En informe la CIDH enfoca situación Derechos humanos y denuncias de impunidad y corrupción en República Dominicana

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Comunicado de prensa 157/17

Informe sobre el 164 Período Extraordinario de Sesiones de la CIDH

12 de octubre de 2017

Washington, DC – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró el 164 Período Extraordinario de Sesiones en la Ciudad de México, del 4 al 8 de septiembre de 2017, a invitación del Estado mexicano.

Durante este Período de Sesiones, la CIDH analizó proyectos de informes temáticos, analizó solicitudes de medidas cautelares y revisó y aprobó informes temáticos, además de informes de peticiones y casos. Además, la Comisión adoptó la resolución 1/17 Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad y la Corrupción, en seguimiento al monitoreo realizado durante su visita in loco a Guatemala en agosto de 2017. La CIDH también discutió y actualizó su seguimiento a la situación de derechos humanos en Venezuela en el marco de la elaboración del informe de país.

La Comisión realizó durante estas sesiones 15 reuniones de trabajo, entre las cuales reuniones sobre asuntos en diferentes etapas de negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa: Caso 11.677 Diego Velásquez Soc. y Matías Velásquez y Caso 12.241 Herminia Isabel Campos, de Guatemala; Caso 12.961 Juan González y Otros y Caso 11.545 Martha Saire de Honduras; y Caso 12.934 Frank Guelfi, Pacientes del Hospital Santo Tomás de Panamá. La Comisión valora la disposición y voluntad de las partes para avanzar en el impulso de estos procesos de solución amistosa.

Asimismo, durante este Período de Sesiones la Comisión celebró 13 audiencias sobre situaciones de derechos humanos en Cuba, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Haití, República Dominicana y Estados Unidos, así como 4 audiencias regionales, sobre sistemas de justicia, personas migrantes, personas refugiadas y apátridas, y derecho a la alimentación.

A continuación se presentan resúmenes de las audiencias públicas celebradas:

Situación de personas con discapacidad en Cuba 

Los solicitantes de la audiencia manifestaron que las personas con discapacidad en Cuba se enfrentan a serios obstáculos para disfrutar sus derechos en las mismas condiciones que las demás personas, y que dicho disfrute dependería principalmente de valoraciones políticas realizadas por los entes del gobierno. En este sentido, indicaron que los niños y niñas de madres y padres opositores al régimen, se enfrentan a mayores dificultades para acceder a la salud.  Además, expusieron las vulneraciones a los derechos de reunión y asociación que se enfrentan quienes defienden los derechos de esta población, debido a la persecución que sufren las y los defensores de derechos humanos que no apoyan el régimen castrista. Al respecto, resaltaron que el registro de organizaciones para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad únicamente es otorgado para aquellas organizaciones o personas que son partidarias del gobierno. Por otra parte, los solicitantes señalaron que el Estado vulnera el derecho a la identidad de las y los recién nacidos con discapacidad y con pocas probabilidades de vida, debido a que el Estado pretende desaparecer registros de mortalidad infantil, y mostrar que la misma ha sido superada en Cuba. Por su parte, la CIDH manifestó su compromiso con la defensa de los derechos de las personas que viven con esta condición, especialmente con la reciente creación de la Unidad sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, saludó que sean las mismas personas con discapacidad las participantes de esta audiencia, debido a que su involucramiento resulta acorde con el nuevo paradigma de la discapacidad contemplado en los estándares internacionales en la materia. En particular, la CIDH expresó su preocupación por las alegadas vulneraciones de tipo político que enfrentan para defender los derechos de las personas con discapacidad, y por la supuesta negación al registro de las y los recién nacidos con discapacidad y con poca probabilidad de vida. Por último, la CIDH lamentó la ausencia del Estado cubano en la celebración de esta audiencia.

Transparencia en los Mecanismos de designación de altas autoridades del sistema de justicia en Centroamérica

Durante esta audiencia regional, las organizaciones solicitantes informaron a la Comisión sobre su preocupación ante los mecanismos de indicación y elección de jueces, fiscales y demás altas autoridades judiciales en los Estados de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala).  Según la información presentada por las partes solicitantes, los instrumentos de indicación y el proceso de elección para estos cargos judiciales están basados en una grande discrecionalidad política debido a la influencia que sufren de los órganos ejecutivos y asambleas políticas. Además, informaron que las indicaciones de los candidatos no han llevado en cuenta la adecuación a los estándares interamericanos de transparencia y de la publicidad de la ley de acceso a la información. Los solicitantes presentaron situaciones de interferencia del crimen organizado en elecciones de profesionales para esos cargos que, muchas veces, presentan conflictos de intereses con la naturaleza investigativa de las funciones que van a ocupar, en que demostraron especial preocupación con el impacto de esas elecciones para el gran esfuerzo de eses países en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Por su parte, la Comisión Interamericana destacó la importancia que esas funciones tienen para la manutención de una adecuada prestación de justicia y de efectiva garantía de los derechos humanos establecidos por las convenciones interamericanas. La CIDH también reforzó la necesidad de que el análisis de los candidatos sea desarrollado con otros actores de la sociedad civil, bien como con las universidades, proceso que permitirá que se construyan mecanismos de mayor control de las indicaciones, así como un menor margen de discrecionalidad de los agentes políticos. Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil solicitaron que la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión elaboren lineamientos específicos sobre acceso a la información y transparencia en los mecanismos de designación de altas autoridades de los sistemas de justicia. En esta audiencia, la CIDH contó con la participación de Alberto Brunori, representante de la oficina regional de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Denuncias de ejecuciones extrajudiciales en El Salvador

Las organizaciones de la sociedad civil indicaron que El Salvador es uno de los países con más altos índices de violencia y criminalidad en el mundo, sumando en los últimos tres años casi 14 mil homicidios violentos. Estiman que el año 2017 cierre con una tasa promedio de 58 de estos delitos por cada 100 mil habitantes. Las organizaciones solicitantes informaron sobre el asertivo abordaje que diera el actual gobierno al tema de la inseguridad ciudadana al inicio de su mandato, en el que se priorizó el diálogo y la atención de causas estructurales; sin embargo, en el 2015 el Estado lanzó simultáneamente una ofensiva en contra de las pandillas, lo cual se concretó en abril de 2016 con la adopción de “medidas extraordinarias” caracterizadas por su actuación represiva, intimidante y violatoria de los derechos humanos.  En este sentido, manifestaron preocupación frente al incremento de asesinatos de policías y militares – entre 2014 y 2017, ocurrieron las muertes de 169 policías y 69 militares, atribuidas a pandillas –, el incremento de enfrentamientos armados entre fuerzas de seguridad y supuestos pandilleros – entre 2014 y 2017, 1415 personas han muerto debido al accionar policial o militar, siendo el 90% supuestos pandilleros y en el 2016, murieron 59 civiles por cada agente de seguridad estatal. También informaron sobre  el resurgimiento de grupos de exterminio dentro de las propias agencias policiales/militares, y las reformas normativas que pudieran brindar protección a los efectivos policiales y militares posiblemente responsables de ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron la existencia de posibles patrones de permisibilidad e impunidad en el accionar de la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Por su parte, la representación del Estado reafirmó su compromiso con los derechos humanos y reconoció que El Salvador atraviesa una situación crítica de violencia provocada por estructuras criminales denominadas maras o pandillas, ajena a la voluntad de las autoridades nacionales; violencia que ha cobrado la vida de numerosas personas, incluyendo agentes policiales y militares, y sus familiares, además de jueces y fiscales. Asimismo, el Estado informó estar implementando medidas de prevención de la violencia, control y persecución penal, rehabilitación y reinserción social, la atención integral de víctimas, y el fortalecimiento institucional, priorizándose los 50 municipios donde se registran los más altos índices de violencia. La representación del Estado categóricamente negó cualquier responsabilidad del Estado salvadoreño en actos contrarios a los derechos humanos, y aseguró el juzgamiento y sanción de quienes resultaren responsables de hechos de tal naturaleza. La Comisión expresó gran preocupación por los índices de violencia y criminalidad que se vive en El Salvador. Frente a la información compartida de que en el 2016, murieron 59 civiles por cada agente de seguridad estatal, la CIDH advirtió que es casa cierta la existencia de un patrón de uso extremadamente excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado. Además, la CIDH anunció el adelanto de las gestiones necesarias para realizar una visita al país. En esta audiencia, la CIDH contó con la participación de Alberto Brunori, representante de la oficina regional del OACNUDH.

Acceso a la justicia en el contexto de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en El Salvador

Las organizaciones de la sociedad civil, tras reconocer algunos signos positivos a partir de la sentencia de julio de 2016 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, enfatizaron que los avances en cuanto al acceso a la justicia resultan escasos.  Según informaron, la persecución y sanción penal por crímenes del pasado no ha variado, imperando la impunidad; un centenar de denuncias presentadas por graves violaciones de derechos humanos no han sido judicializadas, y dos de los tres casos a los cuales se les aplicó la Ley de Amnistía fueron reabiertos, observándose algún movimiento procesal solo en el caso de la Masacre del Mozote y lugares aledaños.  Las organizaciones solicitantes informaron, por ejemplo, el empleo de estrategias dilatorias por parte de la defensa de los imputados, la inactividad fiscal y carencia de empatía para con las víctimas y familiares por parte de algunos funcionarios al realizar diligencias, la falta de respuesta o negación de información en manos del Estado, la destrucción de valioso material histórico y probatorio, entre otros obstáculos. Ante el incumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Constitucional en la referida sentencia, las organizaciones informaron que un amplio sector de la sociedad civil ha presentado una propuesta de Ley de reparación integral, y que el Estado ha anunciado la elaboración de una Ley de reconciliación nacional o justicia transicional que no ha sido consultada con las víctimas y sus representantes. Por su parte, el Estado informó sobre la adopción de una política de reconocimiento de responsabilidad y reparación a las víctimas a partir del 2009.  Asimismo, hizo referencia a la existencia de diálogo permanente con las víctimas y sus representantes, la instalación en 2010 de la Comisión Nacional de Búsqueda de niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado interno, la creación de una Unidad fiscal especializada en la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos y, más recientemente, el 30 de agosto del presente año, la adopción de Decreto Ejecutivo que crea la Comisión Nacional de Búsqueda de adultos desaparecidos (CONABUSQUEDA) en el mismo contexto. Asimismo, la  representación del Estado reconoció  la importancia de la cercana supervisión que adelanta la Sala de lo Constitucional de su sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Finalmente, la Comisión reflexionó sobre la extrema vinculación entre la escasa discusión, enseñanza y justicia de las graves violaciones de derechos humanos producidas en conflictos armados, y los actuales índices preocupantes de violencia y criminalidad en los países. Asimismo, se refirió a la relevancia y vigencia del tema en la región, por lo que la Comisión ha creado recientemente la Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia.  La CIDH además resaltó la preocupante tendencia en la que predominan los retrocesos en la materia. En esta audiencia, la CIDH contó con la participación de Alberto Brunori, representante de la oficina regional del OACNUDH.

Situación de los derechos de la niñez en contextos de violencia en Honduras

Las organizaciones solicitantes informaron sobre la grave situación de los derechos de la niñez en contexto de violencia en Honduras, y los altos índices de vulnerabilidad a que este grupo está expuesto. Según los datos presentados por las organizaciones, niños y niñas menores de 18 años representan casi la mitad de la población hondureña, y de ellos un cuarto vive en situación de pobreza. Las organizaciones sostuvieron la gravedad de la violencia en contra de la niñez dados los altos niveles de homicidios y otras muertes, principalmente provocadas por armas de fuego. Además, las organizaciones presentaron información preocupante sobre niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, y expusieron su preocupación frente a las propuestas de reducción de la edad de imputabilidad penal, que actualmente es de 12 años, las precarias condiciones de los centros de privación de libertad, y el programa estatal ‘Guardianes de la Patria’, sobre el cual solicitaron que la CIDH inste al Estado su cancelación. Por su parte, los representantes del Estado informaron que Honduras ha logrado significativos avances en relación a la niñez, lo que se refleja en la mejoría de 5 puntos en el Índice de Paz Global (GPI) de 2017, así como en el diseño de políticas para la niñez que respetan los estándares internacionales. Además, los representantes del Estado afirmaron que, con respeto a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, se ha buscado evitar al máximo los encarcelamientos, excepto cuando no hay otras alternativas posibles. Asimismo, informaron que los centros de detención cuentan con una política de reinserción social que incluye cursos de capacitación y acompañamiento psicológico de asistencia social. El Estado también hizo mención a la instalación del Comité Técnico de Justicia Juvenil, órgano formado por diversas organizaciones nacionales e internacionales. Por su parte, la Comisión Interamericana demostró su preocupación al Estado cuanto a la prevalencia del discurso de seguridad y para hacer frente al problema de la violencia, reflejada en los altos niveles de encarcelamiento de niños, niñas y adolescentes. La CIDH también instó al Estado a implementar políticas públicas de protección a los derechos de la niñez con un enfoque holístico y de derechos humanos, que cumpla con los estándares internacionales en la materia, promoviendo la efectiva inserción social de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley.

Situación del derecho a la libertad de expresión en Costa Rica 

Durante esta audiencia pública, la CIDH recibió información sobre la situación de la radiodifusión en Costa Rica. Las organizaciones participantes afirmaron que el marco jurídico bajo el cual opera actualmente la radiodifusión en el país es obsoleto y desconoce los estándares interamericanos sobre libertad de expresión.  Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que en Costa Rica existe una alta concentración mediática. Por su parte, la delegación del Estado anunció que está preparando un proyecto de ley dirigido a regular dos aspectos en materia de radiodifusión: el pago de cánones por parte de los concesionarios y el régimen sancionatorio en caso de faltas a la normativa. El Estado expresó su disposición para garantizar un proceso participativo que permita discutir el fortalecimiento del marco regulatorio. La CIDH solicitó al Estado información sobre los niveles de concentración que existirían en los medios de comunicación y sobre las medidas para garantizar la diversidad y pluralidad en el sector.

Situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Costa Rica

La parte solicitante de esta audiencia indicó que el hacinamiento es una de las principales preocupaciones respecto a los derechos de las personas privadas de libertad en Costa Rica, al contar con uno de los índices más altos de encarcelamiento en Latinoamérica (352 personas detenidas por cada 100.000 habitantes). Los solicitantes señalaron que la principal causa de esta situación consiste en el establecimiento de políticas de mano dura que buscan solucionar los problemas de inseguridad ciudadana a través de reformas legislativas que responden al incremento de penas de prisión en contraposición al criterio de proporcionalidad y a la regulación de delitos inexcarcelables. Destacaron también que las autoridades judiciales que impulsan la aplicación de medidas alternativas, se enfrentan a procesos disciplinarios, lo que afecta gravemente su independencia judicial. Asimismo, resaltaron la ausencia de enfoque diferenciado en el tratamiento de personas pertenecientes a grupos en situación especial de riesgo, principalmente respecto de las personas LGTBI. Por su parte, el Estado reconoció que los elevados niveles de hacinamiento se derivan de las políticas de encarcelamiento y del uso excesivo de la prisión preventiva. En este contexto, informó a la CIDH sobre diversas medidas adoptadas para garantizar los derechos de la población carcelaria, tales como: reubicación de personas privadas de la libertad del régimen institucional al programa semiinstitucional o semiabierto; aplicación de la vigilancia electrónica como medida alternativa a la privación de libertad; construcción y remodelación de nuevos espacios que permiten aumentar la capacidad real de alojamiento, y establecimiento de políticas públicas con la participación de personas privadas de libertad. De igual forma, el Estado manifestó su preocupación por el acoso mediático contra las acciones adoptadas por el Ministerio de Justicia y Paz que buscan la reinserción de las personas privadas de libertad, y que son criticadas porque supuestamente atentarían contra la seguridad del país. Por su parte, la CIDH destacó con satisfacción las medidas impulsadas recientemente por el Ministerio de Justicia, al constituir prácticas ejemplares para la región que garantizan los derechos humanos de las personas privadas de libertad. En particular, la Comisión reconoció la importancia de la reducción del uso de regímenes cerrados, humanización de los centros penales, y creación de la oficina de reinserción pospenitenciaria. Asimismo, la CIDH manifestó su preocupación por los procesos disciplinarios que se abren contra autoridades judiciales que determinan la aplicación de las medidas alternativas –preocupación compartida por el representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien acompañó la audiencia. En esta audiencia, la CIDH contó con la participación de Alberto Brunori, representante de la oficina regional del OACNUDH.

Situación de las mujeres defensoras de derechos humanos en Nicaragua

Los grupos solicitantes de la audiencia denunciaron las violaciones que enfrentan a diario las mujeres defensoras de derechos humanos en Nicaragua a causa de las labores que desempeñan para garantizar el respeto de los derechos de sus compatriotas. Entre las agresiones denunciadas, se encuentran hostigamientos, amenazas, allanamiento de hogares, detenciones arbitrarias y agresiones físicas graves, violaciones sexuales e incluso asesinatos. Según informaron, en varios casos, los mecanismos de atropello vienen acompañados de campañas de desprestigio en medios sociales afines al gobierno. Los grupos de la sociedad civil apuntaron a la existencia de una dimensión de género con respecto al tipo de ataque que reciben las mujeres, pues comentan que estas son difamadas con normas o pautas sociales que sirven para justificar la violencia contra la mujer. En ese sentido, la parte solicitante manifestó que las mujeres víctimas de difamación han sido tildadas de “vagas”, “locas”, y  de “no tener nada que hacer en el hogar”. En base a estos hechos, las organizaciones solicitaron, entre otras peticiones, que la Comisión inste al Estado a reconocer y legitimar social y públicamente el papel fundamental que ejercen las defensoras. Asimismo, pidieron que el Estado investigue y sancione a los perpetradores de violencia. Por último, solicitaron a la Comisión que tome en cuenta la gravedad de la información presentada y recordaron que el informe más reciente de la CIDH sobre Nicaragua es de 1981, por lo que esperan su visita para constatar las violaciones y tomar medidas necesarias. Por su parte, la Comisión, luego de lamentar la ausencia de la representación del Estado, invitó al mismo a reconocer el rol esencial que desempeñan las defensoras de derechos humanos en todo régimen democrático. Asimismo, la CIDH manifestó su preocupación por la situación denunciada por las organizaciones de la sociedad civil e informó que estará atenta a la situación de derechos humanos en Nicaragua y espera poder tomar medidas de protección y tener una interlocución con el Estado.

Denuncias sobre violencia e inseguridad de las personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo retornados a países del Triángulo Norte

Las organizaciones de la sociedad civil expresaron que la migración desde los países que integran el Triángulo Norte ha sido un fenómeno histórico, sin embargo, como consecuencia del reciente aumento de violencia en estos países se ha generado un aumento en la migración forzada desde dichos países a otros países. La violencia suele estar asociada con el accionar de las maras, pandillas, crimen organizado o conflictos por la tierra, pero también se registran actos de violencia perpetrados por autoridades estatales involucradas en abusos, actividades delictivas e incluso ejecuciones extrajudiciales. Según las organizaciones de la sociedad civil, la impunidad se encuentra ampliamente extendida en los sistemas judiciales en estos países y la extorsión es una problemática generalizada. Las personas en situaciones de vulnerabilidad son las más afectadas por la violencia, en particular niñas, niños, mujeres y personas LGTBI. En este sentido, manifestaron que como consecuencia del endurecimiento de las políticas migratorias y de asilo en los principales países de destino de la región, tales como Estados Unidos y México, se ha venido observando un aumento dramático en el número de personas deportadas a los países del Triangulo Norte de Centroamérica. Un número importante de personas deportadas deberían ser reconocidas como refugiadas si tuviesen acceso efectivo al derecho a solicitar y recibir asilo, en el marco de un procedimiento para la determinación de la condición de refugiado en que se garantice el debido proceso y la protección judicial. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil informaron que los países del Triángulo Norte no cuentan con planes integrales de protección para personas deportadas o retornadas. Las personas en su mayoría no pueden optar por el reasentamiento o la reubicación debido a que el contexto de inseguridad obliga a las personas a salir del país y en los casos en que son deportadas, las personas retornadas se encuentran con las mismas condiciones de riesgo inminente de las que huyeron. En el marco de la audiencia, una mujer trans que fue retornada a El Salvador dio su testimonio ante la CIDH. Las organizaciones también señalaron que Estados Unidos paga a El Salvador por la deportación de personas. Por otra parte, hicieron referencia al Decreto C717 de 6 de julio de 2017 de El Salvador en el cual se establece que las personas retornadas de las que se cuestionen sus vínculos criminales, serán sometidas a un control exhaustivo que incluye una declaración jurada ante la policía nacional civil y que esta podrá solicitar la presentación de la persona cada cierto día. Los solicitantes de la audiencia indicaron que las autoridades no cuentan con las capacidades para orientar e informar adecuadamente a las personas retornadas y que no hay mecanismos para identificar los casos que requieren una atención especial, como lo son los casos de niñez migrante. Finalmente, solicitaron que la CIDH de seguimiento a la crisis de refugiados del Triángulo Norte de Centroamérica, que solicite información a los Estados, que inste a los Estados a crear mecanismos integrales para identificar las necesidades de protección de las personas deportadas, que inste a los Estados a compilar información y generar estadísticas en torno a personas retornadas en la región, que realice visitas y un informe específico sobre la temática de la audiencia y que exhorte a los Estados a brindar atención física y psicológica a las personas retornadas.

Proceso legal y judicial para el reconocimiento de refugiados, apátridas y beneficiarios de protección complementaria en América (DE OFICIO)

Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación respecto a la situación de personas con necesidades de protección internacional que son rechazadas en aeropuertos, como en el caso de México. El principio de no devolución está regulado en todos los países de la región, sin embargo la reglamentación pone entre dicho su carácter de jus cogens. En aeropuertos internacionales, la interpretación de normas de asilo está sometida a discrecionalidad. Las organizaciones indicaron que entre los desafíos que enfrentan las personas solicitantes de asilo, protección complementaria o quienes solicitan ser reconocidos como apátridas se encuentra la falta o insuficiencia de representación legal y el impacto que esto tiene en sus procedimientos. Por ejemplo, respecto de funcionarios de la Patrulla Fronteriza en los Estados Unidos, las organizaciones de la sociedad civil manifestaron que no están capacitados y suelen ser hostiles frente a las personas que buscan asilo. Asimismo, las organizaciones expresaron que en muchos casos las órdenes de deportación no cumplen con los requisitos de fundamentación y las personas no cuentan con representantes legales para sus casos. La representación legal es esencial para los procesos y ha sido importante el rol de las defensorías públicas para ello. Los traductores e intérpretes están incorporados en Panamá, Uruguay, Perú, Argentina, Chile y Costa Rica, aunque su existencia sigue siendo limitada y carente de integralidad. En materia impugnación, las organizaciones destacaron Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay como países que otorgan efectos suspensivos en procesos de impugnación a decisiones denegatorias. En materia de apatridia, meiconaron que solamente 4 países en América cuentan con un marco jurídico sólido para la determinación de la apatridia: México, Costa Rica, Ecuador y Brasil. Otros tienen consideraciones sobre el tema pero sin establecer procesos: Honduras, Nicaragua, Perú y Argentina. Otros cuentan con esfuerzos a nivel legislativo, como en Uruguay. En casos como el de Chile, a pesar de la ausencia de un marco jurídico, las prácticas han posibilitado avances. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que la mayoría de los países han ratificado los instrumentos jurídicos y cuentan con legislación interna para el asilo y el refugio. La situación actual presenta un incremento progresivo de las solicitudes de asilo en un contexto de movimientos migratorios mixtos en la región. Las organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la CIDH que realice un diagnóstico sobre las circunstancias que obstaculizan e impiden el derecho a solicitar y recibir asilo, así como determinar la condición de apatridia en la región y que analice el acceso a la regulación por razones humanitarias a todas las personas solicitantes de asilo internacional y a los niños y niñas adolescentes no acompañados, que defina los estándares de debido proceso que deben seguirse en los procedimientos para la población refugiada y apátrida, y que continúe monitoreando la situación de apatridia en la región. La Comisión anunció que está trabajando en un informe sobre las garantías del debido proceso y protección judicial en el  marco de procedimientos tendientes al reconocimiento de la condición de refugio, protección complementaria y apátrida.

Denuncias de ataques a personas defensoras de derechos humanos por empresas extractivas en Guatemala

Las organizaciones solicitantes y testigos presentes informaron a la Comisión que las personas defensoras del ambiente y los recursos naturales en Guatemala viven una política de persecución por parte del Estado, que se da en especial a través de procesos de difamación, estigmatización y criminalización. Según los relatos de las organizaciones y testigos, principalmente empresas de explotación minera e hidroeléctricas están, bajo la protección del Estado guatemalteco, violando los derechos de las poblaciones locales, bien como amenazando y atentando contra la vida de los defensores de derechos humanos. Además, defensores presentes en la audiencia relataron ataques violentos que han sufrido, ataques que denunciaron ser responsabilidad de empresa minera. La parte solicitante denuncio aún, desalojos ilegales. Por otra parte, las organizaciones y testigos reconocieron los esfuerzos de algunos jueces y el Ministerio Público en la lucha contra la impunidad, y resaltaron que la ausencia de investigaciones, sanciones y reparaciones a las violaciones de derechos humanos denunciadas se debe en gran medida a la falta de presupuesto y de soporte político a los órganos de justicia para que estos tengan la capacidad de responder a las diversas violaciones que están sufriendo. Por su parte, los representantes del Estado afirmaron a la Comisión que la constitución de Guatemala prevé la soberanía del Estado en la decisión de la explotación de recursos naturales no renovables cuando sea para el desarrollo económico de la nación. Los representantes estatales hicieron mención a la construcción de un programa de protección para las personas defensoras de derechos humanos. La Comisión Interamericana demostró su preocupación al Estado por adoptar políticas de desarrollo económico que tienen como consecuencia la desprotección de las personas que viven en las regiones en donde se llevan a cabo los proyectos. Asimismo, la CIDH instó al Estado a promover todos los esfuerzos para la construcción de la política de protección integral a las personas defensoras de derechos humanos y para investigar y sancionar las violaciones cometidas contra ellas.

Denuncias sobre amenazas a la independencia judicial en Guatemala

Las organizaciones solicitantes aportaron información acerca de la persistencia de patrones de amenazas, intimidación, e incluso atentados directos contra la vida de jueces y fiscales. En este sentido, destacaron que los mecanismos de protección que ofrece el Estado de Guatemala son ineficaces, y en algunos casos la propia Policía Nacional está directamente involucrada en los atentados contra operadores de justicia. En este contexto, destacaron que muchos de los atentados a la independencia judicial de los operadores de justicia provienen de las más altas esferas del Poder Judicial, destacando en este sentido que la oficina de Supervisión de Tribunales, que ejerce funciones disciplinarias, es utilizada como herramienta de presión contra determinados funcionarios judiciales. Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la CIDH que inste a Guatemala a que se establezca el Consejo de Carrera Judicial de acuerdo con lo que establece la ley vigente. El Estado, por su parte, reconoció la grave situación de violencia y amenazas a la labor de jueces y fiscales independientes y reiteró su compromiso de proveer las correspondientes medidas de protección en aquellos casos que sean necesarias. Asimismo, manifestó su reconocimiento de la importancia que los Relatores de País y sobre Defensores de Derechos Humanos realicen una visita a Guatemala para monitorear la situación planteada en la audiencia. La Comisión subrayó la importancia de ejercer un monitoreo activo de las amenazas a la independencia judicial en Guatemala, y reiteró su deseo de realizar una visita específica al país con este objetivo. Asimismo, anunció la emisión de un pronunciamiento contundente de la CIDH con relación a este tema.

Derechos humanos y denuncias de impunidad y corrupción en República Dominicana

Las organizaciones de la sociedad civil señalaron que la corrupción y la impunidad caracterizan el sistema político dominicano y que esto tiene un impacto directo en los derechos humanos, en particular en los de personas en situaciones de vulnerabilidad. Además, manifestaron que la desviación de fondos públicos para el beneficio de la clase política y de intereses privados nacionales e internacionales constituye un incumplimiento de la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales para toda la población. Las organizaciones también suministraron información sobre el derecho a la protesta y los movimientos sociales de lucha contra la corrupción e impunidad, así como respecto de casos de represión usados como mecanismo para garantizar la impunidad de funcionarios corruptos. Por su parte, el Estado dominicano expresó su sorpresa ante la decisión de la CIDH de acoger una solicitud de audiencia temática cuando el tema de la corrupción no había estado en la agenda prioritaria de la CIDH, por lo que hubiera parecido más razonable que una aproximación a esta temática se hubiera hecho más amplia, pues toca a muchos países de la región. Los representantes del Estado manifestaron que la solicitud de audiencia estaba llena de descripciones incompletas, para crear la visión de un sistema de cosas como si el sistema hubiera colapsado totalmente y nada funcionara en la República Dominicana. El Estado dominicano manifestó que el combate a la corrupción es una demanda legítima y que las autoridades, los representantes del pueblo y quienes ejercen poder están obligados a rendir cuentas en materia de transparencia y justicia. Asimismo, señalaron que negar tareas pendientes sería insensato, pero hay que tener cuidado en no tomar una pendiente en que la supuesta lucha sea una forma de deslegitimar y poner en entre dicho la gobernabilidad y estabilidad política que tanto necesita la República Dominicana. El Estado dominicano señaló que las reformas al sector justicia han dado lugar a una despolitización de la justicia con miras a garantías procesales en el combate a la impunidad. El Estado también informó que se está invirtiendo el 4% del PIB a educación y todo es a través de obras públicas y contrataciones con transparencia, rendición de cuentas e información pública. Informaron asimismo la creación de una cuenta única para mejorar el manejo del presupuesto, control de gastos, mecanismos de acceso a la información pública por aparte de la ciudadanía que apuntan a transparencia, rendición de cuentas y mejoría institucional. El Estado Dominicano rechazó que exista un sistema de represión contra manifestantes en el país por el tema de corrupción e impunidad. El Estado dominicano expresó que está abierto a discutir sobre corrupción, pero si la CIDH va a asumir ese tema como agenda prioritaria, solicita que se amplíe a nivel regional, y no se particularice a un país determinado cuando es una problemática que afecta a todos los países de la región. La Comisión solicitó información acerca la implementación de la ley de acceso a la información pública en República Dominicana y sobre la existencia de investigaciones y sanciones a miembros del sistema policial que hayan estado involucrados en uso excesivo de la fuerza.

Situación del derecho a la alimentación en Centroamérica

Las organizaciones solicitantes de audiencia denunciaron violaciones de Derechos Humanos en relación al acceso a la alimentación, al agua y a un ambiente sano por parte de empresas que se han dedicado al monocultivo en El Salvador, Guatemala y Honduras. Alegaron que la explotación de ciertos recursos naturales como la caña de azúcar, el aceite de palma y el banano ha afectado de varias maneras a las poblaciones aledañas a dichos cultivos. Además, informaron que el uso de pesticidas ha contaminado sus tierras, causando problemas de salud como diarrea, vómito y enfermedades renales, y que la construcción de represas para dichas plantaciones ha desviado ríos, por lo que varias poblaciones han sido obligadas a migrar.  Las organizaciones de la sociedad civil comentaron asimismo que el monocultivo como forma de desarrollo no ha sido legitimado por medio de un proceso democrático y denunciaron que las personas que intentan visibilizar esta problemática han sido atacadas, perseguidas e incluso asesinadas. Las organizaciones de la sociedad civil solicitaron que CIDH pida información a los gobiernos sobre qué políticas públicas se están utilizando para el manejo ambiental. Asimismo, solicitaron que la relatoría DESCA visite los Estados en cuestión para constatar la situación y que a partir de ella emita un informe para el cumplimiento de los estándares interamericanos en materia de alimentación, agua y ambiente sano. Por último, pidieron que la CIDH llame a los Estados a cesar la expansión de monocultivos y que estos investiguen las denuncias de violaciones a derechos humanos presentadas por los y las líderes de las comunidades. Por su parte, la Comisión felicitó a las organizaciones por haber solicitado la audiencia y expresó su preocupación por las violaciones presentadas. Asimismo, aseguró que iniciará a trabajar en estándares interamericanos en la materia. Por último, pidió aportes visuales para constatar las denuncias y aportes en el plano jurídico doctrinal por parte de las organizaciones de la sociedad civil.

Comisiones militares estadounidenses en la Bahía de Guantánamo

La parte solicitante de la audiencia se refirió a la situación de un hombre pakistaní de 40 años que se halla detenido en Guantánamo desde 2003 luego de haber sido torturado en distintos sitios clandestinos durante tres años y medio. Las organizaciones solicitantes indicaron que la detención de las personas en Guantánamo es ilegal y se basa en la pertenencia a la religión musulmana y a la nacionalidad. Alegaron que las comisiones militares son incompatibles con el debido proceso y denunciaron la falta de acceso a la defensa, el prejuzgamiento por parte de los jueces, la destrucción ilegal de las pruebas de la tortura y la falta de tratamiento de sus efectos sobre la víctima. Sostuvieron que el Estado no demostró que la víctima fuera un combatiente. Por su parte, el Estado destacó que el tema de Guantánamo había sido abordado en numerosas oportunidades y bajo distintos mecanismos de la CIDH, y que en la oportunidad la parte solicitante estaba presentando un caso individual, para lo cual debían agotar primeramente los recursos internos. Agregó que la Comisión Interamericana no tenía jurisdicción para aplicar el derecho internacional humanitario y justificaron la detención y actuación de las comisiones militares, creadas durante el conflicto entre Estados Unidos y Al-Qaeda. Afirmaron que los Estados Unidos se oponen de manera categórica a la tortura, por ser contraria al derecho internacional y a sus propios valores y afirmaron que si la CIDH solicitara visitar el centro de detención lo considerarían seriamente. La Comisión Interamericana expresó por su parte preocupación por cuestiones relacionadas con el debido proceso de las personas detenidas en Guantánamo, tales como las denuncias de tortura, la falta de independencia judicial, la falta de respeto de la presunción de inocencia de los detenidos, las posibilidades de presentar prueba exculpatoria entre otras.

Caso 12.865 – Djamel Ameziane (FONDO), Estados Unidos 

El grupo solicitante de la audiencia denunció la violación de derechos humanos de Djamel Ameziane, quien según indicaron fue detenido ilegalmente en el centro de detención de Guantánamo en 2002. De acuerdo a la información presentada por las organizaciones solicitantes, Ameziane fue víctima de tratos inhumanos, no se le permitió practicar su religión y nunca tuvo contacto con su familia dentro del centro de detención. Los abogados defensores de Ameziane denunciaron que, a pesar de que en 2008 recibió la aprobación para ser transferido, su transferencia no ocurrió hasta cinco años después. Ameziane fue transferido en contra su voluntad a Argelia, donde ha sido objeto de persecución. Debido a los daños físicos y psicológicos sufridos, y a la situación de carencia económica en la que se encuentra, la defensa solicitó que la Comisión inste a Estados Unidos a pedir disculpas, brindar atención médica y apoyo financiero a la víctima. Además, pidió a la CIDH que permanezca involucrada en los temas relacionados al centro de detención de Guantánamo. El Estado, por su parte, estableció que ha tenido varias reuniones de trabajo para tratar el tema de Guantánamo y cuestionó la necesidad de que la CIDH se involucre aún más. Además, el Estado rechazó ser responsable de la situación de indigencia de Ameziane. Asimismo, comentó que la Comisión no tiene competencia en los alegatos de Ameziane y que, por lo tanto, debería rechazar las peticiones. Por último, recordó que la Comisión no es un cuerpo judicial y que el Estado no tiene la obligación de acatar sus recomendaciones. Por su parte, la Comisión recordó a Estados Unidos que el motivo de la audiencia era recibir los alegatos sobre un informe de fondo y que los argumentos relativos a la competencia habían quedado saldados en la etapa de admisibilidad. Asimismo, pidió al Estado información detallada en cuanto al procedimiento implementado para determinar el lugar al que debía ser trasladado Amezanine y su justificación frente a la larga duración del proceso de traslado. Por último, la Comisión recordó que cualquier persona que haya sigo reclusa sin ningún cargo penal tiene el derecho de recibir una compensación económica por los daños sufridos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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