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  • EL MERCADO DE TRABAJO NECESITA UN CAMBIO DEL EMPRESARIADO

    Reporter: juan modesto Rodriguez
    Published: sábado, 10 de febrero de 2018
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    EL MERCADO DE TRABAJO NECESITA UN CAMBIO
    DEL EMPRESARIADO  Y DE LOS SINDICATOS
    Por Manuel Berges hijo

    El Artículo 22 de nuestra Constitución señala o establece como uno de los derechos de ciudadanía: “Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés públicos y obtener respuestas de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicte al respecto”.
    En ocasión del llamado  a la próxima modificación del Código de Trabajo, entendemos que en buen derecho e intención sana, la modificación debe estar orientada a que la legislación laboral contribuya a generar  nuevos empleos para la mayoría de la fuerza laboral pobre y desempleada,  que ronda los 3.7 millones de personas, no para mejorar  las  condiciones, de los que con suerte, ya poseen  un empleo, ya sea este bueno   o menos bueno.
    En esa base, nos vemos en  la imperiosa necesidad de apelar un  cambio de  mentalidad tanto en los empleadores como  en los trabajadores, para facilitar  y proteger el crecimiento del mercado laboral y beneficiarse de él, hacer crecer la nación  y tener una mejor calidad de vida. Todos tenemos que sacrificarnos.
    El CT de 1992, a mi humilde juicio, fue concebido sin analizar las economías tanto nacional como  internacional pues de ese análisis se  dicta el curso de acción. La economía se  impone sobre el derecho laboral. 
    Pensemos que en  Haití rige el Código de Trabajo francés, lo cual además de ser un Código de lujo para ese país, en la realidad es inaplicable, pues no hay empresas, ni legislaciones que regulen la vida social, económica y política que permitan  la aplicación del mismo.
    Hoy, nuestro país si bien todavía no constituye un estado fallido, pero se acerca por la falta de democracia debida a la  concentración de poder que poseen los gobernantes, en el sentido de que se ufanan,  de tener su propio Congreso, sus Ministerios y sus Jueces, y por la exuberante protección que hacen de los monopolios y los oligopolios que minimizan los salarios e impiden la mejoría de la calidad de vida;  por la altísima deuda en  moneda extranjera, por el exceso de empleados públicos que no trabajan, incluyendo las Embajadas y Consulados en el exterior;  los altísimos sueldos de los funcionarios públicos;  los altísimos y excesivos impuestos; y por el contrario la baja masa impositiva; las desmedidas exenciones impositivas que en algunos casos carecen de sentido; el sometimiento a estructuras poderosas  locales y foráneas obedeciéndoles para que continúen el festival de préstamos internacionales; el Presupuesto  Nacional totalmente desfasado único para  utilizar el 50% para pago de deuda externa y el restante 50% para cubrir los gastos corrientes, lo cual demuestra que las autoridades carecen de fondos para invertir en obras sociales y recurren al endeudamiento externo; un exceso de corrupción e impunidad que nos arropa así  como una fatal delincuencia e inseguridad ciudadana; el incumplimiento por más de 4,000 funcionarios  que violan  la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio; una situación que amarga el alma dominicana, es ver impávidos como las autoridades firmaron en enero del 2015,  un convenio insólito para instalar en nuestro sagrado territorio una base militar que eventualmente sustituya la de Guantánamo, en Cuba, ¿Por qué tanto servilismo?   ¿Por qué tenemos que depender tanto de los poderosos?; una invasión pacifica de haitianos que vulnera los salarios y resta   empleos al trabajador dominicano, sin cumplirse el denominado 80-20% de los Artículos 135-145 del CT; entre  otras muchas condiciones que difieren del año 1992, es decir de hace 25 años, cuando se concibió, y que todos podemos agregar más y más en la medida en que nos acordemos  o suframos.
    Las autoridades nos ratifican las obligaciones  de   pagar la electricidad más cara;  a pagar colegios privados; a comprar tinacos o hacer cisternas con bombas de agua; a  comprar y tener generadores eléctricos o inversores, baterías, focos  y velas; a obligarnos a poseer permisos de porte de armas para defendernos; a tener  guardianes privados pues gran número de las autoridades  presta sus servicios en otras áreas de la economía; los vehículos más caros del mundo;  los restaurantes más caros de la región, los pasajes aéreos más caros por los impuestos cargados;  no contamos con un sistema de transporte organizado; debemos pagar obligatoriamente el transporte de carga a los sindicatos al precio que imponen y utilizando  sus camiones,  pues no permiten,  en libre competencia, el uso de otros camiones,  porque todos los impuestos anteriores no sirven para proveer estos servicios básicos de forma eficiente, y/o hay que “proteger” al pobre padre de familia que se la busca.
    Además, el Gobierno no quiere eliminar impuestos que afectan la estabilidad, como el cobro del 1% sobre los activos, el denominado Anticipo y  el pago por adelantado del ITEBIS facturado, pero no cobrado.
    Tampoco quiere eliminar la mayor burla al país, como lo constituyen  el denominado  Barrilito y el Cofrecito, de los legisladores, que consiste en un peso mensual por cada votante a su favor;  así como tampoco quieren reducir los altísimos salarios de los Ministros, de los cuales algunos devengan el equivalente de unos 3,000 salarios mínimos que mensualmente ascienden a  dos millones de pesos.
    Un Gobierno que provee sueldos tan lujosos como ocurre  en algunas dependencias: de dos millones mensuales y pensiona funcionarios con RD$1 millón de pesos mensuales carece de solvencia moral, para querer lucir y reclamar que necesita más dinero, cuando con bajar los impuestos y ampliar la base impositiva para que más personas paguen sus impuestos, se puede sostener y no tomar dinero prestado a los poderosos de la Tierra y tener un Estado más pequeño, menos  grande y más eficiente.
    Y no hablemos de los servicios de salud y medicamentos, pero además los dominicanos debemos permitir, que  los funcionarios públicos inconscientes malgasten el erario público sin contemplación, utilizando vehículos de alta cilindrada; autos de escoltas innecesarias, dietas, helicópteros, nepotismo, etc., para beneficio individual de cada uno, y con impunidad, sin que se proceda legalmente contra ellos.
    Por otra parte, este unilateral comportamiento anti - cívico de las autoridades,  mantiene y prohíja la no competencia, al ignorar  y permitir la existencia de los oligopolios, tales como el de los Rones, Cervezas, Refrescos, Cigarrillos, Baterías, Seguros, préstamos bancarios, productos agrícolas y cárnicos, cemento, seguros de todo tipo y cientos más, en el sentido de que los “Clusters”  de ellos,  se unen para fijar un precio único por sus productos y servicios, de manera tal,  que no hay competencia y “nadie quiebra”, en consecuencia ninguno de ellos puede aumentar su nómina salarial para crecer y competir nacional e internacionalmente con más empleados,  o mejorar la vida de los que ya estén empleados, pues si  aumentan sus gastos,  ya no puede vender al precio “pactado”  entre ellos. Ahora es el momento de cambiar. Las cosas cambian cuando cambia la gente.
    Cuando decimos “el Gobierno mantiene y prohíja la no competencia”,  el ejemplo lo vemos: en los precios de los combustibles,  en el sentido de que el Gobierno impide la competencia entre los proveedores de los mismos, con tal de cobrar altos impuestos, manteniendo alto o caro el costo de producción de la agricultura y la escasa industria manufacturera.
    Estas nuevas situaciones económicas de nuestro amado país, requieren   nuevas ideas, nuevas conductas, nuevos cambios, mejores sacrificios y sobre todo una gran dominicanidad.
    El empresariado  y los sindicatos, hoy, tienen  la oportunidad de unir esfuerzos, que ya no son solo de defensa de sus respectivas clases, sino de defensa del  país y de nuestras estructuras de soberanía e independencia.
    Es por esto que,  unidos ambos sectores, se reclama:
    1.- Un Sistema judicial y Ministerio Público independientes de los partidos políticos, que operen en defensa del interés público y garanticen el cese de la impunidad, mediante la condena de todos los casos de corrupción en la administración pública y en los entes privados.
    La sociedad estará satisfecha cuando  se realicen juicios de justicia no de “Susticia”  por los sustos y resultados inesperados que nos dan,  como los vimos  en los casos de un  Senador de San Juan y de un ex Ministro de Obras Públicas, así como los Alcaldes de San Francisco de Macorís y de San Cristóbal; los casos de  OISOE; Los Tres brazos;  CORDE; un   tal Quirinito; la  OMSA; y el sonado ODEBRECHT, solo para citar los más espeluznantes.
    2.- Realización de auditorías a todas las obras construidas en el país por la empresa Odebrecht y la paralización de la construcción de las plantas a carbón en Punta Catalina hasta que se esclarezca todo el proceso de su licitación.
    Deben ser procesadas judicialmente todas las personas, sobre las cuales se determinen indicios de alguna participación dolosa en este caso.
    3.- Destitución inmediata de todos/as los/as funcionarios/as que no cumplan con la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
    4.- Implementar políticas fiscales y salariales que garanticen una mejor distribución de la riqueza nacional y la eliminación profunda de los oligopolios y monopolios tanto del sector privado como del Estado, en especial el monopolio de los combustibles pues estamos pagando demás por el precio de los mismos, facilitando que el Gobierno genere más ingresos para su gigantesco Gobierno de más de 600,000 empleados y  así mantener a sus funcionarios con  sueldos lujosos.
    5.- Elevar la cantidad y calidad de la inversión pública social, de tal manera que se ofrezcan servicios públicos de calidad y suficientes para el desarrollo integral de las personas, pero sin endeudar al país, recortando los gastos y ahorrando,  sin crear una bonanza económica ficticia con el uso y abuso de los préstamos internacionales.
    6.- Eliminación definitiva de barrilitos, cofrecitos, exoneraciones y cualquier otro mecanismo de privilegios a Congresistas que no estén estrictamente vinculados al ejercicio de sus funciones
    Además,  eliminar los impuestos que afectan la estabilidad, como el cobro del 1% sobre los activos, y  el pago por adelantado de un impuesto de Anticipo calculado en base a probables ganancias obtenidas en el año corriente, usando como base la Declaración de Impuestos del año anterior.
    Eliminar, el cobro de impuestos sin que las Facturas hayan sido cobradas, como hoy  se  cobra por adelantado  del  50% del ITEBIS, a las mercancías o materia prima de las industrias. Este impuesto de ITEBIS  debe ser pagado  obligatoria y universalmente aunque la factura no haya sido cobrada. ¡Que abuso!
    7.- El pleno cumplimiento de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, de tal forma que se logre la conservación efectiva de nuestros recursos naturales e impedir que las cocinas haitianas sean encendidas con la leña dominicana, pues estos ciertos mercaderes, en complicidad con malos dominicanos explotan nuestra foresta para beneficio propio y foráneo. 
    8.- Aprobación y aplicación inmediata de las leyes sobre el Régimen Electoral y Agrupaciones Políticas.
    Estas normativas deben asegurar el desarrollo de un sistema electoral equitativo, democrático y transparente, que permita la regulación efectiva del financiamiento público y privado y garantice el pleno ejercicio de los derechos políticos de toda la ciudadanía.
    CREACION DE EMPLEOS MASIVOS
    9.- El problema del desempleo es a nuestro juicio el mayor del país, y es lógicamente el más costoso  de solucionar, pero  con soluciones firmes y sin pausas  se puede reducir a niveles aceptables en plazos breves.
    Para la propuesta que mencionaremos  debemos  concluir  que en estos momentos poseemos las empresas y  los empresarios que manejan las mismas, un público consumidor nacional y extranjero, productos y servicios aceptados normalmente y con calidad, el deseo de progresar, energía eléctrica, tenemos la mano de obra, incluso entrenada; solo faltan recursos económicos, los cuales existen, pero  no están disponibles a precios adecuados.
    La propuesta consiste en que tanto el Estado como las instituciones financieras podrían conceder esos fondos a plazos relativamente largos y con  intereses  blandos, hasta con ese moderno recurso del financiamiento no reembolsable,  a  aquellas empresas pequeñas, medianas  y grandes, que han probado en los últimos diez años, ser eficientes en su gestión, en la calidad de sus productos y sus niveles de ventas,    pero que tienen  ánimos de crecer con mayores empleados y con voluntad creadora para diversificarse, no han podido lograr sus metas por falta de fondos; esta propuesta requiere  que ninguna de estas empresas forme parte de oligopolios o de monopolios y si  lo son, que demuestren su firmeza en renunciar de inmediato a  tales malas prácticas.
    Estas empresas, se comprometerían a su vez a emplear más personas  para crecer y producir más,   para  crear compañías subsidiarias y diversificarse.
    De esta manera, el éxito que hoy les acompaña será multiplicado en el futuro por su sobrada experiencia y destacadas dotes gerenciales.
    Un programa de esta naturaleza sería además  muy bien visto y apreciado por la clase  trabajadora que anhela empleos para subsistir. Esa clase trabajadora, que es mayoría  sin empleos y que no disfruta como la minoría empleada,  de  la protección del Código de Trabajo y de la Seguridad Social,  que en los tiempos actuales muestra preocupación y comparte con los empresarios los criterios positivos de que las empresas ya no son monstruos que hay que acabar,  sino centros de producción que hay que proteger.
    Trabajadores que ya entienden que sus superiores o gerentes deben ser hábiles y tienen que estar preparados y capacitados,  para que la empresa  no fracase en el ámbito competitivo y ellos conserven sus empleos y no los pierdan por una gestión errada, falta de planificación, precios fuera de mercado o gastos excesivos.
    El público consumidor vería por igual el programa con aceptación total, pues la producción y los servicios se incrementarían y la competencia generada  con esta dinamización de la economía, mejoraría las condiciones de vida.
    El Estado, por supuesto vería reducida la presión por empleos y hasta remitiría a los peticionarios de los mismos al sector privado y  tendría sus manos libres para hacer sus inversiones sociales en otros segmentos de la población que tanto necesitan como lo son la  salud y  la educación.
    El Estado verá incrementar sus impuestos aduanales, de la renta y hasta reduciendo el porcentaje del    ITEBIS por las importaciones, por el  aumento de la producción y las ganancias de capital.
    El Estado tiene que patrocinar las inversiones apropiadas y estimularlas, para que aquellos excelentes empresarios que han probado que pueden administrar con éxito,  aumenten su producción,  a condición de que generen más y mejores empleos. El país necesita esta novedosa y practica manera de reducir el desempleo.
    10.- LA  REFORMA LABORAL
    Existe una especie de consenso entre todas las fuerzas vivas de la nación, aunque todavía no aprobado, pero está latente, es esperado, es visto como necesario y urgente,  que el Código de Trabajo de 1992, sea reformado o más bien flexibilizado, pues en las caras o costosas condiciones en que opera no ha sido un instrumento de desarrollo, ni ha servido para motivar la necesaria creación de empleos, para  la fuerza laboral de cinco millones de personas, de los cuales poseen contrato por tiempo indefinido unos 1,300,000 inscritos como tales en la Tesorería de la Seguridad Social y que son  los beneficiarios de la  aplicación  del Código de Trabajo.
    El resto, 3.7 millones,  no disfruta del Código de Trabajo, vive o se desenvuelve para su pobre sustento,  en la informalidad.
    El  Código de Trabajo está dirigido en su  aplicación a la minoría privilegiada que tiene empleo en el sector privado, pues sabido es, que la legislación laboral, absurdamente, no es aplicable a los servidores del Estado Dominicano, quien  es el mayor empleador del país, con aproximada y exageradamente unos 600,000 empleos vigentes.
    11.- La mayoría de la fuerza laboral de 3.7 millones de personas, está desamparada; al no tener trabajo, no tiene acceso a la  legislación laboral ni a la Seguridad Social, pues éstas fueron  diseñadas pensando  que en la República Dominicana  existe un ambiente  de tal abundancia económica y de exceso de ganancias, lo cual es ficticio, demostrable, entre otros factores,  por el mismo crecimiento real del país basado en préstamos internacionales,  por nuestro atraso industrial, por el poco apoyo a las pequeñas y medianas empresas a quienes se les dificulta arrancar, por el exceso de bienes ya sean regulares y/o  lujosos  y servicios importados, por nuestro analfabetismo y nuestra incapacidad de poder competir por el Monopolio y Oligopolio que en violación a las leyes se practica, y mucho menos competir con los negocios del  exterior, porque con ellos no pueden aplicar las reglas monopolísticas o de posición dominante.
    Las grandes empresas multinacionales otorgan beneficios a sus empleados producto de las discusiones de sus contratos colectivos, condiciones que sobrepasan las denominadas conquistas  del Código laboral, y en eso se parecen  algunos de los grandes consorcios dominicanos.
    12.- Ha de notarse que las denominadas “conquistas laborales “como las perciben los trabajadores nuestros, no existen en los países industrializados, pues en su lugar  han desarrollado excelentes sistemas de seguridad social, y en cambio,  nosotros,  hemos  incentivado una legislación y un comportamiento empresarial totalmente paternalista, de protección al denominado padre de familia.
    A la empresa con exigencia se le repite, lo debe procurar todo: vivienda, educación, alimentos, medicina y entretenimiento. Los empleados de las grandes empresas  dominicanas  y las multinacionales, constituyen una minoría; sus empleados son seres privilegiados, a quienes se les ha  educado y entrenado  para producir con eficiencia y a quienes se les trata muy bien.
    Esos, en puridad de verdad,  no necesitan Código, pues incluso el cumplimiento de las normas, usos y costumbres laborales de ambas partes es voluntario, de buena fe y sin menoscabo de los intereses económicos y morales de esos trabajadores.
    Lo cierto es que ante la ausencia mayoritaria de empleos, y de empleos con salarios de baja monta deprimidos por la existencia y operación lesiva de los monopolios y los oligopolios más la presencia haitiana, que al quitar  o asumir los empleos que pertenecen a los dominicanos, se vulneran o lesionan los puestos de trabajo; aun así,  se siente en el ambiente que hay que flexibilizar nuestra legislación laboral.
    Recientemente un líder sindical, señaló que las conquistas deben ser,  no flexibilizadas, sino por el contrario ampliadas, para elevar el nivel de vida de los trabajadores para colocarlos en condiciones de competir. ¿Demagogia o desconocimiento?
    13.- Los países industrializados, sin esa rígida y cara legislación laboral, llevaron a cabo su revolución industrial, con metas definidas de expansión de sus mercados, de redistribución del ingreso, lo que les permitió aumentar los empleos.
    De la estabilización política pasaron a la estabilización económica. Definieron políticas de protección social y productividad laboral y lograron bajo un diálogo permanente entre los agentes económicos y los sectores sociales, reglas para la gobernabilidad y el ejercicio de la democracia.
    En RD tenemos que ser prácticos y dar  pasos audaces para reformar el mercado laboral y eliminar los obstáculos que enfrenta el desarrollo empresarial.
    La rígida ley laboral dominicana es la causa del desempleo. Los altos costos laborales incluyendo los del despido, retrancan la creación de empleos.
    Se precisa  crear empleos por medio de trabajos parciales, modificando y suavizando la jornada, creando facilidades  de contratación  y reduciendo en una primera etapa todas las prestaciones laborales, así como el procedimiento ante los tribunales laborales incluyendo una fase administrativa de conciliación y de mayores oportunidades al arbitraje privado,  necesario para la solución rápida y efectiva de los conflictos.
    14.- Si queremos aumentar la cantidad de empleos, la reforma es indispensable,  y el Gobierno, los empresarios y los trabajadores deberían propiciar una legislación más flexible que haría más fácil el empleo y menos caro el riesgo de participar en los nuevos mercados y ofrecer una respuesta adecuada a las variadas demandas de productos y servicios eficientes y de alta calidad.
    Países como España,  Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, Argentina, Chile, México, tan pronto han flexibilizado sus legislaciones laborales, de inmediato se han creado empleos. Lo importante es que sean creados empleos para de inmediato tener acceso a la Seguridad Social, que ya eso es, una enorme ganancia.
    Para ponerles un reciente ejemplo, en Brasil han aprobado una nueva  modificación a la ley laboral,  con el interés de crear empleos, en esa base han: liberalizado la convención colectiva, que  la contribución económica al Sindicato no es obligatoria,  flexibilización de la jornada de trabajo y hasta la hora del almuerzo, trabajo intermitente, la tercerización de los empleados, reducción del pago por las horas extraordinarias, la regulación del trabajo desde el hogar, dividir en tres etapas las vacaciones, y todo esto  lo están haciendo en medio de la más grave crisis política en que los brasileños se han visto envueltos, considerando que hasta su Presidente Temer, puede perder el puesto por corrupción administrativa.
    Señores, no tenemos que esperar que el ambiente se ponga peor e  insostenible, razonemos como dominicanos patriotas ayudando a buscar empleos a la mayoría que no los tiene y no tiene la esperanza de que los conseguirá, eliminando  este estado de situación de monopolios y oligopolios unida a la pacifica hasta ahora, invasión haitiana.

    LEGISLACION COMPARADA
    IMPORTANCIA DE UNA LEY QUE CREE
    EL  FONDO GARANTIAS LABORALES
    15.- Los empresarios, en su excelente y necesario deseo de modificar el Código de Trabajo, claman entre otros puntos, por una eliminación total de la indemnización laboral de la Cesantía, porque la entienden costosa e inoportuna, o innecesaria y que más que paz,  genera litigios, pues los trabajadores tan pronto acumulan un periodo  más o menos apreciable,  inician acciones de tentativas o violaciones en sí mismas a sus contratos de trabajo,  para que el empleador les pague sus prestaciones o se inventan Dimisiones a iguales fines.
    Los trabajadores y sus representantes sindicales, por el contrario, están negados con furor a la total eliminación de la Cesantía, y algunos dirigentes hasta osan decir que el país se pararía,  si eso es aprobado.
    Obviamente, solo piensan en el millón trescientos mil que tiene contrato por tiempo indefinido y se olvidan de la mayoría de 3,700,000  ociosos de la fuerza laboral que asciende a 5 millones de personas, que no tienen protección, pero que necesitan y quieren trabajar. ¿Qué significa la Cesantía?
    16.- Es una indemnización prevista para ser pagada por el empleador cuando el trabajador pierde o le es terminado su contrato de trabajo, que en nuestro Código laboral, posee cifras limitativas, que van desde seis días de salario ordinario hasta 23 días dependiendo del  tiempo de duración del contrato, sobre los cinco años.
    Si se elimina por completo la  Cesantía, permanece o subsiste el agravante de que al momento de terminarse el contrato, el trabajador que entiende que la terminación le ha generado un daño que hay que reparar,  a tal fin,  tendrá acceso a los tribunales laborales o a los ordinarios a reclamar valores indemnizatorios, lo cual significa que los empleadores estarán a la espera de los valores indemnizatorios que libremente decida un Juez, no como ocurre ahora,  que están taxativamente limitados.
    Luego de que el Tribunal fije a los trabajadores sumas astronómicas indemnizatorias,  vendrán más y más embargos, y aumentara el desorden que ya hoy existe en materia de ejecución de las sentencias y finalmente los empleadores se habrán arrepentido de continuar con ese reclamo, que hoy les favorece.
    Probablemente las indemnizaciones actuales sean altas o considerables, pero lo serian aún más si quedan al libre albedrio de un Juez.
    ¿Qué hacer entonces?
    17.- En España resolvieron estos temas de manera muy simple, creando el sistema denominado FONDO DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA).
    La República Dominicana, es signataria del Convenio 137 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual aporta para eventualmente ser aplicadas a las relaciones entre obreros y empleadores, ciertas y justas  protecciones  laborales  cuando se termina el contrato de trabajo por tiempo indefinido  ya sea de manera unilateralmente o de común acuerdo.
    Se precisa hoy, en RD, de la existencia de un fondo público para garantizar que los trabajadores reciban sus salarios adeudados e indemnizaciones o prestaciones laborales  insatisfechas por causas derivadas del desequilibrio patrimonial de las empresas, el cual Fondo según se ha experimentado en diversas naciones,  se constituye como el mecanismo más eficaz y de más frecuente utilización en coyunturas como la presente, en que las situaciones de crisis propician la aparición de deudas laborales que exigen el debido amparo, para evitar notorios perjuicios a los trabajadores que, en otro caso, se verían forzados no ya sólo a seguir largos procedimientos, muchas veces con total ineficacia en sus resultados, sino, incluso, a no poder atender adecuadamente necesidades, en ocasiones de carácter perentorio.
    Para asimilar las experiencias adquiridas y  obviar  los inconvenientes  que la realidad diaria  pone  de manifiesto y corregir determinadas situaciones que contribuyen  decisivamente al desequilibrio financiero de las empresas que se ven forzadas hasta  a  tomar préstamos para cubrir el pago de los derechos adquiridos y demás prestaciones de los trabajadores al momento de terminar los contratos de trabajo, y la necesidad de que las empresas no sean paralizadas u obstaculizadas por los reclamos de uno o de varios trabajadores por los pagos de prestaciones laborales, se hace imperativo la creación de un FONDO DE GARANTÍA LABORAL, que satisfaga los intereses de las Partes y contribuir así a la necesaria paz laboral.
    18.- Esta norma reglamentaria conocida como FOGASA, está orientada en España y fácilmente lo podría ser aquí, por   criterios de rigor, objetividad y rapidez, a los fines  de:
    a) acentuar  la característica  de un  fondo de solidaridad, alejándose del esquema del seguro privado;
    b) extensión de la protección salarial a determinados colectivos de trabajadores vinculados a sus empresas por relaciones laborales de carácter especial, ya debidamente reguladas;
    c) reducción de las diferencias en la cuantía de las prestaciones, que respondían exclusivamente a la causa o procedimiento seguido para la extinción del contrato de trabajo;
    d) establecimiento de un procedimiento ágil, con el fin de atender con premura,  presumibles situaciones de necesidad;
    e) procurar una pronta y eficaz acción subrogatoria e institucionalizar la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en la gestión del Fondo de Garantía Salarial.
    Se establecerían,  diversas medidas orientadas a garantizar el correcto destino de los fondos públicos que se administran y la unicidad de criterios en la concesión de las prestaciones.
    El Fondo de Garantía Salarial sería  un organismo autónomo de carácter administrativo, bajo tutela o subordinación del Ministerio de Trabajo, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, para el cumplimiento de los fines aquí establecidos y se regirá  por las leyes y reglamentaciones  que le sean de aplicación.
    19.- Es obligación del  Fondo de Garantía Laboral hacer efectivo, previa instrucción del  expediente para la comprobación de su procedencia, los salarios y prestaciones laborales, en caso de Desahucios,  de todas las empresas del sector privado y las instituciones, organismos de administración privada del Estado Dominicano,  incluidos los de tramitación, pendientes de pago a causa de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios, en la cuantía, forma y con los límites previstos en la ley que lo cree.
    El Fondo de Garantía laboral entregará las indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia o resolución administrativa o judicial a  favor de los trabajadores a causa de despido injustificado, dimisión no probada, Desahucios o extinción de los contratos  de trabajo.
    Se sugiere,  que en empresas de menos de 25 trabajadores, el Fondo de Garantía Laboral hará efectivo el 40% de la indemnización legal que corresponde a los trabajadores cuya relación laboral se haya extinguido por terminaciones colectivas de los contrato de trabajo, como consecuencia del expediente instruido.
    Se entenderá por despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a:
    a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
    b) El 10% del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
    c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.
    Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados económicos de la empresa,  se desprenda una situación negativa, en casos tales como,  la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas.
    20.- Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.
    El despido colectivo deberá ir precedido de un periodo de consultas de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo de evitar o reducir los despidos colectivos.
    21.- Estarían  obligados a cotizar al Fondo de Garantía Salarial:
    a) Todos las empresas tanto si son públicas como privadas
    b)  por los trabajadores por cuenta ajena que tengan a su servicio  vinculados por una relación laboral ordinaria.
    c)  Los clubes o entidades deportivas y las ONG; por los deportistas profesionales vinculados a los mismos en virtud de relación laboral de carácter especial.
    d)  Los empresarios que ocupen trabajadores cuya actividad sea la de intervención en operaciones mercantiles sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas.
    La base de cotización en España, será la misma que la establecida para el cálculo de la cotización correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo, y/o enfermedad profesional bajo  el sistema de la Seguridad Social.
    Aquí en RD se trataría de que un Actuario haga los cálculos necesarios.
    El ingreso de las aportaciones se efectuará conjuntamente con las cuotas que corresponda abonar al Régimen de la Seguridad Social y en la misma forma prevista para aquéllas.
    Los empresarios agrícolas ingresarán las aportaciones al Fondo de Garantía Salarial por sus trabajadores fijos o eventuales, al tiempo de realizar la cotización por jornadas reales.
    Cuando la actividad del trabajador sea la de intervención en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo de aquéllas, el propio trabajador será el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar, ingresando en su totalidad el importe de la aportación que corresponda al empresario o, en su caso, empresarios, sin perjuicio de su derecho a repercutir en los mismos la cantidad ingresada, previa su justificación.
    En los supuestos de indemnizaciones reconocidas a los trabajadores por la extinción de sus contratos de trabajo a causa de fuerza mayor, ya sean aquéllas normales o reducidas, el Fondo de Garantía Salarial abonará las prestaciones correspondientes, sin necesidad de previa declaración de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso, siempre que la resolución de la autoridad laboral acuerde expresamente la exoneración del empresario.
    En todo caso, el Fondo de Garantía Salarial se subroga frente al empresario por el importe de las prestaciones satisfechas.
    El Fondo de Garantía Salarial, en RD, vendría a ser una herramienta muy sana, pues una vez en vigencia, las empresas ya no tienen que ser demandadas en pago de prestaciones; se evitan los embargos y se crea una relativa paz en la economía para producir sin interrupciones los bienes y servicios que precisa el país.
    Para entender mejor todo esto, hemos de ver que ocurre en otros países como Francia, madre de nuestro Derecho, pues la polémica por su reforma laboral lleva varios meses, en los que la tensión entre los sindicatos y el Gobierno no deja de aumentar.
    ¿EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA LABORAL DEL GOBIERNO FRANCÉS?
    22.- Francia se acostumbró a un gasto social imposible de soportar y cuando había un asomo de recorte automáticamente había huelgas y manifestaciones, ante lo cual se daba marcha atrás por no perder votos y esto ha llegado a un momento donde la mala situación económica, hace totalmente inviable ese gasto y son necesarios los recortes para salvar el país.
    El Gobierno Francés, ha puesto el interés de Francia por encima al de perder votos.
    En realidad, también  la Comunidad Económica Europea (CEE)  está forzando a Francia a hacer la reforma laboral, porque otorga flexibilidad a las empresas, además, de que dicha CEE asegura que es beneficiosa para los más jóvenes y da más garantías a los trabajadores. Y Francia desea cumplir con ese mandato, pues necesita crear mayores y mejores empleos.
    23.- La reforma valora  la primacía de la negociación directa entre empresario y trabajador, por encima del código de trabajo y los convenios colectivos y establece un techo en las indemnizaciones por despido improcedente y fija las condiciones que justificarían el despido económico; siendo este techo en las indemnizaciones, una orientación para los tribunales que tendrán la última palabra.
    En esta reforma, se revisan también las condiciones por las que una empresa puede organizar despidos económicos.
    Los empleadores, la respaldan, no así los socialistas que lo tachan de ser un proyecto de ley "demasiado liberal" y de "retroceso al siglo XIX".
    La derecha, por su parte, está en contra por considerar que las medidas son insuficientes.
    El resto de los sindicatos franceses y dos organizaciones estudiantiles, pidieron su retirada y convocaron manifestaciones en todo el país, que ya suman ocho protestas con mucha represión y se prevén huelgas en los aeropuertos de todo el país el próximo mes de junio.
    La empresa que administra el Metro de París y otros transportes urbanos ha convocado una huelga indefinida a partir también del próximo junio.
    Las  Refinerías y depósitos de carburantes, también, han dejado desabastecidas al 30% de las gasolineras del país, pero las autoridades han declarado que las reformas serán aplicadas, y que “los sindicatos no hacen las leyes en este país”
    24.- La reforma laboral en Francia, elimina de facto, principios sagrados de la izquierda revolucionaria, como el horario laboral legal de 35 horas semanales, y admite los despidos colectivos, con indemnizaciones rebajadas, por dificultades económicas de las empresas.
    Está  reforma también está “inspirada” en la actual norma española del Gobierno de Mariano Rajoy, como lo es el caso de los despidos colectivos contemplados por “descensos en pedidos o cifra de negocios”, “cambios tecnológicos” o “reorganizaciones para mantener la competitividad”.
    Los acuerdos adoptados en cada empresa se convierten en la norma para fijar horarios o sueldos.
    Aunque no se suprime la ley de 35 horas semanales, el Gobierno da amplias posibilidades a las empresas para saltarse ese límite por reestructuraciones, apertura de nuevos mercados o “causas excepcionales”.
    La reforma prevé que los salarios pueden ser  bajados para conquistar nuevos mercados.
    Las indemnizaciones por despido injustificado se concretan más, para evitar interpretaciones judiciales.
    Las máximas pasan de 27 a 15 meses para trabajadores con más de 20 años de antigüedad.
    Los acuerdos adoptados como norma general, en el seno de las empresas, entre los empleadores y los sindicatos, estarán por encima de los pactos sectoriales o incluso de los contratos individuales.
    25.- “La primacía del acuerdo de empresa respecto al tiempo de trabajo pasa a ser el principio de derecho común”, dice el proyecto de reforma, que deja así menos protegidos a los empleados de pequeñas empresas.
    La jornada de 35 horas a la semana, se puede superar por acuerdo en cada empresa para mantener el empleo.
    Con la reforma, podrá hacerse en caso de reestructuración, apertura de nuevos mercados o causas excepcionales.
    En materia de Despidos, estos podrán producirse por descenso de pedidos, deterioro de cifra de negocios, cambios tecnológicos o reorganizaciones
    En lo que respecta a las Indemnizaciones, se registra una rebaja general, de cuatro a tres meses de salario si la antigüedad es inferior a 2 años y de 27 a 15 si supera los 20 años.
    En lo relativo a las Horas extras, estas podrán pagarse por debajo del acuerdo sectorial, si la empresa y el sindicato lo aceptan.
    También podrán pactarse bajadas salariales. Los sindicatos minoritarios podrán convocar referendos en las empresas contra acuerdos de los mayoritarios y se considera que  “la economía y el progreso social van de la mano”.
    Con la reforma se prevé, menos judicialización y medidas de flexibilidad interna en las empresas,
    26.- La reforma laboral, añade, está inspirada “en lo que funciona en otros países, como Alemania, Suiza o España”, pues ante el estancamiento de las economías, la reforma mejorará la competitividad de las empresas y disminuirá el desempleo, que alcanza el 10,5% y que la reforma flexibilizará la contratación y reforzará la seguridad de los empleados.
    Los expertos no lo ven claro. Philippe Martin, del CENTRO DE DERECHO LABORAL COMPARADO, comenta que esta “revolucionaria ley” que sustituiría la ley y los acuerdos sectoriales por una “democracia industrial, la de los pactos en las empresas, es una fórmula “populista”.
    27.- Los sindicatos en España ante estas reformas en Francia, se pusieron de parte de la patronal firmando de inmediato, convenios a la baja, y una congelación de salarios y se dice, no lo puedo afirmar como seguro, que no satisfechos con esto, aprovecharon la reforma laboral para deshacerse de sus propios trabajadores.
    Nuestros sindicalistas, deben ver en nuestro país, que tenemos una mayoría de 3,7 millones de trabajadores o personas con vocación de emplearse, no protegidos por el Código de Trabajo y la Seguridad Social, que merecen un esfuerzo de los privilegiados que constituyen la minoría empleada de 1.3 millones, de reducir las prestaciones laborales, flexibilizar las contrataciones y los despidos, mejorar el procedimiento ante los Tribunales, y a la vez eliminar los oligopolios y monopolios existentes, para que funcione  la competencia y puedan existir salarios, aun no sean estos,  los dignos salarios que la gente merece.
    Nuestros sindicalistas, y las personas que tienen empleos, para favorecer a los que no lo tienen, para engrandecer la nación, necesitan una nueva política de mantenimiento del empleo, mediante el cual las empresas que pasen “graves dificultades” podrán reducir el salario y/o el tiempo de trabajo, pero a cambio se comprometen a no despedir.
    También debemos, a título de prueba, durante al menos dos (2) años, prorrogables por acuerdo entre los trabajadores y los empleadores,  para reducir el desempleo, para que esos trabajadores tengan acceso inmediato a la Seguridad Social, que se permita designar cualquier edificio en buen estado,   en todo el territorio nacional, para apertura de nuevos mercados o “causas excepcionales” mediante  negocios  y/o inversiones nuevas de producción o servicios, como “ locales laborales libres”, donde se pague solo para trabajadores dominicanos,  por hora trabajada, sin mayores limitaciones, sin prestaciones laborales, sin horas extraordinarias, con salarios pactados de común acuerdo, sin negociación colectiva.
    Los negocios ya existentes, podrían crear nuevos negocios ajustándose a estas nuevas reglas y así tener mayor cantidad de empleados.
    Los monopolios y oligopolios, serian terminados drásticamente y sometidos a competencia, tales como, sin que esta lista sea limitativa: los combustibles, cemento, ron, cervezas, cigarrillos, agua, refrescos, baterías de vehículos, seguros, préstamos bancarios, periódicos, telecomunicaciones, y otros.
    Tenemos que hacer valientemente, como ha hecho el actual Gobierno Francés, que ha puesto el interés de Francia por encima al de perder votos, con tal de crear más empleos y mejorar la economía.
    Si Francia puede, porque es una potencia, nosotros también pues somos pequeños y en vías de desarrollo, con un altísimo desempleo.
    28.- CAMBIOS ESPECIFICOS EN RD QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR.
    No se discute, la época que vivimos de mundialización de las economías, que nos plantea enormes retos: reconversión industrial, mayor valoración del capital humano, procesos de integración, dominio de las tecnologías, formación técnico-profesional, adecuación y adaptación de la normativa jurídica ante las nuevas realidades.
    El Código de Trabajo de 1992, y quien no acepta este juicio es porque no le place,  ha lesionado a pequeñas y medianas empresas, sobre todo por la aplicación del procedimiento laboral.
    Los empresarios y de seguro los propios trabajadores, para facilitar la creación de empleos,  desean que los empleadores tengan una mayor capacidad de introducir cambios al contrato de trabajo y tener facultades más expeditas en la supervisión del trabajo subordinado.
    Es pertinente el desarrollo de otras modalidades de contratación, como serían contratos por tiempo determinado, donde no haya que pagar prestaciones al término de los mismos, como obligan ahora los trabajadores, por ejemplo cuando se termina una gran Presa o una carretera, y que estos contratos no se consideren indefinidos aunque hayan ocurrido varios contratos sucesivos con el mismo objeto o sobre objetos diferentes.
    Hay que revisar los medios de defensa, así como la urgente modificación de los Artículos del Código de Trabajo Nos. 86, que obligan  a una indemnización de un día de salario  por cada día de retraso en la obligación de pago de las prestaciones por Desahucio y el Articulo 539 que inconstitucionalmente obliga al apelante empleador a depositar el duplo de la condenación para tener derecho a la constitucional Apelación.
    Es bueno conocer la orientación positiva del Gobierno, señalo el Dr. Ray Guevara en una Charla a los empresarios en el año 2001,  respecto de las zonas francas como creadoras de empleos, cuando se nos dice que “el Gobierno tiene el deber de facilitar los acuerdos (sobre reordenamientos del tiempo de trabajo) en zonas francas, pues los beneficios que reciben los trabajadores en unos casos y la creación de empleos en otros, justifican la derogación contractual y especial del Artículo 162 del CT, en el sentido de que el orden público laboral cede el paso de manera excepcional al orden público económico:”donnant donnant derogatories” (dando y dando derogatorios).
    Dice el Dr. Ray Guevara: ” la nueva cultura laboral dominicana ha nacido ya, debemos abonarla con el diálogo y la concertación, privilegiando la prevención de los conflictos y la cooperación particularmente entre trabajadores y empleadores.”
    Yo digo, junto a él y los trabajadores que así se beneficiarán, modifiquemos el Código de Trabajo con estas ideas y tendremos un mejor instrumento de desarrollo, para atraer capitales nacionales y foráneos que tanto necesitamos y para reducir el desempleo.
    Cuando se habla de rigidez laboral  en esta materia, estamos en presencia de un Código de Trabajo estricto, poco flexible, duro, recio, poco fácil, arbitrario, desconocedor de realidades, diseñado como si fuésemos un país del primer mundo productor de petróleo, cuando en hecho somos un país tercermundista.
    Nos hemos comprado,  para ir a Santiago de los  Caballeros,  un norteamericano Cadillac Allanté, dorado,   convertible y con teléfono celular integrado en el volante,  cuando  un Lada, o un Toyota Corolla,  es más que satisfactorio, por lo que preguntamos si este CT sirve a los propósitos de reducir el desempleo o si por el contrario es una retranca al desarrollo de la propia clase trabajadora.
    Pensemos que mientras mayor sea la rigidez de la legislación laboral, más personas, trabajadores y empleadores se desvían al sector informal de la economía, para ahorrar costos de operación e impuestos.
    Las principales rigideces del  Código, que se observan a varios años de su promulgación, las cuales al primer año de experiencia debieron de ser cambiadas inteligentemente tanto a petición de los trabajadores como a interés de los empleadores, son las siguientes:
    a) Jornada laboral de ocho horas al día y 44 horas a la semana.
    b) Altísimas indemnizaciones por despido, 28 días de Preaviso más 21 días por año entre uno y cinco años. Los trabajadores cuando acumulan un cierto tiempo hacen porque les liquiden y  se lanzan  a nuevos empleos.
    c) Empleo temporal solo para condiciones ocasionales.
    d) horas extraordinarias  carísimas entre 35 y 100%.
    e) Costos de maternidad e invalidez no totalmente socializados.
    f) Sobrecostos al trabajo, regresivos. Las contribuciones a la SS están limitadas principalmente a quienes devengan salarios bajos.
    g) Salarios mínimos diferenciados por tamaño de las empresas.
    h) Mayor discriminación salarial hacia las mujeres.
    El país con legislación laboral menos rígido es los EUA y sin embargo todos los trabajadores del mundo, unidos, quieren ir a ese paraíso a ofrecer sus servicios por los apreciados dólares y su inmensa seguridad social.
    ¿qué impide que nosotros en RD por ejemplo, saquemos una copia a la ley de Seguridad Social de EUA, la adecuemos al español-dominicano  y la pongamos vigente?
    ¿Que debemos hacer frente a la ociosidad y timidez de nuestros legisladores, empleadores y trabajadores, que no llaman a un diálogo que tienda a modificar el Código de Trabajo, de modo que reduzca el desempleo, reduciendo drásticamente estos costos laborales, y  facilitando la creación de más y mejores empleos? 
    Se necesita urgentemente:
    a) cambiar la protección al empleo por protección al trabajador, mediante la creación de un sistema de ahorros para cuando el trabajador esté cesante y universalizar la contribución del Seguro Social, de modo que desde el más humilde trabajador independiente hasta el más encumbrado ejecutivo, coticen  la SS, pero para atender solo a los que cotizan, no al pueblo en general, o a sectores privilegiados.
    b) Anular el salario mínimo y dejarlo a oferta y demanda, o si para esto no hay acuerdo inmediato, permitir excepciones al salario mínimo según la edad del trabajador y según la situación de desempleo en la zona.
    c) Facilitar los empleos temporales
    d) Reducir drásticamente el costo de las horas extras.
    e) Reducir drásticamente el costo de las indemnizaciones de preaviso y cesantía.
    Se precisa valentía y arrojo. Ya lo hicieron en España, Francia, Italia, Bélgica, Grecia, Brasil, Perú, y en Argentina y el paro se ha reducido así como han mejorado las economías. El CONEP y los sindicatos tienen la palabra.

    Preparado por Manuel Berges hijo

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