas.
    De manera que, la convención promueve que el recurso agua, aún sea un hilillo, se resguarde por encima de cualquier otro aprovechamiento, teniendo en cuenta lo imprescindible de este recurso para la vida, por encima de cualquier otro.
    Tampoco se entiende la afirmación categórica del Ministerio de Energía y Minas, cuando indica que el proyecto cumple con todos los requisitos de ley, pues resulta, que el proceso de gestión ambiental que culminaría con una licencia ambiental, no se ha agotado, y por tanto, se carece de un estudio de impacto ambiental (EIA) que certifique que cumple con la Ley 64-00.
    De modo que, es para la Academia de Ciencias, de alta preocupación, y llama la atención a toda la sociedad, y particularmente al Presidente de la República Dominicana y al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a sopesar seriamente la pertinencia de una iniciativa que como esta, tiene un rechazo social alto, en el que extrañamente se adelantan como hechos concluidos, procesos inconclusos, que abarcan aspectos legales y ambientales.
    La Academia de Ciencias se opone a todo proyecto que afecte la biodiversidad, el recurso agua, y carezca de la licencia social, y sobre todo que perjudique los intereses de la nación, en aquellos aspectos que son básicos, fundamentales e imprescindibles para el desenvolvimiento humano.
    La minería tiene una mala historia en República Dominicana, y su huella ha sido sumamente perjudicial, al punto que no existe un solo indicador de cambio positivo a favor de los pueblos y comunidades que le circundan. Los ejemplos están ahí, y son axiomáticos. San Juan es un valle eminentemente agrícola, base y sustento para la alimentación del pueblo; por tanto, el desarrollo minero siempre será una amenaza para este componente básico en el desenvolvimiento humano.
    Resulta desalentador, ver cómo se intenta convertir una isla con fragilidad y vulnerabilidad de sus ecosistemas y su biodiversidad, en un centro minero, como si fuésemos un espacio continental.
    Estamos en un punto, en el que, queriendo oro, no se sabe para qué, ya que los supuestos beneficios de Pueblo Viejo, la sociedad desconoce su destino y uso en favor del pueblo, podríamos morir de sed.
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